Por Juan Pablo Cárdenas:
Era completamente previsible que las fuerzas armadas y
policiales que estuvieron tan largos años tuteladas por Pinochet e instigadas a
cometer los más atroces crímenes contra nuestra población, finalmente perdieran
también sus escrúpulos en materia de probidad. Que a sus graves violaciones de
los Derechos Humanos sus efectivos sumaran posteriormente todo tipo de acciones
la defraudar al Estado, apropiarse de los recursos fiscales y acometer otra
suerte de delitos a fin der enriquecerse personalmente. Al grado de convertirse
en proveedores de armas de las bandas de delincuentes comunes y
narcotraficantes, tal como hoy se sabe o, más bien, se asume públicamente.
Oficiales y tropas coludidos en éste y otros negocios bajo
la “vista gorda” de la Contraloría General de la República, las fiscalías
castrenses y, por supuesto, los sucesivos ministros de defensa que uno a uno
fue renunciando a ejercer su autoridad y supervisión. En el ánimo de no
provocarle molestia alguna a los uniformados, pero también, rendidos a la
adulación de los altos oficiales y aquellos magníficos recursos que tienen en
todo el país para satisfacción de ellos mismos, sus familias, así como para
procurarse la complacencia de los secretarios de estado y de los políticos en
general. Uno de estos ministros nos destacaba tiempo atrás la fascinante
experiencia de subir a un tanque, navegar por los mares australes, cruzar el
cielo en los bólidos de guerra y hacerse atender por los casinos de lujo y
sitios de esparcimiento a cargo de los militares. Recibir constantemente,
también, sus más variadas lisonjas y hasta encandilarse con la marcialidad
militar, sus pasos de ganso y otras piruetas.
De allí que algunos
de estos ya viejos “servidores públicos” se hayan animado, además, a cumplir
con un curioso adiestramiento militar en caso de que una guerra requiriera
algún día de sus patrióticos servicios o, simplemente, para ostentar alguna
medalla o charretera. Trámite que incluye un curso práctico ad hoc, respecto
del cual todos los que lo han seguido coinciden en que se trata de una
experiencia impagable por lo grata, novedosa y sin las exigencias propias del
rigor impuesto a los que siguen la carrera militar regular.
Mucho se afirma que el ministro de Defensa de Patricio
Aylwin, Patricio Rojas, fuera el único que no se dejara encantar por la clase
uniformada bajo su mando político. Que más bien su relación con el mundo castrense
fuera tensa y hasta hosca, aunque en ningún caso se propusiera ejercer con
todas las facultades de su autoridad, mientras el Dictador siguiera ejerciendo
como Comandante en Jefe y sus “ejercicios de enlace” amenazaran desbaratar la
llamada Transición a la Democracia. De allí que hasta en los gobiernos que
sucedieron al de Aylwin se garantizara la impunidad respecto de las prácticas
de corrupción de los familiares del ex Dictador. “Razones de Estado”, se nos
dijo, para exigirle, precisamente, al Consejo de Defensa del Estado que
omitiera cualquier acusación contra el primogénito de Pinochet. A lo que siguió
el propio rescate de la Concertación y la derecha unidas para traer al ex
Dictador de regreso a Chile, retenido varios meses en Londres para someterlo a
un juicio ante el Tribunal Internacional de la Haya por sus crímenes de lesa
humanidad.
Gracias a las redes sociales, a la prensa digna, a las
ambiciones y divisiones que ahora se evidencian entre las distintas ramas de la
Defensa, como al interior de éstas, es que actualmente ya es imposible esconder
las operaciones ilícitas de militares y policías, el sospechoso enriquecimiento
de sus altos oficiales y hasta que algunos uniformados de baja graduación sean
sorprendidos despilfarrando millones de pesos en un conocido recinto de juegos
de azar. Con recursos sustraídos, por supuesto, del erario nacional, fruto de
de las armas transadas en el mercado negro o, lo que es muy corriente, de la
malversación de los caudales dispuestos para los pertrechos y aprovisionamiento
de los cuarteles.
Como lo ha señalado el actual ministro de defensa, Alberto
Espina, el Comandante en Jefe del Ejército tuvo la “imprudencia” de reconocer
estos delitos al interior de una concurrida reunión con su oficialidad. La
misma que fue filtrada a un medio de comunicación y de su propia boca pudimos
escuchar que había suboficiales que traficaban armamento, entre otros múltiples
despropósitos. Toda una perorata en que afirmó que éstos y otros delitos, como
la de integrar bandas de asaltantes y abultar viáticos y costos de
movilización, eran comunes a todas las ramas de la Defensa y de las
policías. Aunque lo más sorprendente y
atrevido fue la amenaza del alto oficial de “defender con dientes y muelas” el
privilegiado sistema de previsión de los uniformados que, como se sabe, es
groseramente más generoso que el de los jubilados civiles de las AFPs. Los que,
además, deben trabajar largos años más que los militares para obtener una
pensión muy inferior y hasta miserable.
Nos imaginamos que los “dientes y muelas” podrán ser, en
lenguaje figurado o metafórico, fusiles y tanques para oponerse a cualquier
intento de nuestros gobiernos y legisladores de imponer alguna equidad en
materia previsional y distribución del presupuesto fiscal. Salvo que el
canibalismo se haya consolidado, también, en nuestros altos oficiales y tropas
de nuestro “Ejército jamás vencido”, como se proclama en las paradas militares
y discursos castrenses…
Mal que mal, la historia nos señala las múltiples
oportunidades en que estas Fuerzas Armadas han atentado contra nuestra
institucionalidad, estado de derecho y la vida de autoridades legítimamente
constituidas. Llegando a extremo nunca antes visto de bombardear nuestro
palacio de Gobierno, asesinar al presidente de la República (esa es la verdad)
para luego poner en práctica los más siniestros recursos para torturar
sistemáticamente a los presos y presas políticas, utilizando no solo dientes y
uñas, sino garras y pesuñas. En la misma avidez y desfachatez que ahora
demuestran para derivar recursos fiscales a sus bien nutridas billeteras y
hasta dotarse de pasajes aéreos para viajar por el mundo con sus familiares.
Siempre, por supuesto, al abrigo de la Constitución que les legara el Dictador
como “garantes” de nuestra institucionalidad, pero también por la cobardía y la
corrupción de los moradores de La Moneda y otras instituciones del Estado.
“Déjennos robar y
nosotros nos encargamos de reprimir a los pobres, los jóvenes y a los mapuches,
parecieran decir los militares. “Con su condescendencia, señores políticos,
pueden estar seguros de nuestra protección y fidelidad…” No es extraño, entonces, que al pobre
Comandante en Jefe se le “tire las orejas “solo su incontinencia verbal, por su
torpe infidencia, y no por reconocer delitos hasta ahora completamente impunes.
O que al director general de carabineros no se le haya hecho reproche alguno
después de que su comando terrorista de la Araucanía ultimó a un nuevo joven
comunero mapuche por la espalda. Delitos
y crímenes de sobra conocidos por los gobiernos y sus ministros de Defensa, ya
que son propios de la simbiosis institucional y la bien afincada complicidad de
políticos y uniformados.
Toda esta situación es la que explica que ante los
requerimientos de la población nacional la política renuncie a recortar en lo
más mínimo el abultado gasto militar de nuestro país. Cuestión que sí hacen
otros países en que las fuerzas armadas son obedientes y, nos suponemos, más
probas que las nuestras.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
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