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miércoles, 5 de agosto de 2020

El incremento del salario es impostergable Jesús Farías



Por Carlos Luna Arevalo:
Culminando el mes de julio se ha suscitado una interesante polémica entre dos economistas quienes, estando ubicados en la misma acera ideológica, han expuesto disparidad de criterios en el tema referente a las políticas salariales del gobierno.

A mi modo de ver, aunque Farías puede que tenga mucho de razón cuando argumenta que el Estado actualmente no tiene capacidad para ofrecer el incremento de salarios a los niveles que todos necesitamos y deseamos, y por el que aboga Curcio, los datos que ofrece Pascualina sobre cuánto se ha enriquecido la burguesía en estos últimos años despiertan suspicacia entre quienes estamos recibiendo la parte “más reducida de la torta” de la economía venezolana, para no decir los que apenas recibimos las “migajas de torta”.


Farías acusa a Curcio de “emplear una fraseología revolucionaria con la pretensión de manipular el tema tan sensible y complejo de los salarios”. De esta manera va desmontando las que califica como “manipulaciones” que expone Pascualina en “Los salarios: en la empresa privada y en la administración pública (II)”.

Para los venezolanos de a pie, sin ser expertos en economía, especialmente para quienes padecemos la dura realidad de sueldos y salarios deprimidos, no es un secreto que los capitalistas, como dice Pascualina, se han enriquecido en los últimos tiempos más que nunca. Mientras la gran mayoría recibe salarios y pensiones que no cubren ni las necesidades más básicas, los dueños de capital (empresarios, industriales, comerciantes, etc.) “se embolsillan una tajada cada vez mayor de la riqueza que producen los trabajadores”, dicho en palabras de Curcio.

Entiendo que algunas de las medidas que propone Pascualina, como medio de recuperación de sueldos, salarios y pensiones no se pueden implementar, dado los niveles de contracción económica del país (siendo una economía rentista que dependen de la exportación de petróleo), asumiendo la caída severa de la producción petrolera, sin dejar por fuera el contexto de recesión económica mundial consecuencia del covid-19, pero no es menos cierto que las denuncias de Pascualina sobre la evasión fiscal de los capitalistas es un mal crónico que siempre redundará en una distribución desigual de la riqueza, siempre favoreciendo a los capitales, en detrimento del pueblo trabajador.

Parece que tiene razón Farías cuando dice que, si el gobierno ofreciera incrementar los salarios y pensiones más allá de lo que su mermada capacidad de pago le permite, estaría cometiendo un fraude, especialmente considerando el impacto de las sanciones económicas y financieras y el estancamiento de la actividad petrolera.

No entiendo que Curcio ponga en duda, en sus argumentos, “el esfuerzo gigantesco que hace el gobierno para atender al pueblo”, al cual apela Farías como defensa del gobierno. Pasqualina plantea más bien que la distribución de la riqueza, que no es otra que la proveniente de la renta petrolera, se equilibre, dado que hasta ahora los grandes beneficiarios son los capitalistas, mientras el pueblo recibe la menor parte.

Farías desmiente que el Estado sea un “explotador” de los trabajadores y en su argumentación claro que su tesis queda bien parada, pero lo que pone Curcio sobre la mesa es que la mayor parte de la renta petrolera termina quedando en manos de la burguesía. El Estado tiene un papel fundamental en la “redistribución de la renta”, si algo enseñó Chávez, en estos últimos tiempos, fue precisamente la necesidad de redistribuir la renta petrolera favoreciendo a quienes históricamente fueron marginados de la riqueza petrolera.

Farias admite que la revolución tiene una deuda en lo relacionado con cobrar impuestos a la burguesía y que es una deuda que efectivamente debe saldarse, pero afirma que es ilusorio afirmar que el incremento salarial puede financiarse de esos impuestos a la burguesía. En cuanto al tema de la dolarización de la economía confiesa que ha sido positiva, en tanto ha sido un medio de combate de la escasez de mercancías, a pesar de que la especulación en los precios sigue afectando. Afirma que la inflación que en 2018 se ubicaba en 10.000% al día de hoy se mantiene en 1000%.

En una extensa entrevista del constituyente Jesús Farías con Clodovaldo Hernández, publicada en La Iguana.tv el entrevistado culmina afirmando que el imperio, sin dejar su naturaleza injerencista e intervencionista, a partir de 2021, se verá obligado a aplicar otros métodos que suponen dejar las duras sanciones económicas de lado. Así mismo, cierra diciendo que él está dispuesto a seguir debatiendo sobre la política económica del gobierno. 

Tiene mucha razón en sus argumentos Farías, pero me quedo con su afirmación “el incremento del salario es impostergable”.
carloslunarvelo72@gmail.com



sábado, 25 de julio de 2020

La persistencia del modelo Trump por controlar Latinoamérica



Por Diego Olivera: 
Una realidad global muestra una crisis de valores humanos

Estados Unidos siempre ha considerado a América Latina como su área natural de influencia. No es una coincidencia si el Departamento de Estado estadounidense conduce su política hacia la región desde la oficina de “asuntos hemisféricos”, una manera de dar por sentado que quien manda en América son los (norte) americanos, conforme a lo dictado por la doctrina Monroe. Cuando esta supremacía ha sido puesta en duda, Estados Unidos no ha titubeado en usar su conocimiento, su dinero, sus leyes y sus armas para mantener su hegemonía.


Sin embargo, la irrupción de China en la región ha cambiado las reglas del juego. Y es que Pekín, al volverse el primer inversionista y el segundo socio comercial de Latinoamérica, supo aprovechar el desinterés estratégico de la política exterior de Estados Unidos en su llamado “patio trasero” por estar concentrado en los conflictos del Medio Oriente y Asia, para imponerse como su rival con implicaciones geopolíticas en el corto y largo plazo.

La rapidez y la profundidad de estos cambios contrastan con la lentitud con la cual las élites latinoamericanas han asimilado su alcance. En un momento de dificultades económicas, ver llegar (muchos) dólares frescos provenientes de Pekín, ha sido percibido como una salvación a corto plazo. Pero conforme se afianza la influencia de China en la región, cabe preguntarse si convertirse en el patio trasero de Pekín, después de haber sido el de Washington, es una buena idea, o si no sería mejor que los latinoamericanos tomen su destino en sus propias manos para defender la mayor conquista de la región en los últimos cuarenta años: la democracia.

A pesar de tratarse de regímenes políticos totalmente distintos, China y Estados Unidos comparten la voluntad de mantener a América Latina bajo su influencia. Estados Unidos dice apoyar de manera irrestricta los valores democráticos denunciando a los regímenes venezolano, cubano y nicaragüense, pero hace del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro quien públicamente ha demostrado su admiración por las dictaduras militares y cuestionado la conveniencia de la democracia, su principal aliado en Latinoamérica. China, por su lado, defiende una relación armónica entre pares, sin intromisiones.

Pero las condiciones tan desiguales en las cuales se dan estos acuerdos le dan a China una capacidad de influencia tal que agendas que no son del agrado de Pekín, como la defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, son progresivamente dejados de lado en aras de mantener la relación con ese país.

Para contener, de alguna manera, la influencia china, Estados Unidos ha criticado esta “diplomacia de la trampa de la deuda”: argumentan que estimularía la corrupción, la destrucción del medioambiente y de los empleos locales y socavaría el Estado de derecho. Pero esta estrategia no ha tenido éxito.

En realidad, Washington ha contribuido a modificar el perfil de las inversiones chinas, que ahora ganan licitaciones públicas en campos más diversos y de más largo plazo, incluso en países cercanos a Estados Unidos, como Colombia. Y esto no implica que Pekín renuncie a ejercer su poder de prestamista en particular con los países que no tienen acceso a los mercados internacionales, mientras presiona por cuestiones políticas, como la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán (al menos tres naciones de la región ya lo hicieron).

Y de la misma manera que a Estados Unidos, a Pekín no le importará que el gobierno brasileño persiga a las minorías, ataque a los periodistas, censure la cultura e intente silenciar a la oposición.

Frente a ello, América Latina tiene dos opciones: dejar fluir la inercia y volverse una región bajo la influencia de una potencia que no promueve los valores democráticos o imaginar soluciones innovadoras para que el desarrollo económico y social contribuya a fortalecer la democracia y el Estado de derecho. Si se decide por la segunda opción, es necesario asumir que el manejo de la economía y de la política precisa cambios estructurales.

La economía de América Latina tiene varias trabas que impiden su crecimiento, como la baja productividad, el peso de la economía informal, el tamaño de la evasión fiscal y la persistencia de la corrupción. Sin embargo, el rentismo, fruto de la relación de promiscuidad entre el dinero y la política, contribuye en gran medida a obstaculizar el crecimiento económico y la movilidad social.



Una realidad global muestra una crisis de valores humanos
“Nuestra respuesta a esta epidemia debe abarcar, y de hecho, centrarse en aquellos a quienes la sociedad a menudo descuida o relega a un estado menor. De lo contrario, fallará. La salud de cada persona está vinculada a la salud de los miembros más marginados de la comunidad. La prevención de la propagación de este virus debe garantizar un acceso equitativo al tratamiento”.
Eso significa superar las barreras existentes para una atención médica accesible y asequible, y abordar el tratamiento diferencial arraigado en función de los ingresos, el género, la geografía, la raza y el origen étnico, la religión o el estatus social.

Además, según los Altos Comisionados, superar los prejuicios sistémicos que pasan por alto los derechos y las necesidades de las mujeres y las niñas, o, por ejemplo, limitar el acceso y la participación de los grupos minoritarios, será crucial para la prevención y el tratamiento eficaces del Covid-19.
Las personas que viven en instituciones, los ancianos o los detenidos, sean más vulnerables a la infección y deben abordarse específicamente en la planificación y respuesta a las crisis”. Los migrantes y los refugiados, independientemente de su estatus formal, deben ser una parte integral de los sistemas y planes nacionales para combatir el virus.

“Muchas de estas mujeres, hombres y niños se encuentran en lugares donde los servicios de salud están sobrecargados o inaccesibles. Pueden estar confinados en campamentos y asentamientos, o vivir en barrios marginales urbanos, donde el hacinamiento y el saneamiento con pocos recursos aumentan el riesgo de exposición”, afirman Bachelet y Grandi.

Los expertos aseguran que se necesita con urgencia apoyo internacional para ayudar a los países de acogida a intensificar los servicios, tanto para los migrantes como para las comunidades locales, e incluirlos en los acuerdos nacionales de vigilancia, prevención y respuesta. De lo contrario, se pondrá en peligro la salud de todos y se arriesgará a aumentar la hostilidad y el estigma.

También es vital que cualquier ajuste de los controles fronterizos, restricciones de viaje o limitaciones a la libertad de movimiento no impidan que las personas que huyan de la guerra o la persecución y puedan acceder a la seguridad y la protección.

Al extenderse rápidamente por todo el mundo, con la incertidumbre en torno al número de infecciones y con una vacuna todavía a muchos meses de distancia, el virus está generando profundos temores y ansiedades en individuos y sociedades, agregan.

“Indudablemente, algunas personas sin escrúpulos buscarán aprovechar esto, manipulando temores genuinos y aumentando las preocupaciones. Cuando el miedo y la incertidumbre entran en acción, los chivos expiatorios nunca están lejos. Ya hemos visto ira y hostilidad dirigidas a algunas personas de origen del este asiático”.

(*) Periodista, Historiador y Analista Internacional
diegojolivera@gmail.com

sábado, 2 de diciembre de 2017

Evasión de divisas y los Paradise Papers como evidencia sistémica

Por Bruno Lima Rocha:

Brasil, por desgracia, no está exento de la evasión de divisas. En el ranking de 2012, nuestro país ocupaba la vergonzosa de cuarto mayor volumen de depósitos en el exterior. Así, en tesis, tendríamos que rescatar cerca del 28% del PIB en stock, un monto alrededor de R $ 570 mil millones de reales. Es decir, uno de cada cuatro reales que circularían aquí dejó de alimentar la economía real, no generan ni empleo vivo y tampoco carga tributaria para ser disputada a través de políticas públicas. Estos valores están en "jurisdicciones especiales", también conocidos como "paraísos fiscales" y operan en el límite de la legalidad.


Por más amoral e indigno, no se podría  formalmente acusar de crimen sin las pruebas materiales del acto criminal, bajo el riesgo de tener que responder a un proceso millonario, con severos daños al modesto patrimonio de quien acusa. Los agredidos supuestamente estarían indignados con la "desconfianza". Entonces, sin "acusar", constato lo obvio en las evidencias subsiguientes, ante la última revelación de los depósitos de autoridades y multimillonarios en el extranjero. No será sin duda el último "escándalo", y menos aún la primera revelación de algo sistémico y ordinario como "excepción".

Los multimillonarios y sus empresas matrices, del "norte hegemónico" y en el eje anglo-sajón (EEUU y aliados) cometen permanente evasión fiscal y de divisas. La caída de ingresos es visible, siendo que la carga tributaria, incluso en el "centro del sistema" termina recayendo sobre salario y consumo, incidiendo en cascada en asalariados y jubilados, siendo probable la evasión fiscal y envío de recursos de forma sospechosa incluso en la Unión Que se ha revelado en otro "escándalo", este de los Lux Leaks, siendo que PricewaterhouseCoopers la principal operadora del fraude

La isla de Bermuda (gov.bm) es un territorio ultramarino británico, y aunque tiene cierto estatuto de autonomía, obedece a las reglas del gabinete de la primera ministra y puede sufrir intervención del gobierno londinense. Es considerada una "jurisdicción especial" del Reino Unido, dependiente en el aspecto de defensa y relaciones externas, además de operar como una lavandería del imperio. Las revelaciones contenidas en los llamados Paradise Papers  una de entre varias oriundas.

La clave de interpretación de esta nueva "revelación" es la presencia de un abogado y ex oficial del imperio británico, Reginald Appleby, que abrió una oficina legal en la isla de Bermuda, donde el mismo era visto como autoridad máxima. Se puede entender que la empresa Appleby (applebyglobal.com) como Transnacional (TNC) de servicios financieros acompañó la expansión de la llamada "industria offshore" y opera en una red de más de 60 oficinas afines vinculadas, tiene más de 470 profesionales legales - especializados, obviamente, en derecho tributario internacional y las arriesgadas operaciones que se derivan - estando en diez sedes físicas, todas «paraísos fiscales». Su matriz global es en Bermuda, pero tiene oficinas en las Islas Vírgenes Británicas, Cayman, Guernese, Hong Kong, Isla de Man, Jersey, Mauricio, Seychelles y Shanghai.

Los Paradise Papers, un esfuerzo investigativo a través del Consorcio Internacional de Periodistas (icij.org), son parte de los Offshore Leaks Database, recogiendo más de 500 mil personas jurídicas reveladas en los Papas de Panamá y Bahamas Leaks (2016), Offshore Leaks (2013) contar investigaciones regulares. En la fuga de Appleby Bahamas surgen tres figuras prominentes en Brasil: los ministros de Hacienda Henrique Meirelles y de la Agricultura Blairo Maggi, además del más rico brasileño en el planeta, Jorge Paulo Lemann y sus socios, Marcel Telles y Beto Sicupira, controladores de la 3G Capital. De forma cruzada, la 3G -que pertenece a los hombres que ocupan la posición 1º, 3º y 4º mayores billonarios del país- tiene participación en veinte empresas ubicadas en paraísos fiscales de la región, además de Bermudas, Cayman y Bahamas. Es interesante observar que en el sitio oficial (3g-capital.com) la empresa tiene sedes físicas en Nueva York, Río de Janeiro y São Paulo, y no en las islas arriba citadas. En el portal bermuda-online.org es posible localizar cientos de empresas con sedes offshore en la isla y también los "líderes mundiales" con cuentas abiertas en esa jurisdicción.

Los números de nacionales no son proporcionales a los nombres descubiertos. A diferencia del volumen de cuentas de brasileños encontrados en el Swiss Leaks (HSBC Suiza, revelados en 2015), constaban 6606 cuentas secretas de brasileños en el país; en Panamá Papers (revelaciones de la empresa Mossack Fonseca - mossfon.com en 2015) localizaron 1707 beneficiarios. Antes de esas dos revelaciones, era común que surgieran depósitos en el exterior a cada escándalo o investigación federal, como en la CPI del Senado investigando el Sistema Financiero nacional y el favorecimiento con informaciones privilegiadas a los mayores especuladores (físicos y jurídicos) siendo alertados de la devaluación del real ante él, dólar. En la ocasión fueron castigados los bancos de inversión Marka (presidido por Salvatore Cacciola) y FonteCindam (presidente Luiz Antônio Gonçalves), siendo que el primero poseía cuentas y empresas de tipo "offshore-onshore" en Uruguay.

Las dos instituciones financieras anteriores fueron las únicas a sufrir sanciones, pero la CPI constató la actuación de otras afines y tomadores de decisión a ambos lados del mostrador (empresas y Estado). Esta complementariedad, donde el ministro actual era el banquero o el CEO de ayer y podría llegar a ser el gerente del hedge fund o director de organismos internacionales de mañana materializa tanto la teoría de las puertas giratorias en la formación de una élite dirigente brasileña transnacional izada como también ejemplifica la captura del Estado por intereses privados, y específicamente financieros y especulativos.

La élite financiera y dirigente de los bancos, fondos de inversión y desgraciadamente, también de la autoridad monetaria nacional, no forman la excepción sino una regla a escala mundial. Con mayor o menor intensidad, así como el sistema financiero invierte su concepción lógica proporcionar créditos, ahorro interno y garantías productivas - y drena recursos para una ganancia de rentabilidad muy superior al de la economía real, lo mismo ocurre cuando estos individuos y sus empresas, así como las Transnacionales de control parcialmente pulverizadas con capital abierto en algunos países operan con holdings y trustes ubicados en "jurisdicciones especiales".

Si hasta los años '80 del siglo XX una de las grandes reclamaciones en América Latina (y en Brasil en específico) además de la estanflación y la deuda externa era la absurda remesa de ganancias poco o nada gravada para las matrices de las TNCs; hoy el cuadro es aún más espeluznante.


blimarocha@gmail.com