Por Lic. Florencia Prego:
Fernando Esteche se encuentra detenido en el Complejo
Penitenciario de Marcos Paz desde el pasado 7 de diciembre. Ya son 8 meses lo
que lleva detenido, cumpliendo una prisión de facto que supera per se la
condena mínima del delito que se le imputa. No es casual. Todo es causal.
En un país gobernado por la derecha, la existencia de presos
políticos es una condición de posibilidad para sostener su forma de dominación.
Detenciones que operan como dispositivos que buscan ordenar, domesticar,
adormecer. Detenciones ejemplificadoras que pretenden anestesiar tanto dolor y
trauma perpetrado.
América Latina está transitando un proceso de
reconfiguración de las estrategias de las derechas que nuevamente se hicieron
de la dirección de los gobiernos tras el interregno de las experiencias
populares y progresistas. En primer lugar, fueron los casos de Honduras (2009)
y Paraguay (2012) a partir de los golpes de Estado contra Mel Zelaya y Fernando
Lugo. Este redespliegue se aceleró a partir de la victoria de Mauricio Macri
(2015) a partir de sucesivas victorias electorales en la región como así
también apelando a la vieja y nunca desechada costumbre de interrupción de
mandatos soberanos, como fue el caso de Dilma Rousseff en Brasil, donde un
juicio político pretendió disfrazar la esencia golpista de la derecha
brasilera.
El problema que enfrentan estos gobiernos actualmente es
lograr mantener cierto consenso, pasible de ser traducido en gobernabilidad,
para mantener las riendas de la política. Cosa nada sencilla sabiendo que, si
hay algo que han logrado los gobiernos populares y progresistas desde Hugo
Chávez en adelante, fue construir una subjetividad postneoliberal con muchas
debilidades, pero también con genuina fortaleza, donde ciertos derechos
adquiridos operan como fronteras difíciles de traspasar por su carácter imprescriptible.
En efecto, dado que los modelos que proponen son exclusivos de sectores
minoritarios, la intentona de hacer tabla rasa del pasado reciente es una
maniobra que, en el corto plazo, puede funcionar.
De eso se trata. De socavar las posibilidades para parir
nuevamente proyectos y expresiones políticas postneoliberales en América
Latina. Para ello debieron reconfigurar sus estrategias de acción e
intervención, siendo la judicialización de la política una maniobra -para nada
novedosa- cuya contracara es la persecución punitiva a la oposición y a los
opositores.
En la Argentina del Partido Propuesta Republicana (PRO)
tenemos nuevamente al FMI en la Casa Rosada y, por estos días, por un decreto
–prerrogativa del Poder Ejecutivo que suplanta al Poder Legislativo utilizado
con ardua frecuencia por el actual gobierno- se propone reconfigurar el rol de
las Fuerzas Armadas desdibujando los límites entre la Defensa y la Seguridad
Interior, a partir de viejas pero aggiornadas doctrinas con enemigos internos novedosos
que la sustentan y justifican. Podríamos pensar, como ejercicio comparado, lo
que ha sucedido (y sucede) en Paraguay a partir de la modificación de la Ley de
Defensa y Seguridad Interna que llevó a cabo Horacio Cartes en el 2013. También
el caso de Brasil, donde el ilegítimo gobierno de Michel Temer sacó a las
Fuerzas Armadas a las calles sembrando mares de sangre en las favelas de Río de
Janeiro. Podríamos pensar también, casos más extremos como el de México y
Colombia, donde la violencia militar (y paramilitar) está a la orden del día y
donde, so pretexto de la lucha contra el narcotráfico, asesinan, fusilan,
desaparecen y desplazan a cientos y miles de personas.
Ante la falta de consenso de (y por) su política económica,
la coerción se expone en estado de latencia por parte de las fuerzas de
seguridad del Estado. Esto opera como mecanismo para pensar no solo el proceso
de construcción (y deconstrucción) que hacen del mismo, sino también su
posibilidad hegemónica. Y es claro que, el modelo que proponen, precisa de la
exclusión de millones que sobran, que son innecesarios y hasta residuales.
Interesante entonces inmiscuirnos en la disputa por el
significado de democracia, concepto no solo histórico sino también polisémico.
En su aspecto social y económico, es preciso vislumbrar la situación actual
donde la desocupación aumenta aceleradamente, la devaluación impacta de lleno
en la inflación haciendo del costo de vida una quimera inalcanzable para los
salarios; donde los índices evidencian un aumento indefectible de la pobreza.
Números objetivos que no solo marcan el empeoramiento de las condiciones de
vida de las mayorías, sino la desigualdad: no es cuestión solamente de la
redistribución regresiva del ingreso sino también, de la concentración de la riqueza.
Su acepción política va más allá del aspecto netamente
procedimental; es decir, más allá de reconocer que llegaron a la dirección del
gobierno por el voto popular. Es necesario resaltar la gran defraudación y
estafa de la victoria electoral de un gobierno que está haciendo todo lo
contrario a lo que sostuvo durante su campaña (desde los aumentos exponenciales
de los servicios públicos, al acuerdo con el FMI, pasando por las reformas
impositivas y jubilatorias, etc.). Es decir, en la base de su consenso de
origen (o principio de legitimidad) está su pecado original. Pero también es
urgente pensar la existencia o no del estado de derecho en Argentina. Y, de más
está decir, que democracia y presos políticos son conceptos antitéticos.
La excepcionalidad jurídica como norma
Por estos días, en una serie de declaraciones, los
representantes de las instituciones del poder expusieron de la forma más cruda
e impune, tanto su filosofía política como su capacidad para ejecutar funciones
que no le corresponden, o excederse en el ejercicio de las que se supone son
garantes.
Claudio Bonadío, el juez que dictó los procesamientos y las
detenciones preventivas por la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán
(entre otras) suspendió la indagatoria al titular de la ANSES Emilio
Basavilbaso so pretexto de tener “mucho trabajo”. Iba a ser el primer
funcionario del gobierno de Mauricio Macri en tener que dar explicaciones ante
los tribunales federales. Pero Bonadío actuó no como juez, sino como parte. El
fiscal Ricardo Sáenz, otro reconocido operador del macrismo, refiriéndose al
nombramiento de Inés Weinberg de Roca como Procuradora General de la Nación,
sostuvo en una declaración tan despechada como amenazante, que esperaba un
reconocimiento para los fiscales que “pusieron el cuerpo”.
Es decir, que alguno de los que trabajaron arduamente para
consagrar al actual Poder Ejecutivo sería premiado con dicho cargo en una mueca
de mutuo reconocimiento. Por último, Federico Pinedo en su carácter de
presidente provisional del Senado de la Nación planteó, en relación al proyecto
sobre la extinción de dominio, que el proceso no debe estar atado a la
investigación penal. Y sentenció: “proponemos procesos rápidos que le permita
al Estado quitarles los bienes a los delincuentes aún antes de la condena
penal”. Interesante prerrogativa que se atribuyen, esa de condenar antes de la
condena.
Estas declaraciones, selectivas y tan solo de éstos últimos
días, expresan de forma abyecta la negación de la República en cuanto
existencia de división de poderes, esa que se suponía venían a recomponer y
garantizar. Por el contrario, la realidad indica que nunca se vio, en tiempos
democráticos, una colonización tal del Poder Judicial por parte del Poder
Ejecutivo como la que vivenciamos (y padecemos) en la actualidad (esto puede
verse en los nombramientos y desplazamientos de jueces, en la creación de
tribunales, en los sospechosos sorteos, etc.).
De esta manera, si en un estado de derecho rige la
presunción de inocencia, en un estado de derecha lo que rige es la presunción
de culpabilidad. Y eso es lo que están aplicando sobre las presas y los presos
políticos en nuestro país, violando el debido proceso, la presunción de
inocencia y el principio de igualdad ante la ley.
La judicialización de la política, dirigida desde el Poder
Ejecutivo, es ejecutada desde el Poder Judicial y los medios de
(des)información masiva: primero, construyen la condena mediática, luego
procesan y dictan las prisiones preventivas (sin sustento alguno) y lo que es
más grave aún, prefabrican condenas. El Poder Judicial coexiste con un Poder
Ejecutivo al cual, ocasionalmente, responde. Sin embargo, el carácter orgánico
que lo constituye (siendo el poder menos democrático que existe en el marco de
una República donde los jueces no solo no son elegidos, sino que carecen de
todo tipo de regulación y control por fuera de la Familia Judicial) le da un
margen de autonomía suficiente que se trasluce en la posibilidad de ejercer sus
designios de forma absolutamente discrecional.
Podemos advertir que la excepcionalidad jurídica está
deviniendo en la norma aplicándose contra los opositores y las opositoras en
Argentina. La gravedad institucional que esto supone va más allá de los propios
destinos individuales; el tránsito hacia un estado de excepción pareciera ser,
en caso de seguir profundizándose esta persecución política, un destino trágico
y próximo. Un paisaje social teñido por la suspensión de derechos y garantías
procesales; con una “justicia” que tiene distintas varas y carente de toda
imparcialidad; con fiscales y jueces que, con total liviandad, admiten su
intervención en la política y a favor de determinados intereses; con políticos
que condenan a los sin condena; con libertades arrebatadas… Todo esto, no hace
más que encaminarnos hacia dicha hipótesis.
¿Por qué está preso Fernando Esteche?
Fernando Esteche está preso (de forma “preventiva”) hace 8
meses por la causa del Memorándum de entendimiento con Irán. Algunas premisas
son importantes reiterar, a riesgo de parecer redundantes. En primer lugar,
señalar que el Memorándum fue una política de Estado aprobada en el 2014 por
170 parlamentarios (entre senadores y diputados/as) de la República Argentina.
Es decir, no puede ser judicializable simplemente porque no constituye delito.
En segundo lugar, destacar que nunca entró en vigencia.
Esta denuncia, que elucubró el fiscal Alberto Nisman (entre
otros) a principios del 2015 sostenía que el objetivo del Memorándum era el
encubrimiento del atentado terrorista de la AMIA a cambio de incrementar el
intercambio comercial entre los países. Para eso, las pruebas a las que apeló
fueron: el supuesto pedido por parte del gobierno argentino para dar de baja a
las alertas rojas (algo que fue desmentido por el ex Secretario de la Interpol
Ronald Noble); editoriales periodísticas de La Nación y Clarín; y escuchas de
dudosa legalidad a un referente de la Comunidad Islámica (que el mismo juez
Canicoba Corral cuestionó dado que se habían cometido algunos “excesos” con las
mismas).
Dada la inconsistencia e incongruencia la denuncia fue
desestimada en dos oportunidades, es decir, doblemente juzgada. Sin embargo, el
cambio de gobierno envalentonó y le dio rienda suelta al Poder Judicial, siendo
el Juez Claudio Bonadío el encargado de reabrir la denuncia nuevamente. Con una
celeridad sin antecedentes, citó a indagatoria a todos los imputados y semanas
después dictó los procesamientos de la ex presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex Secretario de
Legal y Técnica Carlos Zannini, el diputado Andrés Larroque, los dirigentes
políticos Luis D’Elía y Fernando Esteche, y el dirigente de la Comunidad
Islámica Jorge Jalil, entre otros. Y pidió las detenciones de: Cristina
Fernández de Kirchner (que tenía fueros como Senadora Nacional), Héctor
Timerman, Carlos Zannini, Luis D’Elía, Jorge Jalil y Fernando Esteche.
Actualmente, Fernando Esteche es el único detenido por esta
causa. So pretexto del riesgo de fuga (que no tiene sustento alguno) y de
causas previas (que no terminan de explicar cuál es la vinculación directa) es
el único preso político por esta fantasiosa denuncia.
Nuevamente es interesante ver cómo operan las varas del
Poder Judicial dado que, las querellas que acusan de encubrir el peor atentado
terrorista de la historia nacional, son las mismas que en el verdadero juicio
por encubrimiento de la causa AMIA que tiene sentado en el banquillo a al ex
presidente Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano; a Carlos Corach, Hugo
Anzorreguy, Rubén Beraja; a Eamon Mullen y José Barbaccia (oportunamente
fiscales de la causa), están pidiendo penas mínimas y hasta absoluciones. El
mismo Mario Cimadevilla, a cargo de la Unidad Especial de Investigación de
AMIA, denunció al Ministro de Justicia Germán Garavano por encubrimiento y
“amiguismo” (incumplimiento de los deberes de funcionario público) debido el
pedido de absolución para los ex fiscales Mullen y Barbaccia. También denunció
la intervención directa en esta maniobra de Daniel Angellici. ¿Cómo terminó
esta denuncia?
Siendo desestimada por el fiscal Rívolo y con Cimadevilla
fuera de la Unidad Especial.
Entonces, por un lado, tenemos el juicio por encubrimiento
que está llevándose a cabo hace años y por el cual dentro de poco se conocerán
las sentencias. En esta causa todos los imputados están en libertad y, como pudimos
ver, el gobierno nacional está interviniendo de formad directa y vergonzante
para que queden impunes. Por otro lado, tenemos la denuncia fabulosa de Nisman
y Bonadío (quien en primera instancia quería caratularla como “traición a la
Patria”) que hace de una política de Estado un delito y opera como condición de
posibilidad para sentar en el banquillo a la ex presidenta de la Nación con un
hecho gravísimo tanto para la comunidad nacional como internacional.
Fernando Esteche, militante político, profesor, padre,
compañero, es el único preso por esta causa. Insistimos: se está violando no
solo el debido proceso y la presunción de inocencia sino también, el principio
de igualdad ante la ley.
Un país con presos políticos no es una democracia. Son
presos sin condena o a la espera de condenas prefabricadas que nada tienen que
ver con lo jurídico, y cuyos cuerpos se exponen como destino para quienes se
animen a levantarse. Eso es lo que buscan con la cárcel arbitraria e ilegítima
de Milagro Sala, Julio De Vido y Fernando Esteche, entre otros.
La derecha (en América Latina en general y en Argentina en
particular) nunca ha sido ni será democrática. De suscribir a la misma, en
términos procedimentales, es mera contingencia histórica. Los que nos gobiernan
hoy, son hijos, nietos y bisnietos de la fusiladora, de los que bombardearon la
Plaza de Mayo; son los cómplices civiles de la desaparición forzada de 30 mil
compañeros y compañeras; son los que no condenaron en los noventa a las
políticas del Consenso de Washington y al FMI. Y son lo que hoy, están
entregando nuevamente nuestra Patria. Nada de esto pueden hacer (ni pudieron
hacerlo) sin persecución, proscripción y hostigamiento.
En la Argentina de hoy, hay presas y presos políticos.
Y es urgente su libertad.
Es hora. Y es ahora.
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