Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:
La conciencia, juzga,
escoge, mueve, permite comprender el sentido de las luchas, las resistencias,
los compromisos con los derechos, con el respeto a los otros y con el
cumplimiento responsable ante la sociedad por cada actitud tomada o acción
ejecutada. Conciencia es el calificativo de la apoteósica movilización
universitaria del 10 de octubre de 2018, que luego de haber llenado las plazas
principales de las ciudades capitales e intermedias en todo el país tendrá que
cobrar cara su victoria.
La toma de Bogotá en defensa de la universidad pública,
-desfinanciada y puesta en riesgo por la inequitativa distribución de los
recursos del estado y la intromisión de la clase política en la toma de
decisiones- señaló el rumbo de la lucha universitaria renovada y dispuesta a
impedir que las universidades públicas dejen de existir. La movilización
redescubrió que no se necesita ser estudiante, profesor o trabajador de la
universidad para entender que mientras el pueblo sea mantenido en la ignorancia
las elites tendrán asegurado su presente y su futuro y los sectores populares
su desgracia.
Los datos indican que
el 60% de los estudiantes de las universidades publicas pertenecen a los
sectores populares, que reciben ingresos familiares menores a dos salarios
mínimos al mes (aprox 500 dólares) y el 70% del profesorado tiene contratos
precarios inferiores a 10 meses y sometidos a rigurosos controles a sus
actividades y sus actuaciones para ser contratados otra vez. La nación
colombiana permanece atada a los compromisos del pacto social vigente, paga
impuestos onerosos cumplidamente, acata las leyes, responde a las convocatorias
a elecciones, pero el estado distribuye mal, privilegia asuntos como la guerra
y el pago de intereses de la deuda contraída con organismos y banca
multilateral que se quedan con cerca de la mitad del presupuesto nacional en
detrimento de derechos como salud, trabajo, agua, alimento y educación y esas
mismas elites que mal distribuyen despojan en corrupción de 40 billones y
exoneran empresas trasnacionales por más de 10 billones. Montos que si no
fueran saqueados y se diera una mejor distribución estatal no tendrían en
problemas y carencias a nadie y Colombia seria el país rico y en paz que todos
sus habitantes anhelan
Está en riesgo el sistema universitario público compuesto
hasta hoy por 32 universidades públicas, 28 instituciones técnicas y
tecnológicas y el servicio nacional de aprendizaje (Sena), cuyo sostenimiento
depende de los recursos de la nación y de su autonomía y libertades de
investigación y catedra. La causa inmediata del riesgo es la desfinanciación
con origen en los incumplimientos del estado para asignar los presupuestos
adecuados para el funcionamiento e inversión acordes al crecimiento desbordado
pero necesario sin garantías. Por tratarse de una situación de riesgo que pesa
sobre un derecho conquistado en luchas anteriores, corresponde al estado poner
las soluciones inmediatas, como lo ha hecho en otras ocasiones, incluso por
fuera de sus obligaciones, salvando de las crisis a bancos o exportadores. Al
partido de gobierno (C.D) que controla la presidencia y el congreso le corresponde
atender el momento de crisis aunque su talante “retrogrado, sectario,
divisionista y destructivo” (Cecilia Orozco Tascon, el espectador.com
10/10/2018), provoque desesperanza, sobretodo porque con arrogancia
dictatorial, el presidente del senado muy molesto en su primer acercamiento con
los manifestantes mando a callar a la representante estudiantil que explicaba
la crisis en el senado y con desprecio concedió “30 segundos para que acabe
niña”, y el presidente del gobierno con indiferencia adujo que “tenemos el
presupuesto más alto que se haya visto”.
La señal es que a los dos, no les importan los estudiantes,
ni la crisis de las universidades públicas que solo reciben el 10% del total de
los recursos asignados a la educación (de los que habla el presidente), y estos
incluyen una alta suma transferida al sector privado con programas como “ser
pilo paga” que además se beneficia de la capacidad de los mejores estudiantes
provenientes de los sectores populares, que en en la universidad pública se formarían
con recursos públicos 5 o más veces por debajo de lo que le cuesta al país
formarlos en la universidad privada, que los reclama suyos.
Las plazas llenas, sin el menor asomo de violencia, con una
forma organizativa renovada, creativa y convencida de la necesidad de que la
universidad es un bien público innegociable y la educación un derecho
irrenunciable, le notificaron al poder hegemónico, que hay inconformidad y
total disposición a mantener de manera indefinida, hasta cobrar cara su
victoria en las calles, para materializar mediante la justa lucha el derecho
que tienen los hijos de los sectores populares a asistir a la universidad
pública y contribuir con conocimiento, ciencia y cultura a forjar la riqueza y
el bienestar de la nación que aspira a vivir en paz, alejada de la guerra y las
humillaciones a las que son sometidos los pueblos que sobreviven en la
ignorancia y el olvido.
Las movilizaciones de hace 100 años en Córdoba y hace 50 en
Paris Y México, le sirven de referencia a los jóvenes entrados en rebeldía y a
la sociedad que comprende la magnitud y significado de este momento de
protesta, para interconectar luchas transversales contra las técnicas del poder
hegemónico, al que no le interesa nada distinto a lo que resulte benéfico para
los suyos y sus negocios particulares a costa del sacrificio de la nación
entera. Queda claro en la conciencia que la educación produce riqueza y la
ignorancia destrucción, razón por la que las elites aparezcan ajenas,
indolentes.
La movilización tiene a los estudiantes en la vanguardia.
Ellos tienen la palabra y control de la hoja de ruta y también la posibilidad
en sus propios caumpus de hacer demostraciones de su capacidad para
autogobernarse allí donde sus autoridades, por incapacidad o indiferencia
producen desgobierno. El profesorado, trabajadores, organizaciones sociales,
indígenas, campesinos e incluso buena parte de directivos acompañan esta lucha
acompañan la justa lucha con la claridad de que es ahora o nuca que las
universidades se salvan o empiezan su agónica muerte, como lo demostraron con
estudios, informes y solicitudes en la Cámara de Representantes el día 10, que
coincidiendo en ratificar que “sí hay dinero disponible” para superar el
riesgo. Los 500.000 millones ofrecidos por el gobierno, no solucionan nada y la
manera de distribución envía un mensaje de indiferencia al indicar que 55.000
millones irán a la base presupuestal (promedio cercano a 1000 millones para
universidad de entre 20 y 30.000 estudiantes) y 223.000 millones para inversión
cuando la deuda histórica supera 15 billones. La suma ofrecida no responde a
las demandas y se puede interpretar más bien como una pieza táctica del
engranaje de falsedades y engaños para debilitar, dividir y crear fisuras en la
unidad de lucha.
Quedó al descubierto
que sí existen recursos ordinarios disponibles y no apropiarlos viola la ley.
Se dijo por ejemplo que la reforma tributaria ya contempló estos recursos, pero
además que hay otras fuentes posibles como los recaudos adicionales por aumento
en los precios del petróleo que por cada dólar dejan 350.000 millones. En
síntesis como muchos dijeron no se necesita ser estudiante, docente o
trabajador de la universidad para entender que la educación produce más riqueza
y bienestar que la ignorancia. Y que no
falta presupuesto si no que sobran ladrones incrustados en el poder hegemónico.
mrestrepo33@hotmail.com
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