Por Antonio Guillermo García Danglades
El 8 de mayo de 2014, el Comité de Relaciones Exteriores del
Senado estadounidense llevó a cabo una audiencia para abordar la situación en
Venezuela con el fin de justificar un proyecto de ley impulsado por los
senadores ultraderechistas Robert Menéndez y Marco Rubio que, una vez aprobado,
permitió que el gobierno de Barak Obama sancionara a funcionarios del Estado venezolano.
(1)
Luego del relato distorsionado de los eternos inquisidores,
tales como Roberta Jacobson, Tom Malinowski, Patrick Duddy, Moisés Naím y José
Miguel Vivanco, el senador Rubio tomó la palabra para justificar la aplicación
de sanciones y compartir su lista inicial de nombres a ser sancionados.
Para el senador republicano era necesario imponer sanciones
de forma inmediata a funcionarios venezolanos que, según su propuesta,
torturan, asesinan y violan de manera grotesca los derechos humanos en Venezuela,
y al mismo tiempo pasan sus fines de semana en Miami, alardeando en sus lujosos
automóviles y apartamentos, gastando enormes sumas de dinero y riéndose de
todos los senadores en la cara.
Un dato curioso, que hoy salta a la vista, es que entre los
funcionarios venezolanos mencionados específicamente por el propio Rubio
durante la audiencia, se encuentran la Fiscal de la República, Luisa Ortega
Díaz, la entonces Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y el ex Ministro de
Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quienes recientemente se han
manifestado expresamente contra el Gobierno Venezolano luego de su pública
identificación con el chavismo.
En junio de 2014, el Congreso estadounidense aprobó el
proyecto de Ley contra Venezuela, mientras el Senado hacía su parte el 8 de
diciembre del mismo año, a pesar de la débil reticencia mostrada por la
administración Obama. Dos días más tarde, el Congreso aprobó una versión
enmendada que permite la imposición de sanciones como la congelación y exclusión
de activos, la revocación de visas y otros documentos, y penalidades
monetarias. El entonces presidente Obama procedió a su promulgación definitiva
el 18 de diciembre de 2015 (2), horas más tarde de anunciar el restablecimiento
de las relaciones con Cuba con la apertura de embajadas en ambos países.
Luego de hacer pública la lista inicial de personalidades
venezolanas a ser sancionadas que elaboró el senador Rubio, principal
arquitecto del proyecto de Ley, la Fiscal Luisa Ortega Díaz anunció la designación
de un abogado para defenderse de dichas sanciones, arremetiendo duramente
contra el gobierno de ese país. (EFE, 5/2/2015)
Sería muy audaz afirmar cómo se llevaron a cabo las
gestiones del abogado de la Fiscal, ya que las mismas no han sido del conocimiento
público. Sin embargo, éstas parecen haber sido exitosas en lograr que la Fiscal
Ortega Díaz evitara, como dicta la ley norteamericana, la congelación y
exclusión de activos, en caso de poseerlos, la revocación de su visa, si la
tuviera, y penalidades monetarias.
El listado actual de personalidades sancionadas por Estados
Unidos que publica la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro, no incluye a la Fiscal Ortega Díaz, como tampoco a
Ramírez, ni a Rodríguez Torres. Tampoco se encuentran los gobernadores de
Bolívar y Táchira, mencionados en esa primera lista, pero sí aparece el de
Trujillo, nombrado inicialmente por Rubio. Sí están los magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia y el Vicepresidente de la República, recientemente
objetos de estas ilegales sanciones.
Notas:
(1) El proyecto de ley del Senado de Estados Unidos
“Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014 asegura que el
Gobierno de Venezuela respondió a protestas pacíficas con violencia y
asesinatos por parte de sus fuerzas de seguridad, y en este sentido, en su
sección sexta dedicada al “Apoyo para la Sociedad Civil en Venezuela”, dispuso,
entre otros, “construir la capacidad organizativa y operacional de activistas y
organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, a nivel nacional y regional”,
y autoriza la entrega a la derecha venezolana de 15 millones de dólares, sólo
para 2014, para sus actividades de desestabilización, adicionales a los
recursos que reciben del gobierno y congreso estadounidense, la NED y la USAid,
entre otras agencias y organizaciones. No obstante, toda esta sección fue
eliminada cuando la Ley fue enmendada y aprobada por el Senado el 8 de
diciembre de 2015. En su lugar, fue incluida así como una instrucción a la
“Broadcasting Board of Governors” - agencia de inteligencia encargada de
supervisar las transmisiones de la reaccionaria “Voz de América” y las
transmisiones ilegales en Cuba de Radio Martí y TV Martí - de elaborar un
informe sobre los obstáculos que supuestamente tiene la población venezolana en
la transmisión y distribución física y digital de información, a fin de diseñar
una estrategia para incrementar y expandir el financiamiento a los medios de
comunicación y periodistas opositores.
(2) En el contexto de esta Ley, Obama decretó el 9 de marzo
de 2015, la Orden Ejecutiva que declara a su país en “emergencia nacional”
porque Venezuela constituye “una amenaza inusual y extraordinaria a la
seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos”.
Referencias:
US Senate (May 8, 2014) “Assessing Venezuela's Political
Crisis: Human Rights Violations and Beyond” [min: 03.09.55]
https://www.foreign.senate.gov/hearings/assessing-venezuelas-political-crisis-human-rights-violations-and-beyond
Lista de Venezolanos Sancionados (Office of Foreign Assets
Control, OFAC):
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ctrylst.txt
EFE (5/2/2015) “Fiscal general venezolana nombrará abogado
para defenderse de sanción de EE.UU.” http://www.efe.com/efe/america/politica/fiscal-general-venezolana-nombrara-abogado-para-defenderse-de-sancion-ee-uu/20000035-2529464
agd1967@gmail.com
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