Por Carolina Vásquez Araya:
Las consecuencias de un embarazo temprano repercuten por el resto de la vida.
Los embarazos en niñas y adolescentes –de entre 9 y 18 años-
cuyas cifras alarmantes se mantienen al alza en todos nuestros países,
constituyen una de las más graves patologías sociales y la segunda causa de
muerte en ese grupo etario. Dada la visión estrecha y patriarcal de quienes
establecen la pertinencia de las políticas públicas, así como de sociedades
cuyos marcos valóricos manifiestan una fuerte influencia de doctrinas
religiosas, este sector de la población es uno de los más desatendidos y, por
lo tanto, carente de palancas políticas para hacer valer sus derechos. Una de
las principales causas de la vulnerabilidad en la cual se desarrolla la
infancia es la preeminencia de la absoluta autoridad de los adultos en su
entorno y, consecuentemente, la total indefensión de la niñez.
La inmensa mayoría de mujeres adultas –si no la totalidad- aun cuando muchas intenten negarlo, hemos sufrido el impacto de un sistema cuyas normas marginan a niñas y mujeres como si fuera una ley de la naturaleza. Los acosos y agresiones sexuales, tanto dentro del hogar como en el vecindario, en las calles o en la escuela, han sido una constante de abrumadora incidencia al punto de transformarse en una especie de maldición inevitable para esta mitad de la población. De tales agresiones, una de las más graves consecuencias son los embarazos en una etapa precoz del desarrollo.
Las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de
este importante segmento, sin embargo, han sido incapaces de protegerlas; ya
sea por falta de políticas públicas o, simplemente, nulo interés por la
integridad de un sector caracterizado por su escaso poder de incidencia
política. Cautivas en un sistema que las castiga por su condición de niñas, las
condena a embarazos, partos y maternidades para los cuales no están preparadas
física ni psicológicamente, con riesgo de muerte y el desafío de afrontar una
marginación familiar y social cuyo impacto les causará aislamiento, pobreza,
pérdida de autoestima, patologías físicas y emocionales irreversibles y un
sinnúmero de amenazas contra su normal desarrollo de vida.
A pesar del trabajo de algunas organizaciones preocupadas
por hacer de este sensible tema un motivo de acción, resulta evidente la
ausencia de mecanismos de protección para evitar los abusos y las consecuencias
devastadoras de tales agresiones. Las sociedades aún son incapaces de captar
las dimensiones de su responsabilidad en un problema de tal trascendencia y se
hacen a un lado cuando se plantea la urgente necesidad de establecer parámetros
legales –como el derecho al aborto y a la oportuna educación sexual y
reproductiva- frente a esta terrible pandemia de embarazos tempranos, todos
ellos resultado de violaciones.
Una niña no es un juguete sexual ni un objeto a disposición de los hombres de su entorno, pero miles de ellas terminan por perder su inocencia de golpe en una de las formas más crueles imaginables y sus victimarios –la mayoría de veces personas “de confianza”, como padres, hermanos, tíos, pastores y sacerdotes, maestros y vecinos- las transforman en sus esclavas sexuales bajo amenaza, sin la mínima posibilidad de defenderse. Es de preguntarse ¿en dónde están las instancias supuestas a protegerlas? ¿En dónde la justicia, los sistemas de educación y salud, en dónde sus familias? El drama persiste y las cifras aumentan a diario; las niñas desaparecen en redes de trata o sus cadáveres son desechados como basura en cualquier barranco, sin que a la sociedad eso le sea motivo suficiente para reaccionar.
Los derechos de la niñez continúan como tema pendiente.
elquintopatio@gmail.com
www.carolinavasquezaraya.com
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