Acaso un nuevo fantasma recorre el mundo
Como es sabido –salvo al parecer para nuestros tecnócratas-
en la mayor parte de los organismos internacionales dedicados al tema del
desarrollo o la pobreza en el mundo, se comprueba que en todos estos años de
políticas sociales neoliberales globalizadas, incluidas sus crisis (2007-2008)
no se han cerrado las brechas de las desigualdades existentes. Al contrario.
Según los nuevos datos que recoge Oxfam (Informe 2017) por ejemplo, tan solo 8
personas (todas ellas varones, además) poseen la misma riqueza que 3.600
millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad.
Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han
aumentado menos de 3 dólares al año, entre 1998 y 2011, mientras que los del 1%
más rico han aumentado en 182 veces más. El 10% más rico de América Latina y el
Caribe acumulaba en 2014 el 70.8% de la
riqueza y el patrimonio, mientras que la mitad de la población más pobre
acumulaba solo el 3.2%. Entre el año 2002 y el año 2015, la fortuna de los milmillonarios
en nuestra región aumentó a un ritmo de un 21% anual, un aumento seis veces
superior al del PIB del conjunto de nuestros países (un 3.5% anual) y un 6% más
alto que el aumento de la riqueza en el
resto del mundo. Al mismo tiempo en que se expandía el ideario de las
democracias liberales a nivel internacional, y de las supuestas bondades de una
globalización neoliberal y sus correspondientes políticas, se consagraban
nuevas y viejas desigualdades, poniendo
un claro signo de interrogación en torno a la viabilidad de políticas
democráticas en el ámbito social. Por cierto, Chile está entre los países más
desiguales del continente y del mundo.
Lo anterior revela el fracaso de las políticas sociales de
talante neoliberal regidas por el mito del libre mercado (si es que alguna vez
esas políticas se propusieron acortar las brechas en la desigualdad). Políticas
que, además, cuando hay crisis, como la del 2008, han pretendido saldarla muchas veces, con
recortes en el gasto social o los subsidios, es decir, afectando el nivel de
vida de las mayorías. Esta desigualdad tiene múltiples caras: es de ingreso, y
también es de trato, consideraciones, reconocimiento. Y claro, rebota en las
posibilidades de acceso a la salud, la educación, la vivienda o las pensiones
por ejemplo. Sin contar con que el modelo de crecimiento desigual ha promovido una muy importante concentración
económica y patrimonial. Representan, las desigualdades, un desafío no solo
para un gobierno determinado, sino para todo país, sus principales actores
sociales, políticos y económicos. Las desigualdades inciden en el tipo de
sociedad y de instituciones sociales que deseamos tener. En el tipo de
modernidad que sería factible alcanzar.
Frente a estas situaciones y a la necesidad de resguardar
las posibilidades de ejercicio de una “libertad real” para todos (Van Parijs),
es que ciudadanos e intelectuales de distintas ocupaciones y latitudes, han
iniciado una reflexión en torno a la
necesidad de poder garantizar el derecho a la existencia del conjunto de los
miembros de una sociedad. El origen de esta idea es –según Antoni Doménech-
republicano-democrático y específicamente europeo. Es una idea que reaparece
-no por mera casualidad- en estos últimos treinta años. Años de un capitalismo
que- globalizado- emprende un enorme proceso de desposesión de los derechos
sociales y de los recursos (agua, combustibles fósiles, bosques, patrimonio
natural, entre otros). La propuesta para garantizar ese derecho a la
existencia, es la instalación y
garantización por el Estado, de un ingreso (renta) básico ciudadano.
Algunos rasgos que destacan aquí son los siguientes: 1. Se
trata de un ingreso garantizado desde la cuna hasta la muerte, a
cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente; 2. Segundo, a
diferencia de las políticas sociales focalizadas, tiene un carácter
incondicional. Es decir, se daría sin hacer excepciones –idealmente hablando- a
todos los miembros de una comunidad política determinada. 3. Tercero, esto
entraña asegurar un ingreso dado de manera independiente del sexo, el nivel de
ingresos o las orientaciones político-religiosas de los miembros de la
sociedad. Su incondicionalidad se une
por tanto a su oferta de universalidad. 4. Va más allá del vínculo
trabajo/productividad, en tanto quiere asegurar a todos los miembros de la
sociedad (trabajen o no) un umbral de
bienestar, de modo independiente a su contribución a la producción del país. 5.
Al mismo tiempo, con ello se pretende asegurar grados de autonomía e
independencia material a todos, con lo cual los ciudadanos puedan liberarse de
la necesidad de “pedir permiso a
terceros para poder subsistir”.
Quienes requieran de más ingreso para aumentar su bienestar,
podrán contar ya con ese punto de partida, y con ello mejorar su capacidad de
negociación y su libertad en los puestos de trabajo. 6. La propuesta de
financiación es un tema en debate el día de hoy por sus adherentes, con todo,
se avanza un camino hacia una reforma del impuesto a la renta, de tal modo que
sean los que más ganan, los que más aporten. Su fundamento ético-político
republicanista y democratizador salta a
la vista: se trata de un ingreso dado a toda persona por el solo hecho de ser
tal. Su objetivo principal, frente al cuadro actual de desigualdades:
garantizar condiciones materiales de vida digna y ciudadana al conjunto de la
población (no sujeta a la suerte en los vaivenes del mercado).
Desde esta óptica puede renovarse y modificarse el
fundamento de la responsabilidad social del Estado y la sociedad consigo misma.
Ya no se trata, como en las políticas sociales actuales, de orientar focalizada
y condicionadamente a tales o cuales grupos (en mayor riesgo) de la sociedad la
ayuda o el subsidio, basado en la idea que un crecimiento económico sin cuotas
mínimas de equidad para los más perjudicados, no es rentable a mediano plazo. Tampoco, claramente, el dejar a los
mecanismos impersonales del mercado (el así llamado “chorreo”), la tarea de
reasignar los bienes básicos para una vida decente. En ambos casos habrá miles de ciudadanos que no podrán acceder de manera
estable a condiciones materiales
decentes para ellos y sus familias. En ambos casos, esos ciudadanos serán
responsabilizados de su propio malvivir y serán rehenes de la política y no
ciudadanos autónomos.
La base normativa del ingreso básico ciudadano garantizado
es el derecho a una existencia digna
del conjunto de miembros de una sociedad dada. Una existencia digna requiere
bases materiales para auto sostenerse. Con la obtención de ellas se apuntar a crear condiciones para el
ejercicio de una libertad real para cada
ciudadano y ciudadana, desde la cuna hasta la muerte. Por cierto, la idea de un
ingreso básico ciudadano no es una panacea para eliminar las desigualdades
existentes, así como tampoco puede por sí sola modificar de raíz el modelo
actual de economía. Esto en particular para un continente como el nuestro, con
una historia arraigada de desigualdades
en distintos ámbitos.
Sabemos que estas discusiones han tenido su origen en países
europeos desarrollados y, para algunos,
eso les hace pensar que sólo podría llevarse a cabo en países ricos. Sin embargo, a pesar de
nuestras diferencias de desarrollo, es una discusión pertinente entre
nosotros, en función de los niveles de desigualdad y exclusión social que
tenemos hoy en día y que podemos proyectar hacia el mañana. Por lo demás, la relación entre la riqueza
social que existe acá y los costos de
niveles básicos de vida hacen pensable su posibilidad. Al menos, puede pensarse
una implementación gradual de esta idea. Por último, es posible preverlo: para
algunos puede sonar a idea “utópica”.
Pero no lo es. Puede calcularse y obtenerse a partir de la misma riqueza social
que produce toda la sociedad. De hecho, se tienen ya algunas experiencias al respecto en el estado
americano de Alaska, en el DF de la
Ciudad de México o en Brasil, por nombrar algunos países .
Director Magíster Ética social y Desarrollo humano
psalvat@uahurtado.cl
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