Por Carolina Vásquez Araya:
Se necesita una ciudadanía consciente y alerta para seguir
la ruta correcta y vencer.
La cartelera de candidaturas para la presidencia, las
diputaciones y alcaldías en el proceso electoral desarrollado en Guatemala es
una muestra fehaciente de la falta de participación de la ciudadanía en la
depuración de sus instituciones, incluyendo entre ellas a una de las más
importantes a la hora de elegir representantes, como son los partidos
políticos. Creados y organizados en su mayoría por personajes poderosos, pero
de dudosas intenciones, los partidos poseen el monopolio del poder político
gracias a una ley mediante la cual se obstaculiza la participación de líderes
populares independientes y se imponen listados elaborados a conveniencia de sus
dirigentes.
El ambiente electoral, sin embargo, comienza a calentarse
por la inédita efervescencia alrededor de una candidata quien, además de ser
mujer, pertenece a la históricamente marginada población indígena de Guatemala.
No es de extrañar, por lo tanto, el estupor de cierta sociedad capitalina,
urbana, ladina y profundamente racista, cuyos parámetros para medir “lo
correcto y aceptable” no permiten admitir los derechos de una importante parte
de la población a dirigir los destinos del país al cual pertenece. Es decir,
los marginados no solo deberían continuar en ese estado, sino además aceptar en
silencio y sin protesta las normas impuestas por un puñado de poderosos
empresarios y políticos cuya incidencia en asuntos de Estado ha sido
catastrófica para todos, excepto para ellos.
Es lógico suponer el temor que despierta en cierto sector de
la sociedad la perspectiva de un cambio tan rotundo en el escenario político.
La historia del país ha estado jalonada de abusos y regida bajo un sistema
cuyos resultados están a la vista: saqueo de fondos públicos; robo de
territorio ancestral de las comunidades indígenas; exclusión de casi la mitad
de la población; explotación laboral a niveles de esclavitud; legislación
excluyente para la población no ladina; desnutrición aguda y crónica en la
niñez indígena y rural; muerte materna y una persecución constante contra la organización
comunitaria, al extremo del asesinato de sus dirigentes y la cárcel por defensa
del territorio y los recursos naturales.
Desde hace mucho tiempo los analistas más lúcidos vienen
predicando la necesidad imperiosa de realizar cambios profundos en el modo de
gobernar Guatemala. Hoy, con un crecimiento inesperado de la intención de voto
por una candidata indígena cuya personalidad y programa de gobierno ha
conquistado un espacio importante en el escenario electoral, queda demostrado
el hecho de que el abuso de poder tiene un límite, por más obstáculos se
opongan a la reacción popular. En esta ocasión, el rechazo a las obscenas
maniobras de los corruptos para impedir la expresión libre de la voluntad del
pueblo comienza a marcar las jornadas previas al evento.
La incógnita es cómo se van a desarrollar los pactos y
acuerdos entre quienes representan la corriente “anti-corrupción” y cuántos
candidatos tendrán los arrestos de renunciar a sus pretensiones presidenciales
para acuerpar a uno solo y dar el golpe de timón a la situación de extrema
fragilidad en la cual se encuentra la democracia en Guatemala. Por ahora,
algunos se han pronunciado en tal sentido, pero falta muy poco para abrir las
urnas y votar. Por ello, no será suficiente con concertar un pacto; para
alcanzar el éxito será imprescindible llegar al corazón de la ciudadanía con un
mensaje de unidad capaz de despertarla del letargo en que se encuentra: Una
tarea titánica sin el concurso de los medios masivos de comunicación, cuya
mayoría (sobre todo la televisión abierta) se encuentran dedicados a mentir y
apañar los abusos del Pacto de Corruptos.
elquintopatio@gmail.com
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