¿Qué va a pasar en Chile?

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Titulamos esta columna con una de las consultas que más se nos hacen a los periodistas. Hay quienes confían en que podemos entregar una respuesta algo más informada y con menos sesgo ideológico que la de otros observadores de la realidad. Sin embargo, predecir el futuro conlleva siempre un riesgo enorme, aunque está dentro de nuestra misión informativa alertar sobre lo que pueda suceder en cualquier ámbito de la vida.

Pero es en política donde se nos ponen las mayores exigencias, sobre todo en tiempos de tantas incertidumbres y problemas. Cuando, además, enfrentamos una pandemia que en Chile está determinando mucho lo que acontezca sobre el Plebiscito Constitucional convocado para octubre, así como con el conjunto de comicios que le seguirán para conformar una asamblea constituyente, elegir a los gobernadores regionales, renovar el Parlamento y tener un nuevo presidente de la República.

Los que tienen más remilgos hacia las decisiones ciudadanas confían en los rebrotes del Covid 19, en la agudización de las protestas sociales y la conmoción que vive la Araucanía para plantear la idea de que todos estos procesos electorales debieran suspenderse. Pasado un nuevo aniversario del cruento golpe militar de 1973, la verdad es que el país ha vuelto a encenderse en demandas y protestas sociales y las llamadas fuerzas del orden se preparan para impedir los acontecimientos del 18 de octubre pasado. Casi todos aceptan que Chile definitivamente cambió desde ese día y hoy el pueblo asume que solo con su movilización podrá exigir un trabajo y salario justo, una pensión digna y la posibilidad de que el país supere la profunda inequidad que nos identifica. Además de obtener ese conjunto de reformas educacionales y culturales también demandadas por la población.

A medida que pasan los meses y se debate sobre la posibilidad de una nueva Constitución, vamos entendiendo que al país se lo ha puesto ante una riesgosa trampa. Que, de no obtener los partidarios del “apruebo” una representación de más de un 70 o 75 por ciento de los miembros de la convención constituyente, la derecha y los sectores más retardatarios podrán ponerle muchos obstáculos a cada precepto de la nueva Carta Magna, por lo que no podemos descartar un severo conflicto social cuando el pinochetismo y sus herederos decidan ejercer su veto a las reformas acordadas mayoritariamente. Por lo mismo es que los sectores progresistas debieran ya estar organizados para defender su triunfo en el Plebiscito y velar porque los cambios realmente se impongan.

Serán aproximadamente dos años en que las relaciones entre reformistas y retardatarios se harán muy ríspidas, además de que no podemos dar por hecho que el Gobierno y el Parlamento vayan a conformarse con su papel de observadores y cumplan como mandatarios y garantes de lo que el pueblo y su convención constituyente decidan. No existe esta cualidad en la conformación autoritaria de las autoridades del país, en quienes se nutren de la Constitución de 1980 que cada año juran respetar. Lo que también explica la perpetuación de los mismos en la conducción del Estado chileno, como la cómplice connivencia de la clase política en el Congreso Nacional.

No es descartable, tampoco, que el Plebiscito y las siguientes consultas electorales sean invadidos por el cohecho, la millonaria propaganda electoral y otras prácticas ya institucionalizadas en nuestras prácticas electorales. Así como perfectamente podemos prever que el gran empresariado moverá ingentes recursos para influir indebidamente en estos procesos, cuando los escándalos por todos los sobornos a legisladores, partidos, jueces y otros funcionarios públicos siguen sumándose a la larga lista de impunidades.

Parece increíble que uno de los ex senadores derechistas imputado por recibir recursos desde las empresas haya reaparecido en la escena política y otros de sus colegas, que prácticamente habían desaparecido de los medios de comunicación, hoy renueven cobertura en la televisión y la prensa, en un país que carece de la democrática diversidad mediática. Llegando no pocos a la desfachatez (tanto de derecha o izquierda) de proclamarse candidatos presidenciales a más de dos años de esta elección.  Anteponiendo, como lo hacen habitualmente, sus apetitos personales al curso político y social de los acontecimientos.

En efecto, cuando la crisis económica es tan severa, a juzgar los altos niveles de desigualdad, desempleo, criminalidad y otras lacras, ya tenemos al menos siete u ocho figurines políticos que intentan convertirse en presidenciales. Sin importarle un bledo sus graves desaciertos, su avanzada edad, su probada corruptibilidad, incluso un muy precario respaldo en las encuestas. Todo esto sin contar, todavía, las decenas de alcaldes que consideran que por su desempeño durante la pandemia se merecen emigrar hacia el Parlamento o, incluso, ceñirse la Banda Presidencial. Para todos estos autodenominados “servidores públicos” nada importa más que ellos mismos; una actitud bochornosa, por supuesto, pero también temeraria, si consideramos la ira popular que diariamente se alimenta con el pésimo desempeño económico social. Lo que nos ha llevado, de nuevo, a ser un país pobre y todavía más desigual que en el pasado. Al extremo que, según varios expertos, el país ha retrocedido por lo menos 10 años en relación al objetivo de un crecimiento con más equidad.

Ya se reconoce universalmente que Chile está entre las naciones del mundo que peor ha encarado el Cobid 19, si se considera el número de muertos en relación al tamaño de nuestra población. Seguramente lo que calculan estos potenciales candidatos es que el descrédito solo afectará a La Moneda y a quien ha llegado a ser el gobernante de menos apoyo popular en el Continente. Un multimillonario megalómano, acosado por las denuncias de enriquecimiento ilícito y que debiera agradecerle solo a la crisis sanitaria mantenerse en La Moneda.  Forzado, en su orfandad política, a sumar como colaboradores a un ministro del Interior y a un Canciller de vínculos tortuosos con los grandes violadores de los Derechos Humanos durante la Dictadura.

De prolongarse tal insolvencia política y frustración popular, llegaremos a un escenario de serias confrontaciones y, por qué descartarlo, sumirnos en una nueva y trágica guerra civil. Es cuestión de percibir lo que sucede en la Araucanía y revisar el recuento cotidiano de la radicalidad que ha adquirido el conflicto mapuche, una nación abusada más de cinco siglos por el colonialismo español y chileno y, ahora, verdaderamente acosado por la negligencia y el terrorismo de estado. Sin exageración, se puede asegurar que estamos a un tris de que este conflicto y otros se extiendan por todo el territorio.

Sin duda, el país está otra vez encima de un polvorín a causa de los abusos de las autoridades, la codicia empresarial y la cada vez más extensa discriminación y marginalidad social.  La chispa que encienda una nueva confrontación fratricida perfectamente puede ser el intento que algunos ya expresan de desoír u obstaculizar la voluntad soberana. Tal como ha ocurrido en tantos y luctuosos acontecimientos de un Chile siempre más autoritario que democrático. Si contamos, entre tantos bochornosos ejemplos, la revolución de 1891, las reiteradas masacres a trabajadores y estudiantes, la llamada Pacificación de la Araucanía, el bombardeo a La Moneda y la forma en estos últimos años en que la clase política se ha corrompido y dado la espalda a la sociedad civil.

Qué duda cabe que la apatía electoral representa el desencanto del pueblo sobre el sistema que nos rige. Lo que ya no asegura que las autoridades puedan mantenerse en sus cargos sin contratiempos. Desde la Explosión Social el país entendió el valor y la fuerza del derecho a la rebelión.  Así como comprobó las flaquezas de las “fuerzas del orden” cuando son las multitudes las que se levantan con resolución.

Quisiéramos que el país pueda salvarse de un nuevo vendaval político y social, pero, cuando me lo consultan, creo honesto responder que éste se está haciendo inminente. Sobre todo, por la profundización de las inequidades, como la descomposición ética de los gobernantes.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Chile deudas en derechos humanos

 Por Eduardo Contreras:

Las huellas brutales dejadas en Chile por la dictadura impuesta en septiembre de 1973 para derrocar al presidente Allende y que durara tantos años, no han desaparecido ni se borrarán jamás. Sobre todo, si, como sucede en la realidad, no acaba de hacerse plena justicia y, a pesar de los avances, la impunidad todavía mantiene un espacio.

Por eso es que siempre será oportuno revisar y difundir qué sucede en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, así como las reacciones de los diversos sectores de la sociedad.

Un suceso reciente es que, a propósito del reciente procesamiento del ex alcalde derechista Cristian Labbé por su responsabilidad penal como autor del delito de torturas, se levantaron de inmediato las voces de representantes del pinochetismo que sostuvieron indignados que era simple persecución política venir a juzgar al representante de la UDI – y ex coronel de ejército – tantos años después de ocurridos los hechos.

Lo sucedido es que – sin perjuicio de otros casos en que se encuentra procesado igualmente por el delito de torturas y por los que será sin duda condenado – Cristian Labbé recibió sentencia condenatoria de apenas 3 años de presidio. Se trata del fallo del proceso criminal el juzgado de Temuco que condena al reo Cristian Labbé Galilea, coronel de ejército en retiro a la pena de 3 años de presidio por haber sido autor de la aplicación de tormentos a Harry Cohen Vera. Originalmente el procesamiento era más amplio e incluía además las torturas inferidas por Labbé a Jaime Rojas, Bernardo Santibáñez y Juan Horacio Rosales, hechos ocurridos en la ciudad de Pangipulli en el mes de noviembre de 1973.

 Interesante la lectura del expediente. El entonces joven coronel Labbé actuaba con el rostro pintado para impresionar a sus víctimas y se paseaba entre ellas a grandes pasos profiriendo toda clase de insultos y amenazas en contra de prisioneros atados, indefensos. Así actuaron en esos años nuestros “valientes” militares  Recordemos de paso que Labbé ha sido signado como uno de los fundadores de la siniestra DINA, policía secreta de Pinochet y formadora de torturadores y asesinos.

Los golpistas no se quedaron callados ante la sentencia. Esto “es solamente venganza” dijo, por ejemplo, el senador derechista Juan Antonio Coloma dolido por la resolución de tribunales y denunció la excesiva tardanza. El reclamo de la derecha se funda ante todo en la tardanza en hacer justicia. Y en eso coincidimos. En nuestro país la Justicia ha tardado demasiado. Pero es preciso revisar y conocer ¿quién o quiénes son precisamente los responsables de esta tardanza? ¿Por qué ante crímenes tan feroces como miles y miles de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de torturados, de prisioneros sin causa cometidos a partir del 11 de septiembre de 1973 y hasta el fin de la dictadura, no actuó en su momento del Poder Judicial?

Recordemos, brevemente, qué pasó en todos estos años. Desde luego debe reconocerse que desde 1973 y hasta 1998, hacer justicia en estos casos era imposible. Que nadie olvide que la Corte Suprema de la época, declaró a mediados de 1973 que el gobierno del presidente Allende era inconstitucional. Aquello fue parte de la estrategia diseñada en Washington a fines de 1970 tras la reunión de Agustín Edwards con Richard Nixon y el director de la CIA de la época. Por supuesto, la Corte carecía absolutamente de facultades jurídicas para un pronunciamiento de tal naturaleza. Pero era el golpe en marcha.

Luego de producido, Pinochet promulgó una ley de autoamnistía y contó por muchos años con el servilismo de la Corte Suprema, cuyo presidente Israel Bórquez respondió con una burla infame a quienes buscaban a sus familiares: “¡Los desaparecidos ya me tienen curco!”. Así pasaron esos años. Pero el fin de la dictadura no cambió las cosas. La amnistía seguía vigente, Pinochet continuaba como jefe del Ejército y su discurso era concreto: “El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de derecho”. Sus hombres no fueron tocados por los gobiernos de la Concertación y así pasaron los años.

Hasta que el 12 de enero de 1998, la querella presentada en nombre del Partido Comunista de Chile por un grupo de abogados que tuve el honor de encabezar y acompañados de la dirigente Gladys Marín, fue aceptada a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago la que designó como juez investigador a don Juan Guzmán Tapia. Un hecho histórico que cambió el curso de los acontecimientos ante la sorpresa de todos. Coincidentemente, meses más tarde Pinochet era arrestado en el Reino Unido por solicitud del juez español Baltasar Garzón en el proceso iniciado en el exterior tiempo antes. La historia cambiaba. Comenzaron los procesos y a la querella de enero del 98 se sumaban cientos y cientos.

Pero no debe olvidarse que la llamada Concertación de partidos por la Democracia había premiado a Pinochet con el cargo de Senador Vitalicio. Y fue esa misma fuerza política, supuestamente democrática, la que salvó al dictador de su segura prisión en Europa: Un político “socialista”, José Miguel Insulza, fue el encargado de viajar al rescate del tirano. La fragilidad de la memoria no debe borrar jamás esta asquerosa maniobra en contra de los derechos humanos.

Hasta la querella de enero del 98 un manto de impunidad había cubierto la historia del país. Olvido para los miles de víctimas y en cambio jubilaciones multimillonarias y privilegios de fantasía para los oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Llegó a llamarse al general Juan Emilio del Corazón de Jesús Cheyre como el del “Nunca más” Hoy está procesado criminalmente.

Y además fue sólo a partir de fines del 2009 que los tribunales se abrieron a investigar también los casos de ejecutados políticos y de torturados; hasta entonces sólo se llevaba los casos de detenidos desaparecidos. Esto obligó a la designación de jueces de dedicación exclusiva en diferentes puntos del país. Son más de Mil quinientos juicios en desarrollo. Y una parte de ellos ha estado dedicada a los casos de oficiales y suboficiales de las propias FFAA que en su momento se opusieron a asesinar o a torturar a sus indefensos prisioneros por lo que ellos mismos fueron sometidos a torturas y a Consejos de Guerra. Su caso, al igual que otros de civiles, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy nuestro país muestra una situación que en esta materia registra más avances que en otros países que igualmente sufrieron dictaduras como son los casos de Uruguay y Brasil y se puede equiparar a lo avanzado en Argentina. Pero por una parte lo obrado sigue siendo insuficiente y por otra aparecen señales peligrosas como por ejemplo que las sentencias condenatorias que están dictando los jueces especiales en los últimos años son penas bajísimas, presidios de muy corto plazo. Por otra parte, se hace exigencias desmedidas a las víctimas para acreditar que sufrieron, como si las torturas o las balas hubiesen sido juguetes de niños, lo que además alarga por muchos años los procesos. Y debe agregarse el extraño comportamiento en estas materias del llamado “tribunal constitucional” que interfiere dudosamente.

En conclusión: el tema del tratamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrado por la dictadura de la derecha chilena en 1973 sigue siendo tema pendiente. No abordarlo decididamente es seguir violando los derechos esenciales de la persona humana.

eduardocontreras2@gmail.com

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Derechos Humanos y acto de contrición

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Ojalá todos los estados del mundo hicieran un acto de contrición por los agravios inferidos a otros pueblos y a sus propias poblaciones. Si se revisa la historia universal, es posible que ninguno de los países actuales esté libre de culpa al respecto, cuando en realidad las guerras y el afán colonialista no ha cesado de manifestarse en todos los continentes. Pero también con el expansionismo y las cruentas invasiones, existen instituciones que cometieron horribles despropósitos bajo pretexto de propagar su fe, como es el caso de la Iglesia Católica, la que actuó de consuno con España, Portugal y otros estados para posicionarse de nuestro Continente y enseñorearse en éste por más de tres siglos.

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de mayor arraigo popular de América Latina, acaba de sorprender al mundo con su interpelación a España y a El Vaticano a objeto de que estos estados pidan perdón por las graves violaciones de los Derechos Humanos consumados con la conquista de nuestros territorios, donde fácilmente la mitad de la población aborigen fue eliminada, al tiempo que los conquistadores empezaron a vaciar nuestros yacimientos de oro, plata y otros recursos. Faena en que los europeos necesitaron, incluso, traer mano de obra esclava de África para acometer sus crímenes y despojos.

López Obrador solo les exige a España y a la Iglesia Católica que pidan perdón por sus severas transgresiones. No les ha pedido ningún acto de reparación, como ocurría exigírseles hasta hace poco a los países que derrotados en las guerras. Nada más que algo como el perdón que ofreció Alemania a los judíos y al estado de Israel después del holocausto, por ejemplo, en la promesa expresa o tácita de no volver a incurrir nunca más en actos tan deleznables como el racismo, el genocidio y otras formas de violar la dignidad humana. O realizar tan solo un gesto como el de presidente Patricio Aylwin en nombre del estado chileno a los que fueron las víctimas del pinochetismo y la dictadura cívico militar. Aunque prometiera hacer verdad y justicia solo “en la medida de lo posible”.

Sin embargo, esta exigencia de mandatario mexicano ha caído pésima en las autoridades españolas y ha servido para que diversos personajes de nuestra región intenten ridiculizar a López Obrador por el largo tiempo transcurrido desde la Conquista de América, como por las propias faltas cometidas por su estado en contra de aztecas y otras decenas de pueblos autóctonos. Entre ellos, el escritor Mario Vargas Llosa, que tomó la nacionalidad española, seguramente frustrado por la derrota electoral que le propinaron los ciudadanos peruanos en su intento de alcanzar la Presidencia del país heredero del imperio incásico sometido por España.

Si bien ya resultaría iluso exigir reparación por los despropósitos de los colonizadores, pensamos que es bueno para la salud y conciencia de la humanidad que la historia no se nuble y que los países se preocupen de mantener en la memoria colectiva los episodios más ingratos de nuestras respectivas trayectorias. De allí la importancia de que se conserven los campos de concentración y exterminio como testimonio de lo acontecido; que se erijan museos y se escriba sin cesar para advertirle a las nuevas generaciones lo sucedido en ese pasado que no alcanzaron a conocer. Cuando aquí mismo, en el Cono Sur de América Latina, algunos se empeñan en borrar con el codo los horrores que escribieron con sus manos criminales, y ya tenemos al menos dos generaciones nuevas que han sabido de las dictaduras militares solo de oído.  Por lo que la impunidad ha ido consolidándose paulatinamente gracias a la ignorancia sobre lo acontecido.

Sería muy digno que los países del viejo Continente tuvieran, aunque fuera tan tardíamente, un gesto hacia todos los continentes que avasallaron. Mal que mal, los actuales gobernantes europeos ya no tienen responsabilidad respecto de lo obrado por sus antecesores. Por lo mismo que nadie, tampoco, les está exigiendo indemnización alguna al respecto, aunque dicho sea de paso muy justo sería que devolvieran, al menos, aquellas piezas de arte que exhiben pomposamente sus museos y que fueran robadas durante sus conquistas mundiales desde Egipto hasta la propia Rapanuí o Isla de Pascua.

Por cierto, que también sería noble que cada uno de nuestros gobiernos se disculpara, también, por el rezago provocado a nuestra nación, por los atropellos que siguieron a la Emancipación Americana, la inicua explotación de los trabajadores, la extendida pobreza y la vergonzosa concentración de la riqueza. Desde México hasta Chile los horrores se prolongan hasta nuestros días y quienes quieren mofarse de la iniciativa de Manuel López Obrador, sin duda, quieren evitar que un país como el nuestro se obligue a pedirle perdón a los mapuches por el despojo de sus ancestrales territorios y el ejercicio constante del terrorismo de estado en contra de sus comunidades, organizaciones y valores culturales. Menos desean, todavía, que los actuales gobernantes que provocaron y sostuvieron el Golpe Militar de 1973 ( y siguen reprimiendo a la Araucanía) tengan que hacer un debido acto de contrición por esos 17 años de pánico social que propiciaron.

La disculpa que debieran ofrecer los países hegemónicos de ayer y de hoy no compromete la honra de los actuales habitantes de esos estados. Se sabe que los delitos cometidos durante tres siglos de colonialismo en América son de responsabilidad de quienes vinieron a nuestro continente, se asentaron y también aquí multiplicaron su descendencia. Sangre de conquistadores que puede constatarse en nuestros ADN, más que en el de los que siguieron viviendo en los países europeos. Ideas buenas e inconvenientes que se heredaron en nuestras legislaciones y prácticas políticas con mucha más fuerza que en los países que hoy tienen reputación de demócratas y promotores de los DDHH. Y que nada debieran temer, entonces, al reconocer las iniquidades cometidas por los colonizadores. Toda vez que también se reconoce en nuestros países el rico legado cultural que heredamos de quienes pretendieron domesticarnos para siempre. Cuanto, asimismo, es justo valorar el testimonio de sacerdotes y obispos en favor de la Emancipación, la redención de los oprimidos, la justicia social y la propia promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Estamos ciertos que si hoy Estados Unidos se disculpara efectivamente por las bombas y cruentas invasiones en Viet Nam, Japón y tantos otros países asiáticos, africanos y latinoamericanos, a Donald Trump se le haría muy difícil seguir propiciando nuevas masacres contra la libre determinación de los pueblos y estados independientes. Y, en vez de amurallar sus fronteras se propondría abrir las puertas de su país a nuevas inmigraciones. Así como en el pasado lo hizo con quienes, en definitiva, cimentaron el poderío de su país.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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EE UU sanciona a Fiscal de la CPI por “atreverse” a investigar guerra de Afganistán…

 Por Iván Oliver Rugeles:

Y la Bachelet, Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU hace silencio absoluto…

Según informan las agencias de noticias, las autoridades estadounidenses le revocaron el visado de entrada al territorio de los Estados Unidos a la Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por “atreverse” a investigar los crímenes de guerra que cometió ese país en Afganistán.

Esta decisión estaba precedida, es bueno recordarlo, del anuncio que el pasado 15 de marzo hizo en la Casa Blanca el Secretario de Estado, Mike Pompeo, que su gobierno restringiría “la emisión de visados” a los funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) que hicieran parte de cualquier proceso que pretendiera adelantar esa Corte de Justicia contra integrantes militares del ejército estadounidense, en especial sobre sus actuaciones durante la guerra de Afganistán.

Se agrega en los reportes noticiosos que los “expertos en derechos humanos” han considerado la medida estadounidense como una “interferencia impropia” y nosotros añadimos que es demasiado expresivo que la señora Michelet Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no se haya pronunciado condenando esa decisión del Gobierno norteamericano, lo cual en absoluto vemos en su conducta algo como para sorprenderse, pues es necesario recordar que ella fue electa en dos oportunidades Presidenta de Chile, como candidata por agrupaciones políticas que se dicen de izquierda y en ambos gobiernos los ejerció en el marco de la Constitución del Pinochetismo, no obstante que para acceder a los mismos le había prometido a su pueblo que cambiaría por referéndum esa constitución, la cual fue impuesta por uno de los más sanguinarios dictadores que ha tenido el Continente.

Vale resaltar y con ello se aprecia la vocación que tiene esa dama para mentir y engañar, que cinco días antes de hacer entrega de la Presidencia de Chile al derechista Sebastián Piñera, consignó ante el Congreso chileno un  proyecto de reforma que muy pocos conocen y que, lo damos por seguro, no será –precisamente- la derecha la que impulse su discusión, pues para esa derecha fascista en el poder, no habrá mejor Constitución que la vigente, nada menos que la huella muy viva y patente de quien ha sido para ellos -quizás- el más “grande” gobernante que ha tenido el país, Augusto Pinochet y si no lo quieren creer vean este vídeo que nos muestra a Piñera en vivo reclamando al mundo la libertad de Pinochet, durante el episodio de su detención en Londres (1998/2000), durante el intento de la justicia española, bajo la batuta del Juez Baltazar Garzón, por llevarlo a la cárcel por crímenes de lesa humanidad: https://radio.uchile.cl/2017/09/05/ y como complemento, nos pareció interesante agregar este otro enlace que contiene las frases más controvertidas del ex dictador Pinochet durante su largo mandato de 17 años: https://www.20minutos.es/noticia/180543/0/pinochet/frases/polemicas/"

rioliverr@gmail.com

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