Los diferentes gobiernos colombianos que han conducido el
país desde hace 20 años hasta el que
acaban de elegir el pasado 7 de agosto, se vanaglorian del cumplimiento de los Derechos Humanos,
(DDHH), el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de lo democrático que es
su país. De apegarse a las leyes,
propias o heredadas de las doctrinas legales que profesaba el
General Francisco de Paula Santander.
Pero examinemos la
real situación que confrontan hoy tales derechos y la política de los gobiernos
que detentaron el poder desde el 7 de
Agosto de 1998 a la fecha , septiembre del 2018.
Cuando el pasado 10 de mayo en Suiza, Ginebra, se examinó
por el Consejo de Derechos Humanos (CDH)
de las Naciones Unidas, en la sesión del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Colombia. Instancia creada en 2006 por las Naciones Unidas para
monitorear y evaluar el grado de realización de los derechos consagrados en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos en cada uno de sus 192 países miembros. Llegaron a la siguiente conclusión que, “pese a importantes esfuerzos, en
Colombia no se han cumplido cabalmente las recomendaciones hechas al gobierno
en los EPU de 2008 y 2013. Sigue habiendo graves y sistemáticas violaciones de
DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH, que permanecen
impunes. El Estado no coopera con los procedimientos especiales del CDH, ni
cuenta con un mecanismo de seguimiento participativo, lo que dificulta el
monitoreo de los países examinadores y limita la posibilidad del EPU de
contribuir a la construcción de la paz en Colombia.” En resumen,
Colombia no cumple con garantizar y preservar los derechos humanos ni el
Derecho Internacional Humanitario.
De otra parte, tampoco se cumple con la Corte Penal
Internacional (CPI), organismo del cual
es signatario el Estado colombiano
y la Fiscalía General de la República se
niega a entregar la información a lo
relacionado con ejecuciones extrajudiciales que involucra a
militares de alto rango, agentes del orden público implicados en desapariciones
y ejecuciones, entre ellos los
llamados “falsos-positivos”, los
crímenes y acciones contra la población
civil de los paramilitares, sus patrocinadores
y los crímenes sexuales.
A propósito de la investigación y la preocupación de la CPI, visitó Colombia, en el mes de septiembre de pasado
año 2017, la señora
Fatou Bensouda, Fiscal de la
Corte Penal Internacional, uno de cuyos
principales objetivos era obtener una eficaz ayuda de la Fiscalía General de la
República sobre las implicaciones de los militares en los falsos-positivos,
donde se calcula el asesinato de unos 3000 jóvenes inocentes.
Según medios de prensa
colombiana, la Fiscal Fatou Bensouda se fue muy descontenta de la
reunión con el Fiscal General de la República,
Néstor Humberto Martínez, al declarar que “le habían solicitado pruebas
al Fiscal que demostraran investigaciones serias y contundentes contra los
militares acusados de permitir falsos-positivos y no obtuvo ningún compromiso a
su solicitud”, dichas declaraciones se
produjeron a la salida de su reunión con el
Fiscal General de la República de Colombia.
La tan cacareada democracia colombiana, de acuerdo a
información dada a conocer por página web
www.500organizacioneshablan.org,
que el Estado colombiano no
garantiza seguridad para sus ciudadanos,
“actualmente se registran 8´208.564 víctimas del conflicto armado. A
pesar del Acuerdo, el conflicto armado interno persiste y los demás actores
continúan infringiendo el DIH, ocasionando impactos desproporcionados sobre la
población civil: desplazamientos forzados, confinamientos, bombardeos
indiscriminados, reclutamiento y utilización de niños, niñas y
adolescentes NNA, violencia sexual,
secuestro, ataques a bienes y personas protegidas”.
“Entre 2013 y 2016 al menos 2.820 personas murieron fuera de
combate a causa de la violencia sociopolítica. En los 1.128 casos en que se
conoce el presunto autor, el 69,93% se atribuye al Estado y a las guerrillas el
29,87%.” “Las ejecuciones
extrajudiciales continúan. En 2015 se documentaron 65 casos cometidos por
miembros de las FF.AA”.
“El desplazamiento forzado persiste y presenta una tendencia
al aumento. Colombia sigue siendo el país con más víctimas de desplazamiento
forzado en el mundo, el 63% en la pobreza y el 33 % en la extrema pobreza”.
“Continúan los casos de violencia sexual. Entre enero 2013 y
julio 2017 se registraron 3.989 delitos contra la libertad y la integridad
sexual de las mujeres”.
“Persisten barreras para el ejercicio de derechos de los
pueblos indígenas y afrodescendientes, éstos no están adecuadamente
representados en los escenarios de participación política. La respuesta
institucional continúa siendo insuficiente, a lo que se suma el incumplimiento
de los 96 acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y los realizados
con la Minga Indígena”.
“La aplicación de la Ley 1453 de 2011 sobre seguridad
ciudadana, llevó a judicializaciones masivas de líderes y organizadores de
protestas pacíficas”. La represión
violenta. El uso de la fuerza por parte de la policía no respeta los estándares
internacionales de proporcionalidad, necesidad, gradualidad y excepcionalidad.
Desde la creación del ESMAD en 1999, miembros de este cuerpo están sindicados
de cometer al menos 20 ejecuciones extrajudiciales, 780 detenciones
arbitrarias, 80 casos de tortura y lesionar a 3.000 personas”.
En el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón han asesinados a más de 400 líderes sociales,
incluso casi dos centenares después de la firma de los Acuerdos de Paz, y en el
mes que lleva el actual gobierno del señor Iván Duque, más de 25 dirigentes
sociales y afrodecendientes e indígenas han sido víctima de las bandas
paramilitares al servicio de los grandes oligarcas y la complicidad de los
agentes del Estado.
El amigo lector puede colegir, que la democracia de la cual
alardean los políticos y dirigentes colombianos que representan y defienden al
actual modelo neoliberal que allí impera, está muy lejos de ajustarse a la
verdad, los datos arriba mencionados son muy dicentes y ubican a este país muy
alejado de un verdadero sistema democrático, solo citando unas pequeñas
muestras de lo que acontece en este hermano país, se darán cuenta de lo falso
que resulta afirmar que hay democracia en un país donde la
desigualdades, son descomunales, la discriminación por razas, etnias,
sexo y género, han conllevado a crímenes y desplazamientos forzados, para beneficiar a los grandes latifundistas o
a las empresas transnacionales.
Entonces de cuál democracia pueden hablar. En este artículo
solo estoy señalando una pequeña punta del iceberg, en próximas entregas daré a
conocer otros datos que la opinión pública debe conocer sobre Colombia, cuyo
gobierno se ha convertido en el más fiel escudero de Estados Unidos para
provocar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, acusándolo de Dictador
y donde no reina la democracia, mientras el gobierno colombiano presta su
territorio para desarrollar provocaciones y una muy posible intervención
“militar humanitaria”.
jorgarcia726@gmail.com
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