Por Juan Pablo Cárdenas S.:
La opinión pública llega a la conclusión que después de los
bullados casos de corrupción de la política serán contados con los dedos de una
mano los que van a recibir alguna sanción penal por los delitos tributarios, el
enriquecimiento ilícito y la recepción indebida de aportes para el
financiamiento de sus campañas electorales. Con ellos, las empresas
comprometidas en estas ilícitas donaciones han tenido el tiempo para arreglar
sus contabilidades y hacerse defender por los más destacados abogados y
estudios jurídicos. Por esos hábiles y, digamos, eclécticos profesionales que,
sin duda, cuentan con las destrezas y recursos para seducir a los jueces y
recurrir a los abundantes resquicios legales a objeto de que sus clientes
escapen indemnes de sus graves atentados contra el llamado “estado de derecho”.
En los últimos días acaso solo el ex senador Jaime Orpis
pareciera que mantiene riesgo de sufrir alguna pena aflictiva, aunque todavía
lo favorecen esos largos meses y años que toma la tramitación de estos
procesos, donde muchos delitos se van diluyendo y fabricando hasta conmovedoras
atenuantes. En este sentido, el Servicio de Impuestos Internos (SII), cuyo
titular depende de los presidentes de la República, se ha omitido
vergonzosamente de presentar querellas o demandas contra los políticos
inescrupulosos denunciados por medios de comunicación y los propios fiscales.
Curiosamente, en nuestra amañada legislación estos últimos no tienen facultades
para sostener procesos si no cuentan con este “sospechoso pase” que debe
brindarle una institución del Estado que debiera efectivamente velar por el
cumplimiento de las normas tributarias del país.
Ya nadie puede dudar respecto de la colusión que existe
entre el mandamás del SII y la clase política. Al mismo tiempo que se ha
demostrado que el mismo funcionario designado por Michelle Bachelet como
director de este organismo fuera ratificado por el presidente Piñera y su nueva
administración, en un país en que los titulares de estos altos cargos públicos
suelen ser renovados con cada cambio de gobierno.
Todo indica que en la corrupción política y las impunidades
puede estar la causa que explique los millonarios fraudes al fisco cometidos
por Carabineros y las distintas ramas de las FFAA, cuya cuantía y desfachatez
no tienen precedentes en nuestra historia. Por supuesto: es bien posible que
los uniformados se hayan animado a cometer estos despropósitos ante el
deliberado silencio de las autoridades políticas que deben fiscalizarlos.
Cuando los uniformados además se enteran por sus servicios de inteligencia de
cada una de las irregularidades cometidas por los demás poderes fácticos
chilenos.
A no ser por algunas filtraciones a la prensa, es muy
posible que cada alto oficial al salir a retiro se creyera con fuero para
convertirse en millonario gracias a los gastos reservados que se les asignan,
además de otras conocidas prebendas, y cuyo detalle de gastos ni siquiera
recibía de la Contraloría General de la República una mínima inspección. Por lo
mismo es que los últimos comandantes en jefe, sus subordinados de más confianza
y familiares se prodigaran en pasajes aéreos, viajes y viáticos por Chile y el
mundo. Más allá de las comisiones o coimas que habitualmente los proveedores de
armas y pertrechos militares les erogan a quienes están a cargo de la
adquisición de armas y el abastecimiento de los cuarteles. Con seguridad, estos
oficiales se sintieron tentados a delinquir después de observar cómo su líder
castrense, Augusto Pinochet, era favorecido con la impunidad que la política le
garantizó a sus crímenes de lesa humanidad, cuanto a aquellas abultadas
sustracciones al erario fiscal cometidos por él y sus parientes.
No sería tampoco extraño que las últimas acusaciones contra
algunos ministros de corte y fiscales tengan fundamento en la gran salvada de
tantos magistrados cómplices o encubridores respecto de los delitos de la
Dictadura, la mayor parte de ellos ahora ya jubilados y en la completa
seguridad que nunca su abyección y lenidad será sancionada. Es posible, por
ejemplo, que los magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua (hasta aquí
tres) se creyeran facultados para percibir,
al igual que los políticos, sumas de dinero prevenientes de los narcos y
delincuentes de cuello y corbata que, como se ha descubierto, cuentan también
con diestros operadores para repartir dinero o sobresueldos a algunos jueces,
aunque en cantidades, al parecer, más modestas que las que se repartieron entre
los miembros del Poder Legislativo, los municipios y los partidos políticos.
Porque en el escalafón de los poderes del Estado, sin duda los jueces son los
más baratos a la hora de vender su conciencia.
En este estado de descomposición general de nuestras
autoridades e instituciones públicas, por qué no suponer, además, que los
mismos delincuentes comunes se sientan tentados a delinquir hasta los niveles
alarmantes que hoy se conocen. Que los portonazos y el lucrativo negocio del
narcotráfico, por ejemplo, se alimenten de las malas prácticas de los
poderosos, de los que mandan y deben velar por el orden público. Cuando hasta
los mismos obispos y sacerdotes vienen perdiendo credibilidad y autoridad moral
para reclamarles buena conducta a los jóvenes que escandalizan y abusan.
A lo que se puede sumar el mal comportamiento de altos
personeros de otras instituciones morales que hoy permanecen en sueño o
únicamente al acecho de cargos y buenos negocios, como algunos de los magistrados
imputados y que se les señala como integrantes de las logias masónicas.
De esta forma es que hasta las policías son interpeladas
duramente por la población, a causa de que no pocos de que sus integrantes se
descubren entre las bandas delictuales, los asaltos y hasta las más graves
infracciones del tránsito. Cuando en los mismos cuarteles policiales se
reconoce la pérdida de armamento disuasivo y de guerra que, no sería extraño,
sea la que exhiben los más desinhibidos mafiosos en los funerales de sus capos.
En imágenes que le sirven a los chilenos y ahora al mundo
para constatar que la democracia chilena no es la que se presume y que, así
como vamos, seguramente nos vamos a ver arrastrados al fango en que viven los
países más corruptos de la Tierra. Si no fuera porque todavía existen
ciudadanos o héroes civiles que se atreven a salir a las calles y demandar esa
justicia y libertad que se nos ofreció antes que los referentes de derecha a
izquierda consolidaran su feliz connivencia bajo el imperio de la Constitución
de Pinochet y el orden neoliberal. Cuyo ideario ha infiltrado las convicciones
de los políticos más rebeldes del pasado. Y el de no pocos jóvenes políticos de
hoy.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
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