Por Sergio Rodríguez Gelfenstein
En fechas recientes, varios países de la región han sido
estremecidos por violentas manifestaciones de descontento social que han
conllevado a la movilización de centenares de miles de ciudadanos que protestan
por la ausencia o carencia de libertades democráticas, el incremento de las
condiciones de exclusión de importantes sectores populares y medios de la
sociedad y también, por el mal manejo de la pandemia por los gobiernos
nacionales.
En muchas de estas acciones de calle que congregan el sentimiento y la razón de los ciudadanos, se va generalizando - en casos como los de Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Brasil, Paraguay y Honduras, por solo mencionar algunos- la proclama de poner fin a las dictaduras que agobian a esos pueblos. Sin embargo, resulta curioso, por decir lo menos, que esa consigna se emita en países en los que –en todos los casos mencionados- los presidentes han emergido de lo que tradicionalmente es conocido como “elecciones democráticas” elemento sustancial que le da contenido a los sistemas de democracia representativa.
Evidentemente ha surgido una contradicción entre los
sustentos conceptuales que caracterizan ese sistema y las percepciones de la
población que debería ser sujeto del mismo. Me parece que se va haciendo
necesario encontrar una explicación a tal disyuntiva, toda vez que en la
apreciación de los pueblos, los caminos de la democracia se están cerrando y en
dos casos, (Colombia y Paraguay) ya han reaparecido organizaciones que apelan a
la lucha armada como respuesta al progresivo cierre de la vía democrática
cuando se suponía que ella estaba consolidada en la región. Pareciera que los
gobiernos neoliberales de ultra derecha quisieran empujar a los pueblos por esa
ruta para justificar todo tipo de desmanes, violaciones a los derechos humanos
y, en última instancia, abrirle espacio a una creciente injerencia e
intervención de Estados Unidos en la región.
¿Cómo se puede explicar esta situación? El concepto
tradicional de dictadura dice relación con la concentración de facultades
extraordinarias en el ejercicio del poder en un individuo, sector o grupo. No
parece ser relevante en la definición de dictadura la forma en que se llegó al
poder, sino la manera como se gobierna. Debe recordarse que Hitler asumió la
más alta autoridad de Alemania en enero de 1933 en los marcos de la
Constitución vigente.
La conjunción de los conceptos de democracia y dictadura ha
dado paso a otras denominaciones como autocracia, totalitarismo y despotismo.
En tiempos recientes, estos sistemas políticos han estado asociados a la
aplicación de modelos neoliberales en lo económico y a la persecución judicial
y ausencia de equidad en lo jurídico, configurando novedosas formas de gobierno
que llevan a la ya mencionada percepción de que, en América Latina bajo las
administraciones de ultra derecha que la gobiernan, se vive en dictadura con el
único requisito de sobrevivencia que da el aval que concede el gobierno de
Estados Unidos a sus aliados.
Esto incluye la posibilidad de violar derechos humanos,
generar asesinatos masivos, vincularse con el narcotráfico y el paramilitarismo,
asociarse con grupos de delincuencia organizada, fugar capitales, utilizar el
Estado para cometer o cubrir delitos personales o de familia y fomentar y
participar en actos de corrupción que son obviados cuando se ha mostrado
subordinación y lealtad a Washington, el que además de sus propio poder
moviliza a instancias internacionales bajo su control como la OEA, el BID, la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como “caballitos
de batalla” para argumentar y justificar a favor de los intereses oligárquicos
locales y los de Estados Unidos.
Hay que tener siempre presente que en los tiempos actuales
existen dos realidades: la que se vive cotidianamente en las calles, campos y
ciudades y la que fabrican los medios de desinformación, las redes sociales
manejadas por oscuros intereses transnacionales, las ONG´s financiadas por el
poder global y los organismos internacionales subordinados a Washington y a las
potencias occidentales.
La restricción de libertades civiles, los métodos violentos
de control social, el gobierno eterno de la misma clase social agrupada en
partidos políticos que solo tienen contradicciones aparentes y que incluso
coordinan la distribución del poder, son expresión clara de esta nueva forma
que está adquiriendo la política y que conducen a esa percepción de que se está
viviendo en dictadura. Ante las dudas que pudieran emerger al respecto, los
medios de comunicación se encargan de construir las “verdades” necesarias que
permiten legitimar este novedoso método de gobernar.
Estas particularidades que apuntan a un tipo de gobierno que
el reconocido sociólogo argentino Torcuato S. Di Tella denomina “despotismo”,
se caracteriza por el temor de los gobernados ante las amenazas del poder,
haciendo imposible el funcionamiento republicano de equilibrio de poderes que
exige de pueblos educados e informados para que adquieran conciencia o virtud
como la denominaba Montesquieu, todo lo cual se va cercenando paulatinamente a
través de la reducción de presupuestos y limitación de recursos que los
gobiernos neoliberales han aplicado a la educación y la cultura desde hace casi
40 años. Un pueblo educado, informado y virtuoso es capaz de ejercer formas
directas de democracia que además de representativas, deben ser participativas,
consultivas y que han de consagrar el protagonismo del pueblo. Este tipo de
democracia, es la que la nueva forma de dictaduras o gobiernos caracterizados
por el despotismo oligárquico, tratan de evitar en nuestra región.
Al proyectar esta situación al ámbito mundial, debe
recordarse que el sistema internacional vigente que tiene en la Organización de
Naciones Unidas (ONU) su principal eje articulador, fue construido sobre la
base de los principios de soberanía y libre determinación de los pueblos, de lo
cual deriva la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de
los Estados.
En la práctica esto caducó, dejó de ser así, las potencias
actúan a su libre albedrío y en muchos casos, la ONU es un simple vocero de los
intereses de los poderosos. Un reciente artículo del destacado periodista
srilankés Thalif Deen escrito para el
portal Other News bajo el sugestivo título de “Los altos cargos de la ONU, ¿son
un derecho natural de las potencias?” señala que: ”La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) continúa con una tradición de repartir muchos de los
puestos más altos entre las cinco grandes potencias, los miembros permanentes
del Consejo de Seguridad […] o entre las naciones occidentales industrializadas
como Alemania, Canadá, España, Italia, Suecia o Japón”.
Y continúa: ”En consecuencia, los países del sur en
desarrollo, que representan más de dos tercios de los 193 Estados miembros de
la ONU, se quejan de que están muy sub representados en las altas esferas del
organismo mundial, a pesar de que para competir por los puestos cuentan con
candidatos competentes con sólidas cualificaciones profesionales y académicas”.
En este contexto, el concepto de rechazo a las tiranías
inaugurado por la revolución francesa, está siendo cuestionado por las
potencias occidentales, en primer lugar por Estados Unidos que han postulado la
deslegitimación de este principio apelando a una falsa solidaridad para
derrocar gobiernos “no democráticos”, caracterización que –por cierto- Estados
Unidos se auto arroga el poder de conceder, al margen del derecho
internacional. De esta manera se pretende legalizar la intervención armada bajo
un nuevo concepto: el de seguridad democrática.
En el trasfondo, en realidad lo que se está intentando es
imponer valores o principios garantes de la existencia de democracia bajo
catálogos de moral y ética que exige un supuesto comportamiento republicano de
los Estados, bajo certificación de potencias a quienes nadie ha dado esa
potestad, lo cual las coloca en la práctica, al margen del derecho internacional.
Al respecto, Antonio Remiro Brotóns, reconocido catedrático
español de la Universidad Complutense de Madrid, experto en derecho
internacional señala en la voluminosa obra de su autoría junto a otros también
reconocidos académicos que: “Cuando se habla de promover el principio
democrático conviene distinguir entre diferentes supuestos, pues los medios
lícitos para servirlo y las instancias implicadas en ello varían
correlativamente. No es lo mismo proceder a la reconstrucción de un Estado
fallido, como [lo fue] Camboya, mediante un esfuerzo multilateral gestionado
por la ONU que, pretender la movilización de un grupo de Estados para imponer
un cambio de régimen en un país al que, simplemente, se tilda de no democrático
según el baremo de los censores”. Este fundamento debería ser leído, conocido y
estudiado por el propio gobierno de España, el de Estados Unidos y los del
falleciente Grupo de Lima si es que todavía existe y no se le ha dado la
extremaunción.
De esta manera, cobra valor extraordinario y superlativa
vigencia la iniciativa de 15 naciones de crear el “Grupo de Países en Defensa
de la Carta de la ONU”. De la misma manera, los pueblos deben preparase para
seguir luchando por sus derechos en una situación que avanza hacia mayores
carencias e insuficiencias democráticas y de justicia en el marco del
despotismo propio de estas novedosas dictaduras encubiertas.
sergioro07@hotmail.com
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