Por Carolina Vásquez Araya
Las cifras de niñas embarazadas y mujeres muertas por
abortos clandestinos exigen una revisión profunda y urgente de los marcos
legales.
Las mujeres argentinas han marcado un hasta aquí en uno de
los temas más sensibles y controversiales para las sociedades latinoamericanas:
el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo –IVE- impulsado por la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El emblema
de la organización desde la cual se originó el movimiento hace ya 15 años es un
pañuelo verde con una inscripción en blanco que reza “Educación sexual para
decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, poniendo
de relieve una de las causas principales de muertes evitables de mujeres en
todos los países del continente.
El proyecto de la despenalización del aborto ya aprobado
por la Cámara de Diputados argentina luego de uno de los debates más
apasionantes y reñidos de los últimos tiempos- busca despenalizar la
interrupción voluntaria del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación y
más allá de ese plazo cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando es
producto de violación o existen malformaciones fetales graves. El debate,
ampliamente difundido, estuvo marcado por intervenciones de carácter
científico, ético y jurídico de muy alto nivel, lo cual establece una gran
diferencia con las posturas de políticos y miembros de instituciones civiles en
otros países, en donde los argumentos excluyen el marco de derechos de la mujer
en un contexto real de riesgo de vida, desde una perspectiva de salud pública y
derechos humanos.
Los derechos de las mujeres en cuanto a sus libertades
individuales han estado históricamente restringidos. No solo desde el seno del
hogar, en donde experimenta la mayoría de las agresiones y limitaciones a su
desarrollo, sino en todos los estamentos de la sociedad a la cual pertenezca,
en donde se le exigen ciertas conductas predeterminadas por un sistema machista
enfocado en privilegiar las aspiraciones del segmento masculino: virginidad,
sumisión, entrega absoluta a un rol diseñado para garantizar la reproducción en
un escenario lleno de mecanismos de control.
Una de las amenazas constantes en la vida de niñas y mujeres
es la violación sexual, hecho consumado en su mayoría por hombres de la familia
o conocidos y en cualquier ambiente de su entorno, provocando no solo embarazos
no deseados sino también trauma psicológico permanente y toda clase de
obstáculos a su normal desarrollo. En el caso de las niñas y adolescentes, un
embarazo significa un elevado riesgo para su vida porque al no haber alcanzado
su cuerpo una plena madurez, no está preparado para semejante trastorno físico
y emocional. Sin embargo, la mayoría de nuestros países presentan cifras récord
de niñas y adolescentes embarazadas sin la menor posibilidad de interrumpir un
proceso de gestación provocado por un delito, porque sus legislaciones lo
prohíben a partir de consideraciones de carácter religioso.
Uno de los resultados más notables de lo sucedido en
Argentina con este colectivo que ha logrado mover a las masas en la exigencia
de una apertura legal sobre el tema, es haber dejado establecida la condición
laica del Estado en su toma de decisiones en una sociedad integrada por
personas diversas, cuyos parámetros de vida no responden necesariamente a una
visión única a partir de una doctrina religiosa.
La marea verde de las mujeres argentinas ha abierto los
espacios de discusión con respeto y la decisión muy saludable de acabar con los
mitos y los tabúes sobre la sexualidad femenina, sus derechos reproductivos y
su determinación de no volver a cerrar esas compuertas. El diálogo con respeto
pero, sobre todo, el diálogo informado, es la tarea pendiente para otros países
del continente.
elquintopatio@gmail.com
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