Por Eduardo Contreras:
La breve declaración sobre la situación en Venezuela
formulada hace pocos días por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas, Michelle Bachelet, resulta tardía, confusa, extraña. Ella no
ha visitado ese país y basa sus opiniones en lo que le habrían adelantado
algunos funcionarios de su dependencia respecto de una situación que ya se
prolonga por varios meses.
Sin duda se trata de un episodio desafortunado lo que, de
corroborarse su efectividad, sería un grave error que obviamente lamentamos
quienes la conocemos, la respetamos y apreciamos.
Mucho más cuando la llamada crisis venezolana es una
situación absolutamente clara, con acciones y señales que evocan los trágicos
sucesos de Chile en el año 1973. Entonces, el imperio norteamericano – ansioso
de recuperar el Cobre nacionalizado por el presidente Allende - había decidido
derrocar su legítimo gobierno. Tal como hoy el mismo imperio, ansioso de
quedarse con el Petróleo venezolano, ha decidido derrocar al legítimo gobierno
del Presidente Maduro. El apoyo a los golpistas reaccionarios, la confiscación
ilegal de recursos del Estado venezolano, el desabastecimiento de alimentos y
de fármacos, la campaña del terror, etc., etc. son capítulos del mismo Libreto,
del mismo programa desestabilizador, cada cual, con sus especificidades,
elaborado por los estrategas de la CIA y los otros servicios de inteligencia y
militares del gobierno de Washington.
Nadie que haya vivido esos años podrá olvidar, por ejemplo,
que al día siguiente del golpe en nuestro país reaparecieron por arte de magia,
remedios y alimentos que repletaban las bodegas de los acaparadores.
La Cámara de Diputados y la Corte Suprema de la época, ambas
entidades controladas por la oposición golpista, declararon “ilegítimo” al
gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende, a pesar que no tenían
facultades para ello. Fui diputado en ese período y me constan personalmente
esas burdas maniobras antidemocráticas que concluyeron con la deleznable
actitud de los altos mandos de los institutos armados de dar el criminal golpe
e instaurar la dictadura militar más cruel y asesina de toda la historia de
América Latina.
Y que llegó al extremo de encarcelar, torturar y asesinar, a
aquellos jefes militares demócratas y antifascistas como fueron, entre muchos
otros, los casos de los generales René Schneider, Carlos Prats y Alberto
Bachelet, padre de nuestra ex presidenta.
El caso venezolano es la reiteración de aquello, pero con una diferencia esencial como es el patriotismo y sentido democrático de sus
Fuerzas Armadas tan distantes del clasismo reaccionario y de la dependencia
ideológica que signa a las nuestras.
¿Dictadura en Venezuela? Si la hubiera, ¿se permitiría que
un monigote de la CIA se autoproclamara presidente encargado sin que le pasara
nada? ¿Habría podido suceder esto en el Chile de Pinochet? Suma y sigue:
Nicolás Maduro fue electo presidente con la misma institucionalidad jurídica,
procedimientos y organismos fiscalizadores, con los que Guaidó fue electo
diputado. ¿Dónde está lo irregular o ilegítimo?
Es más, las elecciones en que triunfó el presidente Maduro
fueron hace un año, sin que durante ese tiempo ni Guaidó ni nadie objetaran
nada. ¿Por qué ahora? Y agreguemos que,
en esas elecciones presidenciales, hubo candidatos opositores. Siguen siendo
opositores y no han reclamado sobre ese proceso electoral
Pese a todo lo cual Guaidó se autoproclamó y de inmediato le
apoyaron los gobiernos, instituciones y partidos políticos que responden a las
órdenes del gobierno que hoy encabeza Donald Trump.
Quienes así actúan – como Sebastián Piñera y su Canciller, o
el llamado grupo de Lima, por ejemplo – violan abiertamente las normas del
Derecho Nacional e Internacional sobre la materia.
Desde luego la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados dispone claramente a quienes se puede considerar como representante de
un Estado y específicamente alude al reconocimiento a los jefes de Estado y a
los representantes acreditados por los Estados ante Organismos Internacionales.
En este caso al reconocer a Guaidó no se ha respetado requisito alguno
atropellando así, de modo grosero la Convención de Viena ya citada.
Y algo específicamente decisivo, fundamental. Se trata del
Artículo 233 de la Constitución Política de Venezuela, que especifica
concretamente cuando hay falta absoluta del Presidente o Presidenta de la
Republica, y estas causas son sólo y exclusivamente la muerte, la renuncia, la
destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la
incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica
designada por el Tribunal Supremo y con aprobación de la Asamblea Nacional y
finalmente el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional así como la
revocatoria popular de su mandato.
Nada de esto ha ocurrido en Venezuela. No existe falta del
presidente de la Republica. Por lo que quienes, pese a todo, aceptando
presiones superiores, han reconocido a Guaidó incurren en una grave violación
del Derecho. De tal magnitud que, en el caso de Chile, por ejemplo, hace
absolutamente procedente una acusación constitucional contra el primer
mandatario.
Aclarado que legalmente en Venezuela no existe la “falta
absoluta del presidente o presidenta”, corresponde agregar que en el caso de
que la hubiera habido, que no la hubo ni la hay, Guaidó no cumplió entonces con
convocar a una nueva elección para lo que tenía 30 días. Un tiempo que él ocupo
en cumplir los mandados, paseándose por países a cargo de otros políticos
proclives a cumplir lo que disponga EEUU.
En nuestro caso el apoyo del gobierno a un impostor viola -
además de lo ya dicho la carta de Naciones Unidas, la carta de la Organización
de Estados Americanos y la propia Constitución chilena. Contribuye además a
prolongar una situación gravísima ya que es un hecho público que la decisión de
Trump es terminar con la democracia en Venezuela aun al precio de una invasión
armada. Esperamos que la Alta Comisionada tenga en consideración todos estos
elementos objetivos que aclaran el sentido verdadero de esta provocada crisis
humanitaria
Es preciso no olvidar un reconocimiento especial para los
gobiernos de México y de Uruguay por su invariable posición de respeto al
Derecho, a la Democracia y a la Soberanía del Pueblo. Desgraciadamente, y a
pesar de nuestra trágica experiencia del 11 de septiembre de 1973, no es
nuestra realidad.
eduardocontreras2@gmail.com
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