Por Tony López R :
Los acontecimientos sucedidos en las últimas horas en
Colombia, con los asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros
desmovilizados de las FARC, el insólito desacato y enfrentamiento al fallo de
la Justicia Especial de Paz, en el caso del ex comandante Jesús Santrich, la
denuncia del diario New York Time, sobre la orden impartida a las Fuerzas
Militares de obtener resultados sin importar los métodos. Lo publicado por el
New York Time es supremamente preocupante.
Esa orden del Jefe del Ejército, nada diferente a la que
ordenó el presidente Uribe durante su mandato (2002-2010) cuyos resultados fue
el asesinato de miles de jóvenes inocentes, haciéndolos pasar por guerrilleros
de las FARC y acuñados esos crímenes
bajo el nombre de falsos-positivos, una
fórmula gramatical mediática para esconder y no llamarlo por su nombre: crímenes de lesa humanidad, aún pendientes de
juzgar por la Corte Penal Internacional y cuyas familias esperan justicia,
justicia que ha interferido, el renunciante fiscal Néstor Humberto Martínez al
no entregar las pruebas en poder de la Fiscalía, solicitada por la Fiscal de la
Corte Penal Internacional (CPI).
En septiembre del 2017 la
Fiscal Fatou Bensouda de la CPI
se fue muy descontenta de la reunión con el Fiscal General de la República Néstor Humberto Martínez, al declarar a la
prensa colombiana que “le habían
solicitado pruebas al Fiscal que demostraran investigaciones serias y
contundentes contra los militares acusados de permitir falsos-positivos y no
obtuvo ningún compromiso a su solicitud” dichas declaraciones se produjeron a
la salida de su reunión con el Fiscal
General de la República de Colombia.
Estas y otras graves acciones, no dejan dudas de que la
democracia colombiana está en terapia intensiva, impera un Estado Fallido, pues
el presidente Iván Duque y su gobierno se muestran incapaces de imponer el
orden, la convivencia y llevar la tranquilidad y la paz en el país y tampoco es
insensato afirmar que el pueblo colombiano está sometido a una dictadura narcoparamilitar si tomamos en
cuenta la ola de asesinatos, desapariciones y acoso contra las etnias
colombianas y afrodescendientes y el crecimiento impune de las bandas
paramilitares.
Desafiando los Acuerdos de Paz de La Habana, el gobierno de
Iván Duque y determinados sectores minoritarios del Congreso Nacional y del
Poder Judicial, han incurrido en graves violaciones en la implementación de los
acuerdos, no solo que no se cumplen, sino que se atenta contra el Estado de
Derecho y en violaciones a los Derechos Humanos, como lo ha sido el asesinato de 114 ex
guerrilleros y 31 miembro de las familias de estos y un poco más de 500 líderes sociales
asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz, el gobierno no solo, no toma medidas, sino
parecieran no importarle lo que viene
sucediendo.
Es una demostración que Colombia es un Estado Fallido, el
Gobierno no asume su papel y no toma medidas frente a estos horrorosos
crímenes, no cumple los acuerdos
internacionales firmados por el gobierno anterior, incluso los que han sido aprobados por organismos multilaterales como
la ONU, la CPI e incumplen los acuerdos
de la CELAC, relacionado con trabajar
porque América Latina sea una zona de paz, apoyando activamente a Estado Unidos
en derrocar al gobierno venezolano y
pese a la desmovilización y entrega de armas de las FARC-EP, convertido en Partido político le
incumplen los acuerdos de paz, suscrito
el pasado 24 de noviembre del 2016. Tampoco responden positivamente a la
disposición del ELN para establecer conversaciones que los conduzca a la firma
de un acuerdo pacifico y de reconciliación.
Es público y notorio lo presenciado por la opinión pública
nacional e internacional en el caso de Jesús Santrich. La conducta del director del Inpec y del
Centro Penitenciario La Picota, no solo atentaron contra el Estado de Derecho,
violaron la Constitución al entrar en desacato con lo ordenado por la JEP y él
Fiscal interino, al no ejecutar de manera inmediata su puesta en libertad. Lo más graves mantenerlo durante horas en
aislamiento y sospechosamente con serios problemas de salud y no autoprovocado
como dieron a entender medios oficiosos, sino por una alta ingesta
administradas para sedarlo, según ha trascendido por fuentes de la Clínica
Medéri a donde fue trasladado en la madrugada del 18 de mayo, más sospechoso
aun cuando ningún familiar, ni su médico de confianza, ni los abogados han
podido acompañarlo.
Nunca Santrich, el prisionero-inocente, intento atentar
contra su persona, nunca tuvo heridas, lo que si sucedía es que entre las 9 y
30 de la mañana del 17 cuando fue decretada su libertad y hasta en la tarde del
18 de mayo, estuvo aislado. Fueron cerca
de 36 horas de aislamiento que sus abogados y el médico personal pudieron
acceder a verlo.
En acto teatral escoltado por tal vez más de 100 efectivos
de la policía y oficiales del Inpec lo sacaron hasta la puerta de la Picota en
silla de rueda y fue la libertad más corta de la historia universal, fueron
menos de tres minutos, todo para cumplir con la JEP, pues llegó la orden de la
fiscalía de detenerlo, bajo supuestas nuevas pruebas de la DEA y lo llevaron al
interior de la Picota y más tarde trasladado al bunker de la Fiscalía.
¿Una maniobra, fabricar pruebas o investigar las “nuevas”
aportadas por la DEA para tener argumento e inculpar a Santrich? Esta es la pregunta que se hacen los colegas
periodista pues de acuerdo a la entrevista que sostuvieron con el exfiscal
Néstor Humberto Martínez el tema está muy enredado y nada claro.
En la entrevista en la noche de ayer 18 de mayo, el ex
fiscal accedió a sostener una entrevista con varios colegas de las cuales su
principal respuesta a diversas preguntas fueron la siguiente:” La Fiscalía
General de la Republica nunca recibió la carta rogatoria para colaborar con la
justicia americana para que agentes extranjeros y que según él actuaban como
particulares, desarrollaran el operativo donde aparece Santrich en un video”.
Por tanto, si bien no quiso calificar de ilegal esta acción, según él “para no
obstaculizar la indagación solicitada por la JEP y que las autoridades
judiciales investiguen lo sucedido”.
Aunque al final de la entrevista y ante la afirmación de la
colega periodista de que en el operativo relacionado con Santrich, no hubo
carta rogatoria de solicitud de permiso. El señor ex fiscal, le respondió:
“Usted lo tiene muy bien entendido”. Y ella le responde; a ese punto quería
llegar señor fiscal, porque en este caso, aunque usted no lo dice, hubo una
dosis de ilegalidad en el procedimiento.
Ante el tácito reconocimiento del ex fiscal de que no hubo
solicitud de permiso, se colige que el operativo era ilegal, como señaló la
periodista, el hecho era muy grave, porque entonces el operativo lo hizo la DEA
sin autorización y sin conocimiento de las autoridades colombianas, le preguntó
ella. Y le respondió: “las operaciones que realizan las autoridades judiciales
en el mundo de entrampamiento corresponden a realidades, que este caso
específico, le puedo decir que la Fiscalía General de la Nación, no tenía
conocimiento y por eso no participamos en ese operativo”.
Como se aprecia, totalmente justificativo, sin afirmar ni
negar, defensivo y reiterativo en afirmar que la Fiscalía no tenía conocimiento
y no participó en el operativo, lo cual resulta muy sospechosa la actitud tan
defensiva y reiterativa del ex fiscal pero también tan absolutamente
conservador, pues lo que cabía era que afirmará, sí la DEA, no tenía permiso
actuó ilegalmente, es también sospechosa ese temor a señalar a la DEA. ¿O el
Fiscal sí conocía del tema, pero no querían oficializarlo, pues era claro que
se trataba de una maniobra, o en boca de ellos un falso positivo? Y ahora está
aflorando el tema, que la JEP está sacando de la tenebrosa realidad.
Precisamente la Jurisdicción Especial de Paz, señala que las
leyes internacionales establecen que las autoridades extranjeras, para recabar
pruebas en otro país deben contar con el permiso de las autoridades de dicho
Estado. Es aquí donde está el debate. ¿Quién autorizó y quien supo de este
ilegal operativo de la DEA en territorio colombiano? ¿El ex fiscal nunca ha
dicho quien entrego el video o si? Es
una incógnita.
En este tema hay algo más grave. ¿Quién le entregó al Fiscal General el video,
por el cual, este ordenó la detención del dirigente de las FARC y lo mantuvo
encarcelado por 13 meses sin antes, investigar y comprobar la veracidad de lo
que expone el video? Un video puede ser
totalmente editado y suplantado los diálogos y en eso son expertos los
servicios especiales estadounidenses, además en un jurado y un servicio judicial
que se respete, un video no es una prueba legal. El trabajo de la Fiscalía es
investigar y agotar todos los recursos antes de proceder a una detención, de lo
contrario se viola el estado de derecho del ciudadano y más en este caso, pues
Santrich está cobijado por los Acuerdos de Paz y solo la JEP puede juzgarlo.
El testigo de la DEA, según trascendió públicamente, se
trata del sobrino del dirigente de las FARC-EP Iván Márquez, quien residía en
Venezuela y que según diversas fuentes señalan fue reclutado por dicha agencia,
trasladado a Estado Unidos, donde le cambiaron su identidad y le han
garantizado el suficiente financiamiento para vivir tranquilamente en Estados
Unidos. ¿Es confiable ese testigo? O no
es más que una operación política coordinada entre sectores del actual gobierno
colombiano y el de los Estados Unidos, para con la detención de Santrich
enlodar a las FARC, continuar vinculándola al narcotráfico, extraditarlo y con
ello, provocar la ruptura de los acuerdos de La Habana.
¿Porque Santrich es el escogido? pues muy sencillo porque, fue uno de los
principales miembros de la delegación de las FARC en las conversaciones de la
Habana que mantuvo firme y exigente posición en los debates, sobre estratégicos
temas, como la negativa del Gobierno de convocar a una Constituyente, que garantizaba convertir los Acuerdos de Paz
en una política de Estado y no de gobierno y por eso hoy este Gobierno está
incumpliendo los acuerdos, que además tienen que ser sometidos al poder
legislativo y judicial donde los adversarios de la paz tienen mayoría.
Por otra parte, y lamentablemente Santrich es un hombre
invidente, esa era para los ejecutores del plan una importante debilidad y
sobre todo, si el plan consideraba filmar un video, “la prueba reina”, inaudito.
Simultáneamente los medios difundían la noticia de que el
presidente Duque se encontraba en el aeropuerto militar de Catam y que
declararía al país en Conmoción interior y que ello obedecía a que Jesús
Santrich seria extraditado a los Estado Unidos, según tuiteo el senador Álvaro Uribe, pero
obviamente ante el gran revuelo que se armó, el debate al interior de las
instituciones judiciales y el costo político que esa acción podría traer,
adoptaron la decisión ya conocida, Duque salió declarando que respetaba la
decisión de la JEP, los dos minutos en
libertad y la vuelta a prisión de Santrich.
Un verdadero show, como el montado en la puerta de la cárcel la Picota y en
el aeropuerto de Catam, y un desmentido del indocto Presidente, presentándose
como gran demócrata y cumplidor de las leyes.
La opinión publica colombiana e internacional debe saber que
con el escenario descrito y que solo es una parte de los horrores de lo que
está sucediendo en Colombia, queda demostrado que el gobierno de Estados Unidos,
el senador Álvaro Uribe Vélez, enemigo jurado de la paz en su país y el
gobierno de Iván Duque, están esencialmente dedicados a pisotear, eliminar y
destrozar los Acuerdos de Paz de La Habana. En definitiva, la extrema derecha
colombiana y su oligarquía tenía el estratégico objetivo de desarmar y
desarticular a la guerrilla de las FARC-EP y lo logró, el cuento de la
democracia y que ellos podrían competir electoralmente quedó en una enorme y
utópica mentira.
(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com
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