Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:
La Universidad Nacional de Colombia, con más de 50.000
estudiantes, 3000 profesores y similar número de funcionarios y trabajadores,
necesita 60.000 millones de pesos (20 millones de dólares) para culminar el año
académico de 2018, según anuncio su rectora. La historia es la misma para las
32 universidades públicas que requieren 1.8 billones de pesos para funcionar y
recuperar parcialmente la capacidad perdida a consecuencia de haber cumplido la
tarea exigida de crecer sin garantías, hasta duplicar el número de programas y
obligaciones con la misma base presupuestal y demás garantías.
La realidad del riesgo puso al descubierto, que detrás de
los innumerables éxitos presentados con indicadores de eficiencia hay un enorme
hueco presupuestal que anuncia una tragedia, que en un símil al efecto
invernadero, si no se detiene a tiempo hará colapsar el sistema e inclusive
provocar la desaparición misma del concepto universidad pública para las
mayorías de población víctima de la desigualdad, que ha creado daños
estructurales. Las universidades aumentaron todas sus cifras pero el estado las
abandono a mitad del camino provocando una des financiación que las tiene el
borde del abismo sin retorno.
En la última década los estudiantes pasaron de ser 1.360.000
en 2007 a 2.390.000 en 2016 (portafolio.co, abril 2018) con apenas pequeñas
adiciones presupuestales. Las directivas aprendieron a solucionar remendando
las carencias (dividieron salones, los parqueaderos desplazaron parques, los
profesores a contrato se quedaron sin despachos, los laboratorios sin
instrumentos, las tecnologías rezagadas y las aulas con goteras). El
presupuesto pasó de 20.8 billones a 37. 4 billones, según el gobierno un
incremento del 78% en la década, lo que es cierto matemáticamente, pero
políticamente incorrecto, ya que la cifra incorporó en un amplio porcentaje la
financiación de otras instituciones de educación superior (IES) y las
estratégicas transferencias al sector privado por vía de programas como ser
pilo paga. En paralelo el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación,
decreció en un 46% siendo uno de los más bajos de América con un 0.27% del PIB,
(IMD, índice mundial de competitividad 2018, imagenpoblana.com) y bajo nivel de
incidencia para fortalecer la ciencia y el desarrollo no solo económico sino
también de la mentalidad y la manera de convivir.
La des financiación crece, la autonomía se debilita, pero la
unidad de las universidades avanza, a pesar de que cada una pasa su agonía
atendiendo con mayor o menor escala la tensión de sus problemas internos de
desgobierno, injerencias externas y gasto de energía respondiendo a los obesos
e intocables sistemas de gestión privada que ahogan la inteligencia con
indicadores, convertidos en costosos obstáculos para el pensamiento y que
aunque no impacten suman. De conjunto el
sistema de universidades públicas tiene afectadas a fondo todas sus estructuras
y está en alto riesgo de ser vaciadas totalmente de su contenido, que las
llevaría a dejar de ser el escenario de conocimiento y de la cultura para ser
empresas privadas que compiten por recursos, sin ética, política ni democracia.
El sistema universitario estatal esta desfinanciado por el
incumplimiento del estado que tiene una deuda adicional contraída de 15
billones de pesos para infraestructura y un compromiso para detener el desmonte
de garantías al derecho al trabajo (70% del profesorado labora con contratos
precarios), la pérdida paulatina de garantías salariales y la amenaza de
modificación de estatutos internos con los que se les pretende acomodar a
políticas de disciplinamiento, control, reducción de tiempos de estudio,
tratamiento de la protesta como asunto de guerra y libre arbitrio para sus
equipos directivos.
Para evitar el fin de
la universidad que quedo del S.XX, los múltiples comunicados de estudiantes,
profesores, trabajadores, sindicatos, y las relatorías y conclusiones de
asambleas y foros se anuncia que hay suficientes razones para reiniciar nuevas
luchas, mezcladas, transversales e incluyentes de otros sectores sociales, con
lugar común en la defensa de la dignidad, que podrá traducirse en un paro
nacional, que ponga en evidencia las técnicas del poder hegemónico responsable
de la crisis y repercuta en la gobernabilidad y estabilidad del gobierno y
logre que las universidades garanticen su existencia. La situación se tensa
porque mientras en las universidades buscan salidas para impedir su tragedia,
el gobierno ofrece desprecio, motiva el ánimo de guerra y anuncia inclusive
billonarias adiciones de presupuesto para material de guerra y atención a las
migraciones alentadas políticamente.
El momento despeja el camino para arreciar la lucha frontal
por la defensa de la existencia misma de la universidad pública. Las
motivaciones parecen indicar el retorno social protagónico de las universidades,
que recuperan la memoria de su decisiva incidencia para ponerle fin a la
hegemonía conservadora de los años 20 del S XX, la caída del General Rojas
Pinilla y el Paro Universitario Nacional de 1971, cuyo programa mínimo nacional
proclamó (como ahora) la abolición de los consejos superiores universitarios
(considerados una expresión neocolonial y semifeudal); la defensa de la
asignación de un presupuesto suficiente para el pleno funcionamiento de la
universidad y la congelación de matrículas (notasobreras.net, feb de 2011).
En el siglo XXI anunciaron su capacidad para influir en la
vida del país con movilizaciones de confrontación a los tratados de libre
comercio, al plan de desarrollo y al recorte de transferencias departamentales,
abriendo el camino a los encuentros nacionales estudiantiles universitarios
(ene) y su posterior salto a las mesas amplias que articularon la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil, MANE, que en 2011, logró la atención del país con
imaginativas y contundentes movilizaciones en defensa de la educación pública
frenando el impulso del gobierno saquear el carácter histórico y convertir de
manera definitiva a las universidades en empresas con ánimo de lucro, que
liberaran recursos públicos para la corrupción y la muerte.
En la nueva movilización en marcha, confluyen todos los
estamentos universitarios (inclusive directivas) y centran su agenda común en
la exigencia de financiación adecuada, ante la des financiación que amenaza su
existencia; la defensa de la autonomía para trazar por cuenta propia su destino
libre de injerencias y clientelismos y; la recuperación de su papel relevante
para construir democracia. Aunque el gobierno demuestra su menosprecio por la
ciencia, la educación, la cultura y en general los valores de la vida y los
derechos, la movilización ya comenzó y el 10 de octubre se hará visible para el
mundo con la toma universitaria de Bogotá, que puede dar inicio a un paro
nacional de hondas repercusiones, y que en todo caso se irá después a las
regiones, para que en los territorios cada universidad decida su destino y haga
valer su poder y su saber para transformar la vida, liberarla de la guerra y
con imaginación e inteligencia recupere su potencia creadora y supere las
debilidades y ataduras que la tienen a merced de quienes usan el poder para
destruir y no para construir la vida buena, civilizada, sin barbarie. La cita
es el 10 de octubre, a 526 años de la invasión.
mrestrepo33@hotmail.com
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