Por Verónica Zapata:
El 10 de noviembre del 2019 se concretó un golpe de estado
violento en Bolivia digitalizado por E.E.U.U. que logró articular a la
oligarquía nacional racista con las F.F.A.A., la policía y los grupos
paramilitares para obligar a renunciar a Evo Morales a punta de pistola. El
objetivo es volver a controlar los recursos naturales, principalmente el litio
y borrar el ejemplo de un gobierno de rostro indígena que, por primera vez,
desde la conquista genocida de América llega al poder.
El 12 de noviembre Añez se autoproclama presidenta, da vía
libre a la represión, se produce la masacre de Sacaba y Senkata. El golpe deja
un saldo de 35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de
exiliados. Prosigue una cacería de dirigentes, ex funcionarios y periodistas.
Se aplican políticas neoliberales y el país es sumergido en una crisis
política, social, económica y alimentaria. El Covid-19 y la crisis sanitaria
reconfigura el panorama anudándose a las demás crisis que adquieren una nueva
forma de crisis absoluta con características específicas.
El pueblo clama elecciones para obtener un gobierno y
legítimo que pueda enfrentar la pandemia y la crisis económica. Áñez utiliza la
pandemia para mantenerse indefinidamente en el poder, y pretende prescindir de
las elecciones con el fin de consolidar un proyecto político neoliberal y un
estado terrorista militar y policial.
De potencia económica a suicidios por hambre.
Bolivia durante el gobierno de Evo Morales pasó de ser el
segundo país más pobre de Latinoamérica, a ocupar el primer puesto de
crecimiento económico de la región con un promedio de crecimiento de 4,9 %,
según la O.N.U. y el B.M. El P.I.B. se cuadriplicó de 9.500 a 45.500 millones
de dólares. Los indicadores macroeconómicos fueron insuperables en América del
Sur y fue el país que más redujo la pobreza extrema de 38 a 15%. Pos golpe de estado, Bolivia se convirtió en
un país donde la gente se suicida por hambre. Tres casos de suicidio por
ahorcamiento se conocieron en abril, el de una menor de 12 años que no aguantó
el dolor de estómago por hambre, el de un padre de familia ante la
desesperación de no poder darle de comer a sus 8 hijos y de una adolescente de
15 años.
En este contexto, el 27 de abril se cortó el suministro de
gasolina al trópico de Cochabamba ocasionando la muerte de más 11 millones de
peces por falta de combustible para oxigenar las piscinas artificiales de 3.500
piscicultores, ocasionando un daño económico para escarmentar a la región. Por
otro lado, intentaron impedir la campaña #TropicoSolidario que lleva a cabo
esta región que reparte frutas a familias de escasos recursos. El 27 de abril
Añez pidió una jornada de “ayuno y oración” para vencer el Covid-19 en plena
hambruna y se realizaron bendiciones masivas desde helicópteros en diversas
ciudades en un país laico.
El pueblo clama elecciones generales para sobrevivir.
El 3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales
por la emergencia sanitaria. El 29 de abril se llevó a cabo un cacerolazo y un
petardazo masivo para exigir que se fije una fecha de elecciones, a fin de
elegir un gobierno legítimo para enfrentar la crisis económica y sanitaria en
el país. Los golpistas amenazaron con cerrar la asamblea legislativa para
evitar las elecciones generales. El 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de
Postergación de las Elecciones Generales, que da un plazo de 90 días para que
el Tribunal Electoral fije una fecha. Añez rechazó la ley y anunció recurrir a
la “justica” que maneja. El 22 de enero finalizó el mandato del “gobierno
transitorio” de Añez y se auto prorrogaron el mandato hasta el 3 de mayo. Por
segunda vez, se venció el plazo y se utiliza la pandemia como excusa para
volver a auto prorrogarse el mandato de forma indefinida para consolidar un
proyecto político neoliberal y un estado terrorista militar y policial.
Persecución, encarcelamientos y censura.
Para imponer el terror y desarticular la organización social
se desató una cacería y una judicialización a dirigentes, ex funcionarios y a
periodistas con la supresión de los D.D.H.H. y las garantías constitucionales.
Los asilados que están en la embajada de México en La paz son rehenes de la
dictadura. El terrorismo de estado se radicalizó con la pandemia, la cual es
utilizada como estrategia para amordazar la libertad de expresión y encarcelar
opositores. Murillo, ministro de facto funge de juez y fiscal, se jacta de
realizar ciber patrullajes y amenaza con encarcela hasta con 10 años a quienes
“desinformen” sobre al Covid-19. El fin es ocultar la inoperancia del gobierno.
Los medios de comunicación blindan mediáticamente al gobierno, demonizan a los
movimientos sociales y se le adscribe a Morales mediante el discurso de la
“herencia recibida” la responsabilidad de todo lo negativo que acontece.
Zona liberada a la corrupción y al narcotráfico.
El desmantelamiento de las empresas estratégicas es ejemplo
de corrupción. En la línea aérea boliviana (BoA), los directivos fueron
reemplazaos por allegados de Fernando Camacho, que provenían de a la línea
aérea privada Amazonas. Se inicia el desmantelamiento mediante el sabotaje para
afectar la rentabilidad. En ENTEL, el gerente Elio Montes, fue procesado
penalmente por malversación de fondos y escapó a E.E.U.U. En Y.P.F.B., el
presidente Herland Seliz renunció tras un escándalo por contratos irregulares
de seguros y compra de combustible con alto sobreprecio y sin licitación.
En el gobierno de facto el nepotismo es la norma y las
familias, amigos y amantes de los funcionarios ocupan cargos en el estado y
utilizan indebidamente los bienes del estado. Los aviones y helicópteros de la
Fuerza Aérea Boliviana (F.A.B.) son usados como taxis a título de “vuelos
humanitarios” para viajar de vacaciones y/o a fiestas privadas en plena
cuarentena. No se utilizan los aviones para traer lo miles de bolivianos que se
encuentran varados desde hace más de un mes en diferentes países y las pruebas
para el Covid-19 se transportan por tierra a los laboratorios de La Paz y de
Santa Cruz que tardan una semana en llegar. Los laboratorios prometidos para
cada departamento nunca llegaron. Por otro lado, se contrataron alquileres de
hoteles 5 estrellas por sumas millonarias para aislamientos. Se desconoce el
destino de los créditos del F.M.I y las donaciones millonarias de diversos
países y organismos para enfrentar el Covid-19. Las compras de insumos que
anuncian nunca llegan y se niegan a publicar las facturas generando sospechas
sobre negociados.
El aterrizaje de naciones en el aeropuerto oficial de
Guayaramerín, Beni de donde es oriunda Añez va en aumento. El 28 de enero un
narco jet fue interceptado en México con una tonelada de cocaína cargada en el
aeropuerto de Guayaramerín, develando vínculos familiares de Añez con el
narcotráfico. Carlos Añez, su sobrino está preso en Brasil por narcotráfico.
Gustavo Álvarez Peralta, narcotraficante del cartel de Jalisco, México y
buscado por la D.E.A. fue designado como director de producción agropecuaria.
Se lo desvinculo y misteriosamente se escapó.
Políticas necróticas importadas de E.E.U.U. para enfrentar
el Covid-19.
El 22 de marzo se decretó la cuarentena y hasta la fecha los
hospitales carecen de respiradores, reactivos, insumos, equipos de bioseguridad
y falta de médicos. Los contagios y las muertes en el personal de salud,
militar y policial van en aumento y se siguen esperando sus equipos de
bioseguridad. El 11 de mayo se iniciará
la “cuarentena dinámica”, flexibilizándola en algunas regiones. El 5 de mayo el
secretario de salud de Santa Cruz, que concentra el 60% de los contagios
denunció el inminente colapso del sistema sanitario y la alcaldesa descartó
flexibilizar la cuarentena en la capital cruceña.
El 6 de abril el ex ministro de salud anuncia sus
proyecciones en 4 meses de 3.840 muertes, 48.000 infectados y el colapso
sanitario. El 13 de abril asume el actual ministro de salud Marcelo Navajas y
minimiza estas proyecciones, presenta un “plan estratégico”, promete 500
respiradores, pero nunca llegan. Se restringen las pruebas para aquellos con
“sintomatología activa”. El anuncio de la adquisición de 400.000 pruebas
tampoco se cumplió.
Las pruebas son importantes para detectar contagios, casos
asintomáticos, aislarlos y cortar la cadena de contagios. Bolivia es el país
que menos test realiza de la región, lo que explica las cifras oficiales bajas
de Covid-19 para justificar las ínfimas medidas de contención. Navajas sostuvo
que hasta el 31 de mayo se esperan 10.000 contagios y que la curva de
infectados bajara cuando el 60 % de la población se haya contagiado,
anticipando un colapso sanitario.
El ministro de salud, ex médico de la embajada de E.E.U.U.
sigue la línea política sanitaria de Trump que puso a E.E.U.U. como epicentro
mundial de la pandemia, dejando que la gente se “bañe” con el Covid-19 y
condenando a la muerte a los adultos mayores y a los que poseen patologías de
base. Navajas, paladín de la privatización de la salud sigue su lógica
mercantil que también comparte con Trump: “La salud es para el que la pueda
pagar”.
https//YouTube/dP8oDp5G9ew
https://www.youtube.com/watch?v=cM42fH2OclI
(*) Verónica Zapata. Periodista y psicóloga boliviana.
zapataveronica513@gmail.com
