Por Sergio Ortiz:
La semana política
La política mostró figuras chamuscadas como las de Arcioni,
Insfrán, Macri, Bullrich, Losardo y otras. Más preocupantes que esas llamas
fueron las otras, las reales, en Chubut, con implicancias políticas.
Gildo Insfrán es un personaje poco defendible. Hace 33 años
que es mandamás de Formosa, sumando mandatos como vicegobernador y los últimos
25 años como el número 1. Los ribetes feudalizantes no se agotan allí y se
extienden a la manera como maneja los asuntos públicos. Gildo canta “no me
arrepiento de este amor” por la cosa pública.
Además de muchos votos en Formosa, tiene aliados políticos en el país, que salieron a hablar maravillas suyas. Había habido incidentes callejeros y represión policial a raíz de su justo decisorio de volver a la etapa 1 de aislamiento por el peligro de contagios por cercanía con Paraguay y Brasil con su mutación Manaos del virus.
Entre las cosas positivas de Formosa está su buena
performance contra el COVID-19: sólo 3 muertos cada 100.000 habitantes. Ante la
amenaza de una vorágine de contagios, el eterno gobernador dispuso con mano
férrea volver al aislamiento, que la oposición calificó de “cárcel” y provocó
protestas. Por un lado, hubo sectores populares afectados por una parálisis
económica que mermaría sus ingresos, y por el otro los opositores locales y sobre
todo a nivel nacional, con Patricia Bullrich a la cabeza, aprovechaban ese
conflicto para denunciar a Insfrán. Sobre todo, tiraban por elevación a Alberto
Fernández.
Hubo represión policial y eso merece condenarse, pero de
igual modo hay que cuestionar la violencia institucional en CABA, Provincia de
Buenos Aires, Córdoba y otros lares. Hay miradas sesgadas y selectivas que ven
la paja en el ojo ajeno y no la bala de goma en el propio.
Consciente que la cercanía con Insfrán no garpa mucho, AF lo defendió en forma oblicua y se permitió cuestionar la represión institucional. Unos lo llaman pragmatismo, otros oportunismos; como sea, el mandamás del noreste no debe haber quedado satisfecho. Lo que sí resultó un mimo fue el argumento de algunos de defensores que lo pintaron como un campeón de la lucha contra el contrabando. Según esas versiones, a Insfrán el lío se lo están haciendo por ser un obstáculo al contrabando de soja hacia Paraguay, que luego es exportada como originaria de ese país, evadiendo el pago de impuestos y retenciones.
Esa idea aumenta la discusión sobre el futuro del sistema de
la Hidrovía Paraná, que un decreto presidencial más la firma del ministro de
Transporte Meoni, de noviembre pasado, pretende seguir la onda privatizadora
cuando concluya el contrato en abril. El 18 de marzo habrá una protesta de
organizaciones sociales y políticas del Frente por la Soberanía Nacional, ante
el ministerio de Transporte. Reclaman un sistema estatal en esos puertos, con
flota propia, justa percepción de impuestos, el dragado del Canal Magdalena y
fin del contrabando millonario en toneladas y en dólares. En esa polémica se
verá dónde está embarcado Insfrán.
No es No
Esa consigna del movimiento feminista para rechazar las
pretensiones machirulas, fue popularizada por las asambleas contra la minería
en Chubut.
El gobernador Mariano Arcioni es un devoto de la minería.
Desde 2018 viene bregando por una zonificación que permita la explotación de
plata, plomo y cobre a cielo abierto, actualmente vedada por ley del año 2003.
La oposición ciudadana fue ganando las calles y los oficialistas no lograron
dictamen en la comisión de la Legislatura.
El mandatario provincial, íntimo aliado de Sergio Massa en
el Frente Renovador, cuenta con el beneplácito del presidente Fernández para su
proyecto minero. A 8 días de asumir, en 2019, AF bendijo en Mendoza esos
proyectos de multinacionales para tierra cuyana y chubutense. Dijo que serían
sustentables y dejarían grandes ganancias al país, económicas y financieras.
La resistencia mendocina con múltiples movilizaciones tiró
abajo la ley aprobada a pedido de esas multinacionales, por lo que el
gobernador radical de Juntos por el Cambio tuvo que meter violín en bolsa.
Un proceso opositor está sucediendo en Chubut y se
visibilizó nacionalmente por lo sucedido con la visita del presidente a la
provincia y su reunión con intendentes en Lago Puelo. La provincia viene
sufriendo incendios brutales que sólo en esa zona dejaron rescoldos humeantes
de 300 viviendas.
La derecha local acusó a comunidades mapuches de ser la mano
intencional que prendió esos fuegos, sin ningún fundamento fuera del racismo
que los permea.
Sin estar demostrado científicamente, en cambio, tiene más posibilidades de resultar cierta la versión ambientalista. Dice que los incendios fueron promovidos por intereses mineros pues las luces y llamas pueden indicar la existencia de riquezas mineras si son observadas desde satélites. Casualmente no hubo fuego en los pagos de Joe Lewis y otros latifundistas afincados en zona patagónica.
Fernández viajó con algunos ministros a Chubut para mostrar
tardía preocupación por los incendios y anunciar 200 millones de pesos para
mitigar daños (otras informaciones hablaron de 700 millones). Y eso lo llevó a
reunirse con intendentes en Lago Puelo, pidiendo a Arcioni no asistir,
consciente de su impopularidad y conflictividad.
Pero el mandatario no aceptó su exclusión. Hubo protestas e
incidentes, y varias piedras impactaron en la camioneta de la comitiva
presidencial. Eso generó un arduo debate político y en las redes sobre quiénes
habían sido los violentos. Se sabe de la preferencia de Clarinete y demás
medios desinformativos por enrostrar las acciones violentas a mapuches y
opositores a la megaminería.
Sin embargo, los ambientalistas grabaron videos y
testimonios acusando a barras bravas del gremio de la Construcción, que
agredieron a manifestantes y fotógrafos. Algunos agresores se retiraron en una
camioneta que pertenecería a la policía de Esquel.
Al margen de quienes tiraron las piedras, los que
escondieron la mano fueron la canadiense Panamericana Silver, en
responsabilidad compartida con Arcioni. AF salió a los piques en camioneta,
pero una parte de su capital político se chamuscó en Chubut.
Con amigos así…
Sobre los patoteros de la Construcción habría que
preguntarle a Gerardo Martínez, el burócrata mayor de la UOCRA que casi con la
antigüedad de Insfrán, maneja ese gremio desde 1990. Y es uno de los
representantes elegidos a dedo por el gobierno para el Consejo Económico y
Social (CES), que el 5 de marzo debutó con una reunión de 30 integrantes en un
“Retiro” en Parque Norte. A diferencia del gobernador de Formosa, que viene de
las filas del PCR, Martínez fue informante del Batallón 601 de Inteligencia.
El edecán mayor del CES, Gustavo Béliz, condujo las ocho
horas de deliberaciones de cinco comisiones (eucarísticamente “Misiones”) sobre
temas muy etéreos. Los dramas de la Patagonia no figuraron en esa agenda tipo
cháchara, donde Martínez y otros burócratas como Héctor Daer y Antonio Caló
intercambiaban fotos con Miguel Acevedo, de la Unión Industrial y Aceitera
General Deheza y otros popes monopolistas, con alguna excepción Pyme.
Al sentarlo en esa mesa de debate, con influencia más allá de los asuntos que formalmente trate, el gobierno le está dando al mundillo empresario un plus extra del que ya tiene por sus poderes fácticos y financieros.
Una nota en Página/12 titulada “El poder económico piensa en
las elecciones”, da cuenta que, en estos círculos monopólicos, por ejemplo, las
terminales automotrices, están chochos con AF, incluso CEOs que jugaron fuerte
para Mauricio Macri, como cristiano Rattazzi, de Fiat. Si algo caracteriza a
los monopolios es su pragmatismo. “La sorpresa mayor sigue siendo Máximo
Kirchner. Si bien el diputado tuvo un 2020 activo caminando el Círculo Rojo,
hoy no queda en el establishment ni una pizca de aquella duda sobre su
capacidad y todos lo quieren ver”, escribió allí Leandro Renou.
Esa gente quiere negocios, rentabilidad y curros. Y al
concederles, la cobija corta deja a la intemperie los pies de las mayorías,
como se ve en el caso energético. El gobierno favoreció con 600 millones de
dólares de subsidios a las gasíferas de Vaca Muerta, pero mañana hay audiencia
pública para discutir el aumento de tarifas del gas. Según cálculos oficiales
se necesitaría un aumento del 35 por ciento para satisfacer la exigencia de las
empresas: un 22-26 por ciento debería ponerlo cada cliente y el resto el
Estado.
Las asociaciones de consumidores se oponen a ese aumento y
piden que las tarifas sigan congeladas, que demandaría más subsidios del Estado
y consecuentemente más déficit fiscal. El perro guardián del FMI no quiere eso
y muestra los dientes; sabe que el gobierno le está rogando una renegociación
sin tantos ajustes internos por el crédito fraudulento concedido a Macri.
Si hay tarifazo habría incendio social. Si no hay aumentos de tarifas, arderían las hornallas empresarias. Si aumenta el gasto del Estado, se encendería el FMI. El profesor de Derecho Penal ya probó en Chubut su traje de bombero, pero los focos de incendio son muchos. Quizás envidie a su socia Losardo su destino de la Unesco en París.
ortizserg@gmail.com
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