Por Tony López R.:
El pasado jueves 4 de enero se llevó a cabo en Cartagena de
Indias, Colombia, un encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos Calderón
y su equipo de Gobierno, con la delegación del Consejo Político del Partido
Fuerzas Alternativa Revolucionaria del
Común, presidido por Luciano Marín, c/p Iván Márquez, el objetivo analizar el
cumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz, firmados el pasado 24
de noviembre del 2016.
Según declaraciones publica
del presidente Santos Calderón,
los Acuerdos han avanzado más de lo esperado, afirmación refutada por la
delegación de las FARC los que demostraron que solo un 18.3 por ciento de ellos
han sido cumplimentados y precisamente no los Acuerdos estratégicos y algunos
parcialmente como es el caso de los presos políticos.
Hablemos claro, el Gobierno colombiano ha venido manejando
con cierta displicencia los Acuerdos
y no ha sido firme y contundente
en defender lo pactado, quedando estos a
merced de los enemigos de la paz en el Congreso y en la Corte
Constitucional, cuya animadversión
política se hacen cada vez más ostensible, al
igual que el desempeño de la Fiscalía General de la República cuyas
acciones en contra del Acuerdo de Paz y de la Justicia Especial de Paz, (JEP).
Ha sido el Fiscal
General Néstor Humberto Martínez, quien influyo en el Congreso durante el
debate sobre Justicia Especial de Paz, y consiguió una buen parte de las modificaciones de la JEP en beneficio de
los sectores vinculados al paramilitarismo, de los grandes terratenientes financiadores de esas bandas criminales y
de los sectores militares implicados en crímenes de guerra, mientras que se
exime a una de las partes y se enjuiciará
a los miembros de la insurgencia.
Es en ese sentido que el nuevo Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común,
FARC, ha planteado en Cartagena “que
se puede aún salvar lo fundamental de la Ley Estatutaria de la
Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP debe mantenerse como jurisdicción
para todos los actores del conflicto, sin diferencias odiosas ni rangos de
clases, porque esta nunca fue concebida exclusivamente para enjuiciar a las
FARC. No se puede vulnerar el principio de igualdad de las partes. El sistema
Integral fue creado para examinar las responsabilidades de todos los actores en
el conflicto. Teniendo en cuenta que solamente la verdad puede sanar las
profundas heridas ocasionadas por el conflicto, debe ser una obligación para
todos ofrecerla de manera amplia y suficiente”.
No hay que olvidar que
el pasado mes de septiembre de visita de trabajo en Colombia la Fiscal
de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda se fue muy descontenta de la
reunión con el Fiscal General de la República al declarar públicamente que “le
habían solicitado pruebas al Fiscal que demostraran investigaciones serias y
contundentes contra los militares acusados de permitir falsos-positivos y no
obtuvo ningún compromiso a su solicitud” dichas declaraciones a la prensa
colombiana e internacional se produjeron
a la salida de su reunión con el Fiscal
General de la República de Colombia.
Según se conoce públicamente la Fiscalía ha impedido la
puesta en marcha de la Unidad Espacial de Investigación de crímenes del
paramilitarismo contemplada en el numeral 74 de la JEP. Para ello, ha bloqueado
las necesarias reformas constitucionales para que esta unidad pudiera funcionar
con autonomía dentro de la Fiscalía General de la Nación. Aunque el Fiscal
manifestó que estaba de acuerdo con que, para garantizar la autonomía de la
Unidad Especial, eran necesarias reformas constitucionales, terminó bloqueando
su realización.
En resumen la paz en Colombia está en una crítica situación
y tanto la mayoría parlamentaria en
el Congreso Nacional, la Corte
Constitucional y la Fiscalía General de la República, dos de los Poderes del
Estado en Colombia, más la laxitud y la burocracia en el Gobierno ha conspirado
para que varios de los Acuerdos Estratégicos no se hayan podido implementar y
algunos se han hundido en los debates parlamentarios, precisamente por los
sectores que siempre han sido enemigos de la paz y que se benefician con la
guerra, a costa de la sangre del pueblo.
Es así como la Reforma Política, la Reforma Rural
Integral, el tema de la sustitución de cultivo ilícitos, las Circunscripciones
Territoriales Especiales de paz, la continuidad de centenares de presos políticos
pertenecientes a las FARC en las cárceles de Colombia, la falta de
financiamiento para proyectos productivos y
la lamentable y luctuosa criminalidad contra líderes comunales y ex
guerrilleros de las FARC, que ya llegan a la increíble cifra de más de 180 víctimas producidas por agentes
del Estado y paramilitares, según denuncian defensores de derechos humanos y
agrupaciones sociales, pueden hacer fracasar un proceso, solo por mezquinas
ambiciones de una oligarquía que habla de una democracia que no practica y lo
que es peor, que se convierte en aliadas de sectores delincuenciales y
criminales de guerra.
Nada ha parado a estos sectores, ni el apoyo unánime del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el pasado 30 de noviembre hizo
público un comunicado que especifica que el Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la construcción Estable y Duradera, es un documento oficial del
Consejo de Seguridad de la ONU.
Dios salve a Colombia.
(*) Periodista,
politólogo y analista internacional.
La Habana, 5 de enero
de 2018. Especial para el diario Por
Esto, Mérida, México
jorgarcia726@gmail.com
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