Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:
La lucha contra la corrupción o es retórica de elites y
gobernantes o es otra mentira, según los datos que muestran más retroceso que
avance. De 2017 a 2018 la percepción de corrupción subió del puesto 90 al 96
entre 180 países, con calificación de 37 sobre 100 puntos (siendo cero el nivel
más corrupto). La conclusión es que el país está permeado por la trampa, el
fraude, el clientelismo y la impunidad y todo ocurre al más alto nivel del
estado. Por esta razón, ni el asesinato sistemático de cientos de líderes
sociales y defensores de derechos, ni la impunidad que favorece a funcionarios
y políticos implicados en grandes fraudes pasados y presentes, ni las
traiciones al acuerdo de paz, ni la explotación con veneno y destrucción de la
biodiversidad, no inquieta ni pone en riesgo al poder, así como no minó la
obsesión del gobierno por entrar en la OCDE.
¿Cómo lo hizo? ¿Fue
lobby? ¿Informes maquillados? ¿Formalidades astutamente presentadas? ¿Ceguera
colectiva de 30 gobiernos de países cuyas economías trabajan de conjunto para
enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización? ¿Cómo lo
hizo?, no es claro, pero está ahí y podría valer para informarla de la otra
realidad que vive el país y apostar por convertirla en la más firme aliada de
la sociedad hastiada de corrupción.
Llegar a ser parte implicó superar pruebas de difícil
demostración, ya que la OCDE está organizada en torno a valores fundamentales
de: compromiso con la democracia pluralista basada en el estado de derecho
(cuestionable en Colombia por la precaria independencia de poderes, la desigual
aplicación de la ley y la exclusión de terceros con garantías para disputar el
poder); respeto de los derechos humanos (impensable con la escabrosa realidad
de líderes asesinados, políticos metidos con grupos criminales, paramilitarismo
en boga y re victimización de victimas); y el objetivo de alcanzar un
desarrollo económicamente sostenible (del que la corrupción es el principal
freno, entre otros con 156 políticos vinculados penalmente a corrupción, a oct
2017: el tiempo.com).
Colombia, con todo y las dudas insuperables, ya es un país
de la OCDE y le corresponde al gobierno el compromiso ineludible de enfrentar
en serio los sistemas de corrupción incrustados en el estado y poner bajo
juicio y castigo a los corruptus, para empezar por parecerse al menos a Panamá
y Perú, con los que comparte el mismo índice de corrupción, pero no son de la
OCDE. En Panamá el anterior presidente (Ricardo Martinelli) está preso por
corrupción y espionaje (con presunto apoyo del gobierno Uribe) y; en Perú, el
último presidente elegido (Kuczynski) fue destituido por corrupción y también
están presos por lo mismo Fujimori y el anterior presidente y dos más enfrentan
procesos penales. En Colombia, en cambio las respuestas para lo mismo solo son
comprensibles aceptando que la corrupción tiene impregnado al país y que el
estado está brutalmente contaminado, ya que el partido Centro Democrático (CD)
que tiene la mayor y más grave cantidad de hechos de corrupción (crímenes de
lesa humanidad, desfalcos, fraudes) ganó la presidencia, en alianza con otros
sectores igualmente cuestionados, lo que hace presumir que usará el poder del
gobierno para afirmar la tragedia, como queriendo ratificar la conclusión de
Transparencia Internacional en su informe de febrero, respecto que: “El
problema de la corrupción en Colombia carece de una solución de fondo”.
El gobierno del CD, sin embargo, está obligado
constitucionalmente a desarticular las tramas de corrupción por ser
desencadenantes de la violación de múltiples derechos, pero también porque “la
justificación misma del Estado Social de Derecho pasa, entre otros aspectos,
por la sujeción de la actuación de sus autoridades a los principios de
legalidad, objetividad y debida utilización de los recursos públicos”
(Sentencia C-172/06). En paralelo le corresponde enjuiciar y castigar a los
responsables, para cumplir siquiera el mínimo exigido por la OCDE, que es líder
global en la lucha contra la corrupción, por la legitimidad de países con
tolerancia cero como Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega o Canadá,
donde tampoco se cometen homicidios y que podrán apoyar e intervenir con
mecanismos de vigilancia in situ.
La gobernabilidad del CD, tendrá que ver con la manera como
asuma la tarea urgente de investigar, detener y encauzar de inmediato a
funcionarios públicos de alto nivel, que han robado, depredado o desviado
recursos públicos hacia estrategias de terror y muerte y con mayor premura los
grandes fraudes cometidos durante el régimen Uribe. El gobierno no tendrá
excusa (salvo con ilegalidad), para impedir o negarse a recibir el apoyo de la
sociedad civil, la ONU, la CIDH y la CPI, para actuar y crear comisiones de
alto nivel con acompañamiento de la OCDE, que será la perfecta aliada de la
sociedad, entre otras acciones para tomar lo mejor de experiencias
internacionales de lucha contra la corrupción, empezando por sacar la
definición de corrupción de los límites del delito económico y extenderla a
formas de abuso de poder en los cargos, conflictos de intereses, saqueo de
recursos, clientelismo y chantaje y entender que “la corrupción en Colombia
comparte medios y fines con el crimen organizado y las economías ilegales” (Dir.
Transparencia por Colombia).
Igual la OCDE podrá
ser un buen aliado para avanzar en el propósito de convertir los códigos de
conducta en herramientas jurídicamente ejecutables, que prohíban deshonestidad,
clientelismo, conflicto de intereses y nepotismo y exigir a todos los
funcionarios –del vigilante al presidente-, actuar con rectitud, ser honestos,
decir la verdad y declarar el patrimonio como parte de unas estrategias de
construcción de una cultura de paz y de derechos sin mediación de los corruptus.
El compromiso ético es rechazar totalmente cualquier forma
de corrupción y promover pedagogías útiles a la formación de valores vitales de
honestidad y respeto por la vida, la verdad y la justicia y para comprender que
la corrupción es un complejo problema moral, social, político y económico que
impide el buen vivir, el bienestar y el respeto por la vida y las diferencias.
Es tiempo para salir de este síntoma de la enfermedad mayor representada en la
toma del estado por verdaderas mafias con participación directa, anuencia u
omisión de las elites en el poder. Salir de la la corrupción implica compromiso
y decisión personal y colectiva para rechazar actitudes culturales o personales
que tienden a creer que la corrupción es invencible y hasta necesaria por
tradición. La corrupción se manifiesta mediante prácticas y estructuras y es
imprescindible que la sociedad actúe para derrotarlas de raíz a ambas.
P.D. La consulta
anticorrupción, es un mecanismo efectivo para vincular al gobierno y a todas
las instituciones del estado y de la sociedad en la aplicación inmediata de
herramientas contra la corrupción y la tradición de los corruptus. Votar por el
Sí es apoyar la honestidad, por encima de diferencias ideológicas o de partido,
porque el fin es sencillamente humano, representado en superar la vergüenza de
vivir y luchar en un país donde “cada vez hay más corrupción” (T.I, feb 2018).
mrestrepo33@hotmail.com
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