Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:
El estado colombiano en calidad de miembro activo de la
Organización de Naciones Unidas ha suscrito y ratificado en su totalidad las
declaraciones (DUDH de 1948), tratados, pactos y protocolos (derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales), convenciones (viena) y convenios
de DDHH y del DIH (Ginebra), entre otros, de obligatorio cumplimiento. Además,
es parte de la Convención Americana de derechos humanos y delSistema
Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH) que le impone
responder por sus actos ante la Corte (CID) y la Comisión (CIDH). Esta ejemplar
conducta le ha permitido beneficiarse de múltiples aportes de cooperación a
proyectos tales como el de la misión de apoyo a la paz (MAP-OEA).
A pesar de este inigualable cúmulo de compromisos
internacionales, por la defensa, protección y promoción de los derechos
humanos, el gobierno parece seguir la tesis de que para èl no hay límites, ni a
su poder, ni a su voluntad de acción, guiada por los intereses propios del
partido del gobierno, que suplantan los del pueblo constituyente y creador del
poder del estado. Su escaso afán por resolver las demandas de la población está
basado en la idea de que la sociedad no es una relación de personas, si no una
masa inconexa útil para experimentar sus cálculos políticos que dan lugar a
escándalos, equivocaciones reiteradas y mensajes poco comprensibles de la
manera de gobernar, que unas veces parece producida en la ingenuidad y otras en
la astucia de quién cree tener un poder infinito y a salvo de ser auscultado.
El gobierno actúa como si en esta sociedad no hubiera seres
humanos conscientes y trata de ponerlo todo a su alcance para usarlo a su
favor, a como de lugar, según se desprende de sus sorprendentes declaraciones y
proposiciones, que impiden saber -o al menos imaginar- qué tipo de ser humano
es el que existe para el gobierno y sobre el que fija sus políticas y
decisiones, en todo caso, apartadas de los mandatos de protección, preservación
y realización de los derechos humanos, que incluyen la defensa de la vida, la
dignidad y el cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos, con el aval y
acompañamiento de todas estos organos, entidades y mecanismos internacionales.
Al presidente, al cuerpo de gobierno y a los directivos de
todas las instituciones, corresponde la tarea ética y política de honrar lo
pactado en materia de derechos humanos, es decir, crear, organizar y dar al
servicio instrumentos, mecanismos, políticas, recursos y leyes adecuadas que garanticen
la prevención y protección efectivas a todos los integrantes de la comunidad
llamada nación, es decir la totalidad de su población. Un deber esencial del
estado es preocuparse por preservar la tranquilidad ciudadana, liberarla de
miedos y violencias y conjurar en todo tiempo y lugar cualquier intento (de
partido, grupo o sector) por polarizar y enfrentar a la sociedad, porque ello
pone en riesgo la estabilidad, la paz y la armonía que produce el bienestar
colectivo.
Existe la también la obligación de mantener la soberanía
evitando injerencias e intromisiones de otros estados, empresas o particulares
y preservar las riquezas colectivas y el orden constitucional. Hay igualmente
responsabilidades del estado frente a los otros estados, naciones y territorios,
conforme a las reglas de los derechos de autodeterminación de los pueblos,
entendiendo que entrometerse crea riesgos que fácilmente alteran la paz y
promueven multiples y variadas formas de violencia.
En las condiciones actuales el gobierno parece no atender
nada distinto a su propio interés que está debilitando los sistemas y
conquistas sociales e impidiendo avanzar hacia la humanización y la convivencia
alentada por el fin del conflicto armado y el abandono de la guerra que
degeneró en barbarie. Actúa como un ente autónomo, independiente y soberano y
olvida responder por la vida digna de todos sus habitantes y de ofrecer
garantías para la realización de los derechos reconocidos ya consignados uno a
uno en la constitución, con arreglo al pacto social vigente.
Este andamiaje teórico ya probado y comúnmente aceptado, al
gobierno le resulta ajeno a sus responsabilidades y hace caso omiso de su deber
de respetar y hacer respetar los derechos, conforme a lo previsto en el
artículo 30 de la declaración universal de derechos cuando anuncia que “Nada en
esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
Es clara y contundente que el estado no es portador de
derechos, con lo cual el gobierno por incumplimiento o negación estaría
entrando en los planos de ilegitimidad e ilegalidad que puede ser tratada en
tribunales dadas las reiteradas acciones contrarias a derechos.
Los hechos políticos y sociales solamente ocurridos en la
primera semana de mayo de 2019, anuncian que en derechos humanos se reinició el
camino de una dolorosa tragedia sin responsables, que dejará otro retroceso
profundo previsible con el regreso de ejecuciones extrajudiciales o falsos
positivos, que comprometen tanto el ministro de defensa como al soldado que
arremete con sadismo contra su víctima (caso Dimar Torres, excombatiente); las
dilaciones, cohechos y fraudes en el seno del Congreso de la Republica, para
hundir la integridad del mecanismo esencial del pacto de paz (JEP); el complot
de estado para derrocar al gobierno vecino, con dedicación exclusiva de cuatro
altos funcionarios (Vicepresidenta, Canciller, Embajador en la OEA, Embajador
en Estados Unidos); la intromisión abierta del Embajador de Estados Unidos
invitando a los congresistas a decidir en contra del acuerdo de paz alcanzado;
el asesinato sistemático y planeado de líderes sociales y el silencio de todo
el Estado; la intromisión del canciller ante la CIDH tratando de impedir una
audiencia citada legítimamente por la JEP a un año de funciones.
Sin duda algo anda mal, en materia de derechos, gobernabilidad
y justicia, de lo que es estrictamente responsable el gobierno y el partido de
gobierno, cuya temeraria retorica ahonda la polarización, afecta la ética, la
política, la verdad y la justicia, ofende la inteligencia y redescubre odios
que impiden la vida con dignidad, que es la única que puede llevar al fin de la
barbarie y abrir el camino efectivo de la paz.
mrestrepo33@hotmail.com
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