Por Claudio Della Croce:
Venezuela
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el jueves
último el refinanciamiento y reestructuración de toda la deuda externa y de
todos los pagos externos para hacer un equilibrio y cumplir con todos los
compromisos del país”, tras destacar que la última semana se realizó el pago de
841 millones de dólares de deuda externa y este viernes de 1.121 millones de
dólares correspondientes al bono Pdvsa 2017.
“Nuestra intención es seguir cumpliendo internacionalmente
pero nuestra intención es que cese la persecución financiera de los bancos
internacionales contra Venezuela”, aseveró. El Jefe de Estado nombró a una
comisión especial para iniciar este refinanciamiento, la cual será presidida
por el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien pidió convocar a todos los
bancos y tenedores de bonos.
Desde distintas corrientes ideológicas se venía planteando
que para que el país pueda salir de la dramática situación de crisis, era
necesaria una reestructuración negociada de la deuda en aras de buscar realizar
una quita tanto de capital como de intereses.
Maduro dijo que en los últimos cuatro años, el país ha
pagado un total de 71 mil 700 millones de dólares. Según los analistas
financieros más allá de que Venezuela haya sido un pagador puntual de deuda,
las presiones en forma de sanciones financieras desde Estados Unidos y la caída
de los ingresos petroleros obligan ahora al gobierno a cambiar la estrategia y
buscar una negociación que presenta dificultades
La sanciones financieras que el gobierno de Donald Trump
impuso a Venezuela en agosto tuvieron su primer efecto visible la última
semana, ya que el anuncio de Maduro refleja las dificultades de Venezuela para
cumplir sus compromisos de deuda: ha duplicado su deuda en bonos en los últimos
diez años, tanto a través del Estado como de la petrolera estatal PDVSA. La
deuda de Venezuela supera los 130.000 millones de dólares, según cálculos de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que no
necesariamente son fidedignos.
La capacidad de pago del país está vinculada a la de
generación de divisas procedente de las ventas del petróleo, y la sostenida
caída de los precios del crudo ha dificultado unos pagos que sin embargo hasta
ahora el gobierno cumplió siempre. Venezuela, como país exportador, enfrentaría
problemas aún más graves que otras naciones en caso de que se confirme una
cesación de pagos o "default".
La caída de ingresos –que obliga a la búsqueda de
financiamiento externo- y el pago de deuda provocaron que las grandes
perjudicadas fueran las importaciones en un país que casi sólo produce petróleo
y trae del extranjero lo demás. En 2016 se produjo una caída de importaciones
del más de 50% respecto a 2015 –admitió Maduro- lo que significó problemas de
abastecimiento de alimentos y medicinas para la población y una alta inflación.
Y la caída de las importaciones afecta en diferente grado tanto a la producción
como al abastecimiento de bienes esenciales.
De concretarse esta reestructuración, el gobierno tendría un
respiro y podría dedicar más fondos a la compra de productos básicos.
Estrategia financiera
"Un refinanciamiento es una oferta de canje de bonos
que se le ofrece a los inversionistas, y que ellos aceptan o rechazan
voluntariamente. En una reestructuración se elimina el carácter voluntario y se
le obliga a los inversionistas a aceptar los nuevos bonos. En cualquiera de los
casos, el anuncio de Maduro fue más operacional dado que las sanciones del
gobierno estadounidense prohíben la emisión de nuevos bonos", dijo
Alejandro Grisanti, experto en deuda.
El gobierno critica que pese a sus pagos puntuales, su prima
de riesgo, que mide la posibilidad de impago, sea elevada. El indicador
responde a percepciones en las que tiene que ver la grave crisis económica que
atraviesa el país con la mayor inflación del mundo. El riesgo concede a los
bonos una alta rentabilidad, lo que los hace apetecibles para los acreedores y
eso a la vez mina las arcas del Estado venezolano, señala el diario opositor El
Nacional.
Maduro denunció que la firma financiera Euroclear bloqueó el
pago de 1.200 millones de dólares en los bonos que vencían el último jueves. No
da para sorprenderse: se trata de una compañía de servicios financieros con
sede en Bélgica especializada en la liquidación de transacciones de valores,
así como en la custodia y el mantenimiento de activos de estos valores. Fue
fundado en 1968 como parte de J.P.Morgan. para liquidar operaciones en el
mercado de eurobonos en desarrollo.
El 25 de agosto último, Maduro informó que su gobierno, a
pesar de la crisis y la guerra económica, cumplió fielmente con sus compromisos
internacionales.
La estrategia financiera del gobierno incluía seguir
endeudándose con aliados internacionales, bien fuera a través de préstamos
pagaderos con petróleo y colocando como garantía las acciones de Citgo (la
filial estadounidense de la estatal venezolana); la emisión de bonos como fue
la última realizada en diciembre 2016, y la realización de operaciones de
reingeniería financiera.
Algunos analistas señalan como lesivos para la nación sendos
convenios firmados en torno a las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del
Orinoco, al Arco Minero del Orinoco y la venta de deuda con apetitosos
descuentos para los “fondos buitre” como la venta de bonos al Banco de Inversión
norteamericano Goldman Sachs realizado por el Banco Central de Venezuela (BCV)
en mayo de este año con un descuento de un 69%, a través de un intermediario
financiero.
Al precisar las sanciones por parte del Departamento del
Tesoro estadounidense, aparecen en la lista de los activos financieros
perdonados, tres bonos identificados: ISIN XS0838835451, XS0504851535 y
XS0838864808 que suman la cantidad de 1.022 millones de dólares que no forman
parte de la deuda, sino que son de carácter privado y fueron constituidos por
“empresas de maletín” en paraísos fiscales.
El mandatario dejó en claro que el país ha cumplido con sus
compromisos internacionales, aunque desde Estados Unidos se trate de presentar
al país como incumplidor de los mismos. La campaña es dura y este fin de semana
se sumó a ella el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien señaló que el país
“ha incumplido los plazos estipulados en los reglamentos del organismo” y dio
un plazo de seis meses a Venezuela para que proporcione estadísticas sobre su
economía (exportaciones e importaciones locales, operaciones de seguridad
social)
Alcance de las sanciones de EEUU
Es indudable que las sanciones impuestas al gobierno de
Venezuela, están dirigidas a generar ahogo financiero, ya que restringen el uso
de la plataforma bancaria de Estados Unidos para la estrategia que en materia
financiera ha venido ejecutando el gobierno en aras de paliar en el corto
plazo, las necesidades de flujo de caja en dólares y poder garantizar el perfil
de buen pagador.
La administración de Donald Trump golpeó aún más las
finanzas venezolanas al prohibir en agosto "transacciones con títulos de
deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compañía petrolera
estatal" (Pdvsa). Fueron las primeras sanciones más allá de las
individuales contra un gobierno al que Washington trata de derrocar por
cualquier forma. Maduro afirmó que las sanciones le impidieron emitir un bono
que tenía listo hace dos meses y que le habría supuesto entre tres y cinco mil
millones de dólares al país.
Pero, a su vez, estas sanciones contribuyeron a fortalecer
las relaciones que en el plano de la geopolítica mundial viene consolidando con
los capitales chinos y rusos, aun cuando ello signifique, como efectivamente
está ocurriendo, ceder progresivamente soberanía.
Hay quienes opinan que Trump ha sido el mejor aliado del
gobierno de Venezuela, ya que le genera situaciones de donde sale con
posiciones y alianzas que no hubiese logrado si el presidente estadounidense no
se mete al mismo tiempo con China y con Rusia, conforman un Club que tienden a
ser solidarios con Venezuela porque también son afectados con sus sanciones
suicidas. China sabe, desde hace tiempo y por experiencias, que el manejo
macroeconómico del gobierno bolivariano es un desastre y que la corrupción
ahoga toda inversión útil.
Hasta la segunda mitad de 2018 Venezuela no tiene más
obligaciones, aunque aún restará el pago de 800 millones de dólares en
intereses, para los que hay un periodo de gracia de 30 días, según la agencia
Reuters.
La reestructuración plantea ya de inicio un inconveniente
formal. Según Maduro, el encargado de la comisión reestructuradora de la deuda
será el vicepresidente Tareck el Aissami, sancionado por Estados Unidos, país
sede de la gran mayoría de acreedores. O sea, los tenedores de bonos no podrán
negociar con El Aissami ni con el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa,
igualmente en la "lista negra" de Washington, que con sus medidas
obliga al gobierno de Maduro a cambiar de estrategia.
Llama la atención que integran esta comisión personas sin
conocimientos económico-financieros, ni experiencia en temas tan especializados
como la renegociación de la deuda, y resalta asimismo la ausencia del BCV, tal
vez el único rincón institucional donde queda algún equipo con experiencia y
conocimiento. Lo que se teme es que este equipo sea presa fácil de los expertos
que llegarán del mundo de las finanzas globales, los cuales disfrutarán
imponiendo esquemas que les resultarán en altísimos beneficios particulares.
Las arremetidas de la administración Trump contra Venezuela
se amplificaron en agosto y profundizaron mediante la asfixia focalizada por
parte de operadoras financieras contra el principal activo venezolano en
Estados Unidos: Citgo Petroleum, filial de Pdvsa especializada en la refinación
de crudo, que se traducen en un embargo petrolero no abiertamente declarado,
pero que se ejecuta rigurosamente contra los activos petroleros del país. Es
parte de un golpe financiero.
Washington creó las
trabas que dificultan obtener las líneas de crédito necesarias para comprar los
760 mil barriles diarios de petróleo y así sostener el abastecimiento normal de
sus tres refinerías en Illinois, Texas y Luisiana, que necesitan unos 380 mil
barriles diarios de crudo liviano, que es comprado en EEUU, México o Canadá,
para así mantener las actividades de refinación y generación de combustibles
con destino al mercado estadounidense.
La operación de
asfixia consiste en que pocos proveedores de petróleo están dispuestos a vender
cargas a Citgo en crédito abierto, y en lugar de eso exigen el pago anticipado
o cartas de crédito bancarias para abastecer su red de refinación. Citibank, JP
Morgan, Credit Suisse, BNP Paribas, ABN Amro y Deutsche Bank, parte de la élite
financiera global, con un historial consolidado de ataques financieros a
Venezuela, son las que se niegan a dar las cartas de créditos a los
suministradores de crudo a Citgo.
La deuda
La deuda pública total (soberana y de PDVSA) de Venezuela se
ubica - -según cálculos académicos- en unos 181.038 millones de dólares, de la
cual entre el 77% y el 80% está organizado en bonos que si bien fueron
adquiridos en bolívares, tanto su cupón como su pago al vencimiento, se deben
realizar en dólares. Este tipo de operaciones de deuda (deuda interna
externalizada), se inició en 2007, cuando PDVSA emitió bonos pagados en USD
(7.500 millones de la deuda total de 16.006 millones de dólares de Pdvsa para
ese año). El uso de la deuda como mecanismo de captura de capitales, se puede
sostener en el hecho de que el país incrementó su deuda durante el período de
mayor boom petrolero de toda su historia
En cuanto a la deuda pública total (sin incluir la de Pdvsa)
como porcentaje del PIB, pasa de ubicarse para el año 2008 en torno a un 17,6%,
a un 71% en el año 2015. Incluyendo PDVSA, pudiera estar en 2016 alrededor del
100% del PIB. La deuda total, sin incluir a PDVSA, pasó de estar ubicada en
torno al 104% en relación a las reservas internacionales en 2008 a 1502% este
año (hasta marzo).
¿Recompra?
El sorpresivo anuncio del gobierno venezolano de iniciar una
reestructuración de la deuda externa se produce en un momento complicado para
el país, por lo que para lograr esa meta tendrá que sortear una serie de
obstáculos que van desde asuntos domésticos hasta relaciones internacionales.
Al anunciar una negociación con sus acreedores, encabezados
por China y Rusia, Venezuela quiere ganar tiempo para recomprar eventualmente
más tarde una parte de su deuda a precios muy bajos, afirmó Juan Carlos Rodado,
del banco Natixis, quien es enfático al descartar un default, al no tener
pendientes pagos importantes en el corto plazo. Para Pdvsa el próximo pago
vence en octubre de 2018 (los pagos mensuales en promedio de 142 millones de
dólares) y para Venezuela viene en agosto de 2018, con pagos de 240 millones de
dólares.
Al no tener ningún pago fuerte en los próximos meses,
Venezuela tiene tiempo para recomprar su deuda. Tras el anuncio de Maduro, el
precio de los bonos cayó y si hoy quiere comprar sus propios bonos (otra cosas
es que lo pueda hacer), los va a pagar a la mitad del precio. Para algunos
analistas financieros internacionales, ésta puede ser una estrategia de
Venezuela, pero la realidad es que no tiene recursos. Amenos que lo haga a
través de Rusia y China, por ejemplo.
Desde el gobierno de Estados Unidos se viene presionando a
los tenedores de bonos y los grupos de reestructuración de deuda (Cleray
Gottlieb, Millstein) para que exijan negociaciones con la opositora Asamblea
Nacional y no con la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legalidad cuestiona.
Por ejemplo, Mark Walker, de Millstein, aseguró que no estarán dispuestos a
negociar con un régimen si existe el riesgo de que los valores que reciben en
una reestructuración puedan ser impugnados por un gobierno posterior.
En un proceso de reestructuración lo natural es ofrecer
nueva deuda para extender los plazos de pago. Los bonos venezolanos y de Pdvsa
están regulados por las leyes estadounidenses y ese país prohibió la emisión de
nuevos papeles de ambas entidades por un plazo mayor a 30 días, lo que
significa un gran obstáculo para negociar.
Las perspectivas económicas del país no son alentadoras y
las señales de cambios que ayuden a resolverla son escasas, tanto en lo
referente a la recuperación de la producción petrolera y de la economía en
general, mientras se espera que el gobierno haga público el presupuesto de la
Nación para el año 2018. Según las cifras de la OPEP, en el último año, la
producción ha caído en 249 mil briles diarios (-10,7%), lo que significó tres
mil millones de dólares millones menos de ingresos .Además, Venezuela ha
comprometido parte de su producción con préstamos realizados de forma bilateral
con China y Rusia.
Y, paralelamente, la capacidad de producción de la industria
petrolera, lejos de incrementarse ha venido sufriendo un deterioro vertiginoso,
denunciado no solo por el exministro de Petróleo y presidente de Pdvsa Rafael
Ramírez sino también por el Fiscal General provisional (Tarek William Saab),
quien vincula los hechos de corrupción en la Faja del Orinoco con un posible
plan conspirador para hacer caer la producción petrolera.
Había consenso en el país sobre la necesidad de una
reestructuración negociada de la deuda en aras de buscar realizar una quita
tanto de capital como de intereses, alejándose de la asesoría-negociados de
algunos asesores extranjeros, más allá de las consideraciones de que una gran
parte de la deuda venezolana está asociada a un mecanismo delictivo de captura
de renta petrolera. Lo de Maduro fue el anuncio de un anuncio: el tiempo y la
realidad dirán que significará realmente.
Claudio della Croce:
Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano
de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: http://estrategia.la/2017/11/05/venezuela-reestructuracion-refinanancion-default-voluntario/
apierantoni.alba@gmail.com
