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sábado, 29 de febrero de 2020

EE UU quiere 175 años de cárcel para Assange


Por Sergio Ortiz:
Libertad al fundador de Wikileaksi

El 24 de febrero comenzó en Londres el juicio para saber si se extradita o no a Julián Assange a EE UU, donde lo aguardan 18 causas penales y riesgo de 175 años de cárcel.

El lunes 24 empezó en la corte de Woolwich Crown, cercana a la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, el juicio donde se resolverá si el Reino Unido acepta o no extraditar al fundador de WikiLeaks hacia EE UU, tal como lo reclamó en la primera audiencia el fiscal estadounidense, James Lewis. El enviado judicial de la administración Trump declaró que Washington aplicará la misma persecución judicial que sufre el líder de WikiLeaks contra cualquier periodista que revele secretos de Estado.


El detalle que Lewis omitió es que lo divulgado en 2010 por el australiano en su sitio son pruebas sobre crímenes de guerra cometidos por militares de EEUU que la justicia estadounidense no ha investigado. Ésta es una de las grandes paradojas de este infame proceso: los generales norteamericanos masacraron a población civil en Irak y Afganistán, torturaron prisioneros en Abu Ghraib (Irak) y Guantánamo, etc., pero están libres, percibiendo sus salarios y ostentando sus condecoraciones. En cambio, el medio que denunció esas atrocidades fue demonizado como si fuera parte del enemigo terrorista. Su director vio negada su condición de periodista y debió padecer en vida mil calvarios.

Su supuesto delito fue publicar hace diez años 250.000 cables diplomáticos cruzados entre el Departamento de Estado y las embajadas norteamericanas (incluyendo la de Argentina, como ya se verá) y unos 500.000 documentos confidenciales sobre las actividades del ejército estadounidense en sus invasiones de Irak y Afganistán.

El primer cargo que le hicieron fue ayudar a la analista militar Chelsea Manning a extraer de computadoras los cables referidos a esos dos teatros de agresión. Por esa acusación la pena máxima era relativamente menor, 5 años de cárcel. Casi una invitación a aceptar la acusación y entregarse mansito porque en poco tiempo recuperaría la libertad. Luego le adosaron otros 17 cargos basados en una ley de Espionaje de 1917, de tiempos de la Primera Guerra Mundial, agravándose la eventual condena.

Si la jueza británica Vanessa Baraitser que dirige el juicio en Woolwich fallara a favor de la extradición, al australiano podrían condenarlo a un total de 175 años por esos 18 cargos. Como ya tiene 48 años de edad, sería una condena de más de dos penas de muerte.

Eso supondría una tremenda injusticia y virtual condena a perpetua, a morir en prisión. Pero hay algo peor aún: sería una condena para todo el periodismo, sobre todo el de investigación, el que escudriña en los secretos del poder imperial y los ventila para conocimiento de millones de personas. Washington estaría condenando al periodismo todo, no sólo al prisionero australiano. ¿Quién se animaría luego a repetir las hazañas del fundador de WikiLeaks o del norteamericano Edward Snowden, que también sacó a relucir las miserias de las agencias de espionaje norteamericano? A pesar de todo es posible que aparecieran nuevos Assange y Snowden, en un clima aún más peligroso que el que se respiraba entre 2010 y 2020.
A Chelsea Manning la condenaron a 35 años de cárcel acusada de pasar esos datos a WikiLeaks; estuvo presa 7 años y en 2017 fue indultada por Barack Obama. Entre marzo y mayo de 2019 fue nuevamente detenida para presionarla a declarar en contra de Assange, a lo que ella se negó.
Muchos años sufriendo
Para tratar de llevarlo detenido a yaquilandia, a Assange le inventaron una doble denuncia por abuso sexual formulada por dos mujeres en Suecia; la justicia de ese país decidió cerrar esas causas tras muchos años sin elementos para sustentarla.

Esa denuncia sirvió para que la justicia inglesa, donde Assange vivía, dispusiera juzgarlo y tenerlo 50 semanas bajo arresto domiciliario. Cuando venció ese lapso, se asiló en la embajada de Ecuador en Londres, con permiso del entonces presidente Rafael Correa, entre el 17 de junio de 2012 y el 11 de abril de 2019. Ese día el traidor “Kautsky” Moreno le quitó la protección y permitió que la policía inglesa lo llevara preso a Belmarsh. Desde entonces pasaron otros 315 días en prisión, esperando el juicio de extradición.

Si los números no fallan, el creador de WikiLeaks ha estado 3.154 días entre preso y asilado en un pequeño ambiente, sin poder cuidar su salud ni sus afectos, sometido a aislamiento, espionaje, campaña de demonización y sin poder armar su defensa. Eso ya suma 8,7 años de una detención arbitraria y como equivalente a tortura, como la calificó desde 2016 el relator el Relator de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer.
El juicio actual tiene dos fases previstas. Una durará esta semana y luego se reanudará entre el 18 de mayo y el 5 de junio próximo, cuando se emitirá el fallo.

Éstos son meses claves para la libertad y la vida de Assange, motivo por el cual no sólo los comunicadores del mundo deberían tomar posición pública. El cronista ya firmó la solicitada de 1.348 periodistas de 99 países (https://desinformemonos.org/periodistas-alzan-la-voz-en-defensa-de-julian-assange/).

Una razón extra para ser agradecidos con esa víctima del imperio militarista es que gracias a WikiLeaks se pudieron conocer los enjuagues de la embajada estadounidense, en tiempos de Vilma Martínez y de Earl Wayne con políticos como Mauricio Macri y Sergio Massa, el fiscal Alberto Nisman, los dueños de Clarín y operadores como Joaquín Morales Solá, Eduardo van der Kooy y Jorge Lanata.

De los miles de cables develados, 2.510 eran de la embajada yanqui en Buenos Aires, analizados por Santiago O’Donnell en “ArgenLeaks” (Ed. Sudamericana). Uno del 7 de mayo de 2007 informaba: “tenemos una fuerte relación de trabajo. Nos comunicamos de arriba a abajo con la línea gerencial, involucrándonos en conversaciones diarias con editores y periodistas de Clarín sobre la relación bilateral, y rutinariamente los incluimos en programas de entrenamiento en los EE UU” (pág. 99).

En noviembre de 2009 Massa, en reunión con la embajadora Martínez, “llamó a Néstor ‘psicópata y cobarde’ y dijo que su actitud de matón en la política esconde una profunda sensación de inseguridad e inferioridad” (pág. 213).

Una pena que los cables de WikiLeaks hayan sido olvidados por quien volvió a cultivar una amistosa relación con Héctor Magnetto y puso a Massa como titular de Diputados. Esas páginas les dio vuelta.

ortizserg@gmail.com

viernes, 22 de noviembre de 2019

Vida de Assange se apaga de a poco en Belmarsh

Por Sergio Ortiz:


Desde hace más de 7 años la vida de Assange es un infierno. Aislado en la embajada de Ecuador en Londres y luego en una cárcel británica. ¿Delito? Dar información verdadera.

Julián Assange tiene 48 años y se hizo conocido en 2010 por su sitio WikiLeaks, cuando publicó 750.000 cables secretos norteamericanos develando crímenes en Irak y Afganistán, incluyendo videos donde se asesinaba a civiles.
El australiano se convirtió así en el enemigo público número 1 de EEUU, por encima de Saddam Hussein que ya había sido asesinado en Irak, y de Bashar Al Assad que recién en 2011 llegaría a ese podio con el inicio de la guerra para derrocarlo en Siria.



La gran diferencia es que Assange no tenía gobierno, recursos ni misiles. Sí un arma formidable, WikiLeaks, para develar esas miserias del imperialismo global. Este hablaba de democracia y derechos humanos, pero bombardeaba pueblos, saqueaba recursos y secuestraba y torturaba en prisiones ilegales manejadas por la CIA, en países aliados como Arabia Saudita, amén de Guantánamo, robada a Cuba.

Las pesquisas de las 16 agencias de seguridad estadounidenses, todas en la órbita del Pentágono, llegaron a la conclusión de que Assange había tenido la colaboración de una analista militar, Chelsea Manning (ex Bradley). La detuvieron y condenaron en 2013 a 35 años de prisión, de los cuales cumplió 7 hasta ser indultada por Barack Obama en su tramo final de la Casa Blanca.
Chelsea se mantuvo leal a Assange y se negó a testimoniar en su contra. Toda una lección de humanidad y valentía de este ex hombre, devenido en mujer.

En ese momento, EEUU le abrió un primer cargo a Assange: conspiración para cometer acto criminal. Aunque sonara muy fuerte, por lo de criminal, tenía una pena de 5 años. Era parte de la táctica: entrégate que no la vas a pasar muy mal, con buena conducta en 3 años te vas. También perseguía engañar a los países donde se asilara el australiano: mándenlo a Virginia, que los cargos no son tan graves.

En el medio el de WikiLeaks tuvo dos acusaciones de mujeres en Suecia. Una de las denunciantes, de 30 años, lo acusó «de haber mantenido relaciones sexuales mientras ella dormía y sin preservativo, a pesar de que ella había rechazado cualquier relación sin protección». ¿Raro no? Si a cierta edad no es tan fácil tener relación entre dos personas despiertas, más complicado lo es cuando una de las dos está dormida…

Esta causa en Suecia, abierta en 2010, fue cerrada por la fiscalía en 2017, ante la imposibilidad de conseguir pruebas. Reabierta en mayo de 2019, esta semana la fiscal general adjunta sueca, Eva-Marie Persson, informó que cerró la investigación contra Assange. Detalló que la investigación adicional realizada desde mayo «demostró que las evidencias utilizadas en el caso no eran lo suficientemente convincentes». Una buena para Julián.

Esas denuncias en Suecia dieron lugar en 2010 a un pedido de extradición al Reino Unido, donde Assange residía. Lo detuvieron brevemente y lo dejaron en libertad al aguardo de una resolución sobre la extradición. Ante el temor de ser enviado a Suecia, como estación de paso hacia EEUU, donde las acusaciones serían gravísimas en su contra, incluso con la posibilidad de ser condenado a muerte, Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. Era el 19 de junio de 2012.

Todo en contra.
Su ingreso allí fue autorizado por Rafael Correa, quien luego le extendió un salvoconducto para que pudiera viajar a Quito. El gobierno inglés no le permitió salir y estuvo 2.488 días (casi 7 años) viviendo en 20 metros cuadrados, con sus movimientos acotados. Mientras en EEUU se preparaban más y graves acusaciones en su contra, el asilado no podía armar su defensa porque la CIA lo espiaba con cámaras y grababa todo lo que hacían y decían él y sus abogados en su albergue.

Esa embajada se convirtió en cárcel cuando Correa fue reemplazado por «Kautsky» Moreno, quien -coherente con su traición a su mentor y a su pueblo- la completó contra Assange. Luego de recibir en Quito a Mike Pence y luego a Mike Pompeo, le quitó el asilo y permitió que el 11 de abril de 2019 la policía británica lo llevara detenido.

En mayo pasado la justicia inglesa dictaminó que debía estar preso 50 semanas mientras se resolvía sobre la extradición solicitada por EEUU. Y lo recluyó en la prisión casi de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres, construida para alojar terroristas luego de los atentados de 2001.

Si lo mandan a Virginia lo estarán condenando a morir porque el 23 de mayo pasado allí le sumaron otros 17 cargos, que junto con el original tienen una pena potencial de 175 años de cárcel.

Por eso el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, declaró en octubre que el fundador de WikiLeaks había sido sometido «a la tortura psicológica y violaciones sistemáticas de su derecho al debido proceso por parte de los Estados involucrados». Ya en junio pasado había dictaminado igual sobre la situación vejatoria del detenido. Su nota periodística fue enviada a los principales diarios de Europa y EE UU, y sus respectivos gobiernos, pero ninguno se hizo eco. Eso se llama censura.

El juicio sobre extradición será en febrero de 2020 de modo que el australiano seguirá recluido las 23 horas en una celda de 4 metros, aislado, con la sola visita de un abogado, deprimido, enfermo, pesando 9 kilos menos y sometido a fuerte presión psicológica.

Entre el asilo en la embajada y su prisión actual, lleva 7 años, cinco meses y dos días privado de su libertad. Y su perspectiva es sombría, pues hasta febrero estará recluido en Belmarsh. Después se abren dos perspectivas: ser extraditado a Alexandria, en el estado asiento de la CIA (Virginia), o la libertad.

Esto interpela a los comunicadores, que en forma amplia y universal deberíamos reclamar por la vida y libertad de Assange. Su único «delito» fue desnudar los procedimientos criminales y secretos del imperio.

No hay que esperar nada de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En su 75° Asamblea de Coral Gables, Florida, del 4 a 7 de octubre pasado, defendió al periodista de Clarín, Daniel Santoro, que sería cómplice de la red extorsiva de Marcelo D’Alessio. La SIP está obsesionada con Cuba y denunció los supuestos crímenes castristas: «a Sandra Haces, Henry Constantin, Yunier Gutiérrez y Ariel Maceo, se les prohibió el acceso a zonas donde se desarrollan eventos noticiosos. Fuentes de información y algunos lectores de Ricardo Fernández Izaguirre y Constantín han sido hostigados. A Inalkis Rodríguez Lora, Yoe Suárez y Constantín se les han practicado revisiones exhaustivas de equipaje en aeropuertos». Uy, ¡qué barbaridades!

En cambio, a Donald Trump no le votaron ninguna resolución crítica específica reclamando por Julián Assange.
ortizserg@gmail.com