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viernes, 2 de octubre de 2020

Bolivia en resistencia (X)

 

Por Oscar Rotundo:

CRISIS EN LA DICTADURA BOLIVIANA 

Faltando pocas semanas para la realización de elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, el gobierno de facto, parece haber caído en un estado de crisis institucional y política. Renuncias y destituciones de ministros, acusaciones de corrupción y viajes clandestinos al exterior, que son acompañados por una catarata de encuestas extrañas que sitúan al electorado yendo de un lado al otro con su voto, a gusto del pagador de las mismas, tratando de negar con la especulación, lo que dice la calle y lo que demuestra la magra gestión gubernamental que ha colocado al pueblo boliviano en un tobogán que lo arroja indefectiblemente, a una situación de pobreza desesperante. 

Luego de la renuncia de la señora Añez a la candidatura a presidente, que fue interpretada y pregonada por los medios de la derecha como, “un acto de desprendimiento, en aras de lograr la unidad, para derrotar a las fuerzas de Evo Morales”, la realidad no dejaba margen de duda; la crisis de la dictadura entraba en fase terminal.

El colapso sanitario por la pandemia del coronavirus; la corrupción desatada en las empresas de hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones y el saqueo en los ministerios de Salud y Obras Públicas; con una economía devastada que había provocado un retroceso de más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y el incremento masivo de la pobreza; eran fenómenos irrebatibles que podían contrastar cualquier argumento que intentara desmentir el paisaje desolador, que en tan solo diez meses, se había instalado en el estado Plurinacional de Bolivia.

Como no podía ser de otra manera, a esta crisis económica, le corresponde una crisis institucional y, como bien lo señalara la Presidenta del Senado, Eva Copa, “el Gobierno transitorio de Añez se cae a pedazos”; los alejamientos de los titulares de Trabajo, Óscar Mercado, Desarrollo Productivo, José Martínez; y la destitución de Óscar Ortiz como ministro de Economía y Finanzas Públicas a pocas semanas de las elecciones, son señales inconfundibles de que los desencuentros entre los grupos de poder golpista, están a la orden del día.

El propio exministro Ortiz, admitió desavenencias con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como también ocurriera con el procurador José María Cabrera, que tuvo que cesar en sus funciones por la presión que Murillo ejerciera hacia la presidenta para que este dejara el cargo.

El ex titular de la cartera de Economía, Oscar Ortíz, había acusado al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de haber comprado equipos para interceptar llamadas telefónicas y otras compras directas que superaban los Bs 72 millones de Bs.

Pero en realidad, estas diferencias no son personales o de estilo, pues el pueblo boliviano sabe que, desde hace años, dos logias (Caballeros del Oriente y Toborochi), viene actuando, desde la famosa “media Luna”, como organizaciones delincuenciales insertándose en instituciones del Estado para poder construir un poder detrás de los legalmente constituidos.

Tanto el ministro de Gobierno Arturo Murillo y el ex ministro de Economía, Oscar Ortiz forman parte de esas logias.

Murillo, acusa a Ortiz de defender intereses de logias, porque se opuso a la devolución de las acciones de Elfec de Cochabamba a los accionistas y ex trabajadores, al no firmar el decreto por el cual el Gobierno devolvía las acciones de la empresa Elfec, nacionalizada en 2010 por el gobierno de Evo Morales.

"el señor Óscar Ortiz, a quien yo lo he apoyado políticamente en todo se ha opuesto a este tema y lo hizo de una manera que no es la más correcta”, manifestaba Murillo, al tiempo que, el exministro Ortiz, declaraba que no había renunciado al cargo, y que desde el Gobierno se había divulgado falsamente que lo había hecho, declarando, "Entiendo que ya han decidido designar a otra persona. Con lo cual he venido a dejar limpio mi escritorio”

Esa otra persona, no es, ni más, ni menos, que Branko Marinkovic, un empresario millonario de Santa Cruz, que luego del Golpe de Estado, retornó a Bolivia, tras pasar más de una década prófugo en Brasil, acusado de organizar grupos terroristas que pretendían la separación de la denominada “Media Luna” del Estado Plurinacional.

Connotado fascista descendiente de la migración croata después de la segunda guerra mundial, Branko Marinkovic, en el año 2007 fue presidente del Comité Cívico Por Santa Cruz, organización que lideró junto a la élite de Santa Cruz buscando la autonomía de la "Media Luna", bajo la consigna anti-estatal y anti-colla.

Además de sus actividades terrorista, Marinkovic, se destacó en crear sociedades offshores (millonarias cuentas en paraísos fiscales) en Panamá, con familiares y políticos bolivianos, según denuncia el periódico alemán Suddeutsche Zeitung, junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación*

Por lo menos 10 miembros de la familia Marinkovic figuraron en las 14 sociedades offshore que conformó el ex ministro de Planificación y actual jefe de la cartera de economía. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, tenía todavía, una offshore activa en Panamá, la South Américan Trucks Holding Corp, junto a su hermana Yasminka Marinkovic de Jakuvek.

Toda esta actividad criminal de los Marinkovic y asociados, fue patrocinada por el bufete de abogados “Indacochea y Asociados”, con sede en Santa Cruz, dirigida por Ricardo Indacochea, asesor y representante de las empresas trasnacionales que demandaron al Estado boliviano, por las nacionalizaciones en el sector hidrocarburifero.

Arturo Murillo Prijic y Branko Marinkovic, son dos delincuentes del mismo clan croata, ligados al manejo mafioso de la política gubernamental de la dictadura y al tráfico de influencias; la designación de la hermana de Murillo Prijic, como cónsul de Bolivia en Miami (EEUU) es solo una muestra del nepotismo, denunciado en su momento por el MAS.

Como reflexionara el diputado Franklin Flores, del MAS “algunas personas a nombre de un partido político se encaramaron en el Gobierno para asaltar las arcas del Estado” … “El que sufre de este robo y saqueo es el pueblo boliviano que no tiene el pan del día, el desempleo, la crisis económica, gente que ha sido despedida, cada tres bolivianos no tienen nada que comer, seis de cada 10 bolivianos están en el comercio informal, 200.000 trabajadores han sido despedidos del sector construcción, porque este Gobierno políticamente ha decido paralizar obras, de caminos, obras de hospitales, de colegios y otros que ya estaban con presupuesto”.

En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, algunos juraron dos veces como Marinkovic, porque se cambiaron de cartera, en este tiempo, se descubrieron al menos, 24 casos de corrupción, destacándose, la compra irregular de respiradores, gases lacrimógenos, venta de cargos, cobros ilegales, irregularidades en YPFB, Entel, Ende y la DGAC, entre otros; de los 24 casos, 18 son investigados en el Ministerio Público, ninguno llegó aún a la etapa de juicio oral.

Realmente, lo que hace, que le cueste la cabeza al ex ministro de Economía, Óscar Ortiz, es que, además negarse a firmar el decreto referido a la empresa nacionalizada, existía una desesperada intención, por parte de Murillo, de apresurar algunas adjudicaciones o la compra de camionetas por 35 millones de bolivianos, cuando solo restan dos meses de gestión de Gobierno.

Este desespero de los asaltantes del poder y de sus promotores “demócratas y militares”, los ha llevado a construir distintas estrategias para evitar lo inevitable, una de ellas ha sido, además de la suspensión del acto electoral, buscar que prospere el recurso de anular jurídicamente a la sigla del partido de Luis Arce, el MAS, con la demanda de proscripción ante el TSE.

De no ser así tratarán de acudir al recurso del “fraude”, cosa que ya ha sido denunciada por la dupla electoral Arce-Choquehuanca, alertando a los otros candidatos, porque, más allá, de las especulaciones, la diferencia que existe entre los candidatos del pacto golpista y los de la revolución, se palpan en la calle y en la alegría de la gente, que no oculta su deseo de salir de estos “falsos profetas” del bienestar.

La dictadura, sabrá para que manda a Murillo a reunirse con el lacayo imperial Almagro, o a la Canciller del gobierno de facto, karen Longaric, a Bélgica para mantener reuniones en el Parlamento Europeo; pero al calor de la realidad y de las enseñanzas que dejaron las masivas movilizaciones de julio y agosto de este año y por las cuales el gobierno tuvo que confirmar a regañadientes la realización del acto electoral, la derecha boliviana, debería reflexionar, si decide actuar en política inteligentemente, sobre este precepto, sencillo y contundente; “DERROTA AVISADA NO GENERA MUERTOS”

Notas

* https://corruptosbol.blogspot.com/2016/05/panama-papers-capitulo-bolivia.html

. https://www.facebook.com/rotundo.rotundo.12 

sábado, 16 de mayo de 2020

Las venas abiertas de Bolivia sangran a seis meses del golpe.



Por Verónica Zapata:
El 10 de noviembre del 2019 se concretó un golpe de estado violento en Bolivia digitalizado por E.E.U.U. que logró articular a la oligarquía nacional racista con las F.F.A.A., la policía y los grupos paramilitares para obligar a renunciar a Evo Morales a punta de pistola. El objetivo es volver a controlar los recursos naturales, principalmente el litio y borrar el ejemplo de un gobierno de rostro indígena que, por primera vez, desde la conquista genocida de América llega al poder.


El 12 de noviembre Añez se autoproclama presidenta, da vía libre a la represión, se produce la masacre de Sacaba y Senkata. El golpe deja un saldo de 35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados. Prosigue una cacería de dirigentes, ex funcionarios y periodistas. Se aplican políticas neoliberales y el país es sumergido en una crisis política, social, económica y alimentaria. El Covid-19 y la crisis sanitaria reconfigura el panorama anudándose a las demás crisis que adquieren una nueva forma de crisis absoluta con características específicas.

El pueblo clama elecciones para obtener un gobierno y legítimo que pueda enfrentar la pandemia y la crisis económica. Áñez utiliza la pandemia para mantenerse indefinidamente en el poder, y pretende prescindir de las elecciones con el fin de consolidar un proyecto político neoliberal y un estado terrorista militar y policial.

De potencia económica a suicidios por hambre. 
Bolivia durante el gobierno de Evo Morales pasó de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica, a ocupar el primer puesto de crecimiento económico de la región con un promedio de crecimiento de 4,9 %, según la O.N.U. y el B.M. El P.I.B. se cuadriplicó de 9.500 a 45.500 millones de dólares. Los indicadores macroeconómicos fueron insuperables en América del Sur y fue el país que más redujo la pobreza extrema de 38 a 15%.  Pos golpe de estado, Bolivia se convirtió en un país donde la gente se suicida por hambre. Tres casos de suicidio por ahorcamiento se conocieron en abril, el de una menor de 12 años que no aguantó el dolor de estómago por hambre, el de un padre de familia ante la desesperación de no poder darle de comer a sus 8 hijos y de una adolescente de 15 años. 

En este contexto, el 27 de abril se cortó el suministro de gasolina al trópico de Cochabamba ocasionando la muerte de más 11 millones de peces por falta de combustible para oxigenar las piscinas artificiales de 3.500 piscicultores, ocasionando un daño económico para escarmentar a la región. Por otro lado, intentaron impedir la campaña #TropicoSolidario que lleva a cabo esta región que reparte frutas a familias de escasos recursos. El 27 de abril Añez pidió una jornada de “ayuno y oración” para vencer el Covid-19 en plena hambruna y se realizaron bendiciones masivas desde helicópteros en diversas ciudades en un país laico.
  
El pueblo clama elecciones generales para sobrevivir. 
El 3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales por la emergencia sanitaria. El 29 de abril se llevó a cabo un cacerolazo y un petardazo masivo para exigir que se fije una fecha de elecciones, a fin de elegir un gobierno legítimo para enfrentar la crisis económica y sanitaria en el país. Los golpistas amenazaron con cerrar la asamblea legislativa para evitar las elecciones generales. El 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las Elecciones Generales, que da un plazo de 90 días para que el Tribunal Electoral fije una fecha. Añez rechazó la ley y anunció recurrir a la “justica” que maneja. El 22 de enero finalizó el mandato del “gobierno transitorio” de Añez y se auto prorrogaron el mandato hasta el 3 de mayo. Por segunda vez, se venció el plazo y se utiliza la pandemia como excusa para volver a auto prorrogarse el mandato de forma indefinida para consolidar un proyecto político neoliberal y un estado terrorista militar y policial.



Persecución, encarcelamientos y censura. 
Para imponer el terror y desarticular la organización social se desató una cacería y una judicialización a dirigentes, ex funcionarios y a periodistas con la supresión de los D.D.H.H. y las garantías constitucionales. Los asilados que están en la embajada de México en La paz son rehenes de la dictadura. El terrorismo de estado se radicalizó con la pandemia, la cual es utilizada como estrategia para amordazar la libertad de expresión y encarcelar opositores. Murillo, ministro de facto funge de juez y fiscal, se jacta de realizar ciber patrullajes y amenaza con encarcela hasta con 10 años a quienes “desinformen” sobre al Covid-19. El fin es ocultar la inoperancia del gobierno. Los medios de comunicación blindan mediáticamente al gobierno, demonizan a los movimientos sociales y se le adscribe a Morales mediante el discurso de la “herencia recibida” la responsabilidad de todo lo negativo que acontece.




Zona liberada a la corrupción y al narcotráfico. 
El desmantelamiento de las empresas estratégicas es ejemplo de corrupción. En la línea aérea boliviana (BoA), los directivos fueron reemplazaos por allegados de Fernando Camacho, que provenían de a la línea aérea privada Amazonas. Se inicia el desmantelamiento mediante el sabotaje para afectar la rentabilidad. En ENTEL, el gerente Elio Montes, fue procesado penalmente por malversación de fondos y escapó a E.E.U.U. En Y.P.F.B., el presidente Herland Seliz renunció tras un escándalo por contratos irregulares de seguros y compra de combustible con alto sobreprecio y sin licitación.

En el gobierno de facto el nepotismo es la norma y las familias, amigos y amantes de los funcionarios ocupan cargos en el estado y utilizan indebidamente los bienes del estado. Los aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana (F.A.B.) son usados como taxis a título de “vuelos humanitarios” para viajar de vacaciones y/o a fiestas privadas en plena cuarentena. No se utilizan los aviones para traer lo miles de bolivianos que se encuentran varados desde hace más de un mes en diferentes países y las pruebas para el Covid-19 se transportan por tierra a los laboratorios de La Paz y de Santa Cruz que tardan una semana en llegar. Los laboratorios prometidos para cada departamento nunca llegaron. Por otro lado, se contrataron alquileres de hoteles 5 estrellas por sumas millonarias para aislamientos. Se desconoce el destino de los créditos del F.M.I y las donaciones millonarias de diversos países y organismos para enfrentar el Covid-19. Las compras de insumos que anuncian nunca llegan y se niegan a publicar las facturas generando sospechas sobre negociados.

El aterrizaje de naciones en el aeropuerto oficial de Guayaramerín, Beni de donde es oriunda Añez va en aumento. El 28 de enero un narco jet fue interceptado en México con una tonelada de cocaína cargada en el aeropuerto de Guayaramerín, develando vínculos familiares de Añez con el narcotráfico. Carlos Añez, su sobrino está preso en Brasil por narcotráfico. Gustavo Álvarez Peralta, narcotraficante del cartel de Jalisco, México y buscado por la D.E.A. fue designado como director de producción agropecuaria. Se lo desvinculo y misteriosamente se escapó.
  
Políticas necróticas importadas de E.E.U.U. para enfrentar el Covid-19. 
El 22 de marzo se decretó la cuarentena y hasta la fecha los hospitales carecen de respiradores, reactivos, insumos, equipos de bioseguridad y falta de médicos. Los contagios y las muertes en el personal de salud, militar y policial van en aumento y se siguen esperando sus equipos de bioseguridad.  El 11 de mayo se iniciará la “cuarentena dinámica”, flexibilizándola en algunas regiones. El 5 de mayo el secretario de salud de Santa Cruz, que concentra el 60% de los contagios denunció el inminente colapso del sistema sanitario y la alcaldesa descartó flexibilizar la cuarentena en la capital cruceña.

El 6 de abril el ex ministro de salud anuncia sus proyecciones en 4 meses de 3.840 muertes, 48.000 infectados y el colapso sanitario. El 13 de abril asume el actual ministro de salud Marcelo Navajas y minimiza estas proyecciones, presenta un “plan estratégico”, promete 500 respiradores, pero nunca llegan. Se restringen las pruebas para aquellos con “sintomatología activa”. El anuncio de la adquisición de 400.000 pruebas tampoco se cumplió.

Las pruebas son importantes para detectar contagios, casos asintomáticos, aislarlos y cortar la cadena de contagios. Bolivia es el país que menos test realiza de la región, lo que explica las cifras oficiales bajas de Covid-19 para justificar las ínfimas medidas de contención. Navajas sostuvo que hasta el 31 de mayo se esperan 10.000 contagios y que la curva de infectados bajara cuando el 60 % de la población se haya contagiado, anticipando un colapso sanitario.

El ministro de salud, ex médico de la embajada de E.E.U.U. sigue la línea política sanitaria de Trump que puso a E.E.U.U. como epicentro mundial de la pandemia, dejando que la gente se “bañe” con el Covid-19 y condenando a la muerte a los adultos mayores y a los que poseen patologías de base. Navajas, paladín de la privatización de la salud sigue su lógica mercantil que también comparte con Trump: “La salud es para el que la pueda pagar”.
https//YouTube/dP8oDp5G9ew
https://www.youtube.com/watch?v=cM42fH2OclI

(*) Verónica Zapata. Periodista y psicóloga boliviana.
zapataveronica513@gmail.com