Por Juan Pablo Cárdenas S.:
En el periodismo político está permitido especular sobre el
futuro de las naciones y sus gobiernos, como también sobre las razones y
consecuencias de sus convulsiones sociales. A esta altura del gobierno de
Sebastián Piñera no es exagerado decir que éste le deberá siempre a la pandemia
del coronavirus su continuidad en La Moneda después de aquella rebelión popular
explosiva y multifacética iniciada en 18 de octubre del año pasado.
La epidemia del Covid 19 se hizo presente en marzo de este
año cuando el estallido social iniciaba una segunda fase de protestas destinada
a abatir no solo al Ejecutivo sino a todo el sistema institucional y económico
chileno. A la fecha, ya estaban en entredicho la Constitución Política, el
Poder Legislativo, la administración de la Justicia, como de prácticamente
todas las instituciones del Estado. Además del desprestigio que afectaba a los
partidos políticos, los tribunales de Justicia y al conjunto de las entidades
previsionales, de la salud y educación.
De esta forma, y para evitar el consecuente desenlace, es
que la clase política se obligó a convenir una solución que urgentemente
pusiera a Chile en el camino de definir una nueva Carta Fundamental y aprobar
un conjunto de leyes que acabaran con las agraviantes inequidades sociales. Que
pusieran término, también, a la corrupción desembozada de los más altos
“servidores” públicos, especialmente los parlamentarios, las autoridades
municipales como de las altas jerarquías de la Defensa Nacional y policías.
Desde fuera de Chile costó asumir la descomposición política
y económica del país y menos, todavía, entender que las movilizaciones se
hicieran tan radicales en la que se suponía era una nación democrática y
emergente. Recién ahora todos concluyen que lo que prevalecía en el país era un
acentuado autoritarismo, un régimen ultra capitalista, la más escandalosa
concentración de la riqueza y discriminaciones de toda índole. Esto es, un
régimen tutelado por la misma Constitución de Pinochet y en el que se habían
sacralizado las prácticas e impunidades de los grandes empresarios y de las
FFAA, y en que el derecho a la educación, a la salud y el trabajo digno eran
sistemáticamente conculcados.
Acosada nuestra
población con la irrupción del Coronavirus, es que en estos meses se han ido
ejecutando drásticas medidas restrictivas que prácticamente tienen bajo un
verdadero confinamiento domiciliario a más de la mitad de la población, además
de estar bajo la amenaza de una serie de normas y decretos de un “Estado de
Catástrofe”, que le da poder a las autoridades para detener, encarcelar y
condenar con desmedidas sanciones pecuniarias y de privación de libertad a
quienes infrinjan las medidas sanitarias que, hasta aquí, no logran avances
sustantivos en la detención de la epidemia.
Contrariamente a lo que se predijo, hoy se comprueba lo que advirtieron no pocos
especialistas en cuanto a que las obligadas cuarentenas no serían la mejor
solución para nuestro país y que el virus podría propagarse aun más por las
condiciones de pobreza y hacinamiento en que vive parte importante de la
población. Situación de atraso y miseria que el Ministro de Salud ni siquiera
sospechaba cuando adoptó éstas y otras medidas en nombre del presidente de la
República. Tal como lo reconociera poco tiempo después cuando las cifras de
infectados y muertes se elevaron drásticamente justamente en las comunas y
barrios más pobres de la Capital.
Tanto así que estamos entre las naciones del mundo con peor
desempeño en la materia, además de provocar la masiva desocupación y la
irrupción del hambre en cientos de miles de chilenos que de la noche a la
mañana lo han perdido todo y están obligados a enfrentar uno de los inviernos
más severos de nuestra historia. En la negativa del Estado, para colmo, de una
ayuda digna y eficiente que justifique su encierro y pérdida de libertad. Víctimas, todos, de un régimen mezquino y
cicatero, que prefiere seguir destinando ingentes recursos a los militares y a
las policías; en el temor, seguramente, que el estadillo social vuelva a
reeditarse todavía con más fuerza después de estos meses de tanta ineptitud y
falta de escrúpulos de los gobernantes.
Millones de chilenos
que se sienten especialmente atropellados por la forma en que las grandes
empresas siguen pisoteando los derechos de los trabajadores con la complicidad
de los poderes del Estado y de todas las “instituciones que ya no funcionan”,
como se reconoce ampliamente. Salvo las contadas excepciones de aquellos jueces
que han entrado en rebeldía con el llamado Estado de Derecho y que reaccionan
contra la voracidad manifiesta de la banca, las grandes tiendas comerciales y
de aquellos políticos cuya insensibilidad explica su denodada resistencia, incluso,
a disminuir sus ingresos y escandalosos privilegios.
De esta forma es que hoy, si todavía algunos abogan por
prolongar la vigencia de la Carta Fundamental, hasta la Presidenta del Senado,
varios de sus colegas legisladores y algunos miembros del propio Tribunal
Constitucional vienen desahuciando su legitimidad y normativas, propiciando que
lo más rápidamente posible se lleve a cabo un plebiscito que promete, sí o sí,
el reemplazo de la Constitución por un texto que sea definido mediante una
asamblea popular ad hoc, en que se excluya la participación de los actuales
legisladores como del Ejecutivo.
Salvo algunas cúpulas políticas de ultraderecha y de los
otrora concertacionistas se atreven todavía a sugerir la postergación o
modificación del itinerario institucional pospuesto unos meses por la Pandemia.
En la idea, como coinciden, de que sea el actual Congreso o miembros de éste
los que se ocupen de esta tarea, para lo cual se proponen darle aire al
gobierno de Piñera, mayores atribuciones y armas a las policías y militares hoy
desplegados por todo el territorio nacional a fin vigilar y “disuadir” al
pueblo. Incluso en la Araucanía, donde los tambores de la insurgencia mapuche
vuelven a retumbar con fuerza contra de los empresarios enseñoreados en sus ancestrales
tierras.
Apenas cedan las restricciones que hoy pesan dramáticamente
en los hogares de los más pobres y de la llamada clase media lo que vendrá no
será solo una demanda por una nueva Constitución, sino por un conjunto
igualmente explosivo de demandas que se propongan recuperar el empleo, exigir
justas remuneraciones y pensiones, echando abajo a las AFP, el sistema de
isapres, como esas entidades más emblemáticas que provocan el estado de
malestar del país.
En estas últimas semanas, la fecha del natalicio de Salvador
Allende ha ocasionado toda suerte de homenajes y reminiscencias a lo largo de
Chile en muy diversas y valerosas expresiones.
A ello se suma la creciente rabia por la suerte de miles de chilenos que
no debieron fallecer por efecto del Covid 19 y los rezagos del sistema
sanitario chileno. Todo esto, sumado a la cada vez más deteriorada imagen de
Piñera y de su decreciente séquito de empresarios y esbirros políticos, nos
permite especular con mucho fundamento y optimismo que Chile vivirá momentos
difíciles y complejos. Aunque inevitables se esperamos un futuro más justo.
Porque ya no se resiste tanta injusticia social e
insolvencia política. Tampoco el dolor que hoy padecen tantas familias y deudos
deseosos de cobrarle la cuenta a los abusos, a los dirigentes políticos, como a
las corruptas cúpulas empresariales que los digitan. Acostumbrados en Chile a
comprar las leyes, burlarse de los consumidores y vulnerar los Derechos Humanos
de la población. Incluso en tiempos de pandemia.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
