Por Tony López R. :
Colombia
De visita en Estados Unidos y en soberbias y desusadas
declaraciones a la prensa, luego de sostener un encuentro con el
Vice-presidente Mike Pence; la oposición venezolana y legisladores de origen
cubano, Duque declaró que se retirara de UNASUR, porque este según él, fue creado para beneficio de Venezuela; no reconocerá al gobierno de Nicolás Maduro,
legítimamente elegido por su pueblo, y por supuesto no lo invitará a su acto de
investidura presidencial; tampoco
invitará al Gobierno cubano.
Nada sorprendente porque, a pesar de ser los dos países que
más aportes han hecho para lograr la paz en Colombia, y para el bienestar de su
pueblo, para el Presidente y su patrón
Álvaro Uribe, ambos países son considerados enemigos de Colombia, solo porque
obviamente existen diferencias
políticas, pero sobre todo, porque el nuevo gobierno colombiano, sigue a pie
juntilla las ordenes de Washington.
Las declaraciones efectuadas por el elegido Presidente,
demuestra su absoluto desconocimiento en política exterior, en primer lugar
UNASUR no fue creado para favorecer a Venezuela. El 8 de diciembre de 2004, en
la Reunión de Presidentes de América del Sur, que se realizó en Cuzco, Perú, se
creó la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), que posteriormente daría paso
a la conformación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Fue el 23 de
mayo de 2008, cuando se aprobó el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas, en el cual se designó como sede permanente de la Secretaría
General a Quito, capital del Ecuador, y del Parlamento a Cochabamba,
Bolivia. Al parecer Duque no recordó que
su patrón, Álvaro Uribe Vélez en su condición de Presidente firmó este tratado
suramericano.
UNASUR nació para
integrar procesos regionales desarrollados por el Mercosur y la Comunidad
Andina, integración que Estados Unidos rechazaba, porque afectaba sus intereses
económicos y geopolíticos y esa es la razón por la cual Colombia hoy es una de
las naciones que se han brindado a
eliminar a UNASUR, como buen santandereano se pone al servicio del imperio,
como lo hizo Francisco de Paula Santander, cuando conspiró con el gobierno de
Estados Unidos para hacer fracasar el Congreso Anfictiónico convocado por
Bolívar.
Que el señor Iván
Duque haya efectuado tales declaraciones y en términos inamistoso haya
comentado que desconocerá al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, es una
clara señal del compromiso adquirido con Estados Unidos, en la ejecución intervencionista del llamado
Plan Maestro contra Venezuela. Que explicación tiene que en la frontera de
Santander del Norte (Cúcuta) se haya desplegado una brigada de carros blindados
(Tanques de guerra) y 500 soldados argentinos en la misma zona, bajo el eufemístico carácter de que son
Cascos Blancos. ¿Acaso están allí, bajo la bandera de la ONU? No, que se conozca.
Es evidente que de ahora y hasta la toma de posesión de
Duque como presidente, pueden suceder acciones provocadoras dentro de
territorio venezolano, a cargo de las bandas
de narco-paramilitares colombianas y venezolanas y que durante mucho
tiempo han sido entrenadas, organizadas,
y han venido operando en la frontera y dentro de territorio venezolano, desde
la época del gobierno de Uribe Vélez y del actual gobierno.
Mientras todo esto sucede, los Acuerdos de Paz, están en terapia
intensiva, a pesar de las eufórica declaraciones del presidente Santos
Calderón, la realidad contradice el discurso,
de enero a junio del presente año 137 líderes comunales han asesinados
el paramilitarismo, es una
gravísima noticia.
Que la senadora uribista Paloma Valencia haya declarado
autoritaria y de manera prepotente:
¡este es el gobierno de Duque!,
cuando con el apoyo de conservadores, el oficialista partido de la U y
la derecha liberal se propusieron
cambios en la Justicia Especial de Paz.
La solicitud va dirigida a
desincentivar la revelación de la verdad en los casos en que ha habido víctimas
de agentes del estado en el marco del conflicto. En fin más importante que
reparar y resarcir a las víctimas es proteger a los victimarios.
La Silla Vacía, en un resumen del periodista Héctor Rivero,
sobre el debate en el Congreso, señalaba: “la Constitución obliga a los agentes
del estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto a acudir a la
JEP propusieron e hicieron aprobar una fórmula insólita: suspender durante 18
meses ese acápite constitucional mientras lo reforman”. ¡Eso dice lo que
aprobaron!
“Los propios militares le decían a la senadora Valencia que
el sistema aprobado daba mayor seguridad jurídica a la Fuerza Pública que el
que ellos proponían a lo que el senador José Obdulio Gaviria reaccionó, según
lo relataron dos generales al periodista Néstor Morales, recordándoles que
pronto habría un nuevo Presidente que ordenaría su retiro por oponerse a la
propuesta del ex Presidente Álvaro Uribe, que pasaba callado mientras se
desarrollaba el episodio”.
O sea los legisladores del Centro Democrático, no solo imponen sus posiciones a la JEP, lo cual de
cumplirse, deja en la impunidad los crímenes cometidos por la Fuerza Pública, sino que además amenazan a Generales, que por
estar en desacuerdo con la propuesta del ex presidente Uribe Vélez,
serán llevado a retiro, es una vieja práctica y tomen en cuenta que el
senador que amenazó a los Generales, es
el primo hermano de Pablo Escobar Gaviria. Y ese es, como afirmó la ultraderechista Paloma Valencia, ¡El gobierno de Duque!.
Por otra parte el nuevo mandatario al parecer no tiene mayor
interés en dar continuidad a los diálogos con el ELN, sus ofensivas declaraciones contra este Movimiento
Guerrillero así lo demuestran cuando señaló: “En Colombia deben parar las
muertes violentas, las amenazas y el terrorismo. Rechazamos los actos
intimidantes del ELN en la vía Buenaventura.”
Por las declaraciones públicas Iván Duque, pareciera que no tiene interés en
darle continuidad a un proceso con el ELN, partiendo de la agenda negociada con
el Presidente Santos, lo cual coloca al Presidente Duque y al ELN, muy lejos,
para el ELN, la agenda concertada y el diseño de la mesa es “Un acuerdo de
Estado” y su argumentación, la del ELN va en dirección de darle continuidad a
un proceso de diálogos y negociaciones con esta mesa y esta agenda.
Y lleva razón el ELN,
si no es un “acuerdo de Estado”
no hay garantías de que se cumplan los acuerdos, como ha sucedido con
los Acuerdos de Paz firmados por el
Gobierno y las FARC-EP, que quedaron a
merced del Congreso y la Corte
Constitucional, ambos poderes se han
dedicado a modificar, eliminar e incumplir lo firmado por el Gobierno y las
FARC-EP.
jorgarcia726@gmail.com
Un fanotohe ridículo del Imperio que se cae a pedazos en moralidad. Pablo Ballesteros
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