Por Carolina Vásquez Araya:
La crueldad de las organizaciones criminales golpea a la
infancia con especial saña.
Aliado con las iglesias y grupos de extrema derecha, el
Congreso de Guatemala pretende criminalizar toda manifestación de libertad de
las mujeres respecto de su sexualidad y estatus familiar por medio de la
iniciativa 5272, la cual cuenta ya con dictamen favorable de la comisión de
legislación y puntos constitucionales presidida por uno de los diputados más
retrógrados que ha pasado por el hemiciclo.
Esta iniciativa lleva como pomposo e inocente título “Ley
para la protección de la vida y la familia”. Sin embargo, su intención es
consolidar el control absoluto sobre la salud, la vida íntima y las
preferencias sexuales de la población con especial énfasis en niñas, mujeres y
otros grupos de la sociedad cuyas decisiones en la materia se salen del marco
convencional. Con absoluto desprecio por la naturaleza independiente de un
Estado laico con respecto de las doctrinas religiosas, ciertos legisladores
–con plena complicidad del Ejecutivo- pretenden imponer restricciones a las
libertades consagradas por la Constitución y de ese modo crear un ámbito
vulnerable a medidas represivas de carácter fundamentalista.
Entre algunas de sus propuestas, la iniciativa plantea la
“necesidad de incrementar la pena y reestructurar figuras penales relacionadas
al aborto” (sic); también entre sus modificaciones arguye que la diversidad
sexual debe ser considerada “incompatible con los aspectos biológicos y
genéticos del ser humano”, clasificando de este modo a la homosexualidad como
una patología indeseable a la cual se debe combatir desde el ámbito de las
leyes.
Es importante señalar que Guatemala es uno de los países más
atrasados en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de ser
uno de los países más golpeados por la violencia sexual contra niñas y mujeres.
Los escasos indicadores confiables –por ser este un tema tabú del cual se
desconocen estadísticas reales- muestran niveles espeluznantes de violaciones
de niñas con resultados de embarazos no deseados y de alto riesgo. La
indiferencia del Estado de Guatemala ante esta situación se refleja sin
disimulos en el abandono de políticas públicas de salud sexual y reproductiva,
pero también en la crueldad con la cual se impide a niñas de entre 10 y 14 años
o a mujeres víctimas de violencia sexual interrumpir de manera segura un
embarazo que a muchas les costará la vida.
Asimismo, se manifiesta en la nula atención prestada por las
instituciones de gobierno a las denuncias diarias de desaparición de niñas,
niños, adolescentes y mujeres víctimas de las redes de trata de personas, las
cuales operan en el territorio con absoluta impunidad. Pero la perversa visión
de los políticos no para allí. En plena campaña electoral, un candidato lanza
la propuesta de persuadir a las víctimas de embarazos no deseados, de
completarlo con vistas a entregar a sus bebés en adopción desde el vientre.
Esta ha sido en el pasado otra de las crueles formas de explotación humana y
uno de los negocios más fructíferos para los tratantes de bebés guatemaltecos,
por lo cual es una iniciativa que debería ser investigada por las autoridades
correspondientes.
En nuestros países, ser mujer es una desventaja desde el
nacimiento. Por lo tanto, aquellos que pretenden crear más cerrojos para
limitar sus derechos humanos y su libertad de decisión cometen el delito de
abuso de autoridad al operar desde instituciones del Estado cuya misión es
atender a los problemas más graves de la sociedad –como el de la violencia
sexual contra niñas y mujeres y el tráfico de humanos- en lugar de hacer gala
de su falsa moral para conseguir votantes.
elquintopatio@gmail.com
0 comentarios:
Publicar un comentario