Por Carolina Vásquez Araya:
En Guatemala la vida se ha vuelto una prueba de resistencia
contra adversidades.
Al clausurar la zona devastada por las recientes erupciones
del volcán de Fuego por ser de alto riesgo, las autoridades guatemaltecas ponen
un sello a la búsqueda de víctimas y con ello impiden a los deudos cerrar su
duelo. La tragedia, por lo tanto, continuará para cientos de familias sumidas
en la incertidumbre y el dolor de haber perdido no solo sus hogares sino
también a familiares, vecinos y amigos. Para quienes no hemos experimentado una
pérdida semejante resulta imposible comprender la dimensión del drama de estas
personas quienes, además de quedar a la deriva, se enfrentan a la dura realidad
de depender de un Estado incapaz de ofrecer el apoyo mínimo que corresponde en
estos casos.
Guatemala se ha convertido en zona de desastre y no
alrededor de un volcán, sino alrededor de un congreso y un palacio de gobierno.
Los extremos de ineptitud, indolencia y rapacidad (literal: adicto al robo y la
rapiña) de sus autoridades han socavado las bases mismas de la
institucionalidad y transformado al Estado en un monumento a la perfidia
política. Hoy es imposible remontar hacia una ejecución transparente del
presupuesto nacional o a la hipotética implementación de políticas públicas
favorables al desarrollo de los sectores más necesitados. Quienes claman por un
giro de timón de un presidente ausente e incapaz saben de antemano que no hay
salida digna para esta administración, más que una renuncia en masa.
Para hacer el cuadro más ilustrativo del estado de la Nación
hay que echar un vistazo al sector justicia, un pilar fundamental para la
sostenibilidad del estado de Derecho en cualquier país del mundo. Las presiones
descaradas contra los pocos jueces probos e incorruptibles dan testimonio del
pánico presente entre los empresarios y políticos cuyas acciones han llevado al
país al extremo de inestabilidad en el cual se encuentra. El avance de los
procesos contra ex gobernantes, militares y miembros prominentes del sector
empresarial ha sido torpedeado con recursos legales pero ilegítimos gracias a
las trampas pergeñadas por los congresistas desde ya hace muchas décadas.
El acoso descarado de los magistrados de la Sala Tercera
contra la jueza Erika Aifán, quien tiene a su cargo casos paradigmáticos contra
la impunidad y la corrupción, demuestra sin lugar a dudas el nivel de pánico de
quienes se ven afectados por el desempeño ético y probo de una representante
del poder judicial y es una prueba contundente de los extremos a los cuales es
capaz de llegar un pacto de corruptos cuyo único propósito es apoderarse de
todos los estamentos del Estado y eliminar cualquier posibilidad de
recuperación de la integridad institucional.
En Guatemala se habla de colapso del Estado, pero la
realidad es una ausencia de Estado en toda su extensión. Es como si este
hubiera sido reemplazado por una estructura paralela con intereses totalmente
ajenos y opuestos al bienestar de la población, enseñando claramente cuáles son
sus planes para la apropiación total de cualquier espacio de poder político y
económico. La catástrofe no se avecina, ya está presente en el país y cualquier
posibilidad de reversión de las malas decisiones ha sido bloqueada nada menos
que desde las más altas instancias del gobierno. Se podría formular una
ecuación matemática con los componentes actuales del poder (gobierno militar
con careta civil) y desde ahí calcular las perspectivas de salir de la crisis
actual sin perder del todo las oportunidades de consolidar un sistema
democrático ya medio ausente del escenario. La crisis no viene, ya está
instalada y solo queda buscarle la salida.
Las fumarolas anuncian desastre desde las instituciones
mismas del Estado.
elquintopatio@gmail.com
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