Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Un chulo lo vendió,
un militar lo compró, otros militares lo engañaron, lo desaparecieron y lo
asesinaron y otros oficiales de alto rango legalizaron el crimen. Unos
recibieron dinero, otros ascensos y medallas y las victimas padecieron la re
victimización con falsedades convertidas en verdades irrefutables que salían de
los barbaros que para esa época fungían de respetables señores de la guerra. La
ejecución de Fabián es similar a la de miles de asesinados en respuesta a la
obsesión de un gobierno basado en el engaño y el terror. La sevicia contra un
inocente comenzó en el centro de Bogotá, en el barrio Santafé, conocido por la
concentración de actividades ilegales, de las que cualquier taxista o vecino,
cuenta la manera como se ofertan, compran y venden armas, drogas, sexo y
personas.
Quizá haya sido un vendedor o un consumidor de droga, un
mercenario, un paraco, un policía o un aparcero con el que compartió la última
moña de marihuana quién lo vendió para ser convertido en trofeo de guerra. Al
viaje final le bastaron tres horas por una autopista moderna y de doble carril,
con retenes de militares levantando el dedo pulgar en señal de victoria y de
policías de carreteras cazando infractores. Nadie tenía porque saber en qué
vehículo iba una encomienda humana, un desaparecido, que después sería la
noticia criminal de un terrorista eliminado, un cuerpo en descomposición, sin
historia, ni familia enrollado en plásticos negros tirados como escombros.
No se sabe si los
mismos que lo trasladaron lo invitaron a comer, bebieron con él, le hablaron de
política o de prostíbulos, hicieron chistes con él, lo drogaron, lo torturaron,
lo violaron o simplemente le dieron vueltas y revueltas durante varios días, en
todo caso, le dedicaron tiempo, lo desaparecieron y no se sabe si a la fuerza o
por voluntad propia se vistió de camuflado, empuñó un revolver que nunca
disparó y luego lo mataron a quemarropa y sin escrúpulos en rueda de prensa
preparada con el tradicional libreto de fuerza hablaron del combate contra el
peligroso terrorista.
Después de nueve años de ocurrido el hecho criminal, miles
de veces repetido en desarrollo de una sistemática política de ejecuciones
extrajudiciales por toda la geografía nacional, las audiencias en el juzgado de
Duitama, concluyeron con la imputación de los cargos de homicidio agravado y
desaparición forzada a cinco militares ejecutores materiales del crimen, siendo
el de más alto rango un teniente. Otros
cinco militares de más alto rango que los imputados, se encargaron de los
asuntos burocráticos para legalizar el crimen, firmaron las actas y protocolos
señalando al terrorista y dieron fe de que el inocente era un miliciano del ELN
dado de baja en combate y cerraron el caso.
Al joven seleccionado una vez ejecutado lo botaron en el
cementerio y por caridad del sepulturero se convirtió en un NN, un cuerpo
sin nombre, un nadie, que produjo
ganancias en dinero y días libres a los de bajo rango y medallas, estrellas en
sus solapas y aplausos y felicitaciones para los de más alto rango que fueron
ascendidos y condecorados por gobernantes y colegas. La mentira fue organizada,
pensada y repetida, como parte de guerra y divulgada como verdad absoluta por
los mismos astutos involucrados en el crimen (manzanas podridas como se dice
entre militares de los que se descarrillan o son descubiertos). Los medios
publicaron lo que les dijeron, repitieron, no dudaron, quizá porqué se hicieron
cómplices o por provenir de dónde provenía: el estado, la ley, los batallones.
Los papeles oficiales firmados, aceptados, aprobados,
revisados y archivados como caso cerrado, mostraron que una mujer humilde,
empleada como lavandera de ropas de las tropas, fue engañada y apareció
firmando una jugosa recompensa por varias docenas de millones de pesos, por
información del terrorista (inocente asesinado), extraído del barrio Santafé.
Ella nunca supo nada, nunca cobró recompensa alguna, solo supo que ella un día
le regaló una firma en un papel a un superior del batallón, del que nunca
podría haber dudado, menos haberse atrevido sin negarle un favor a su patrón.
La madre del joven y su otra hija, habitantes de cualquier
barrio popular, al perder contacto con su hijo, se preocuparon y entre
casualidades acudieron a un amigo militar de bajo rango que “se olió” el asunto
y ayudó a orientar la búsqueda, hasta encontrar el cuerpo del NN en Duitama
Boyacá, una ciudad de 120.000 habitantes ubicada a 150 Km de Bogotá, que
parecía ajena a la barbarie y a las miles de ejecuciones extrajudiciales
ocurridas con alta intensidad en el régimen de Uribe Vélez, sobre quien pesan
denuncias ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad,
ocurridos contra personas pobres, excluidas, marginadas, indefensas, inocentes,
débiles, la mayoría jóvenes en estado de vulnerabilidad, que fueron inhumanamente
convertidos en falsos positivos.
La esposa del ejecutado, Katherine, que dice las cosas sin
retorica adicional, espontanea e inocente de la crueldad política y de las
desgracias de la guerra, un día en su trabajo de aseadora en una oficina de
banco, le contó su historia a un sindicalista y este la contactó con defensores
de víctimas, con quienes empezó a reconstruir la desaparición, paso a paso,
indicio a indicio. En 2008 se radicó el proceso judicial y en 2017, un día
antes del 20 de julio, el juez del caso en Duitama, en una muestra de
responsabilidad con la verdad de las atrocidades insertas en la historia del
país y como una victoria real contra la impunidad, se revelo el rompecabezas
del pacto de silencio de las atrocidades cometidas y fueron imputados por
cargos por desaparición forzada los cinco militares encargados de la ofensa
material del crimen y seguirá la investigación del concierto para delinquir,
peculado y pagos por falsas recompensas y por municiones nunca disparadas y
llamará a responder a los otros cinco militares de más alto rango, como autores
intelectuales del falso positivo, a cuya sombra y seguramente sumado a otros,
lograron ascensos, subieron sus salarios, ocuparon mejores cargos, mejoraron su
reputación y prestigio, se sentaron en la mesa principal de eventos sociales,
contaron sus historias en favor de la patria y concentraron mayor poder y
relaciones con los poderosos a los que les sirvieron y de quienes fueron sus
socios, que buscarán mantener el secreto de otros innumerables delitos y
conquistas de sangre alevemente conseguidas en nombre de la democracia.
Los que cometieron estos actos abominables abusaron de su
poder como funcionarios del estado, para engañar y burlar la justicia y obtener
beneficios propios. Luz Marina Bernal, la valiente, incorruptible y
perseverante madre de uno de los jóvenes inocentes de Soacha, asesinados en
Ocaña Santander a 1000 Km de Bogotá, y muchas otras mujeres madres humildes,
habitantes de los cordones de miseria y abandono, le contaron al mundo a través
de la obra de teatro Antígona de Sófocles, la tragedia de la desaparición,
asesinato y sevicia de los falsos positivos y pusieron al descubierto los
vejámenes del régimen que pagó con privilegios los favores de unos astutos y
falseadores de la verdad y seguidores del plan de ejecuciones alentado con la
directiva 29 de 2005 expedida por el ministro de defensa Juan Camilo Ospina,
que ofrecía la suma de 3.815.000 pesos (unos mil dólares) por guerrillero
abatido. Generales, altos mandos, funcionarios y actores políticos se
encargaron de satisfacer el deseo del régimen fielmente sintetizado por el
general Mario Montoya cuando dijo que no quería regueros si no ríos de sangre,
es decir resultados, de los que hoy se investigan mas de 2400 casos de esta barbarie,
que no saciaron del todo el odio y venganza del mismo sequito de ultraderecha
enquistado en lugares relevantes del poder del estado, empeñados en
obstaculizar la salida de la caverna de muerte e impedir al costo que sea que
la humanidad se entere de la verdad de lo ocurrido.
Las miles de historias de inocentes asesinados por fuera del
marco de la guerra siguiendo un consciente plan criminal que involucró a varias
unidades, grupos, personas, estrategias y modos de engaño, no son crímenes de
guerra, ni tienen protección del derecho de guerra, ni del DIH, ni de la JEP,
son a secas, hechos de barbarie, crímenes de lesa humanidad, afrentas contra la
dignidad del colectivo humano de las que el estado a través de sus agentes y
funcionarios participó de manera directa, indirecta o en connivencia como parte
de una política, cada vez más clara, más evidente, más vergonzosa de
eliminación de inocentes para convertirlos en cifras de una falsa victoria
militar.
P.D. Exp.,
2008-00003, Duitama. Proceso por detención desaparición, homicidio agravado y
otros. Víctima: Edgar Fabián Cuello. Responsables: Miembros del grupo Delta,
Batallón Silva Plazas y Primera Brigada, en número no menor a diez implicados
directos entre oficiales y suboficiales en ejercicio. Defensor: Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo. La
desaparición forzada se produjo en la navidad de 2007, El asesinato el 5 de
enero de 2008 y por orden judicial el cuerpo fue entregado a sus familiares el
30 de julio del mismo año.
mrestrepo33@hotmail.com
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