A un año de los Acuerdos de Paz de La Habana. ¿Cuáles Acuerdos?

Por Tony López R. (*):

Colombia

En la noche del pasado viernes 24 de noviembre, se celebró en el Teatro Colón,  el primer  año de la firma de los Acuerdos de Paz, negociados en La Habana, entre la delegación del Gobierno presidido por Juan Manuel Santos Calderón,  y  las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP) comandadas por Rodrigo Londoño Echeverry, quienes volvieron a encontrarse  y  motivó  las excusas del primero por los incumplimientos a la implementación de los Acuerdos de Paz y los firmes reclamos del segundo, por el engaño del que han sido objeto, no solo  la fuerza guerrillera, sino también  la sociedad colombiana y la comunidad internacional, que clama y exige el cumplimiento de los Acuerdos, que permita una paz estable y duradera.

El presidente Santos Calderón, asumió públicamente la responsabilidad de los incumplimientos y admitió  errores en la implementación de los acuerdos y se comprometió a que trabajarían día y noche para solventar la crisis provocada por esos desatinos. Londoño Echeverry por su parte hizo una fuerte denuncia contra los poderes Judiciales y Legislativos, especialmente contra la Fiscalía, la Corte Constitucional y el Congreso.

La Fiscalía ha introducido  modificaciones al acuerdo aprobado sobre la Justicia Transicional, que establece los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición  que incluía el juzgamiento de todos los agentes del Estado,  civiles que hayan financiado y/o  cómplices del paramilitarismo  y guerrilleros.

Estas  modificaciones  presentadas al Congreso, fueron ajustadas  a los intereses del sistema  y  lo aprobado el pasado miércoles 15 por el parlamento y sancionado la misma noche por la Corte Constitucional,  solo serán juzgados los guerrilleros. Quedaron eximidos de toda culpa los militares, otros agentes del Estado, civiles cómplices del financiamiento al paramilitarismo y al sicariato. Un ejercicio parlamentario para dejar en la impunidad los crímenes de guerra cometido contra la población civil y jóvenes inocentes como la muy documentada participación de la fuerza pública  en los llamados, “falsos-positivos.”

Lo más grave de todo este despropósito estriba en lo sancionado por la Corte Constitucional, la que meses antes había, aprobado el absoluto blindaje de los Acuerdos de Paz de La Habana y que luego de los cambios en dicha institución, por nuevos magistrados, hayan procedido a modificar lo ya acordado. Es evidente la motivación política e ideológica que ha llevado a tal aberración, jurídica y política, donde lógicamente existe un componente de complicidad del Gobierno, aunque el mismo Jefe de Estado, aduzca que hay errores y desatinos en los incumplimientos y errores.

Las pláticas iniciales entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP comenzaron en La Habana en febrero del 2012, por petición de las partes al Gobierno cubano,  cuyo objetivo era establecer los principios, normas y las base políticas para comenzar los diálogos, así como  las condiciones prácticas, que permitieran establecer la Mesa  de Dialogo. 

El 19 de octubre de 2012 fue instalada  en Oslo, Noruega, la Mesa de Diálogo de Paz, entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo. (FARC-EP)  Con la presencia de las delegaciones gubernamentales de Cuba y Noruega como garantes y de los países acompañantes Venezuela y Chile, se dio  inicio  a  este  proceso de diálogo, formalizándolo oficialmente y ante la opinión pública mundial, toda vez que en las conversaciones preliminares que se venían desarrollando en La Habana, se había logrado llegar a el  “Acuerdo  General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Pero tomando en cuenta lo que ha venido sucediendo en Colombia, al parecer, el Acuerdo General  para darle fin al conflicto y lograr la paz estable y duradera está  seriamente obstaculizado por una poderosa oligarquía y sectores de derecha que  niega a su pueblo  paz, justicia y un orden social justo. 

A un año de firmado los Acuerdos que fueron  refrendados en noviembre  del pasado año por el Congreso de la Nación, la situación es crítica y tiende a complicarse porque, el próximo 30 de noviembre termina el método del Fast Tras que se utiliza en el parlamento para agilizar la aprobación de los Acuerdos.

Dentro de los incumplimientos por parte del Gobierno y de la Justicia está  el hecho de que antes de finalizar la entrega de armas, tenían  que haber excarcelado a todos los miembros de las FARC en prisión, hoy quedan sin ese beneficio 1000 guerrilleros presos. En este periodo  más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios  y  cerca de 40  ex guerrilleros y familiares han sido asesinados por parte de la fuerza pública y los paramilitares.

La erradicación del paramilitarismo y su procedimiento jurídico y penal, fue uno de los Acuerdos, este lejos de cumplirse, el paramilitarismo ha ocupado las zonas donde antes operaba la guerrilla de las FARC,  asesinan y destierran  quienes ellos consideraban colaboradores de la insurgencia. Tema sensible, porque sin la eliminación del paramilitarismo, será muy complicado el accionar político del nuevo Partido, cuyos miembros son antiguos guerrilleros.

Una de las causas que originó el conflicto armado en Colombia fue el tema de la tierra  y uno de los Acuerdos firmados dejaba claramente establecido que el Estado pondría a disposición  10 millones de hectáreas  y a estas alturas, no hay una sola norma aprobada para garantizar, este que fue el primer Punto de la Agenda discutida en La Habana y mucho menos las tierras destinadas a la sustitución de cultivos ilícito (coca y amapola).

Sí tomamos nota, solo de algunos del más importante incumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana, bien cabe  la interrogante de: ¿Cuáles Acuerdos?.

Pero como bien me comentó un importante luchador por la paz en Colombia, y cito “Sin duda entre bambalinas se moverán acuerdos, arreglos o pactos secretos inter-oligárquicos y entre estas oligárquicas y el imperio, con la pretensión de impedir la posibilidad de cumplir lo pactado en la Habana, pero estos finalmente no podrán evitar que se desencadene un desajuste profundo dentro del sistema, empujado, claro está  por el desarrollo político de los variables procesos sociales contestatarios del país, que creo también van a enmarcarse dentro de la generación e impulso de un proceso constituyente popular”.

Es exactamente lo que se requiere en Colombia, una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa y que los Acuerdos de La Habana sean sometido a ella, de ese modo se convertirá en una política de Estado, porque los Acuerdos firmados el pasado 24 de noviembre del 2016 solo responden a un acuerdo del actual Gobierno, que puede ser modificado o no reconocido por el nuevo gobierno que asuma la conducción del país el 7 de agosto del 2018. 

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

jorgarcia726@gmail.com