Por Tony López R (*):
La decisión de la Corte Suprema de Justicia, de ordenar el
encarcelamiento domiciliario, del ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez,
es un hecho político trascendente, porque apunta a golpear muy seriamente a un
poderoso sector, de la oligarquía agroindustrial, financiera y comercial
colombiana, penetrada y comprometida con la industria y la comercialización del
narcotráfico.
Sí bien el delito por el que la Corte, decidió tomar tal
decisión, la acumulación de pruebas deben ser muy sólidas y aunque no es de la
mayor gravedad, de otras acusaciones que lo implican, sobre masacres, o por su
responsabilidad en las criminales acciones militares, eufemísticamente llamados
Falsos-Positivos, cuando en realidad fueron crímenes de guerra. Hoy algunos
militares están pagando cárcel, pero no quienes las ordenaban, en este caso, el
presidente y el ministro de Defensa.
La política que, durante sus ocho años de gobierno, siguió
con los paramilitares, con los cuales abrió una Mesa de Dialogo, en Santa Fe de
Ralito, Córdoba, en el 2003, cuyo fin quedó claro, cuando promovió la ley de
Justicia y Paz, y la mayor pena era de 8 años de cárcel, que podía rebajarlas
de acuerdo al comportamiento de cada reo, la ley les amparaba para luego de
cumplirla, incorporarse a la actividad pública y política. También se le
respetaba una parte de sus fortunas.
Todo era para cobijar a grandes capos del narcotráfico con
la famosa ley de “justicia y paz”, solo unos ocho o diez, fueron extraditados
por presión de Estados Unidos y ahora esos sujetos, acusan a Uribe de haberlos
traicionado, entre ellos Diego Fernando Murillo (a) Don Berna y Salvatore
Mancuso.
Por cierto, Mancuso que ya cumplió con su pena, no los 27
años a la que había sido condenado, pero por un error de procedimiento de
Colombia, EEUU negó la extradición de Mancuso, quien por cierto había declarado
que en Colombia y ante la JEP, contaría todo lo que conocía sobre Uribe. En los
próximos días viajará a Italia de donde es ciudadano.
Richard Maok, investigador del CTI quien investigó el caso
de la empresa Air Cargo Line, complicada en el ingreso de 10 tonelada de
Cocaína del Cartel de Sinaloa a EE: UU, tuvo que huir de Colombia, cuando dio a
conocer los vínculos de Uribe Vélez, y Fernando Sanclemente director de
Aeronáutica Civil en el gobierno de Uribe, con dicho contrabando y tráfico de
droga.
Las relaciones de Uribe y Sanclemente con el cartel de
Sinaloa vienen a través de Dolly
Cifuentes y su hija Ana María Uribe Cifuentes, cuñada y sobrina del
expresidente, el hermano de Dolly hace varios meses atrás, atestiguó en el
juicio que se le sigue al Chapo Guzmán, en New York y se refirió a los
mencionados como los implicados en esa operación. Está información fue
publicada únicamente por la Nueva Prensa por el periodista Daniel Mendoza. Los
grandes medios la ignoraron.
Existen otras muchas acusaciones como lo de la yidis
política, comprada para que votara a favor de la reelección de Uribe, su voto
era decisivo, por lo que cumple cárcel, pero Uribe no, eso fue un fraude que le
permitió reelegirse. La llamada
Operación Orión, asesinatos decenas y decenas de pobladores de los barrios y
comunas pobres en Medellín, durante su gobierno y a los que llamaban los
desechables.
El caso de Agro in geso un hecho delictivo que tiene en una
mullida cama en una “cárcel “militar al exministro de Uribe, Felipe Arias, (a)
Uribito.
Está pendiente el caso de los 12 Apóstoles, una banda de
paramilitares que operaban en Yarumal bajo el mando de su hermano Santiago
responsables de varias masacres y de la cual Álvaro era cómplice, así lo
atestiguo el mayor Juan Carlos Meneses, que tuvo que huir a La Argentina.
Muy preocupado estaba el presidente, cuando llamó
personalmente al cónsul Ignacio Ruiz Perea en Argentina para conocer resultados
de la indagatoria a Meneses, y que este rendía ante el fiscal, delegado
Hernando Castañeda. Quería conocer que
había dicho Meneses de Santiago Uribe, su hermano. (1)
Pero todas estos hechos y acusaciones que sindican al
expresidente Uribe Vélez y actual senador, han sido totalmente ignorados por la
Justicia y por la prensa colombiana esta tiene
un fuerte nexo y complicidad o también algunos el temor por tratarse de
Uribe, no por la jerarquía, porque otros con igual cargo, fueron atacados
ferozmente por los grandes medios de prensa, siempre en poder de esa oligarquía
de derecha y proyanqui, cuyos mensajes
en las últimas 48 horas, luego de la detención de Uribe sus
publicaciones en los medios escritos y televisión y radiales, los llamado
periodistas prepagos por el uribismo llaman a la venganza y al odio.
Colombia atraviesa hoy no solo una severa crisis sanitaria,
por cierto, muy poco atendida gubernamentalmente, se contabilizan las
lamentables muertes de 10 mil colombianos y cerca de los 130 mil contagiados,
la falta de camas y equipos para combatir la Covid-19, es un deplorable
escenario.
Por otra parte, con la detención domiciliaria, al ex
presidente Uribe, sectores de su Partido, están creando una crisis política, al
extremo que hemos conocido que la senadora Holguín del Centro Democrático, hizo
un llamado a la reserva activa de las FF.MM a pronunciarse, o sea esta
incitando a un golpe de Estado. Mientras la senadora Paloma Valencia, del del
mismo Partido está llamado a la convocatoria de un plebiscito, para reformar el
sistema de Justicia y unificar en una sola Corte Judicial la que se ocupe de impartir
justicia, una vieja propuesta de Uribe, todo dirigido para acabar con la
Justicia Especial de Paz, (JEP).
Esto es un grave ataque
a la Corte Suprema de Justicia y los sectores de la cual se hace eco el
propio presidente de la República y con sus acciones y declaraciones a favor de
Uribe Vélez y sus insinuaciones de persecución política, es sumamente
comprometedor para la credibilidad de la
institucionalidad de la Nación y puede provocar un fuerte enfrentamiento
entre los uribistas y sus adversarios y cuyas consecuencias son imprevisible,
porque desde hace ya mucho tiempo que en Colombia hay una gran polarización.
De esa conducta de odio y venganza no se ha desentendido el
propio presidente Iván Duque, quien no solo publica y hace declaraciones que
tiende a poner en tela de juicio la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, acaban de promover en el Congreso una llamada Ley de Inocencia
y honorabilidad, un verdadero reto a la inteligencia del pueblo colombiano y
una forma “legal” de tratar de violar lo que ha juzgado la Justicia Colombiana,
que como sabemos, desde hace mucho tiempo ha sido amenazada, el ejemplo del
magistrado Velázquez, es un ejemplo.
Los medios de prensa no reaccionan así, cuando se condena
injustamente a alguien de la izquierda o un simple ciudadano que se
destaca como defensor de la justicia
social, no estos lo que pueden perder la vida o acaso los ya más de 1000 defensores de sus comunidades y
de los DDHH o solo por defender su
etnias, o el orgullo de ser afrodescendiente, son asesinados por las criminales
bandas de paramilitares, formados y organizados por las famosas convivir, que
en la década del 90 creó, el entonces gobernador Uribe Vélez en Antioquia.
Esperemos que reine la prudencia, la racionalidad y la inteligencia
de los que dirigen ese rico y hermoso país, y no se invite al odio y la
violencia que nunca será la solución de las crisis políticas, económicas y
sociales de los pueblos.
(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com
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