Por Eduardo Andrade Bone:
Los redadas policiales también llamadas pomposamente como
“mega operativos”, han sido encabezados por la policía militarizad chilena, que
ya en cuatro de estas ocasiones han sido detenidas un total de 17.405 personas
según fuentes de la prensa chilena. 10 mil efectivos de la policía militarizada
han salido a las calles, los cuales en sus comienzos fueron encabezados por el
propio mandatario y su primo ministro del Interior, Andrés Chadwick, los cuales
comenzaron la caza y allanamiento a viviendas de presuntos delincuentes en el
municipio de La Pintana, barrio popular de Santiago.
La ola represiva contra la delincuencia ha dado como
resultado la realización de 62.394 controles de identidad a personas,
100.366 controles vehiculares, 8.358 fiscalizaciones a locales con patente de
alcohol y 9.656 a locales comerciales, entre los diversos controles ejecutados.
De allí que estos operativos no garantizan la baja en las actividades
delictivas, puesto que no se está enfrentado el problema de fondo, que tiene un
carácter socio-económico.
En otra muestra entregada por Paz Ciudadana y GFK Adimark,
entidades ligadas a Piñera, nos señalan
que en su primer gobierno la victimización aumentó un 6,3%, pasando de 33%
en 2010, a 39,3% en 2011. Es más, dichas cifras muestran un aumento del 33% a
un 40,2% en 2013, es decir, un incremento de 7,2 puntos, de allí que pretender
creer que bajo los gobiernos de los herederos de la dictadura, Chile Vamos y su
primer mandatario, bajaron los índices de actos delictivos, nos es más que una
quimera.
Ahora las cifras oficiales de la época entregadas por la
Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del
Interior, indican un aumento gradual en la cantidad de delitos de menor
connotación social (DMCS) en 2011, como robo de dinero, joyas o artefactos
eléctricos diversos, todo esto ocurrido bajo el gobierno anterior del Sr.
Piñera.
Según la prensa chilena los operativos policiales han sido
impulsados para poner en práctica los nuevos procedimientos de la Agencia
Nacional de Inteligencia (ANI) y garantizar la seguridad de los estratos
sociales de mayor poder adquisitivo y que habitan en municipios como La Reina,
Providencia, La Dehesa y Las Condes, donde reside el primer mandatario, puesto
que se estima que la delincuencia organizada está comenzando a operar en el
llamado barrio alto de la capital chilena, que además cuentan ya con altos
despliegues de seguridad.
Cabe destacar además que ante las racias desplegadas por la
policía por orden del actual gobierno, el presidente de la Corte Suprema,
Haroldo Brito, ha manifestado su preocupación, ante los procedimientos
efectuados por el ministerio del Interior, del cual depende la policía
militarizada chilena. Dicha preocupación está relacionada con la gran cantidad
de detenidos que no dan abasto para mantenerlos en las comisarías, al margen de
cuestiones de índole legal que no estaría respetando el ministerio del
Interior.
Lo cierto es que tras el término de la dictadura y la
entrada en escena de una seudo democracia como la chilena, la delincuencia se
ha convertido en un problema creciente y endémico que ha tensionado a los
gobiernos post régimen militar. Situación que tiene mucho que ver con el modelo
económico imperante (neoliberal) y toda la legalidad heredada de la dictadura y
que fuera plasmada en una Constitución fraudulenta, anti soberana y no
representativa de todos los sectores de la vida nacional.
Sin embargo cabe destacar que desde la dictadura hasta
nuestros días, hay diversos factores y
variables económicas sociales han
contribuido a un aumento gradual de múltiples tipos de actividades
delictivas no tradicionales. Entre ellas
destacan robos de diversos tipos de especies, la delincuencia de cuellos y
corbata ligada a funcionarios con poder de las instituciones públicas, en
especial de los altos oficiales de las FF.AA., la policía uniformada
militarizada, la delincuencia del mundo empresarial (colusiones y sobornos), y
la delincuencia ligada a la elite política que se expresa en actos de
corrupción, los cuales se han transformado en los guardianes del modelo
capitalista neoliberal y grandes defensores del poder del dinero, políticos
esencialmente de centro derecha (Chile Vamos DC, PPD+-).
En este sentido cabe recordar que una de las mayores
preocupaciones de la mayoría de los chilenos, expresada a través de los
carteles de las encuestas (Cep, Cadem, Adimark, Criteria Research), todas
ideológicamente de derecha, es precisamente la inseguridad ciudadana y las
diversas formas de delincuencia que ha generado el sistema político económico
post dictadura. En general la percepción de los chilenos es que la delincuencia
va en aumento y que las medidas tomadas por la autoridad son inefectivas y no
contribuyen a reducir los índices de actividades ilegales en el país.
Sebastián Piñera, en su primer gobierno prometió terminar
con la “puerta giratoria” de la delincuencia, para así evitar que los que
reincidían en actividades delictivas volvieran a salir en libertad. Sin embargo
en su primer gobierno las actividades fuera de la ley, aumentaron gradualmente.
Según las encuestas de las consultoras afines a su primer gobierno, destacaban
precisamente que Piñera obtuvo los peores resultados de aprobación en materias
como delincuencia, educación, corrupción, pensiones y bajos salarios.
Para cualquier extranjero que se encuentre de visita en
Chile y recorra los barrios populares, residenciales y donde vive el 3% más
rico del país de la capital chilena, se encontrará con viviendas blindadas,
condominios y palacetes con guardias de
seguridad y cámaras de vigilancia por todos lados, esa es la incertidumbre de
la seguridad que ofrece el capital neoliberal en Chile.
En el país del cono sur latinoamericano, el recrudecimiento
de la actividad delictiva sin ser nuevo,
tiene raíces muy claras, cuyo origen están en el sistema económico
vigente heredado de la dictadura, que no es otro que el neoliberalismo
económico y que en Chile es responsable de las diversas injusticias sociales
que dicho modelo ha generado. Lo cierto es que el capital neoliberal en Chile
ha producido una gran brecha entre unos pocos ricos (3%) y la gran mayoría que
vive de salarios de sobrevivencia y altamente endeudados para poder acceder a
los créditos de consumo que ofrece la alienación del mercado.
En el Chile del siglo XXI, en términos reales las
prioridades de los chilenos están relacionadas con automóviles, televisores de
última generación, computadoras, teléfonos celulares, viajes de placer al
extranjero y otras menudencias adicionales, todo para lo cual se necesita
dinero. Y en un país con muchas ofertas de créditos de consumo, no importa
mucho la procedencia del dinero para acceder a dichos bienes de consumo.
Bancos, financieras, prestamistas, mercado negro, carteles del narcotráfico,
todo da igual cuando se trata de comprar un bien de consumo, aún al riesgo de
involucrarse en actividades ilícitas, de allí una de las fuentes del
crecimiento de la delincuencia en el país. Cuestión que además no tiene nada
que ver con el mejoramiento de la calidad de vida en cuanto a trabajo,
vivienda, salud, educación, salarios y mejoramiento de las pensiones.
En su lucha contra la “delincuencia y desde que asumió el pasado 11 de marzo, el
Presidente Sebastián Piñera ha concedido tres indultos por "razones
humanitarias de salud" a personas que cumplían penas efectivas en algún
recinto penal del país. De acuerdo con la información de la prensa chilena a la
que accedió el medio Ley de Transparencia, el indulto en el recinto que recibe
a sentenciados por causas de derechos humanos, fue otorgado al ex coronel René
Cardemil, condenado a 10 años y un día de prisión en el marco del caso Torres
de San Borja. Otro beneficiado por el indulto presidencial fue Luis Gerbier, condenado a dos penas como
autor de los delitos de circulación de billetes falsos y robo con
violencia. El tercer caso, en tanto, es
el de un reo del penal Colina II, que cumplía una pena de tres años y un día de
presidio.
Ahora en materia de actividades delictivas, que se puede
esperar de un presidente como el Sr. Piñera,
que ha estado involucrado en
delitos económico como estafas (Banco Talca), que es un especulador financiero,
que evade impuestos, que se encuentra imputado e investigado por la justicia
argentina, que esconde su dinero en paraísos fiscales, que tiene un hermano
(Miguel) dueño de una discoteca y que desde allí se dedica al tráfico de
drogas, según reportan asiduos visitantes del centro nocturno. Es la gran
paradoja y el doble rasero de la persecución de la delincuencia, en donde uno
de los delincuentes más ricos del país,
el primer mandatario, persigue a los delincuentes que proceden de los barrios
populares, que han sido los sectores sociales más golpeados por el modelo
económico vigente.
En este sentido cabe agregar que la persecución a las
actividades ilícitas, también suele tener un carácter de clase, en donde se
persigue a chilenos que por razones socio-económicas se han visto empujados a
actividades delictivas y que proceden de los sectores populares, mientras que a
los delincuentes de cuello y corbata, se los protege y se los indulta de forma
encubierta, vía tribunales de justicia o por decisión presidencia
aindoamericanap@gmail.com
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