Por Eduardo Contreras:
Cuanto sucede en nuestro tiempo al interior de instituciones
del Estado tan fundamentales como son las Fuerzas Armadas y Carabineros es de
extraordinaria gravedad y debe llamar a reflexionar y opinar a los más diversos
sectores políticos del país. Es urgente salir al paso de lo que sucede y aunar
fuerzas para poner fin a tan delicada situación. Mañana puede ser demasiado tarde.
Corrupción, ilegalidades, desviación de los fines y
propósitos para las que fueron concebidas, vínculos y dependencia de sectores
oligárquicos, complicidad con la política genocida de tiempos de la dictadura
de Pinochet, destrucción de evidencias de los crímenes de lesa humanidad en
nuestro país. Esto y más, ¿le parece algo natural, normal, al lector? ¿O habrá
llegado por fin la hora de tomar en serio cuanto sucede y buscar soluciones de
fondo a tan grave situación? No son cosas del pasado, son del presente.
Fue sólo hace unos días que el juez Mario Carroza procesó y
decretó la detención de tres militares que, amparando a los criminales de la
época, de los que en los hechos se hacen cómplices y encubridores, quemaron
archivos de la Central Nacional de Informaciones, CNI, la ex DINA de Pinochet.
El gravísimo delito fue cometido en dependencias del Ejército conocidas como
“Escuela de Inteligencia del Ejército” y lo fue entre los años 2000 y 2001,
época en que las investigaciones judiciales producto de los juicios sobre
derechos humanos que llevaban adelante las agrupaciones de familiares con la
asesoría de los abogados de DDHH, apuntaban a la búsqueda de datos sobre el
destino final de los detenidos desaparecidos.
El autor principal de este nuevo crimen es el ex general de
brigada y director de inteligencia del ejército Eduardo Jara Hallad quien dio
la orden de revisar minuciosamente los archivos de la CNI y de quemar todo
aquello que resultara comprometedor para la institución. Orden que cumplió la
entonces teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich, la que, tras
revisar el material que evidenciaba las responsabilidades institucionales,
decretó que el suboficial Luis Zúñiga Celis y el cabo Osvaldo Ramírez Lazcano
llevaran los archivos a la así llamada Escuela de Inteligencia que se encuentra
en el pueblo de Nos. Allí fueron incinerados uno a uno y por supuesto sin
levantar las actas respectivas a lo que les obligaban sus propios reglamentos y
normas.
De todo esto estuvo debidamente informado el jefe del Estado
Mayor General del Ejército, Carlos Chacón Guerrero, quien avaló la artera
maquinación de ocultamiento de la verdad. Huelga comentar que, además, nuestro
“glorioso” (¿) ejército no colaboró en absoluto con la investigación llevada a
cabo por el juez Carroza.
Y todo esto en democracia. Y todo esto con pleno
conocimiento de las más altas autoridades del ejército. Y todo esto cuando los
militares le rejuraban a los tribunales que no tenían información alguna. Es
decir, una canallada cobarde y un grave delito que se suma a las graves
violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados en nuestro
país.
Queda en claro la complicidad del actual ejército con el
ejército que bajo las órdenes de Pinochet horrorizó al mundo entero por la
brutalidad y sadismo de sus crímenes. Queda en claro que no han cambiado.
Suma y sigue. Como denunció el presidente de la Democracia
Cristiana, Fuad Chaín, el ejército también tuvo en sus manos los antecedentes
del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y también los destruyó.
Pero hay más. Porque fue en medio de la indignación
provocada por el correcto procesamiento del tribunal por este nuevo delito,
cuando se hizo público hace pocos días el Informe de la agencia periodística
CIPER que, documentadamente, incluyendo grotescas fotografías del magnate en
uniforme, denuncia los cuantiosos pagos que el multimillonario Andrónico Luksic
hace desde hace casi una década al ejército chileno a través de las diversas
fundaciones del empresario. CIPER, que tuvo acceso a documentos oficiales del
ejército, denuncia, entre otros temas, que una veintena de generales,
coroneles, mayores y tenientes del ejército chileno han estudiado en carísimas
universidades ¡¡por supuesto de los EEUU de Norteamérica!! entre ellas Harvard
y Georgetown, financiados con dineros del Grupo Luksic al menos desde el año
2012. Estamos hablando de muchas centenas de miles de dólares.
De los actuales miembros del alto mando del ejército al
menos tres han sido parte de los beneficiados. Son los generales Esteban
Guarda, German Arias y Christian Romero.
Informa también CIPER que no es lo único que financia Luksic
al ejército; por algo su Grupo está en el top 100 de los más ricos del mundo.
Viajes al exterior, hospedaje a oficiales en los hoteles de su propiedad en
diversas partes del mundo, vuelos en aviones privados del Grupo Luksic, etc. En
compensación, desde el año 2007 don Andrónico es reservista de ¿“nuestro” o
“su”? ejército como parte de la primera generación del Curso de Aspirantes a
Oficiales de Reserva, un invento de 2 próceres no muy prestigiosos como son los
ex comandantes en jefe de la institución, Oscar Izurieta y Juan Miguel Fuente –
Alba.
Ha sido sugestivamente rápida la carrera militar del super
multimillonario que ya, 2 años después, en el 2009 era ascendido de alférez a
subteniente. Pero no paró ahí su carrera porque el 2016 fue ascendido a
teniente. Es de esperar que no llegue a Comandante en Jefe.
Cada curso universitario, aunque breve, tiene un costo
aproximado de entre 50 a 70 mil dólares por cada alumno. Y todos en EEUU,
precisamente del país de donde salió la orden para llevar a cabo el peor crimen
de nuestra historia como fue el golpe de Estado de septiembre del 73. Allí se
forman, o más bien se deforman, estos oficiales.
Sugerimos leer y estudiar el Informe de CIPER y recordamos
además que hoy mismo está en curso un proceso judicial que investiga estos
ilícitos y está a cargo de la jueza Romy Rutherford.
El mismo Informe se refiere además al hecho comprobado de
que fue precisamente desde las oficinas de Luksic donde salió el informe “big
data” que alertaba sobre la presencia extranjera en el estallido social chileno
de octubre pasado y las sucesivas movilizaciones. Igualmente alude a cómo el
Grupo Luksic ha reclutado para integrar directorios de su grupo empresarial a
diversos políticos como Rodrigo Hinzpeter, Soledad Alvear, René Cortázar,
Nicolás Eyzaguirre, Rodrigo Álvarez, Alberto Arenas entre otros.
Gravísimo lo denunciado que viene a confirmar lo que sucede
al interior de una de las principales ramas de las Fuerzas Armadas chilenas. Y
todo esto sin hablar por ahora de lo que sucede en Carabineros.
Es tiempo de meditar, de dar a conocer estas realidades,
dialogar, pensar en buscar soluciones. Y habrá que hacerlo ahora.
eduardocontreras2@gmail.com
