Por Carolina Vásquez Araya:
Existen innumerables instrumentos para evaluar calidad de
vida, desarrollo, gobernanza.
Unos son más eficaces, otros tienen la fuerza suficiente
para obligar a los Estados a responder por sus deficiencias y vacíos
institucionales aunque solo sea desde un punto de vista moral. Este año, se aplicará
el Examen Periódico Universal en Derechos Humanos, EPU, instrumento creado por
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para revisar cada 4,5 años la
situación de los derechos humanos en 42 Estados, con la finalidad de
identificar aquellos aspectos susceptibles de mejora a partir de una serie de
recomendaciones surgidas del análisis efectuado por organizaciones de la
sociedad civil en esos países.
En el informe nacional de Guatemala correspondiente a 2017,
elaborado y presentado por la Red Niña Niño, enfocado en la situación de la
niñez y adolescencia en Guatemala, se observa una vez más el estado de abandono
de este sector y cómo el enorme potencial de la niñez se pierde al obligarla
–por la falta de políticas públicas, inversión en alimentación, educación y
salud y mecanismos de protección integral- a sobrevivir en las condiciones más
precarias posibles de imaginar. Es importante recalcar que la Red Niña Niño,
creada hace 3 años con la integración de 40 organizaciones nacionales e
internacionales con el objetivo de dar seguimiento a las recomendaciones del
Comité de Derechos del Niño, no tiene poder vinculante, por lo cual el Estado
no está obligado a implementar los cambios sugeridos en sus informes.
La evaluación de este período, sin embargo, señala una vez
más la necesidad urgente de atender de manera prioritaria a la población menor
de 18 años, cuyos derechos han sido relegados por las sucesivas
administraciones de gobierno observándose un incremento en temas tan
importantes como la falta de acceso a la educación, los embarazos en niñas y
adolescentes y el abandono de la niñez migrante provocada por la situación de
pobreza y marginación, cuya primera consecuencia es la desintegración familiar.
A pesar de este escenario tan desfavorable como complejo, es
imperativo rescatar el enorme valor potencial del sector infantil y juvenil
–NNA- cuyo aporte, de contar con las condiciones adecuadas para su desarrollo
integral, podría constituir una de las vías más seguras y sostenibles para
generar una nueva forma de ciudadanía, incluyente y participativa. La mayor
riqueza de un país es su población, pero para Guatemala es, fundamentalmente,
ese sector de nuevos ciudadanos privados de acceso a la riqueza y sus beneficios
por obra y gracia de un sistema político y económico excluyente y corrupto.
Tal y como lo indica el informe de la Red Niña Niño,
Guatemala es uno de los países más hostiles del mundo con su población infantil
y juvenil y los indicadores de violencia criminal en contra de este sector
superan con creces a los de otras naciones en condiciones similares de
subdesarrollo. Las conclusiones planteadas en el documento –la mayoría de ellas
similares a las propuestas en los informes 2008 y 2012- enfatizan la necesidad
de un esfuerzo interinstitucional fuerte y enfocado en la restitución de los
derechos de la niñez, cuya prioridad ha sido relegada por un Estado que ha dado
mínima o nula respuesta a recomendaciones anteriores.
Un país evaluado en estos aspectos –y consiguientemente,
reprobado- evidencia un vacío total de objetivos y de políticas públicas
orientadas al desarrollo. Pero, sobre todo, da muestra de un divorcio
progresivo con los compromisos internacionales en materia de respeto por los
derechos humanos de la niñez y adolescencia, como una de las obligaciones
superiores de todos los Estados signatarios de Tratados y Convenciones sobre
este importante tema.
Reprobamos el examen sobre respeto de derechos humanos de
niñez y adolescencia.
elquintopatio@gmail.com
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