Por Juan Pablo Cárdenas S.:
Varios años atrás, el historiador Gonzalo Vial aseguró en un
debate público que la derecha chilena nunca había sido democrática. Casi
textualmente reconoció que cuando ésta obtenía buenos resultados en las
elecciones, sus partidos y dirigentes se proclamaban demócratas, pero que de
perder los comicios lo que hicieron siempre fue conspirar para derrocar a
quienes los habían derrotado en las urnas. Justificando, incluso, el terrorismo
de estado que en Chile ha ocasionado miles y miles de víctimas.
Tal aseveración, por supuesto, está completamente avalada por nuestra trayectoria republicana. Constan los numerosos cuartelazos militares alentados por los más poderosos enemigos del cambio. Entre cuyos episodios más dramáticos se considera el cruento Golpe Militar de 1973, en que la derecha no solo derribó por la violencia a Salvador a Allende, sino que se dispuso a gobernar con plena complacencia con Pinochet durante 17 años. Las excepciones fueron muy pocas, como recordamos.
La Constitución de 1980 (solo retocada posteriormente
durante el gobierno de Ricardo Lagos) ha sido el gran bastión de las
expresiones políticas reaccionarias y de la clase empresarial, por lo que
durante treinta años prácticamente han cogobernado con la Concertación y la
Nueva Mayoría, salvaguardando el sistema económico y social neoliberal e,
incluso, logrando encantar con sus ideas a muchos centroizquierdistas de pasado
vociferante. Y, hasta aquí, muy cómodos en el poder y las prebendas de la
política.
Es estallido social de hace un año fue producto del
descontento nacional, de la frustración de quienes confiaron en que la
“democracia” traería solución a la aguda inequidad y la grosera concentración
de la riqueza. Millones de trabajadores y jóvenes irrumpieron en las calles de
todo Chile con sus múltiples demandas, además de la exigencia de una nueva
Carta Magna. Todos sabemos que fueron solo estas masivas y radicales protestas
las que forzaron a la clase política a abrir un proceso institucional que tiene
como importante hito el plebiscito del 25 de octubre próximo.
Derechistas y oportunistas de todos los pelajes partidarios se sometieron a la voluntad expresada por el pueblo, aunque de todas maneras se las arreglaron para ponerle a la próxima convención o asamblea constituyente una serie de trampas que podrían terminar abortando el proceso y, de seguro, agudizando la confrontación política y social. Pero este riesgo no parece inquietar mucho a la extrema derecha, confiada siempre en que el “caos” (como señalan) pueda conducir al país a un nuevo quiebre institucional administrado por ellos y los uniformados que siempre les han sido dóciles. Mal que mal, ya han pasado treinta años y muchos chilenos poco o nada se acuerdan de la fatídica Dictadura.
Con todo, los sectores oligárquicos y retardatarios expresan
temor ante la eventualidad de que “apruebo” en el Plebiscito resulte muy
contundente y les dificulte torcer el itinerario que sigue en los dos años
definidos para alcanzar la plena consolidación de un nuevo texto
constitucional. Un temor algo infundado si consideramos que estamos en tiempo
de pandemia, por el cual existe miedo de salir a votar, además de que
abstención electoral en todas las últimas contiendas electorales ha superado o
empatado el número de electores efectivos. Agreguemos que el descontento con el
conjunto de la política es tan severo, que existen sectores que abiertamente
llaman a sustraerse del Plebiscito, en la idea de que solo la insurrección
popular podría llevarnos a un gobierno que se proponga cambios reales.
En estas últimas semanas se ha manifestado en la derecha el
deseo de que sea muy alta la abstención electoral. Asegurándose que si la
concurrencia no supera ampliamente la mayoría absoluta este proceso
constitucional carecería de legitimidad. Claramente, estos sectores saben que
el rechazo a la nueva constitución va a ser minoritario, por lo que refugian en
la posibilidad de desacreditar el proceso ante una baja concurrencia de
votantes.
Para ello se valen de nuevo de la emergencia sanitaria,
tratando de convencer a los ciudadanos, y muy especialmente a los de mayor
edad, a no salir de sus casas el 25de octubre ante el riesgo de ser infectados
con el Coronavirus. No importa cuántas sean las medidas adoptadas para
garantizar durante el día de las elecciones el distanciamiento social, el uso
estricto de mascarillas y otras varias prevenciones. Para tal propósito,
incluso un editorial de El Mercurio (9 de octubre) fustiga a quienes han
persisten en realizar la consulta ciudadana, aludiendo en esta campaña del
terror al propio gobierno de Sebastián Piñera por implementar una campaña
publicitaria para favorecer la concurrencia a las urnas.
Lo raro es que estos temores ni El Mercurio, el Gran
Empresariado o los políticos de ultra derecha los hayan manifestado respecto
del retorno masivo del trabajo, la reapertura del comercio, el turismo y otras
actividades.
Por el contrario, lo que han hecho es celebrar la alta
concurrencia de consumidores a las distintas ferias e hipermercados, con lo
cual se estaría recuperando la actividad económica en general. Ciertamente con
un riesgo mucho mayor que salir a votar el día del Plebiscito con todos los
resguardos sanitarios ya definidos.
Obviamente que la derecha y la cuestionada clase política
apuestan a una débil participación ciudadana para así alimentar las mismas
razones que en el pasado esgrimieron para interrumpir otros procesos
democráticos y reformas. Por lo mismo, hay quienes temen que los propios
horrores cometidos por Carabineros buscan exacerbar los ánimos en la Araucanía
y en las zonas de mayor descontento social.
De allí que los partidos y referentes sociales de genuina
vocación democrática debieran estar muy alertas frente a quienes fomentan la
violencia extrema, irracional y contraproducente, a fin de no darle luz verde a
la conspiración ultraderechista ya en ejecución.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
0 comentarios:
Publicar un comentario