Por Carolina Vásquez Araya:
Las relaciones de poder se consolidan en medio de un
ambiente fuera de control
De manera paralela a los efectos del Covid-19, una de las
consecuencias del confinamiento obligado es el incremento de actos de violencia
contra niños, niñas y mujeres. Sin embargo, las agresiones perpetradas desde el
machismo y la misoginia constituyen una conducta normalizada a partir de una
educación con sesgo sexista y un sistema que ampara a los agresores por una
visión deformada de la justicia; por lo tanto –aunque esta pandemia ha
empeorado la situación- esas conductas han existido desde siempre. Los ejemplos
abundan, pero ni así logran llegar a la conciencia de la sociedad, dado que
está todavía considera la violencia machista como “un asunto privado” y da
vuelta la cara para no saber.
En esta lucha sin cuartel, emprendida por quienes comprenden
a cabalidad cuál es el alcance de los estereotipos insertos en la conciencia
colectiva, las iniciativas por un cambio de paradigmas se estrellan contra la
indiferencia de una sociedad convencida de que el reparto del poder es un tema
cerrado. De modo instintivo adjudican la autoridad en quienes han concentrado
el control sobre diferentes aspectos de la vida económica, política y social,
sin pararse a pensar en la desigualdad implícita en ese sistema que margina los
derechos de más de la mitad de la ciudadanía.
Los esfuerzos por transformar las bases sobre las cuales se
erige todo un estilo de vida, no suelen ser bienvenidos cuando amenazan con
echar abajo todo un conjunto de estereotipos, normas y formas de relación entre
sexos. Tampoco es fácil alcanzar logros sobre la necesidad de fortalecer los
sistemas de justicia, en cuyos ámbitos se suele sellar el destino de las
víctimas de violaciones, agresiones y asesinatos, dándose por hecho la
existencia de una causal que exime al victimario y también una culpa que
justifica la agresión contra la víctima. Los niveles de impunidad en crímenes
de feminicidio, por lo tanto, reafirman la indefensión de las mujeres al no ser
castigados.
Para comenzar a transformar las relaciones humanas, primero
es preciso derribar un sólido entarimado de valores y normas definidas desde
una masculinidad mal entendida, la cual privilegia el poder por sobre la
equidad. Impreso en códigos y doctrinas religiosas desde siempre y en todo el
mundo, se impuso una jerarquía ilegítima, cuyo principal propósito ha sido
mantener la jurisdicción sobre la condición femenina de reproductora de la
especie y, para ello, restarle toda posibilidad de independencia y ejercicio de
su plena libertad. Así, incluso en las sociedades más desarrolladas del
planeta, para eliminar restricciones sobre el derecho de la mujer sobre asuntos
relacionados con su cuerpo y con su vida, los resultados de esas batallas
tienen apenas medio siglo.
La situación de vulnerabilidad de niños, niñas y mujeres en
el contexto de la actual pandemia, por lo tanto, reside en las limitaciones
impuestas por los códigos establecidos para la conformación de la familia y su
repartición de poderes. Millones de mujeres, privadas del derecho de gozar de
iguales derechos que su pareja tanto en el aspecto económico como por los
sesgos legales del contrato matrimonial o de convivencia, están sujetas a
tolerar una relación de violencia que en muchos casos acaba con la muerte.
En este escenario de pandemia sobre pandemia, el papel de
las instituciones –incluida la prensa- debe ser asumir la responsabilidad de
velar por la seguridad de niños, niñas y mujeres, aboliendo de paso los
paradigmas del injusto y mal concebido sistema patriarcal.
Las instituciones deben velar por la seguridad de los más
vulnerables.
elquintopatio@gmail.com
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