Por Carolina Vásquez Araya:
Negar la situación de la niñez guatemalteca es un insulto
inaceptable.
En Prensa Libre se publicó un reportaje-denuncia sobre el
estado de la niñez en el país y de inmediato surgieron voces negando esa
realidad cuyos efectos están a la vista de todos. Haber nacido en Guatemala es
un castigo inmerecido para millones de niñas y niños cuya infancia permanece
sumergida en la miseria, la desnutrición y la falta de acceso a lo que la
Constitución promete y sus gobernantes ignoran. No es solo salud y educación la
promesa violada, es protección integral en todos los aspectos del desarrollo.
Suelo revisar cuidadosamente las expresiones compartidas por
internautas en redes sociales.
Son variadas y reflejan en muchos aspectos la profunda
crisis del Estado de Guatemala y de todas sus instituciones, públicas y
privadas. Allí se estampa con prístina claridad el efecto catatónico provocado
por un conflicto armado interno cuyos métodos represivos fueron científicamente
calculados por los entrenadores estadounidenses para no dejar posibilidad
alguna de rebelión en una sociedad acallada por el miedo.
La forma selectiva como se perpetraron los asesinatos de
líderes y pueblos indígenas no fue un arrebato irracional de la soldadesca,
sino una estrategia diseñada en el marco de la Guerra Fría. Esos métodos no han
desaparecido y están patente en las estadísticas luctuosas de un país
supuestamente democrático y en paz. Lo vivido en estas últimas décadas y sobre
todo en el reciente año muestra cómo esa pasividad temerosa de la ciudadanía
tiene un efecto directo en el empoderamiento de los sectores más corruptos y
destructivos de la sociedad.
El impacto de las decisiones pergeñadas en los círculos
poderosos de las organizaciones empresariales, el ejército, el Congreso de la
República y el poder ejecutivo va directo al corazón mismo de la Nación. Guatemala
es un país saqueado vilmente y sin el menor recato. Los acuerdos y compromisos
internacionales son ignorados por los centros de poder y, peor aún, se emiten y
modifican leyes cuyo único propósito es resguardar la impunidad de quienes
cometen delitos desde esas instancias. Ante este escenario la ciudadanía espera
a que alguien descienda de la Vía Láctea, tome la iniciativa y suceda el
milagro del cambio.
Sin embargo, mientras eso suceda la niñez agoniza a la vista
de todos. La pobreza, en Guatemala, es un crimen de lesa humanidad porque en
Guatemala la riqueza abunda a manos llenas. El drama humano de la desnutrición,
de la falta de vivienda, de la destrucción planificada de la infraestructura
con fines de privatización, de la apropiación de bienes del Estado, del
abandono de los migrantes y muchos otros actos abiertamente delictivos lleva al
país hacia la pérdida total de la poca soberanía que aún le queda.
El nombramiento de amigos y cómplices en los puestos clave
del gobierno incide de manera directa en la degradación ambiental, en el
ocultamiento del saqueo, en garantías de impunidad para los involucrados en
delitos fiscales y electorales, pero sobre todo en la cruda realidad de ese
desfile interminable de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres de todas
las edades hacia las fronteras, quienes prefieren arriesgar la vida en ese
trayecto que hacerlo en su propia tierra.
Claudia Patricia - la joven de Guatemala a quien asesinó de
un disparo en la cabeza un agente de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos-
es el símbolo de otras miles de jóvenes ansiosas por alcanzar un sueño fuera de
su patria, porque en ella la han condenado a la miseria por mujer, pobre e
indígena. Así es como Guatemala le responde a su pueblo. Lo más perverso de
esta política de exclusión, es que al reducir drásticamente las perspectivas de
desarrollo los expulsa del territorio para que, desde el norte, alimenten las
arcas desde las cuales los gobernantes y su círculo de amigos obtienen su
riqueza mal habida.
Si la gente buena espera a que suceda un milagro, terminará
quedándose sin país.
elquintopatio@gmail.com
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