“De aquellos vientos estas tempestades”(Parte 2)

 Por Carlos Flanagan: 

(limitaciones y fracasos del progresismo en América Latina) Fuerzas Armadas y Derechos Humanos

 Con respecto a las fuerzas armadas y policiales, salvo las medidas adoptadas por Hugo Chávez en Venezuela – que por su condición de militar tenía muy clara la importancia de las mismas - podemos afirmar que no hubo en la región una política de Estado global dirigida hacia ellas.

En algunos casos se mejoraron los sueldos de soldados y policías de menor rango, totalmente insuficientes, o se trató de limitar (no siempre con éxito) los privilegios funcionales y jubilatorios de los altos oficiales.

Pero no existió un trabajo político orientado a transformarlas en fuerzas consustanciadas con el pueblo. Los programas de estudio de las escuelas de formación militar no se revisaron a fondo.

Por el contrario, continuaron las becas de formación para oficiales ofrecidas por los EUA para la tenebrosa y desprestigiada “Escuela de las Américas” que pasó a llamarse en enero de 2001 “Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad”.               

Tratamiento aparte merece el tema de la búsqueda de verdad y justicia con relación a la actuación violatoria de los DD. HH. de las FF. AA. durante las dictaduras cívico – militares. La impunidad que es el rasgo predominante en el continente, está relacionada directamente con la manera en que se reconquistó la democracia en cada país.

Salvo en la Argentina en donde los militares fueron derrotados en todos los planos – incluyendo el militar en la guerra de las Malvinas – y fueron juzgados por sus crímenes de lesa humanidad, en el resto del cono sur la restitución de la democracia fue acordada como en el caso de Uruguay, en donde se avanzó poco en el juzgamiento de los culpables. Además, su pacto de silencio ha entorpecido hasta hoy el hallazgo de las ciudadanas y ciudadanos desaparecidos.

Se avanzó aún menos en Chile en donde permaneció la Constitución de Pinochet y todavía en menor medida en Brasil, en donde el tema de revisar el pasado no está en cuestión.

 El sujeto social de los cambios               

                Los gobiernos progresistas, en su mayoría, se han caracterizado por una cierta difuminación del sujeto social de los cambios. No existió generalmente una referencia concreta a una clase social específica (clase obrera), como tampoco a los trabajadores en general.

En muchos casos se hizo mención a “los ciudadanos” en forma genérica; en definitiva nuevos sectores de capas medias que pronto olvidaron su compromiso con los cambios que les dieron o permitieron su ascenso social. 

Este aspecto está muy bien planteado en el caso ecuatoriano en la ponencia de Ricardo Patiño y Galo Mora para la recopilación “El ciclo progresista en América Latina” presentada en el Seminario Internacional “Los Partidos y una nueva sociedad”, que organiza anualmente el PT de México  , del cual citamos: “El progresismo tiene al “ciudadano” como sujeto histórico del cambio, lo que para nuestras sociedades no deja de ser una interesante novedad, pero que lejos está de ser un axioma político que no necesita demostración. De hecho, en el Ecuador, por ejemplo, en la experiencia del correísmo durante una década no puede decirse que la “ciudadanía” como categoría y concepto sirvió para empujar el carro de las transformaciones irreversibles que el sistema necesita. Más bien, a elevación del nivel de vida de algunos sectores bajos de la ciudadanía los convirtió en una precaria clase media que, pronto, olvidó su compromiso con el cambio. Esa limitación merece una profunda reflexión que puede aportar en la comprensión dialéctica de los cambios cualitativos que la “ciudadanía” puede ir sufriendo en la medida que el proceso de cambio avanza.”

Aspectos económicos                  

El fracaso del neodesarrollismo               

                A principios de febrero de este año, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena admitió públicamente que todas las estrategias para el desarrollo que se implementaron en la región fracasaron y se agotaron en sí mismas, al estar basadas en el llamado extractivismo, o sea el papel de nuestros países de ser exportadores de materias primas. Fue tajante al afirmar que este modelo “concentra la riqueza en pocas manos y apenas tiene innovación tecnológica.” 

En cierta forma la CEPAL insiste en sus tesis fundacionales formuladas por Raúl Prebisch en cuanto a la necesidad de un crecimiento económico autónomo, basado en la búsqueda de nuestras propias reflexiones. 

Ahora bien; el extractivismo no es un capricho de nuestros gobiernos sean o no progresistas. No es posible el crecimiento económico “virtuoso” o “genuino” mediante la industrialización, como sucedió en los países capitalistas centrales. No es cuestión de tener la voluntad de “seguir los pasos del modelo”, como mencionamos anteriormente.

Muy por el contrario nuestra condición de exportadores de materias primas, es el papel que intencionalmente nos dejan los países hegemónicos a los países dependientes, como condición sine qua non para el funcionamiento del sistema capitalista: su desarrollo desigual y combinado. En otras palabras y para que quede claro: en el capitalismo, nuestro empobrecimiento es la única base de sustentación para su enriquecimiento. 

              La deuda externa               

                Sin dudas la misma ha sido una pesada herencia recibida por los gobiernos progresistas de la región. Sin embargo, no atinaron a efectuar una auditoría de la misma, que analizara su legitimidad: las circunstancias en la que fue generada y a dónde fueron realmente destinados los fondos obtenidos; en particular durante la época de las dictaduras cívico – militares.               

Política impositiva 

                Si bien se intentó no aumentar el impuesto al consumo como el IVA, considerado injusto y antidemocrático en tanto castiga a los sectores sociales menos pudientes, se privilegió el impuesto sobre los ingresos fijos respecto a las rentas del agronegocio.

En definitiva en la mayoría de los países de la región, la estructura de la propiedad agraria permaneció incólume y no se tocó el bolsillo de la clase dominante; los verdaderos poderosos.               

II) La relación fuerza política – gobierno 

                Este es otro de los talones de Aquiles que han tenido los gobiernos nacionales progresistas y que no supieron resolver a la fecha. La inexistencia de una relación coordinada entre la fuerza política y su gobierno, queda evidenciada en diversos hechos concretos (más allá y a contrapelo de los discursos), algunos de los cuales trataremos de reseñar.

                a) Hemos tenido y tenemos gobiernos aislados en su gestión con respecto a su propia fuerza política (sean en cada caso partidos, frentes, coaliciones o movimientos). Gobiernos absorbidos por las tareas de la gestión cotidiana, en muchos casos con la justificación de ser “el gobierno de todos los ciudadanos”, fueron dejando de lado la necesaria coordinación política y perdieron en la práctica el norte del “para qué” haberlo obtenido luego de tantas luchas.

Más allá de las especificidades que caracterizan a cada uno de los procesos de cambio de nuestros países, me atrevo a señalar que este fenómeno ha estado presente en Bolivia, Brasil y Uruguay. Tres países con fuerzas políticas en el gobierno por tres períodos consecutivos (MAS, PT y FA respectivamente).

Durante el primero se impulsaron las principales medidas de cambio, en el segundo comienza la ralentización del proceso para luego ingresar en una suerte de “modo en piloto automático” que debilita definitivamente la gestión dando pie a “golpes de Estado blandos o suaves” como en Bolivia y Brasil o la pérdida de las elecciones como en Uruguay.

Asimismo en varios casos, las fuerzas políticas - a pesar de ser conscientes de la posibilidad cierta de conquistar el gobierno a corto plazo - no prepararon de antemano cuadros para asumir llegado el momento las tareas de gestión de gobierno. Las mismas terminaron recayendo en muchos casos en dirigentes y/o articuladores políticos claves en los partidos, devenidos en ministras y ministros.               

En síntesis, podemos decir que la gestión “se comió” a los dirigentes en detrimento de la fuerza política.

Esto ha ambientado un proceso de desacumulación en el cual las tareas cotidianas de la gestión de gobierno desplazaron las imprescindibles reflexiones políticas para el buen funcionamiento partidario.

                b) Este factor de insuficiente coordinación también incidió en muchos de nuestros países en el alejamiento de la gestión respecto al programa con el que se conquistó el gobierno. En nombre del “pragmatismo” o del “dar señales a los agentes económicos” se fue distanciando la política económica real de las definiciones previas.

En lo interno se expresó en una política fiscal que, como ya mencionamos, no gravó en forma suficiente a las grandes ganancias de intermediarios, exportadores y las del llamado “agro negocio”. Asimismo muchas veces el Estado invirtió como socio de empresas privadas en la llamada participación público – privada (PPP) con el objetivo de dinamizar la economía, en proyectos que no siempre resultaron prioritarios o estratégicos. 

En Uruguay al menos, casi sin darnos cuenta, hemos ido modificando nuestro lenguaje descriptivo de izquierda deslizándonos hacia uno de corte socialdemócrata.

A los latifundistas o estancieros que siguen hambreando a sus peones y se indignaron con la aprobación de ley de 8 horas en el campo - y que muchos de ellos integran el ya antes mencionado movimiento “Un sólo Uruguay” - hoy se los llama “productores rurales”; a las patronales y sus organizaciones corporativas (rurales, de la industria y del comercio) que hoy vuelven a boicotear las reuniones tripartitas de los Consejos de Salarios, hoy son “actores económicos”; los acérrimos enemigos de clase dirigentes de los partidos fundacionales burgueses pasaron a ser dignos “adversarios políticos” o “colegas parlamentarios”

Siempre es bueno recordar aquello de que nunca nadie por agacharse evitó el ataque del enemigo.

                c) En política exterior, en aras de dar señales políticas para obtener inversiones extranjeras directas (IED) no se apostó a fondo a la integración regional económica y se desperdiciaron los años de coyuntura favorable en cuanto a la presencia de gobiernos nacionales progresistas en la región del MERCOSUR, sumados a los de Bolivia y Ecuador.

                d) Otro error de nuestros procesos de cambio a ser señalado ha sido el de la no formación de la conciencia política de masas. 

Son innegables los logros en materia social consecuencia de las políticas focalizadas de los gobiernos progresistas, que entre otros éxitos sacó de la pobreza y de la indigencia a millones de personas; trabajadores y capas medias que habían quedado sumidos en la miseria como consecuencia de la crisis de los años 2001 y 2002 en nuestros países.

Se avanzó en leyes laborales, de acceso a la vivienda y los servicios públicos de salud y en otras áreas de prestaciones de seguridad social. De esta manera aumentó la proporción de sectores de capas medias en nuestras sociedades. 

Entonces cabe la pregunta: ¿Cómo con todos esos beneficios obtenidos que cambiaron radicalmente su nivel de vida, justamente los destinatarios de ellos – en particular las capas medias – le dieron la espalda a los gobiernos progresistas y terminaron respaldando a sus viejos verdugos? Los casos de Argentina y Brasil – con la gravedad que lleva implícita su enorme importancia en el continente – y el de Uruguay, son emblemáticos testimonios de ello. 

En mi entender he aquí la prueba palmaria del alto precio que se paga por ese ingenuo “fetichismo de la legalidad”; que en última instancia deja librado todo destino del proceso a la mera acción gubernativa y al “libre juego democrático” – como si éstos por sí solos crearan “conciencia para sí” - desmovilizando de hecho a las masas organizadas y en última instancia desestimulando su presencia en las calles; su ámbito natural. 

Como consecuencia inmediata, la lucha política abandona sus escenarios tradicionales    – los que manejó la izquierda toda la vida – para limitarse y quedar a merced de los grandes medios masivos de (in)comunicación y las redes sociales que machacan con las llamadas “fake news” (noticias falsas) y con el mensaje de “defenestrar la política” en tanto santuario de la ineficiencia en la lucha contra la criminalidad y la corrupción. 

Es justamente en ambos campos en donde no tenemos los medios ni la experiencia acumulada necesarias para dar la batalla con posibilidad de éxito.

En el tema de la corrupción, los gobiernos no supieron explicar que la misma venía de larga data, que no nació en la era progresista, así como tampoco supieron transmitir una señal política categórica al tratar los casos que se dieron en su gestión. 

En definitiva, estos medios masivos al servicio de la clase dominante terminaron marcando la agenda política de los gobiernos progresistas.

                e) En algunos países también incidieron otros factores como por ejemplo las divisiones en el seno del movimiento sindical, con la existencia de varias centrales, o algunas con posturas de infantilismo de izquierda de “todo o nada”, confundiendo la necesaria independencia de clase con la indiferencia ante el signo político de un gobierno; actuando siempre de la misma manera, fuera éste neoliberal o progresista. 

También jugó su papel negativo la ausencia de colectivos fuertes; fuera en organismos sociales, o político partidarios.

En estos últimos se produjo un notorio desbalance entre el peso específico de líderes en detrimento de las organizaciones.

En algunos casos ese excesivo peso individual le terminó jugando en contra al propio dirigente al finalizar considerándose un imprescindible que siempre tenía la mejor postura. 

Y finalmente, cuando se viene la marea de la derecha aupada en “empresarios exitosos que como candidatos sabrán gobernar el país como lo hacen con sus empresas”, ya es tarde para reaccionar y evitar las derrotas electorales.    

No quisiera cerrar este capítulo sin referirme a dos falacias que en los últimos tiempos han ganado terreno en muchos sectores de la izquierda y que de no rebatirlas, afectarán negativamente el proceso de discusiones que nos debemos en cada país de nuestra región.

La primera se refiere a la relación existente entre una persona integrante de una organización y las demás que la conforman; lo que habitualmente denominamos “el colectivo”. Se plantea la falsa idea de que la individualidad tiende a diluirse en el funcionamiento de un colectivo. En muchos casos operando como justificación del personalismo de muchos dirigentes.

En realidad, desde una visión dialéctica la conclusión debería ser la contraria.

La plena exposición e intercambio de las ideas de los distintos componentes de un colectivo dan como resultante el enriquecimiento del bagaje intelectual de cada uno de los participantes. Por ende en un buen funcionamiento colectivo, lejos de diluirse, la individualidad se fortalece.

La segunda falacia - que he escuchado a menudo - afirma que “la discusión profunda de algunos temas puede afectar la unidad; y que por consecuencia es preferible evitarlo”.

Nada más lejos de la verdad histórica en Uruguay y supongo que en los otros países.

Los que hemos militado sea en el ámbito estudiantil o sindical, sabemos de las muy fuertes discusiones que a veces se procesaban dentro de un gremio. Pero por apasionadas que fueran, todos éramos conscientes de que discutíamos entre compañeras y compañeros; y nadie se equivocaba en determinar dónde estaba el enemigo al que había que enfrentar. De ahí que una vez saldada la discusión, se salía a la lucha con mayor unidad y fortaleza. 

En definitiva lo subyacente son dos concepciones antagónicas sobre el concepto de la unidad.

La de izquierda que se construye sobre acuerdos de principios expresados en un programa elaborado en común y la de cuño social-demócrata en base a acuerdos puntuales; generalmente electorales.               

III) Perspectivas, desafíos y tareas pendientes              

Basados en todo lo arriba expresado, si comparamos la situación política actual de A. Latina y el Caribe con la de la década pasada, es innegable concluir que estamos viviendo un reflujo de los procesos de cambios en muchos países de nuestra región; cada uno de ellos con diversos problemas y tareas a resolver.               

Va de suyo que el mismo diagnóstico cabe para las fuerzas políticas que impulsaron dichos procesos en cada país. 

En estos momentos adversos que vivimos, existe la imperiosa necesidad de que cada fuerza política en forma soberana lleve a cabo una profunda reflexión sobre todo lo acontecido en su país, con una visión autocrítica que pase revista serena y exhaustivamente a las insuficiencias y errores cometidos en este proceso, estén aún o ya no en el gobierno. Y como corolario de la misma, una propuesta de medidas superadoras  que permitan revertir la situación tanto al interior de la organización como en su accionar social.               

En segunda instancia acelerar las tareas de intercambio de las conclusiones de dichas reflexiones y medidas a tomar entre todos los partidos en la búsqueda de una nueva perspectiva de lucha que permita recuperar el terreno perdido y avanzar. 

Existe un enorme caudal de experiencia acumulada que se debe aprovechar.

Ya es positivo que se hayan manifestado en este sentido las fuerzas políticas integrantes del Foro de Sao Paulo en sus XXIV y XXV Encuentros realizados en La Habana en 2018 y Caracas en 2019, así como en el documento “Consenso de Nuestra América” (2017).

Sólo resta pasar del diagnóstico a la acción.

Más allá de las especificidades en que se manifiesten en cada país, consideramos que existen algunas tareas generales que pueden ser desafíos comunes para nuestras distintas fuerzas políticas:

                a) fortalecer las estructuras de la militancia llenando sus ámbitos de discusiones políticas de fondo y no meros informes semanales de lo actuado; sea en actividades de gobierno o en su defecto en instancias parlamentarias.

                b) una sin duda importante es la re discusión de algunos contenidos programáticos a la luz de la realidad de hoy, de los que mencionaremos algunos: la reforma del Estado, la cooperación internacional, los instrumentos de financiamiento externo y la integración.               

La reforma del Estado 

¿Qué reforma del Estado se debería impulsar a los efectos de que sea funcional al nuevo ordenamiento social que pretendemos y qué se entiende hoy por Estado?. Estas son algunas preguntas que nos deberíamos formular para iniciar un análisis. 

Con la formulación del Estado – Nación – en tanto grupos humanos con características culturales similares que habitan un ámbito territorial y legal común - se marca institucionalmente el fin del orden feudal luego de la Guerra de los 30 años, mediante el Tratado de Westfalia en 1648.

Se abre un largo proceso de transformaciones institucionales de carácter liberal, burgués y capitalista que se consolida en los textos de la Declaración de la Independencia de los EUA  (4 de julio de 1776), su Constitución de 1787 y de la Revolución Francesa (14 de julio de 1789). 

En nuestro continente los proyectos de los libertadores de conformar una nueva unidad independiente en base a grandes unidades territoriales federadas en pie de igualdad, fueron derrotados; traicionados por los representantes de las burguesías criollas mercantiles – portuarias, aliadas en tanto socios subordinados al imperialismo británico. Muchos de ellos figuran como los “prohombres” de la independencia de los nuevos Estados – Nación que fueron surgiendo en una América parcelada y desangrada por conflictos azuzados por los imperialismos de turno. 

Esta concepción de Estado se manifestó en distintas áreas:

•             En las Fuerzas Armadas y su concepción de “defensa nacional” (en los hechos contra los países vecinos).

•             La frontera como línea demarcatoria de separación a vigilar y defender de un presunto ataque del país vecino.

•             La confrontación entre los países territorialmente más grandes (en A. del Sur Argentina y Brasil) por la hegemonía continental.

•             En lo económico privó el concepto de desarrollo e industrialización dentro de las fronteras del país, como una unidad que fuera capaz de realizar todo el proceso de ciclo completo, de una manera autónoma y autárquica. Tal es así que cuando se crean los primeros instrumentos de “integración”, más allá de los discursos, se trataba de ámbitos en los cuales se buscaba apenas reglar el libre comercio de mercancías entre sus países miembros. 

Nuestro desafío 

                Las fuerzas políticas progresistas han heredado al asumir el gobierno, un Estado diseñado para perpetuar justamente el tipo de sociedad a la que quieren y deben transformar de raíz.

Por lo tanto para poder llevar adelante un proyecto de cambios estructurales, es imperioso transformar sobre la marcha – he aquí el desafío dialéctico – este instrumento para convertirlo en herramienta funcional a un nuevo bloque social de los cambios protagonista del tránsito hacia una sociedad poscapitalista.

Debemos remarcar que este no es un desafío de carácter “técnico” (más allá que lo contiene); sino que tiene una impronta eminentemente política e ideológica.

Debemos transformar los contenidos del viejo concepto de “Estado – Nación” con las características antes mencionadas, en nuevos contenidos de soberanía e integración regional, que reivindiquen a la “Patria Grande” por la que lucharon nuestros libertadores.

En lo que respecta a la reforma en sí misma, en cada país se deberá continuar implementando entre otras medidas, políticas de planificación y evaluación de gestión por objetivos, capacitación funcional y dotación de nuevas tecnologías electrónicas.

Pero sobre todo y al mismo tiempo implica un trabajo político – ideológico a mediano y largo plazo de transformación de la clásica mentalidad burocrática y clientelística, mal acuñada durante décadas del llamado “empleado público” en una nueva disposición de “servidor público” debidamente calificado y remunerado.

Se trata en síntesis, de dignificar la función pública; y eso no será posible sin el concurso comprometido de los trabajadores organizados, trabajando en conjunto con los gobiernos respectivos, que a su vez deberán crear instancias regionales de intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

La cooperación internacional 

                El concepto clásico de la cooperación en América Latina ha sido hasta hace pocos años el del flujo Norte – Sur.

Bajo el rótulo de “ayuda para el desarrollo”, podemos definir para el análisis dos grandes vertientes: 1) la de las grandes instituciones de crédito como el FMI y el Banco Mundial, surgidas del reajuste capitalista de posguerra al influjo del predominio de los EE UU como potencia hegemónica, mediante el llamado Acuerdo de Bretton – Woods de 1944,  y símiles regionales posteriores como el BID. 2) las líneas de cooperación otorgadas por países en forma individual para proyectos específicos.

Recordemos en el primer caso el modus operandi de estas instituciones: los préstamos condicionados o “stand by” que someten la soberanía de los países deudores mediante la imposición de la política económica afín a los intereses de la potencia hegemónica, mediante “recetas” de ajustes periódicos, siempre lesivos para las grandes mayorías de la población.

Hoy debemos afirmar una nueva concepción de cooperación internacional signada por el mutuo apoyo en relación de igualdad y respeto a la soberanía de cada quien.

En una coyuntura internacional que cada vez más está y estará signada por la conformación e interrelación de grandes bloques geográficos, económicos y políticos, es menester apurar el paso en la consolidación de la cooperación Sur – Sur; en tanto:

a)            nuevo concepto de la cooperación internacional, basado en el intercambio de saberes y buenas prácticas, más que en los flujos de dineros;

b)           consolidación de los procesos de integración regional en un relacionamiento coherente – en tanto bloque – dentro de un ámbito geográfico mayor de coordinación y cooperación (MERCOSUR, ALBA, China, Rusia, India, Sudáfrica y otros países africanos.

Esto no implica abandonar la posibilidad de líneas de cooperación Norte – Sur; siempre que el objeto del proyecto sea decidido en forma soberana por nuestros países, de acuerdo a las prioridades que se establezcan. 

Los instrumentos de financiamiento externo 

Son elementos de suma importancia a tener en cuenta en cualquier economía nacional y regional. No es concebible un proceso de cambios sociales y de integración regional si no se asegura la soberanía.

Con el transcurso del tiempo, la propia definición de soberanía se ha ido modificando en formas, contenidos y en áreas de aplicación; desde su origen medieval, pasando por la Revolución Francesa y la consolidación de los Estados – Nación, hasta el presente.

Hoy el concepto de soberanía abarca muchas más áreas que las originales (territorio, pueblo, poder).

Cobra cada vez más importancia para nuestros países el de soberanía alimentaria ; entendida como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible  y seguridad alimentaria .

Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del “dumping” (venta por debajo de los costos de producción).

Asegurar decisiones soberanas en materia de tomas de créditos es una de las piedras angulares de la edificación de una política de integración en nuestra región.

Esto implica iniciar un proceso que nos conduzca a la independencia de organismos como el FMI y sus préstamos condicionados.

Pero también hace al manejo que hagamos de nuestras reservas internacionales netas, las llamadas “RIN”, obtenidas por los ingresos obtenidos por la venta de nuestras materias primas. Este manejo hace a dos aspectos: 1) el uso de estos fondos en obras de infraestructura, políticas sociales estables a largo plazo e inversiones que sumen valor agregado a nuestros productos primarios y 2) en qué entidades bancarias están depositados. No es posible que sigamos dando de ganar a la banca trasnacional (J.P. Morgan, HSBC, Harriman Brothers y otros similares) que además podrían entrar en quiebra y quedarse con nuestros fondos. 

En consecuencia hay que fortalecer nuestros instrumentos en la materia.

En particular refundar el Banco del Sur para que sea el depositario de nuestros fondos de reserva y a su vez utilizarlos en préstamos blandos que financien el incremento de la capacidad productiva coordinada de nuestros países.

Otro instrumento a seguir desarrollando es la capacidad de independizarnos del dólar como divisa internacional; realizando cada vez más transacciones comerciales intra - región en monedas nacionales o potenciando las experiencias de intercambio compensado como la que se está llevando a cabo por medio del SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional) entre los países miembros del ALBA – TCP  (Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela). 

La integración regional y extra regional 

            Analizar cada una de las experiencias de integración excedería el espacio disponible para este ensayo. Sí podemos decir que no supimos aprovechar la pasada década de auge de los gobiernos progresistas en la región para avanzar en la consolidación de las mismas.

Es de innegable importancia política que se hayan creado el ALBA (2004), la UNASUR (2008), y la CELAC (2010). Pero nos quedó en el debe el no haber acompasado el discurso político con la acción concreta; o para ser mas específicos, la superestructura con la correspondiente infraestructura.

Esto se hace evidente en el caso del Banco del Sur. Fue creado en diciembre de 2007 con el objetivo de ser la banca de al servicio de la integración regional, financiando proyectos y programas de desarrollo de infraestructuras básicas, proporcionando asesoría y asistencia técnicas y capacitación en la preparación de proyectos.

Lamentablemente, la mayoría de sus miembros a pesar de tener importantes reservas internacionales netas disponibles, no proveyeron los fondos necesarios para su puesta en marcha.

En el caso del MERCOSUR cabe recordarse su “partida de nacimiento” bajo la impronta neoliberal de la década de los años 90; con la única intención de una aproximación al logro de una zona de libre comercio mediante un programa de liberalización comercial con desgravaciones progresivas entre sus países miembros.

Desaprovechamos el momento histórico de confluencia de gobiernos progresistas y sólo avanzamos en aspectos de coordinación de políticas sociales.

No supimos avanzar en una visión regional de conjunto  que abordara de lleno aspectos sustanciales de planificación de complementariedad y costos, financiación y política de inversiones; como única forma efectiva de eliminar las asimetrías hasta hoy existentes y que atentan contra cualquier proyecto auténticamente integrador.

Lamentablemente, hoy la restauración neoliberal en los gobiernos de Brasil, Paraguay y Uruguay echan por tierra por ahora este propósito.

Lo mismo es válido para organizaciones como la UNASUR, hoy desintegradas. 

A modo de síntesis de este punto, nos debe quedar claro que estas derrotas políticas parciales no pueden hacer que perdamos claridad en el objetivo a alcanzar: el de revertir la situación y encaminarnos definitivamente en el proceso de dar el salto en calidad y pasar de una concepción de Estado Nación a una superior de Estado Región. 

Por los mismos motivos antes expuestos, la integración extra regional se nos presenta como un fenómeno lleno de complejidades y amenazas.

En un escenario en el cual el gobierno de Donald Trump apuesta a salirse de los acuerdos multilaterales y propiciar a cambio los bilaterales en los que pueda hacer sentir a la contraparte la prepotencia de su fuerza negociadora asimétrica, el movimiento popular organizado de nuestros países deberá movilizarse fuertemente a los efectos de desalentar cualquier intención gubernamental de firmar este tipo de acuerdos con el pretexto “de dar señales positivas a los mercados y atraer a los inversores extranjeros”.

El actual estado de situación de la negociación para la firma de un TLC entre el MERCOSUR y la UE – con los términos lesivos que pretende imponer esta última -  es un claro ejemplo al que hay que oponer la enérgica movilización coordinada de los sindicatos, organizaciones sociales y fuerzas políticas de la región. 

A manera de resumen 

                Hemos pasado una somera revista a la situación política actual en América Latina y el Caribe, en el marco de la presente contraofensiva neoliberal del imperialismo, y consecuentemente de la reinstalación en muchos de nuestros países de gobiernos neoliberales afines a sus dictados.

Contraofensiva esperable, producto de la crisis cíclica y estructural del sistema capitalista en su actual fase de desarrollo (crisis dineraria al decir de Marx en “El Capital) que se desarrolla en dos vertientes principales como vía de escape paliativa de la misma: 1) las intervenciones militares en zonas petroleras estratégicas como Medio Oriente y el norte africano; con el doble propósito de utilizar el complejo militar – industrial como válvula de descompresión de la crisis y ejercer el dominio en las áreas de reservas petrolíferas y de metales de uso estratégico de los cuales carecen y 2) volver la vista una vez más hacia “su patio trasero”, América Latina y sus riquezas. 

Esta contraofensiva se ha visto objetivamente facilitada por los errores e insuficiencias de los gobiernos de izquierda y progresistas instalados en la región a finales de los años 90 y principios del nuevo siglo.

Dichos errores generaron una apreciable merma de influencia social en los espacios conquistados en la lucha contra las políticas neoliberales de los años 90 y en muchos países se tradujo también en la pérdida del gobierno nacional.

Hoy sufrimos nuevamente en gran parte de la región la zozobra de la reinstalación de gobiernos neoliberales con la consiguiente repetición de sus medidas de ajuste dictadas por el FMI y otros organismos económicos internacionales cuyo costo recaerá una vez más sobre las espaldas del pueblo trabajador. 

Al igual que en los años 90, cuando cundía el desconcierto en la izquierda ante la tremenda ofensiva neoliberal y fue imperioso crear espacios de reflexiones e intercambios, como el Foro de Sao Paulo y los Seminarios de Los Partidos y una Nueva Sociedad, hoy tenemos similar desafío.

Ya desde una posición comparativamente mejor - en tanto poseemos el bagaje de la experiencia acumulada en varios lustros de trabajo en estos espacios – tenemos el ineludible compromiso de llevar adelante y “hasta el hueso” en primer lugar una profunda, serena y soberana reflexión autocrítica de lo actuado por cada fuerza política en cada país. Para luego en primer lugar pasar a resignificar nuestras definiciones programáticas fundamentales a la luz de la actual coyuntura histórica.

Sin ir más lejos, y a modo de ejemplo, qué implica hoy desde el punto de vista propositivo, ser una fuerza política de carácter antioligárquico y antiimperialista. 

En segundo término intercambiar nuestras experiencias y conclusiones entre las fuerzas políticas hermanas de la región, para estar en las mejores condiciones de dar la batalla de masas organizadas para la reconquista de los espacios políticos perdidos. 

En resumen, nuestra lucha política de ahora en más estará signada por crear conciencia en la clase obrera y las grandes mayorías de nuestras sociedades de la necesidad de dar la batalla programática para avanzar en democracia contra el capitalismo neoliberal, en aras de una sociedad pos-capitalista, más justa y equitativa.- 

Ex Secretario de Rel. Internacionales del Partido Comunista de Uruguay.

Ex Embajador de Uruguay en el Estado Plurinacional de Bolivia.

carlos.flanagan@gmail.com