Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez :
En 2018, a raíz del regreso a prácticas reiteradas de
barbarie, la ONU en su informe de derechos humanos insistió en que “El Gobierno
elegido para el período 2018-2022 tendrá la responsabilidad histórica de
continuar con la implementación del Acuerdo y de avanzar en la construcción de
un país en paz y equitativo, donde toda la población tenga garantizado el pleno
acceso a los derechos humanos”, y resaltó la enorme oportunidad para un
presidente que en campaña se había comprometido a firmar el Pacto Social por
los Derechos Humanos, promovido por el ACNUDH, que reitera la obligación de
proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, impulsando la inclusión de
la población, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto y la
violencia, y garantizando de una forma real el ejercicio de sus derechos
civiles.
Producto de la interlocución de la oficina del alto
comisionado para derechos humanos (ACNUDH) con la sociedad civil, realizó 1339
misiones sobre el terreno en 2018, para impulsar la prevención de actos de
violencia y reiterarle a toda la población, que solo el pleno acceso a derechos
humanos y su realización son la base para una paz estable y duradera. La
información recogida, le permitió observar la precariedad, la pobreza, la
desigualdad y la espiral de violencia de escalofriantes cifras que en cualquier
país civilizado y democrático serian una catástrofe. Las cifras de ONU a pesar
de ser bajas respecto a otras fuentes, dejaron un retrato de horror, terror y
poder, observable en 110 asesinatos de defensores de derechos humanos, de ellos
la cuarta parte indígenas y afrocolombianos.
Con lo que aparte del dato mostraban una tendencia del
sentido y los responsables de las agresiones, que el estado subestimó, al
rediseñar hipó tesis y líneas de investigación que desviaron la identificación
de los responsables, a quienes políticamente la gente común y las victimas
conocen y señalan. También concluyó que el 93% de los asesinatos ocurrió en
contextos regionales, con origen en causas estructurales de falta de acceso a
derechos y justicia y que el 60% de muertes se dio en ámbitos comunitarios, por
liderar las denuncias de acciones militares criminales, reclamar verdad y
clamar por la paz en deuda, que a 2019 acumula más de 8.5 millones de víctimas,
a las que hay que es preciso sumar de una vez 2 millones más, de jóvenes
vulnerables y en condición de vecinos y victimas ajenas, atraídas por la
obsesiva intervención golpista contra la soberanía extranjera.
También en 2018, la ONU le comunicó al gobierno su
preocupación por algunos aspectos de la Ley 1922 (artículo 11-2) que contempla
disposiciones que impiden expresamente a la Jurisdicción Especial para la Paz
investigar a los agentes del Estado, particularmente los miembros de la fuerza
pública, en el sentido de describir la estructura y el funcionamiento de las
organizaciones delictivas, sus patrones y sus móviles. No remover este
obstáculo a la paz y los derechos ha favorecido que a su sombra se fortalezcan
los mecanismos de repetición de la barbarie, con ejecuciones extrajudiciales y
otros crímenes atroces que solo dejan la esperanza de que la CPI intervenga
ante el incumplimiento del deber internacional del Estado de investigar, juzgar
y sancionar graves violaciones a ddhh.
En el informe de 2019, la ONU, vuelve sobre lo mismo, porque
igual así ocurre en la realidad. El informe repite lo que la gente sabe, por
ejemplo, que la falta de acceso a la justicia perpetua los ciclos de impunidad
y de violencia, que hubo privación arbitraria de la vida (asesinatos de
civiles) por parte de miembros del ejército y la policía y que se incrementaron
los homicidios a pesar del aumento de la presencia militar, es decir, a más
militares más muertes y más violencia. Resalta la alta tasa de homicidios de 25
por cada 100.000 habitantes (en los países de la OCDE es menor de 4); la
ejecución de 34 masacres (la cifra más alta desde 2014); el reagrupamiento de
autodefensas (paramilitares) y seguramente renovación de estrategias de poder
regional con participación de políticos, empresarios, militares, otros; las
respuestas desproporcionadas de la policía (SMAD) a las protestas sociales
encauzadas con mayor relevancia contra políticas del gobierno en materia
pensional, laboral, educativa, tributaria, y ante la ausencia de acciones
contra la corrupción y el cumplimiento de los acuerdos de paz.
En general el informe permite concluir que la barbarie
continua, se afianza y hay prácticas de poder orientadas a negarla y
subestimarla, y eso es lo que le molesta al gobierno porque lo deslegitima para
hablar de democracia, desarrollo, sociedad de derechos y país civilizado.
En síntesis, no hay mayores novedades, es decir, que el
contexto socio-político y económico tiende a empeorar en materia de violencias
e impunidades y nada escapa al ejercicio del poder del partido de gobierno y de
los altos cargos y funcionarios, empeñados en hacerle creer a la población que
lo urgente es estar preparados para la guerra, listos como soldados para
enfrentar a algún enemigo que habrá de venir y prestos a combatirlo hasta el
exterminio total incluida su memoria. En el informe el ACNUDH llama a las
autoridades a cumplir estrictamente con las normas y la jurisprudencia
internacional aplicable a los grupos criminales y a otros grupos violentos, lo
que molesta al partido en el poder y a su insaciable líder que no deja tiempo
para pensar en las atrocidades, ni para crear conciencia que la época de
miedos, persecuciones y odios están consumiendo la vida tranquila del país y
volviendo a repetir los peores momentos de la primera década de este siglo XXI
regido por el silencio de la seguridad democrática.
Al gobierno le molesta el informe porque el partido en el
poder se cree inescrutable y entiende que detrás de cada atrocidad algo de su
esencia, militancia y actuaciones lo compromete. Pero además no está dispuesto
a ceder, ni a compartir el control que hoy tiene de los poderes públicos y en
sus electorados del NO a la paz. El mal ejemplo del comportamiento y las
conductas ultrajantes y nada diplomáticas del gobierno y del partido en el
poder es un pésimo mensaje de intolerancia e irrespeto al mundo civilizado que
valora y reconoce a la ONU como el mecanismo que permitió cerrarle el paso al
nazismo y devolverle un lugar a la dignidad arrebatada y nadie sensato, puede
estar dispuesto a apoyar o permitir que ningún Hitler, ni partido nazi gobierne
otra vez, ni imponga odio y muerte, como lo pretenden los negacionistas que no
cesan de atacar y despreciar la paz y los derechos.
mrestrepo33@hotmail.com
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