Por Carolina Vásquez Araya:
Aborto: Interrupción de un embarazo (Diccionario
panhispánico del español jurídico)
La prevalencia de doctrinas religiosas en los países
latinoamericanos, cuya influencia ha sido estampada hasta en textos
constitucionales, constituye un obstáculo aparentemente infranqueable para uno
de los problemas sociales y de salud pública de mayor impacto en países de población
mayoritariamente pobre: el derecho a la interrupción de embarazos de alto
riesgo o producto de violaciones. Así, las muertes evitables en niñas,
adolescentes y mujeres por la práctica clandestina de este procedimiento,
terminan siendo resultado de decisiones políticas destinadas a privar a los
menos privilegiados de acceso a la educación y a servicios básicos, como la
máxima expresión de un sistema patriarcal de dominación y control.
En los países de nuestro continente, se estima que unos 25
millones de mujeres carecen de acceso a métodos anticonceptivos; pero la cifra
se queda corta al sumar a quienes, a pesar de tenerlos, no los utilizan por
razones religiosas, por desconocimiento o por imposición de los hombres en su
círculo inmediato: pareja, padre, hermano o alguna autoridad de su comunidad.
También se conoce la tremenda prevalencia de violencia en el ámbito familiar,
violaciones sexuales, incesto y trata de personas, a cuyas víctimas el sistema
deja a merced de sus agresores. Esta amenaza se cierne sobre las mujeres, la
niñez y la juventud, sometidas desde el inicio de su vida a un sistema de
estricto control masculino que les priva de su derecho a una vida sin violencia
y acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones.
Para ilustrar la dimensión del drama humano enfrentado por
este sector, baste constatar que las cifras de embarazos en niñas y
adolescentes, de entre 10 y 14 años, en un solo país y durante los primeros
cuatro meses de 2020, ascienden a cerca de mil 500; estas, reportadas por el
Observatorio de los Derechos de la Niñez en Guatemala, Ciprodeni. Sin embargo,
Guatemala –al igual como muchos otros países de América Latina-, carece de un
sistema confiable de estadísticas y registro, ya sea por la ausencia de
instituciones del Estado en una buena parte de su territorio, ya sea porque
muchos casos son ocultados por la familia de las víctimas, por lo cual los
datos presentados podrían ser solo una muestra parcial de esta tragedia.
Estas niñas agredidas y violadas son, por decisión política,
sometidas a la tortura de llevar su embarazo a término y, adicionalmente,
exponerse a perder la vida y, de sobrevivir, a perder las mínimas oportunidades
que el sistema les podría brindar. Es decir, quedan sujetas a un régimen de
absoluta privación de todo aquello que presta valor a su existencia. La
interrupción del embarazo para estas pequeñas víctimas de un sistema aberrante
de poder patriarcal, debería ser una prioridad en el sistema de salud y también
derribar de una vez por todas los absurdos prejuicios que rodean a esta
práctica sanitaria. Del mismo modo, poner el procedimiento al alcance de
quienes lo necesiten ya sean niñas, adolescentes o adultas, tal y como se
brinda en hospitales privados a mujeres de círculos sociales privilegiados que lo
requieren y lo reciben en un ambiente sanitario adecuado.
La negativa de esos mismos sectores de privilegio a poner al
alcance de las familias la educación sexual y los métodos para planificar los
embarazos, evitando así tanta muerte innecesaria no responde, por lo tanto, a
una postura ética sino a una política de control y prevalencia de un sistema
arcaico de dominación social, instrumentalizado por medio de doctrinas
religiosas y restricción del acceso a la educación para las grandes mayorías.
Las restricciones sanitarias castigan con especial dureza a
la niñez.
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