Por Sergio Ortiz:
La situación económica-social y sanitaria sigue siendo muy
preocupante. Como siempre, los mayores costos lo pagan los más humildes. El
dato bueno fue que entró el proyecto de impuesto a los más ricos. ¡Que sea ley,
urgente!
El viernes 28 se notaron las contradicciones entre la
realidad y los anuncios del gobierno nacional y el gobierno macrista de la
CABA. El informe daba cuenta de 222 muertos y 11.717 contagios de COVID-19 en
las 24 horas anteriores. Ayer sábado, con el informe matinal, se había llegado
a 392.009 contagios y 8.305 fallecidos.
Son datos muy empinados que superan largamente los
anteriores. Encima se confirma que las vacunas – un auspicioso anuncio de
semanas previas-, recién estarán disponibles en abril en el mejor de los casos.
Así lo declaró Hugo Sigman, el dueño de Insud, que fabricará la vacuna de
AstraZeneca-Oxford junto a un laboratorio mexicano.
Irónicamente se podría decir a los políticos de varios
signos políticos, que habían tratado de tranquilizar a la población con la
imagen de “la meseta”: esta meseta es cada vez más alta. Parece una montaña y
no una meseta…
La combinación explosiva de enfermedad y muerte, por un
lado, y profundización del parte económico por el otro, causa cada vez más
sufrimientos y malestar de la población.
En lo sanitario, aquellas alzas de contagios y
fallecimientos aconsejaban endurecer las medidas de aislamiento y volver, con
excepciones bien fundamentadas, a la primera cuarentena inaugurada el 20 de
marzo. Para eso había que tener determinación y valor, y espaldas para
aguantarse las reacciones adversas de quienes quieren liberalizar todo, aun
cuando “se mueran todos los que tengan que morirse”, según Alberto Fernández le
imputó a Macri.
No fue eso lo que ocurrió el viernes 28. El presidente
informó que hasta el 20 de septiembre seguiría la seudo cuarentena que no es
tal, con más autorizaciones, por ejemplo, reuniones sociales de 10 personas al
aire libre.
Al socaire de esa permisibilidad, Horacio Rodríguez Larreta
autorizó en Capital que bares y restaurantes sacaran mesas con sillas a la
calle. No le importó que, en su distrito, y como parte del Área Metropolitana
de Buenos Aires, la llamada meseta haya crecido casi como el Obelisco. Sus
intereses políticos directos, y sus conexiones empresariales, le aconsejan esta
apertura “onda Europa”. Cree que así podrá avanzar en su candidatura
presidencial del espectro derechoso del PRO-Juntos por el Cambio para 2023.
Del terceto reunido el viernes el más sensato sigue siendo
Axel Kicillof: reacio a las aperturas y preocupado por el cuidado de la vida en
la principal provincia. En todo caso se le podrá criticar que recién esta
semana se dio tiempo para recibir a la mamá del desaparecido Facundo Astudillo
Castro. Es un caso gravísimo de desaparición de persona y donde luce como
implicada la maldita policía bonaerense de modo que el gobernador debió dar ese
paso mucho antes y desprenderse de Sergio Berni. De todos modos, en lo que hace
a la cuarentena, que hoy es necesaria, es el único de los tres que busca
mantenerla.
Muchas necesidades
No es un cuestionamiento en particular a Fernández y su
gobierno del Frente de Todos, porque las necesidades de sectores populares
vienen de antes; en especial fueron afectados por la administración del ladre
MM.
En la vida se mezclan los tantos y hay responsabilidades
compartidas. Resulta difícil trazar una línea precisa y decir, “esto es culpa
de Macri” y “esto es del actual gobierno”. Por ejemplo, según datos oficiales,
desde mediados de 2019 hasta misma fecha de 2020 se perdió un millón de
empleos. Las dos etapas están salpicadas en este caso; en lo que respecta a los
Fernández, pueden alegar que recibieron una “pesada herencia” y además
sobrevino la pandemia.
En lo tocante a los destrozos causados por el coronavirus,
que acá comenzó en marzo, el macrismo no puede lavarse las manos pues dejó al
país sin ministerio de Salud, un ajuste generalizado y tremendo endeudamiento.
No es exagerado decir que el ingeniero fue aliado y pionero del virus.
El problema es que aquél descansa en Suiza, por ahora
impune, y los destrozos los paga la gente con su salud, trabajo, salario y
jubilaciones.
Dejando por un momento el tema de las responsabilidades pasadas
y presentes, hay que tomar nota de las reacciones sociales. Obvio, el cronista
no se refiere a los grupos desquiciados que enlodaron a la bandera argentina
defendiendo a Vicentín, Clarín e Inodoro Py. Importan las masas populares y sus
derechos elementales.
El ingenio Ledesma, del monopolio Blaquier, obliga a sus
7.000 empleados a concurrir al trabajo sin los recaudos de salud. Lleva 11
muertos y muchos contagios, dentro de una provincia como Jujuy desbordada por
la pandemia. Ese gremio hizo 7 paros y el gobierno dictó conciliación
obligatoria, en los hechos a favor de la patronal. En esa provincia habrá un
paro del personal de salud el martes 1.
No es el único, pues el jueves 3 habrá un paro virtual de
los investigadores y científicos del Conicet por aumento salarial. Paralizarán
el teletrabajo y marcharán, guardando distancias. Antes hubo protestas y
caravanas de médicos y enfermeros, que al 17 de agosto habían sufrido 70
muertes por contagios.
En Córdoba hubo tiempo atrás paros y marchas de los empleados
municipales, por despidos, y de los choferes de UTA y de AOITA, por falta de
pago de salarios. Ahora se vieron movilizaciones en la Capital, Carlos Paz y
Villa Allende en protesta por los incendios de 40.000 hectáreas; muchos los
suponen intencionales para achicar el bosque nativo ya reducido al 2 por ciento
de lo que existía y favorecer el agrobusiness.
En el conurbano bonaerense centenares de familias ocuparon
tierras. Son miles de personas que no tienen dónde vivir. Y en casos como
Guernica hubo desalojo policial, con heridos y presos. Otras 140 familias
ocuparon un predio forestal en El Bolsón, Río Negro. La lista sigue...
Un amigo del cronista le decía que, en Moreno, localidad
bonaerense de 600.000 habitantes, hay 400 ollas populares. Mucha gente come
algo, no las 4 comidas, gracias a los centros populares y la solidaridad.
La crisis es muy grave y puede ser aún más grave. Si no se
actúa ahora puede terminar en conflictos violentos. Cuando falta la comida y no
hay techo, no habrá aislamiento social preventivo ni obligatorio que valga. Que
tomen nota las autoridades y actúen en consecuencia. De lo contrario habrá
tenido razón el “Zabeca de Banfield” cuando dijo que hay “olor a sangre”. Como
viejo y reaccionario tiburón es lo que sabe oler, además de otros perfumes y
sustancias.
Una buena noticia y otra muy buena
La buena fue que el jueves el Senado votó la mini reforma
judicial, por 40 votos afirmativos contra 26. Para que la derrota del macrismo
fuera más dolorosa, presidió la reunión Cristina Fernández de Kirchner, quien
supuestamente así zafaría de sus causas judiciales.
Esa acusación es falsa: hay un artículo que dispone que los
jueces que hoy tienen las causas seguirán a cargo de las mismas.
Cualquiera hubiera sido la reforma judicial, igual la derecha
la habría rechazado porque cree que las cosas, las suyas, están muy bien en el
Poder Judicial.
Entonces, si se licua el poder de 12 grandes popes de
Inodoro Py, se oponen porque sería una merma de su poder real, ese que articula
con el poder económico y el de Clarín, La Nación y Desinfobae.
Si bien no significa un cambio de fondo para la orientación
democrática que debería tener ese poder tribunalicio, la petit reforma es
progresiva. Puede mejorar ese servicio público con los concursos, el sistema
acusatorio y más juzgados, fiscalías y cámaras federales en el interior del
país,
Cristina lo admitió: “el país todavía se debe una verdadera
reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”. Ella debería
impulsar un cambio profundo del Poder Judicial, mejorando sus proyectos
democratizadores de 2013, paralizados por la Corte de monseñor Lorenzetti. Como
la de míster Rosenkrantz es aún peor, se requerirá de una mayor voluntad
política. Y no parece que AF y Marcela Losardo la tengan...
El otro hecho, aún más auspicioso, fue que el viernes
ingresó el proyecto de aporte extraordinario o impuesto a los súper ricos. El
texto, demorado cuatro meses, pues se lo conoció en abril, tiene el patrocinio
de Carlos Heller y Máximo Kirchner.
Cobrará por única vez una tasa del 2 al 3,5 por ciento a
12.000 personas que tienen entre 200 y 300 millones de pesos. Así se recaudarán
300.000 millones de pesos, que se aplicarán a gastos del Estado en la
emergencia. Es de elemental justicia: que los que más tienen aporten algo para
atender necesidades de los menos pudientes.
Es un primer Paso de lo que debería ser una larga marcha
contra los monopolios, pero no hay tal marcha en el programa gubernamental.
Sólo un paso que, de todos modos, es positivo.
El problema son los tiempos. Ya se demoraron 4 meses y
Sergio Massa no tiene apuro: no fijó fecha para tratar la reforma judicial ni
el impuesto a la riqueza. Eso sí, el 1 de septiembre reunirá la cámara para
votar una ley sobre turismo y otra sobre pesca ilegal. Si el hombre de la
embajada pisa el freno, ¿cómo aprobar pronto aquellas normas tan importantes?
El tiempo es oro. En este caso, es vida.
ortizserg@gmail.com
