Por Sergio Ortiz:
La administración Trump autorizó a partir del 2 de mayo los
juicios de ciudadanos estadounidenses contra empresas cubanas y de otros países
radicadas en Cuba.
Desde que asumió en enero de 2017, el presidente
norteamericano viene reforzando el bloqueo contra Cuba. En febrero de 1962 el
imperio decretó un bloqueo total contra el pequeño país que había comenzado una
revolución. Ese bloqueo fue agravado de muchas formas en estos casi sesenta
años (en rigor comenzó con el triunfo de los barbudos de Fidel Castro, enero de
1959).
La última herramienta «legal» del bloqueo data de 1996 bajo
la administración del demócrata Bill Clinton: la ley Helms-Burton. Esas medidas
tuvieron «éxito» porque causaron daño económico directo por centenares de miles
de millones de dólares, afectando la vida cubana.
Pero, y esto es lo decisivo, no lograron el objetivo de
Washington de derrocar el gobierno socialista. La cubanía se hizo más patriota,
más socialista y más fidelista.
Por eso Barack Obama en 2014, manteniendo el objetivo
estratégico de liquidar ese socialismo, cambió parcialmente de táctica y
admitió que el bloqueo había fracasado. Reanudó las relaciones diplomáticas,
flexibilizó algunas sanciones y apostó a inversiones, redes sociales y turismo
para que ablandaran ideológicamente al socialismo martiano.
Eso no tuvo éxito. La isla se mantuvo en sus posiciones,
incluso tras la muerte de Fidel Castro en 2016 y el recambio presidencial de
Raúl Castro a Miguel Díaz Canel, que ya lleva un año como jefe de Estado y goza
de amplio respaldo popular, estrenando nueva Constitución.
El imperio vuelve a la carga de la peor manera con las
peores políticas y el peor presidente, Trump, quien en junio de 2017 anuló las
políticas de Obama y ahora puso en marcha el Título III de la Helms-Burton. Es
un capítulo tan ilegal y provocador de conflictos con la patria de José Martí y
el resto del mundo, que por esto último estuvo suspendido estos veintitrés
años. El magnate dispuso su vigencia en forma completa a partir del 2 de mayo.
Pésimo vecino.
La ley Helms-Burton, como las anteriores ley Torricelli y
Enmienda Mack, impide que productos cubanos entren al mercado estadounidense y
que productos norteamericanos abastezcan a la isla y capitales de USA se
radiquen en la Mayor de las Antillas. Penaliza a empresas de terceros países
que comercien con Cuba, incluso multa a bancos internacionales que tramiten
pagos hacia o desde La Habana. Impide que barcos de otras banderas ingresen a
puertos de EE. UU. si en los últimos meses han entrado a similares cubanos.
Todo eso y un largo
etcétera ha causado un altísimo daño económico a la nación agredida. Y
secundariamente, también ha afectado en lo comercial a empresas de otras
naciones, perjudicadas por esta legislación yanqui que se aplica en forma
extraterritorial, o sea contra terceros países.
Por eso, cuando en 1992 La Habana llevó su denuncia a la
Asamblea General de la ONU, tuvo el acompañamiento de las mayorías. Desde
entonces se acumularon 27 votaciones favorables a la isla y repudiando el
bloqueo. El 01/11/2018 la ONU aprobó la moción cubana por 189 votos a favor y
sólo 2 en contra (EE. UU. e Israel).
Haciendo caso omiso a ese rechazo universal, el neonazi
anunció en noviembre de 2017 sanciones contra 200 empresas cubanas relacionadas
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el gobierno cubano. El 17 de abril
pasado su secretario de Estado Mike Pompeo y su asesor de Seguridad Nacional
John Bolton agravaron mucho más esas sanciones al informar que a partir del 2
de mayo los estadounidenses podrán hacer juicios contra empresas cubanas y
extranjeras que «trafiquen» con las propiedades nacionalizadas en Cuba más de
medio siglo antes. Entre las sancionadas agregaron a la aérea Aerogaviota, los
hoteles Santa Isabel, El Caney Varadero y Meliá Marina Varadero Apartamentos,
así como el Centro de Buceo Marina Gaviota.
Eso ya provocó el firme rechazo del canciller cubano Bruno
Rodríguez Parrilla. También una declaración conjunta de la jefa de la
diplomacia europea, Federica Mogherini; la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström,
y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, reiterando que la aplicación
extraterritorial de medidas unilaterales sobre Cuba es contraria al derecho
internacional. Van a abrir un expediente ante la Organización Mundial de
Comercio y deslizaron que, si sus empresas son multadas, cobrarán un
resarcimiento a firmas estadounidenses.
Los anuncios de Bolton fueron en un acto con los Veteranos
de Bahía Cochinos, o sea la Brigada 2506 de mercenarios derrotada por Cuba en
Playa Girón. Ese 17 de abril se cumplía otro aniversario de esa gran victoria
cubana.
El paquete sancionatorio incluye la anulación de los
permisos laxos del final de Obama para 12 tipos de viajes a Cuba (visitas
gubernamentales, proyectos educativos, religiosos y médicos, etc.), tratando de
estrangular el turismo, un rubro que había mejorado desde 2014. También
limitaron las remesas que los familiares envían desde EE. UU. a los suyos en la
isla: un máximo de mil dólares por trimestre. El burdo argumento anticomunista
es que la Casa Blanca «no quiere que vaya dinero a la dictadura castrista».
El otro pésimo argumento para sancionar a Cuba es que habría
entre 20.000 y 25.000 militares cubanos que sostendrían a «la dictadura de
Maduro».
Este punto es interesante para analizar. En cierto modo los
yanquis están admitiendo su fracaso, o la evidente tardanza en entronizar a su
títere Juan Guaidó, al que proclamaron el 23 de enero, hace más de 90 días. Y
si pensaban que Cuba iba a abandonar a Venezuela bolivariana por las sanciones,
el resultado es todo lo contrario. Las dos naciones, los dos pueblos y los dos
gobiernos, de Maduro y Díaz Canel, están más unidos que nunca, tanto como en
tiempos de Fidel y Chávez.
ortizserg@gmail.com
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