Por Tony López R :
El escándalo político y presión gubernamental sobre la
Jurisdicción Especial de Paz, por el dictamen de la no extradición y libertad
para Jesús Santrich, han revelado la perdida de independencia y soberanía del
gobierno de Iván Duque, y sentó a la JEP y a la Corte Suprema de Justicia en el
más alto puesto de honor, imparcialidad y honradez, al no dejarse ni comprar ni
presionar, una conducta digna de hombres y mujeres que conociendo los riesgos
que se corre, al desafiar al corrupto
poder que existe en Colombia.
El renunciante Fiscal Néstor Humberto Martínez huyó del país
no por el enfrentamiento con la JEP, sino por su vinculación al caso Oderbrech
que se investiga en Colombia y que ya se cobró la muerte de tres personas,
según la prensa bogotana, vinculadas a dicho caso.
No se trata de tener buenas relaciones diplomáticas,
políticas, comerciales con otros Estados y tener coincidencia en política y
aliarse en temas que se consideren comunes, pero lo inamisible es que el
embajador de cualquier Estado, se inmiscuya, presione y chantajee al Gobierno,
Congreso o Poder Judicial, en su política interna. Y mucho peor que agencias de
inteligencia extranjeras operen es su territorio sin el debido permiso del
Gobierno, como lo hizo la DEA y lo dio conocer el ex fiscal Néstor Humberto
Martínez Neira, luego de su renuncia el pasado 17 de mayo, en conferencia de
prensa.
Para conocimiento de los lectores, en este fuerte debate
sobre la Ley Estatutaria en el Congreso, el embajador de Estados Unidos llegó a
convocar a congresista colombianos para pedirles que aceptaran las objeciones
planteadas por el presidente Duque, un hecho inamisible del embajador de un
gobierno extranjero. Mucho más grave, lo
sucedido posteriormente, cuando el Departamento de Estado retiró las visas a
magistrados y magistradas que han defendido los acuerdos de paz y a los
congresistas que denunciaron la injerencia de Kevin Whitaker. Un verdadero
chantaje y una política de terror.
La injerencia del gobierno gringo ha sido tan descarada, que
tal como cite, en párrafo anterior, el ex presidente César Gaviria denunció una
presión indebida del gobierno norteamericano sobre las cortes y la JEP y dijo
que ante ello el gobierno colombiano ha tenido «una actitud en la que no es
posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno de Duque».
En relación a la Ley Estatutaria de la JEP, debatidos y
aprobados por el Congreso, luego de
varias modificaciones a propuesta del senador Álvaro Uribe, conocida y aprobada
por la Corte Constitucional, que envió a la firma del presidente Iván Duque,
luego de meses de estudio, la devolvió al Senado con seis objeciones, el senado
lo debatió no llegó acuerdo y las remitió a la Corte Constitucional que no
aprobó las objeciones y nuevamente
traslado su veredicto al presidente Iván Duque, quien por fuerte presión
popular y política decidió firmar la ley,
el pasado 5 de junio.
Un fuerte revés para el mandatario colombiano cuya figura
pierde cada día más autoridad y menos apoyo de la población, según las
encuestas de varias agencias. Sin embargo, la tozudez sigue reinando, después
de haber firmado la Ley Estatutaria, Duque anuncio que llevarían nuevamente a
debate las atribuciones de la JEP, la misma ley que acaba de firmar, lo que
demuestra su inconsecuencia, un rasgo inapropiado para tan alta investidura.
Está favorable decisión por la paz de las Altas Cortes, se
toma luego de la batalla que se ha venido desarrollando en Colombia, entre los
sectores que defiende dignamente los Acuerdos de La Habana y los que, desde el
gobierno de Iván Duque toman acciones y medidas no solo para desconocerlos,
sino para acabar con ellos.
Frente a la digna postura de las Cortes, el expresidente
Álvaro Uribe ha comenzado una campaña de calle, convocando a la población para que se pronuncie contra el
actual sistema judicial colombiano, o sea, contra las altas Cortes, cuya
independencia y soberanía se han puesto de manifiesto, es el inicio de un
trabajo de manipulación política y social, para plantearse el objetivo supremo
de la ultraderecha oligárquica colombiana de convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente, y así concentrar el poder judicial en una sola Corte Suprema de
Justicia, que no tenga oponentes y obviamente subordinada al poder ejecutivo.
Las posiciones del oficialista Centro Democrático liderado
por el senador Álvaro Uribe Vélez siempre han sido contrarias a la paz, y se ha
visto muy bien reflejada, luego de asumir Duque la presidencia el pasado 7 de
agosto, la ruptura de los diálogos con el ELN y los incumplimientos a la
implementación de los Acuerdos es clara y muy grave al no tomar en cuenta que
esos acuerdos ya se habían convertido en honorables compromisos del Estado
colombiano, que no debieran ser roto por un gobierno.
Pero al no haberse sometido a una Asamblea Nacional
Constituyente Corporativa, no se convirtieron en una política de Estado, lo que
los hacia inviolable para cualquiera de los tres poderes, como sucedió con los
Acuerdos de AD-M19 recogidos en la Constituyente del 91. Solo una Asamblea
Constituyente Corporativa es la que puede incluir artículos y leyes
complementarias que incluyan los intereses del pueblo, que recoja lo más
positivo de la constitución del 91 y convierta los Acuerdos de Paz en una
política de Estado.
Claro que esta no es la Constituyente que desea la
oligarquía y la ultraderecha del Centro Democrático, ellos quieren delegados
constituyentes solo de los Partidos políticos tradicionales, pero no que
incluyan a delegados del movimiento social y gremial, lideres comunales y
defensores de derechos humanos, elegidos por sus comunidades, sindicatos y
expresiones sociales. Fue a esa
propuesta a la que se negó el Gobierno de Santos a convocar y en su lugar
propuso el plebiscito que al final favoreció al SI por la guerra, un resultado
realmente demencial, empujado por la campaña mediática de noticias falsas,
impulsada por Uribe.
Todo lo sucedido en las últimas semanas en Colombia, entre
ellos el gran escándalo relacionado con las objeciones a la Ley Estatutaria, el
caso de Jesús Santrich, y la impunidad como trabaja la DEA en Colombia, el tema de la JEP, la renuncia del Fiscal y
la vice fiscal, la ministra de Justicia;
las contradicciones y la profunda crisis
institucional en el Poder Judicial, el anuncio del posible decreto de Conmoción
Interior y rumores de un posible golpe de Estado, la represión, asesinatos
diarios de líderes sociales y ex guerrilleros desmovilizados.
La denuncia del New York Time sobre la orden del jefe del
Ejército que podría llevar nuevamente a los criminales falsos-positivos, se
agrava con la denuncia del pasado 5 de junio en el diario El País de España,
que implica al comandante del ejército colombiano Nicasio de Jesús Martínez, y
lo responsabiliza con al menos 23 ejecuciones extra judiciales de civiles
presentados como guerrilleros de las FARC caídos en combate, el clásico
“falso-positivo”.
Aseguro el diario madrileño que dichas ejecuciones se
llevaron a cabo entre los años 2004 y 2006 en los departamentos de La Guajira y
Cesar durante el gobierno de Uribe Vélez,
según consta en documentos suministrados por las fuentes al diario
español, también dado a conocer por La Jornada de México, que señala que “los
casos denunciados ocurrieron en 2005, e
incluyen una matanza de indígenas en la que participaron miembros de las ahora
disueltas Autodefensas Unidas de
Colombia, y un caso de violencia sexual”.
Mientras que la prestigiosa periodista María Teresa Rondero,
en su libro Guerras Recicladas, en su página 244, (1) da conocer que el jefe
paramilitar Jorge 40 “ordenó aplastar de la forma más
dolorosa a una comunidad Wayúu, el 18 de
abril de 2004, que entraron como hordas salvajes a las rancherías de bahía Portete
en la Alta Guajira, decapitando matronas, robaron piedras sagradas, profanaron
el cementerio y destrozaron el centro de salud, y casa por casa fueron matando
mujeres porque sabían que eran ellas las figuras de autoridad en esa cultura
indígena”.
No olvidar que en ese periodo el gobierno uribista había
negociado un supuesto proceso de paz con los paramilitares en Santa Fe de
Ralito y que en ambos departamentos operaba el llamado comandante Jorge 40,
cuyo verdadero nombre es Rodrigo Tovar, que fue extraditado por Uribe Vélez a
Estados Unidos y guarda prisión en ese país, actualmente este acusa a Uribe de
haberlos traicionados y ha denunciado las estrechas relaciones que ellos
mantenía con altos jefe de las FF.MM.
Se producen estas denuncias, en Estados Unidos y España,
cuando el Senado colombiano se aprestaba a promover los ascensos de generales
al grado inmediato superior, entre ellos al general Martínez Espinel. Ascenso
que fue aprobado por la Cámara Alta, pese a tales denuncias y como una fuerte
bofetada a las víctimas de esas acciones y a los organismos como las Naciones
Unidas, la CPI y las organizaciones de Derechos Humanos, lo cual demuestra de
donde viene la impunidad.
Las declaraciones y trinos del senador Uribe Vélez
sugiriendo convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para lograr el orden
institucional, tiene un objetivo claro y estratégico: Unificar todo el sistema
judicial y concentrarlo en una sola Corte Suprema, eliminando las Cortes y todo
el democrático sistema jurídico logrado en la Constituyente de 1991.
Por estas razones ha convocado para hoy sábado 9 de junio,
una marcha contra la Corte Constitucional y la JEP, con una mentirosa campaña,
de que las Cortes están entregadas a la narcoterrorista guerrilla y
proporcionar la impunidad, de esa manera busca apoyo popular y reeditar lo que
hizo cuando el plebiscito, lo grave de todo esto que una parte de la población
se cree estas degradante y asquerosas mentiras y que de paso a la convocatoria
de una Constituyente.
Ello permitiría liquidar los Acuerdos de Paz y no solo ese
objetivo, también desde el Poder
Ejecutivo, eliminar muchas prohibiciones que limitan al gobierno en su política entreguistas a las
trasnacionales estadounidenses, canadienses y europeas de las riquezas
minerales y forestales, una buena parte de ella ya están en venta a espalda del
pueblo colombiano como el caso de ISA, Ecopetrol, la transportadora de petróleo
y una parte de los llanos orientales, y el Choco, así como estimular el
fracking y la explotación minera de oro, coltán, y otros ricos minerales a
beneficio de empresas foráneas.
Este lamentable y complejo escenario solo puede ser
conjurado por una fuerte unidad de las fuerzas políticas, sociales y populares
que se unan como un solo puño, a favor del cumplimiento de los Acuerdos de Paz
y parar con mucha fuerza las intenciones del senador Uribe Vélez y el
ultraderechista Centro Democrático y sus aliados, de convocar a una Asamblea
Constituyente que pretenden concentrar el poder en una minoritaria y
dictatorial oligarquía.
Periodista, politólogo y analista internacional.
(1) Guerras
Recicladas. María Teresa Rondero. Edición Aguilar. Septiembre 2014
jorgarcia726@gmail.com
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