Parar la muerte como homenaje de No violencia contra la mujer

 Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:  

El 25 de noviembre representa un día de conmemoración concreta de las luchas sociales contra la violencia ejercida sobre las mujeres y asociadas al género.  Mary Wolstonecraft (1759-1797) en su libro de la vindicación de los derechos de las mujeres sentaba las bases de la lucha concretas y en contexto de mujer señalando que era tiempo de efectuar una revolución en el comportamiento de las mujeres y de restaurar la dignidad perdida. Anunciaba la parcialidad de la civilización negando a las mujeres, reduciéndolas a un mundo sin educación para ellas y a la existencia de falsas escuelas y no vacilaba en condenar que las estrategias sociales estaban concebidas para hacerlas débiles y desgraciadas con el fin de ponerlas a merced de las múltiples agresiones, discriminaciones y violencias.  

Nada de lo señalado hace 200 años parece haber cambiado, al menos en Colombia, aunque quizá si en mucho en otras latitudes, más progresistas y avanzadas donde la racionalidad ha logrado hacer de los derechos su principal esencia a seguir, y convertidas en un valor esencial de la cultura las conquistas por las libertades y el respeto por la libre elección de las mujeres y los hombres sobre sus conductas y maneras de ser. 

En Colombia no, la apropiación del poder por mafias y estructuras mafiosas no ha permitido cambiar nada, más bien reforzar la discriminación, la humillación, el odio que termina en violaciones, vejámenes de unas elites sin límites sobre todo lo demás empezando por las mujeres, sus mujeres, sus objetos. Las cortes de justicia reproducen el espíritu patriarcal y los gobernantes y tomadores de decisiones se señalan en masculino y del respeto a la propiedad manan la mayoría de males y vicios y hacen que los hombres que más violencia promueven sean tratados como semidioses.  

Del siglo XIX al XX hubo cientos de movilizaciones de mujeres contra la guerra, contra el hambre, contra la enfermedad, el racismo, la exclusión y la opresión, hasta llegar en 1979 a las naciones unidas que mediante la convención sobre la eliminación de la discriminación de todas las formas de la violencia contra la mujer, alentó nuevas agendas que confluyeron en 1981 en el movimiento feminista latinoamericano que acogió el 25 de noviembre como fecha de referencia contra la violencia ejercida contra las mujeres, como un homenaje a las tres hermanas Mirabal activistas y defensoras de los derechos de las mujeres asesinadas en 1960 en la Republica Dominicana. 

Las presiones sociales aumentaron hasta lograr que en 1993 la ONU emitiera una resolución que incluyó la declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer, que sirvió de base para que en el año 2000 la Asamblea de las Naciones Unidas acogiera de manera definitiva la fecha del 25 de noviembre como día internacional, instando a asumir de manera obligatoria a los estados, gobiernos y organizaciones para que a año a año coordinen actividades orientadas a elevar la conciencia pública sobre la gravedad de esta violencia y la necesidad de erradicarla.  

Esta violencia es prevenible, abominable, inhumana, miserable y tiene dos caras, de un lado se presenta a través de actos particulares de orden criminal del que solo dos de cada tres países han tomado posición prohibiendo y castigando la violencia doméstica, “en 37 todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima” y en otros 49 todavía no hay protección de la violencia doméstica. Y la otra cara inexcusable, prevenible, esta sostenida por actitudes criminales de estados y gobiernos que con indiferencias, negaciones de la paz, abominación por los derechos, sumidas en el autoritarismo y la arrogancia hacen llamados a la guerra, propician la barbarie y promueven las espirales de odio y sometimiento sobre determinados sectores sociales, en los que una vez puestos las mujeres, niñas y adolescentes en situación de debilidad por pobreza, marginación y olvido son atacadas de múltiples maneras.  

La violencia basada en genero define una violación de derechos humanos y con base en los hechos se ha dicho por ejemplo que “si en Colombia el 64,1 por ciento de las mujeres y el 74,4 por ciento de los hombres han sufrido algún tipo de agresión por parte de sus parejas, queda claro que la violencia de género en el país es una verdadera epidemia, sobre la base de que es un fenómeno prevalente en la mayor parte de la población”, esto determina que existe un problema estructural, cuya vertiente intrafamiliar genera maltrato, agresión, violación y negación por parte de hombres que ejercen patrones machistas y misóginos de los que se desprende su crueldad y la otra es la vertiente política y social provocada por la discriminación, el odio, la sevicia de conductas patriarcales expresadas con la negación de la existencia política de las mujeres y con ellas de toda oposición, el racismo, la xenofobia. 

 Una causa que no se puede omitir en esta violencia evitable está en el paulatino desmonte de los acuerdos de la paz pactada, que permitió volver a posicionar en la agenda pública la dualidad de la guerra y de la paz, y favorecer la muerte, esa que se expresa en masacres, asesinatos selectivos, violaciones sexuales como botín de barbarie, y que engendra polarización, engaño y destrucción de la tranquilidad y la convivencia, de la que sus mejores creadoras son las mujeres, madres, esposas, hermanas, mujeres a secas. La prevención de esta violencia sistemática y perversa pasa por la implementación de los acuerdos de paz y el desmonte del lenguaje ofensivo y guerrerista de los altos cargos del estado, del que se valen matones y maltratadores para justificar sus acciones y ridiculizar a sus víctimas.  

Como lo ha señalado ONU mujeres, “la violencia contra las mujeres provoca una amplia variedad de problemas físicos, mentales y sexuales, incluida la muerte; y que afecta a familias y comunidades enteras” y no resultan despreciables las cifras de la tragedia que enluta a unos y ofrece réditos políticos a otros.  

Entre enero y septiembre de 2020 Codex daba cuenta de alrededor de 630 mujeres asesinadas y cerca de 20.000 mujeres víctimas de agresiones. Cerca del 10% de las mujeres asesinadas eran lideresas sociales, es decir luchadoras sociales en defensa de derechos, y desde la firma del acuerdo de paz (que completó 4 años) sus negaciones, objeciones y desafueros por parte del gobierno han impedido afianzar la convivencia y alimentado la violencia. La tendencia sostenida de impunidad supera el 93%. 

Solo desde que inicio la pandemia el 25 de marzo se documentan 167 asesinatos de mujeres a causa de la violencia machista, ejercida por hombres narcisistas, con una imagen devaluada de sí mismos (elespectador.com, 11 de noviembre). “‘Nos están matando’, ‘paren la guerra contra las mujeres’, ‘ni una menos’, consignas que se escuchan en manifestaciones y que exigen cambiar esta realidad para las mujeres en Colombia y América Latina” …. (elespectador.com).  

mrestrepo33@hotmail.com 

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El poco estado social que queda, se desvanece en el aire

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

La constitución Colombiana de 1991 favoreció el consenso político, asimiló las políticas globales y retrasó el cambio social, que parecía imparable, luego de recuperarse de las violentas arremetidas contra el movimiento popular, primero en el paro cívico de 1977, y después a golpes encauzados con motosierra, masacres y desaparición forzada, resultantes del vínculo militar-paramilitar, como política encubierta, de gobernantes, preocupados por el control del poder (no por el bienestar de su pueblo).

Los derechos humanos llegaron a la constitución como anuncios de felicidad humana, pero su aceptación quedó a mitad. Las reivindicaciones sociales por las que se luchaba en los espacios públicos, no fueron adecuadamente recogidas, ni efectivamente protegidas y la enumeración de derechos triplicó los 30 artículos de la declaración universal, con cerca de 90 derechos fundamentales, que una vez consignados le fueron entregados en el podio del poder a las mismas elites que conducían al estado vigente, quienes de múltiples maneras impidieron avanzar hacia la sociedad de derechos, inclinando la balanza hacia la lógica de la sociedad del odio regulada por el mercado.

La constitución ha sido reiteradamente vulnerada, saqueada, reinterpretada al acomodo de los gobernantes que con ella firman la paz u ordenan la guerra. No ha sido acatada como la norma fundamental de garantía que debía servir para recomponer la relación Pueblo y Estado, y poder político con poder social, proveyendo condiciones objetivas para la lucha armada por una parte y la movilización social en las calles por otra, en lucha por bienes para realizar los derechos. El poder político tradicional, de entonces y de ahora, en cambio de responder a las históricas demandas sociales, ante la aparición de conflictos reconfigura sus alianzas con extrema velocidad para frenar el ímpetu de cambio y adormilar a la sociedad convencida de que la sola constitución y la ley todo lo pueden, por responder al espíritu del Estado social.

Sin embargo, aunque este conserve sus estructuras y sea declarado laico y multicultural, hace tiempo fue tomado pacíficamente por el estado mercantil, que instaló en los poderes públicos y las instituciones las reglas del mercado, de las que se desprendieron, antes que grandes sistemas de garantías para los derechos, novedosas fórmulas de interés privado (negocios) contenidas en leyes que actúan como políticas públicas, como en salud (a partir de la ley 100 defendida por Álvaro Uribe) o la ley 115 de educación (que coordinó Carlos Holmes Trujillo) o la ley 30 de educación superior. Igual suerte corrieron el agua potable, la energía y la vivienda, que entraron al mercado en calidad de mercancías, a las que se accede no por vía de los derechos, si no de las libertades, de tal manera que el responsable de las carencias deja de ser el estado y pasa a ser el mismo individuo solitario, obligado a jugarse en libertad sus desgracias o victorias.

Las condiciones de igualdad y libertad, a las que debería responder cada derecho fundamental de la constitución a cargo del estado, paulatinamente han tendido a ser borradas del ideario público y llevadas a la esfera o privada, donde nadie le responde al ciudadano. Educación o salud como derechos responden a la condición de inalienables, eliminan discriminaciones y exclusiones y aportan a la realización de la vida humana con dignidad, en la condición de simples servicios, responden al proveedor o productor al que no le interesa que el otro satisfaga su derecho, si no que su producto se venda en beneficio propio, pagado por el consumidor y cliente, al que poco le importa su contribución al patrimonio colectivo o la soberanía. El servicio esta separado de la responsabilidad del Estado mientras que el el derecho humano es deber del estado, como ocurre con la lógica del derecho a la paz que tiene el pueblo y que el gobierno trata de volver servicio para justificar la guerra.

La constitución de 1991, permanece tomada en sus partes principales por el interés privado, que encontró en el estado a su principal oportunidad (no a un enemigo) y ha actuado en consecuencia. Sin  cambiar las estructuras del estado social, modificó paulatinamente su sentido, su orientación, lo que permite explicar la impunidad total sobre fenómenos desastrosos como la corrupción y el clientelismo, que al ser tratados como asuntos de libertad personal e interés privado, impiden juzgarlos en el marco de los derechos donde serían violaciones, con responsabilidad de estado en consideración a que cada acto criminal cuenta con la omisión o participación sistemática de agentes del estado o hay vinculo con los partidos beneficiados directos de actuaciones fraudulentas.   

El discurso normativo, que emiten las partes constitutivas del estado, plegadas al gobierno, coinciden en reiterar que Colombia es un Estado Social de Derecho y el pueblo el soberano, pero en la practica la primera función esencial del estado social, que es ponerle bienes materiales y garantías institucionales a las demandas por derechos y proteger la vida y la dignidad preservando el espíritu soberano del pueblo parece una batalla perdida. Y la segunda tarea que es crear garantías de control social sobre la propiedad privada para salvaguarda de los bienes públicos como riqueza colectiva la hace al revés, con evidente premeditación, al favorecer la privatización y enajenar los bienes públicos, tangibles e intangibles y trasladar los bienes de la nación como el subsuelo, a ser propiedad del Estado, a sabiendas que este estaba tomado unas veces y asaltado otras por el interés privado, que con esa misma astucia despojó  a los derechos (en plural)de su capacidad para llevar al país a su civilidad y convivencia pacifica. Ahora, pretende suplantar de raíz al contrato social por el contrato económico, contribuyendo a que lo poco solido que queda del estado social de derecho se desvanezca en el aire.

P.D. Desencanto produce el indicador global de paz, Colombia en el puesto 145, Siria en el 153, Islandia es el número uno, allí el estado no roba, no mata, no pide guerra y la vida resulta sagrada.

mrestrepo33@hotmail.com

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La paz exige desmarcarse de la política de terror

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

Sin la política del terror impuesta por los financistas globales a los estados bajo el nombre de seguridad y de la imposición de la guerra preventiva a partir del 9/11 de 2001, las rentas de las elites no crecerían tanto como quieren, ni la sociedad podría ser controlada como pretenden. De manera que en ningún lugar del planeta y en el siglo que vivimos, se puede esperar que estén dispuestas a cambiar su manera de existir. La fuerza motriz de la sociedad son sus prácticas y cambiarlas no es un asunto de buenas intenciones de la clase en el poder, ni de esgrimirle papeles firmados, ni de adecuar al momento e interés coyuntural las categorías con las que se explica lo que ocurre en la realidad.

El orden de las transformaciones sociales indica que sin la presión, la revuelta, el alboroto organizado y el sonido de tambores y de arengas en las calles no hay solución a las demandas de paz, trabajo, alimento, vivienda, educación o salud, de un pueblo eternamente desconocido y maltratado. Primero van los cambios en la realidad material y después sì de las categorías que la explican. En eso va la tensión entre la inmensa Colombia que hace tiempo construye paz desde abajo, con decenas y decenas de experiencias de resistencia, rebeldía, desobediencia y levantamientos que han cambiado  la realidad y permitido que por lo menos exista lo poco que existe, entre adversidades, persecuciones, asesinatos, desapariciones, amenazas, hostigamientos y falsedades y; la escasa población agrupada en elites que ostentan poder y capital y se niegan a ceder aunque sea el más mínimo de los privilegios que obtuvieron de manera legal o fraudulenta en medio de la guerra.

Corresponde al gobierno Santos radicalizar sus posturas para defender la paz firmada, salirse del camino trazado por las huestes guerreristas y homogeneizadoras que impiden la pluralidad política. Hasta hoy resultan confusos sus movimientos (bandazos) entre las aguas de la paz y las de continuación de la guerra, aunque sea de otra manera o en guerras ajenas. Es pequeño el espacio que queda para llenarlo de confianza, cuando al tiempo se cruzan las palabras y llamados a la paz con honestidad, sin corrupción, sin cizaña, sin odio ni venganza en la reconciliación que vino a promover el papa Francisco a creyentes e incrédulos para sellar la paz firmada y los llamados a mantener la polarización, las salidas de fuerza y la defensa de las políticas de terror que propondrá Netanyahu, el primer ministro de Israel, después de celebrar la muerte de civiles en la acorralada Palestina, y en evidente continuación de las acciones que hace menos de un mes vino a proponer el vicepresidente Norteamericano Mike Pence, que con solo una charla de estado logró irse con el botín de cinco mil soldados listos para enviar a combatir a corea del Norte y a defender de la extinción el mismo planeta que ellos cínicamente depredan sin límite y a escalas incuantificables cada día.

Promover la modificación de las prácticas sociales que tienen el espíritu y letra de la guerra, y ponerse del lado del pueblo (y del papa), comienza porque el estado se desmarque con urgencia de la política exterior norteamericana en ejercicio de la libre autodeterminación e independencia, y se salga del marco del terror que le proponen continuar, a su costa con recursos de la riqueza nacional, de los impuestos y los empréstitos para la muerte.

Es en la vida práctica que el gobierno, a la cabeza del estado, debe implementar hechos de paz, no basta con llenar auditorios, ofrecer cursos, seminarios, diplomados, especializaciones y proyectos descontextualizados de la realidad de las víctimas y en general de la sociedad desarmada. No basta con recubrir (o encubrir) con retoricas de paz y convivencia lo mismo que se hacía en la guerra, ni tampoco es suficiente con crear en las instituciones comités de derechos sin antes comprender que en su nombre también se agencia el horror y la masacre. Las prácticas militares no pueden seguir siendo de guerra, ni las policiales de control y restricción de libertades y derechos en nombre de dios y de la patria, ni las de las instituciones pueden seguir acentuando desigualdades. Universidades, escuelas, fabricas, empresas e instituciones, ministerios, alcaldías, fiscalía, procuraduría, contraloría, cortes de justicia y legisladores, están llamadas a ratificar sus compromisos éticos y de incorruptibilidad y abandonar la competencia por tratar cada una de ser la mejor en solitario y de crear su propio monopolio del hacer o del saber para venderse mejor en nombre de la paz.

Es urgente eliminar estigmatizaciones, discriminaciones, racismos, homofobias, misoginias, prejuicios morales y religiosos y maneras clientelistas, corruptas y mercantiles de gobernar. Basta de correr acríticamente detrás de metas e indicadores abstractos que impiden ver la realidad y que en cambio de mejorar la convivencia generan angustia y dolor (como lo fueron los falsos positivos movidos por indicadores), y que invalidan la solidaridad y limitan el reconocimiento del otro como un ser humano a secas, antes que verlo y contarlo como una categoría o un instrumento del capital. La guerra ha destituido el sentido y el valor de los derechos conquistados y es un compromiso conjunto de pueblo y estado recuperarlo. La realidad que va de la guerra a la paz, no se cambia modificando letreros y avisos, ni con publicidad renovada, ni incorporando las palabras de moda. Urge derribar las bases de las contradicciones, mover de su lugar a las elites y diseñar en colectivo y con sentido de nación otros poderes y formas de ser humanos.

mrestrepo33@hotmail.com

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