Derrotada política, ideológica y electoralmente, el macrismo
hace las valijas a las apuradas, con brutalidad y desprolijidades. Lo
importante es que su salida ya tiene día y hora de partida. Y no se suspende
por mal tiempo.
A lo largo de cuatro años de reiteradas vacaciones Mauricio
Macri se ganó fama de vago, pero en los últimos días se activó, al menos su
lapicera.
Con el decreto 788/2019 dio estabilidad por cinco años a una
lista de funcionarios propios, o designados bajo su gestión, y trató de
asegurarles el cargo con importantes indemnizaciones en caso de despido por
reordenamientos de dependencias. Es tropa propia, muy diferente de la ajena,
calificada de «grasa militante».
Esa maniobra de último momento puede no resultarle operativa
porque el presidente electo ya se pronunció en contra. Si hay funcionarios que realmente
ganaron concursos y sus funciones son necesarias, habría que contemplarlos como
excepciones. Pero el terreno minado hay que desminarlo, de entrada.
Con otro Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, de menor
importancia financiera pero superlativa en lo político, Macri quiso poner a los
testigos arrepentidos – que hasta ahora dependieron del Ejecutivo y la cartera
de «Justicia» – en otra órbita supuestamente judicial. Creó a tal efecto una
Comisión con un director designado por el Ejecutivo, pero integrado por otras
personas, de Casación y la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo está a la vista, aún para ciegos: que el Frente
de Todos no tenga acceso directo a todo lo vinculado con los 200 testigos
protegidos y pueda saber cómo fueron usados sus testimonios para detener y
procesar a ex funcionarios del gobierno de CFK. En algunos casos, como el de
Amado Boudou, para condenarlos; en otros, como Julio de Vido, procesarlos y
mandarlos a Marcos Paz y Ezeiza.
Uno de los peores elementos de ese plantel es Leonardo
Fariña, buchón coacheado para declarar tanto en la casa de Elisa Carrió para el
programa de Jorge Lanata, como para ir a Inodoro Py a decir lo que jueces como
Claudio Bonadío y fiscales como Carlos Stornelli querían escuchar.
Esta maniobra relativa a los testigos y arrepentidos puede
fracasar, pero el mal ya realizado contra los detenidos injustamente no tendrá
remedio. Y el mal de fondo no se curaría en principio en el gobierno entrante
porque eso requeriría emprender una nueva campaña de democratización del Poder
Judicial tomando de inicio las reformas democratizadoras que Cristina planteó
en 2013 y finalmente fueron fulminadas por la Corte Suprema. Habría que volver
a la carga y no sólo para que se ingrese por concurso y se elija por voto
directo a representantes del Consejo de la Magistratura, como entonces, sino
para cambiar de raíz la esencia y procedimientos elitistas de ese Poder de
venda y moral caídas.
El presidente electo ya reiteró que no piensa reiniciar la
patriada democrática de 2013. Confía en que los Bonadío se jubilen y otros se
atemperen, cambien o aprendan Derecho. En esto el profesor de Derecho Penal
peca de mucha ingenuidad.
Presos políticos.
El jueves 28 hubo un acto en Inodoro Py reclamando la
libertad de los presos políticos del régimen. Algo menos de 3.000 personas se
dieron cita, convocadas por el Foro por la Libertad de los Presos Políticos, la
Liga Argentina por los Derechos Humanos, APDH, etc, curas de Opción por los
Pobres, organizaciones sociales como la Tupac Amaru, partidos como Miles, PC,
etcétera.
Dieron el presente el intendente de Avellaneda Jorge
Ferraresi, el diputado Rodolfo Tailhade, el exjefe de gobierno Aníbal Ibarra,
el ex preso político Fernando Esteche, el cura Eduardo De la Serna, la mujer de
De Vido, Alejandra Minnicelli, la compañera de Boudou y muchos dirigentes más.
Algunos medios invisibilizaron el acto o bien lo adjudicaron
a la intención de liberar a «corruptos presos». Otros, reflejando los nuevos
vientos que no son huracán, pero al menos soplan, fueron más objetivos. Hasta
Animales Sueltos hizo una crónica no tan animal.
El objetivo de máxima es que las decenas de esos presos
políticos pasen la Navidad con sus seres queridos y en libertad. El cronista
piensa especialmente en casos muy dolorosos como el de Milagro Sala, presa
desde enero de 2016 por designio de Gerardo Morales y la oligarquía jujeña. Y
como ella, el resto de los prisioneros políticos.
El objetivo de mínima es que pueden seguir sus procesos en
libertad, no bajo prisión preventiva, tirando a la basura la «doctrina Irurzún»
o al menos que les den la domiciliaria.
Es notable la diferencia. A más de la mitad de los genocidas
condenados por delitos de lesa humanidad les concedieron la domiciliaria. El
último caso es el excapitán Esteban Sanguinetti, condenado en Tucumán a 14 años
de prisión por la desaparición del soldado Alberto A. Ledo, en 1976: se fue a
su domicilio. Allí, dicho sea de paso, fue absuelto el teniente general César
Milani, acusado de encubrir esa desaparición. Esa absolución levantó justas
críticas de la familia Ledo, de organismos de derechos humanos y de la querella
del doctor Claudio Orosz, que había pedido la condena del militar.
La pregunta sigue en pie. Si de prisiones domiciliarias se
trata, ¿por qué a los genocidas sí y a De Vido no?
Esa disparidad de criterios fue cuestionada, en otro plano,
por Fernández. Se preguntó por qué los que pagaron coimas están libres y los
que presuntamente las recibieron están en calabozo. Este razonamiento fue
bastante ocultado por Clarín e Infobae, jugados con la causa de las fotocopias
de los cuadernos y con la lógica de allí derivada, con Paolo Rocca (Techint) ni
siquiera procesado.
En cambio, cuando AF dijo, en esas mismas declaraciones, que
no hay presos políticos porque cuando alguien tiene una causa no puede
catalogarlo de tal sino que, a lo sumo, hay detenciones arbitrarias, allí sí
amplificaron esas definiciones para generar opinión pública adversa a Milagro,
Boudou y De Vido.
La realización del acto del 28/11, con mucha divulgación en
las redes sociales y algo de cobertura en los medios «serios», indica que más
allá de la opinión de AF, hay sectores incluso del Frente de Todos que sí
consideran a esas personas como presos políticos y van a seguir reclamando sus
libertades. Su consigna, descarnada, es para la reflexión del gobierno
entrante: «No hay democracia con presos políticos».
¿Se jugará?
Nadie tiene la bola de cristal sobre lo que se viene después
del 10 de diciembre. Sólo se sabe que tres días antes el pésimo presidente que
se va espera reunir a miles de sus partidarios en la Plaza de Mayo. Aunque
hubiera mucha gente, esa no será una luna de miel sino un velorio. Un griterío
para acallar el dolor de la derrota de agosto y de octubre.
Más allá de los puteríos que fomenta Clarín y otros medios
sobre pugnas entre el kirchnerismo y el albertismo y massismo, queda claro que
la mayor parte de los votos los aportó Cristina, y la integración del nuevo
gobierno lo decidió Alberto, que llevará la banda y el bastón.
Lo más importante por develar es qué política se aplicará,
fuera de lo ya conocido como combatir el hambre, aumentar los salarios para
promover la reactivación del consumo, poner límites a las tasas cobradas por
los bancos y orientarse en la política regional por la línea de centro
izquierda del Grupo de Puebla, con México, pese a la amputación por centímetros
de la pata uruguaya.
Esas definiciones generales no alcanzan para saber el rumbo
concreto de la nueva administración.
¿Qué hará con los bancos? En su discurso ante la 25
Conferencia de la UIA, Fernández cuestionó el aspecto especulativo de esa
actividad financiera que según él hasta perjudicó a los bancos. Esas entidades
ganaron 189.860 millones de pesos entre enero y septiembre de este año, en base
a las devaluaciones, compra de Lebac, quita de controles del Central y tasas de
interés usurarias del 75 por ciento.
¿Se atreverá el nuevo presidente a nacionalizar los
depósitos bancarios, que no son de los bancos y que manejan a voluntad como sí
lo fueran? ¿O al menos les impondrá altos impuestos en función de sus siderales
ganancias?
También están pendientes de resolución las retenciones a la
exportación de granos y soja; esta última debería ser del 30 o 35 por ciento y
segmentada según volumen exportado y superficie cultivada, para no pegar igual
de duro en pequeños y medianos productores sino en los grandes y en la patria
exportadora (Cargill, Dreyfus, Nidera, Aceitera General Deheza, etcétera).
Y allí aparecen nuevamente las dudas. Es que, en la
Conferencia de la UIA, el mandatario electo fue presentado por el titular de la
entidad, Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza.
La duda es doble, porque en una nómina de futuros ministros,
no confirmada, aparece Roberto Urquía, de la misma Aceitera General Deheza,
como ministro de Agricultura.
Por más que la política argentina es complicada, hay cosas
obvias. Para que un gobierno tenga recursos con qué financiar sus políticas
progresistas, debe quitarlos de la deuda externa, banqueros, latifundistas,
sojeros, exportadores, energéticas y multinacionales. Paso a paso, unos primero
y otros después, por etapas, etcétera, pero sin recuperar parte de lo nuestro
apoderado por esos intereses ajenos, no habrá una Argentina feliz.
ortizserg@gmail.com
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