Por Lusbi Portillo
Ante el abandono por parte de los Gobiernos Nacional,
Regional del Zulia y de los municipios Machiques y La Villa del Rosario las
comunidades indígenas y sus organizaciones de Derechos Humanos y Ambientales se
preparan para denunciar a nivel de las Naciones Unida y La Organizaciones de
los Estados Americanos, así como en la OIT las violaciones de los Derechos
Humanos, ya que se tratas no de dádivas que depende de la voluntad de
entregarlas o no de por parte de estos gobernantes, sino de derechos que posee
el pueblo indígena Yukpa a tener carreteras como la que va desde la Cuesta del
Padre a Chaktapa, tierra del Cacique Sabino, o desde la hacienda Las Delicias a
Kuse donde vive la Cacica Carmen Anita Fernández y sus hijos, o escuelas
funcionado, o asistencia médica, agrícola y pecuaria...
Dada la conchupancia de efectivos del Ejército y de la
Guardia Nacional Bolivariana con grupos armadas delincuenciales colombiana hoy
las comunidades indígenas están solas con estos factores de la guerra y la
delincuencia organizando destruyendo así el tejido social de este pueblo
aguerrido Caribe, llevando a los jóvenes al consumo y a la adicción de drogas
en sus comunidades, a la venta a ellos mismo de vacas robadas para llevarlas a
Becerril o a Codazzi, Colombia.
El Gobierno Nacional y la Gobernación del Zulia se hacen los
que nada saben, mientras que los indígenas Yukpa son sometidos, y desean o no
deben delinquir para ellos. Y al no entender del todo dichas reglas los
indígenas participantes o jóvenes colombianos casados con indígenas son
asesinados, o sólo contra ellos arremete los poderosos hacendados pagando
sicarios, como el caso del asesinato de Cristóbal Romero de la comunidad
Tinacoa, en la Villa del Rosario, o son detenidos sólo los indígenas, como el
caso del hijo de Cristóbal que fue detenido por el CICPC por orden del mismo
ganadero acusado de matar a su padre porque los Yukpa de la comunidad ocuparon
la hacienda Los Paredones y supuestamente abrieron la caja fuerte.
Es esta la nueva realidad que determina la cotidianidad en
su territorio, un nuevo y complejo andamiaje delincuencial montado sobre ellos
que arropa las comunidades Yukpa, y que
muchas veces sobrepasa su capacidad tradicional de respuesta. Nada de esto dice
conocer “conoce” el Gobierno, o nada al respecto hace; ninguna institución
gubernamental se encarga de estos asuntos, para ellos no hay mesas de paz, de
comisionados de diálogos entre el Estado Gobierno y las Comunidades Indígenas y
sus representante originarios tradicionales, ni mucho menos eventos o maneras
metodológicas para tratar el dinámico proceso para abordar la triple dimensión
modernidad/colonialidad/descolonialidad (M/C/D), pase a que el Presidente
Maduro asigno a la Ministra para los Pueblos Indígenas encargada del proceso de
descolonización de los pueblos u comunidades indígenas de Venezuela.
El proceso histórico de más de 50 años, ganaderos, factores
colombianos y Estado Gobierno en alianza desde siempre han pretendido
arrodillarlos para aniquilarlos física o culturalmente manteniendo una
hegemonía de relaciones coloniales en su territorio. Ayer los desangraron con
la correría de indios para expulsarlos y hacer tierras productivas, hoy los
dejan sólo abandonados entre las
montañas de Perijá y en su piedemonte para que la delincuencia colombiana de la
guerra los destroce cultural y físicamente. Se nuevo otra manera de etnocidio,
genocidio y ecocidio contemporáneo.
Los Yukpa son una carga para el Gobierno. No los entienden,
ni desean entenderlos. Sólo imponen sus criterios y solitarios proyectos
descarnados de Estado. Hay ya suficientes elemento para afirmar que el Gobierno
Estado le ha entregado a los factores delincuenciales colombianos armados
fronterizos la administración y conducción de las comunidades indígenas y
campesinas de la Sierra de Perijá. Son ellos los encargados de resolver sus
problemas económicos, sociales y culturales; los cuales son en verdad los
derechos humanos de los pueblos indígenas de mira al Cambio Climático. Y su
fiel cumplimiento es una obligación por parte del Estado Gobierno porque fueron
reconocidos y firmados a través de los siguientes instrumentos internacionales
como: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, es ley de la República
desde el 17 de octubre 2001 cuando fue publicado en la Gaceta Oficial Nro.
37.305, Ley Aprobatoria del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas de América
Latina y El Caribe de 1992, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU de 1966, Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, la Declaración Americana
sobre de los Derechos de los Pueblos Indígenas Americanos de la OEA de 2016
entre otros, y a nivel interno la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela de 1999, en especial el Capítulo VIII, Ley de Demarcación y Garantía
del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas de 2001, Ley Orgánica de Pueblos
y Comunidades Indígenas Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela n 38.344 de fecha 27 de Diciembre de 2005, de Ley de Idiomas
Indígenas publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 38.981, del 28 de julio de 2008, entre otros instrumentos legales
Sociedad Homo et Natura
homoetnatura@gmail.com
.
0 comentarios:
Publicar un comentario