Por Eduardo Andrade Bone:
Se suele decir que los inicios de la política se remontan al
neolítico, cuando la sociedad comienza a organizarse en un sistema jerárquico,
en donde ciertos grupos o individuos adquieren poder sobre el resto. En este
sentido se puede señalar que la política es una actividad orientada, que tiene
un carácter ideológico en la toma de decisiones de un sector para alcanzar
determinados objetivos para beneficio propio o colectivo. También puede
definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o
minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de
una sociedad y que suelen estar ligados al ámbito económico-social y al
político.
Ahora la plutocracia no es otra cosa que una forma de
oligarquía en la que una sociedad está gobernada o controlada por la minoría
formada por los miembros más ricos de la misma. El concepto es habitualmente
empleado en un sentido despectivo, para prevenir de los riesgos de un sistema
de gobierno excesivamente influido por los estratos más acaudalados de una
sociedad, cuyo funcionamiento puede verse excesivamente distorsionado por los
miembros más ricos de una sociedad.
También se suele decir que la democracia, el gobierno del
demo, es decir del pueblo, no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno
administrado por los grandes intereses económicos, que en realidad corresponde
más bien a una plutocracia.
En el caso de Chile podríamos señalar que, a través de la
mayor parte de su historia, ha sido gobernada por la plutocracia, con las
excepciones del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, los tres primeros años del
gobierno de Eduardo Frei Montalva y el gobierno de la Unidad Popular,
encabezado por la figura inmortal del presidente Salvador Allende.
Luego la plutocracia chilena mueve todas sus fichas con el
objeto de recuperar el poder político y parte del poder económico, que les
había sido arrebatado por la nacionalización del cobre, la reforma agraria y el
paso de diversas empresas a lo que se llamó el área social de la economía del
programa de la Unidad Popular, como las cuestiones más trascendentales del
proceso de cambios que vivía Chile. De allí que la plutocracia con la ayuda de
los Estados Unidos, el sector más conservador y reaccionario de la Iglesia
Católica, el Partido Nacional (RN), la Democracia Cristiana, Patria y Libertad,
junto a los grandes empresarios nacionales, buscan el golpe de estado, para así
poner fin a la inédita experiencia política e histórica encabezada por la
Unidad Popular.
Una vez que triunfa el golpe de estado de septiembre de
1973, encabezado por el criminal y ladrón Augusto Pinochet y familia, la
plutocracia se pone a disposición de la dictadura comenzado así el proceso de
desmantelamiento de las diversas políticas que se habían implementado y que
comenzaban a beneficiar a las grandes mayorías del país.
Posteriormente y durante los 17 años de dictadura, los
sectores políticos ligados a la plutocracia, vale decir los actuales partidos
políticos como la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN)
y el sector golpista de la Democracia Cristina, dan paso a la elaboración de
toda la institucionalidad de la
dictadura, la cual es plasmada en la Constitución fraudulenta del régimen
militar, el sistema electoral antidemocrático conocido como binominal y el ente
también anti democrático conocido como Tribunal Constitucional, todo al
servicio de esta plutocracia y el poder del dinero.
Ahora los gobiernos post dictadura no han hecho otra cosa
que administrar la parte más sustancial heredada del régimen militar y solo
realizando cambios cosméticos, simbolizados en las dadivas de los subsidios
sociales, pero no en los cambios efectivos y reales, de manera que beneficien a
la gran mayoría de los chilenos.
Esencialmente la plutocracia chilena, representado por los
partidos políticos de centro derecha (UDI-RN-DC+-) ha sobrevivido
políticamente, gracias al tráfico de influencias, el nepotismo político, los
conflictos de intereses y su involucración en la corrupción. Todo este sector
político mencionado, de forma directa o indirecta o a través de lazos
familiares están relacionado con la plutocracia y el poder del dinero.
Lo que tenemos entonces, es una plutocracia (oligarquía)
disfrazada hoy de seudo democracia, una especie de droga, para que el ciudadano
de a pie no proteste mucho y siga todo igual: mientras el 1% de la población es
cada vez más inmensamente rico, y el resto tiene que vivir de las sobras del
neoliberalismo.
En esta plutocracia el sector de la clase política
(centro-derecha) que está al servicio del poder del dinero, ha optado por
políticas de parche y no soluciones reales para los chilenos, que se han visto
afectados por todas las iniquidades que ha creado el modelo económico
(neoliberal) imperante desde la dictadura hasta nuestros días.
Esta plutocracia además ha buscado generar la sensación de
cierto progreso a través de los medios de comunicación del sistema que
controla. La publicidad comercial especialmente a través de la TV llama
insistentemente a integrarse a la alineación de la compra desenfrenada de
bienes de consumo y ofreciendo créditos con intereses leoninos (estafa), que en
otros tiempos se llamaba comprar “al fiado”. Dicha oligarquía ya controla alrededor del 35% de la
riqueza nacional, cuestión además que va en ascenso.
La plutocracia chilena estrechamente ligada a la fauna
neoliberal a ultranza y el legado de la dictadura, ha optado por secuestrar y
corromper la política a través del soborno, la coima, la corrupción y los altos
ingresos de los altos ejecutivos del aparato público y del parlamento de la
nación, cuyas reglas quedan establecidas en la constitución pinochetista y sus
diversos derivados legales.
Un ejemplo claro de la corrupción en el aparato del Estado
es el sueldo percibido por el máximo ejecutivo de la empresa aún estatal
Codelco y que percibe 50.530.000 pesos mensuales, vale decir unos 79.171
dólares por mes.
Mientras que un diputado le cuesta a todos los chilenos por
año la suma de $296.012.422, si se
consideras que se le asigna una dieta de $9.121.806; monto de personal de apoyo
de $6.050.131; asesorías externas por $2.329.756; gastos operacionales para los
comités de $23.297; monto por personal de apoyo para los comités de $955.283 y
asesorías externas para los comités por $291.219, según lo publicado por la
prensa nacional.
En tanto, un senador tiene un costo anual de $379.049.241,
esto porque mensualmente se le entrega por concepto de dieta $9.121.806; gastos
operacionales por $8.299.500; personal de apoyo por $6.834.052; asesorías
externas por $3.145.170; gastos operacionales para los comités de $23.296;
monto por personal de apoyo para los comités por $958.045 y asesorías externas
para los comités por $2.788.901.
Todo esto contrasta con el salario promedio de un trabajador
chileno que es de 343.000 pesos (540 dólares), mientras que el salario mínimo
está establecido en 276.000 pesos (435 dólares). Mientras que la mayoría de los
pensionados viven con 150.000 pesos mensuales.
De allí que se puede decir que la plutocracia y sus vasallos
en la política, no han hecho otra cosa que saquear las arcas del estado chileno
para beneficio propio, al margen de muy pocas excepciones políticas. En realidad,
la plutocracia no es otra cosa que la mafia en el poder, cuyos nexos más
directos son la Sofofa y la CPC, dos entes empresariales que agrupan a los
grandes empresarios y el poder del dinero
De allí que cada cierto periodo los chilenos eligen a los
representantes de esta plutocracia y un sector de las fuerzas progresistas (FA,
PC) que no están contaminada con todo lo degradante que ha sido capaz de crear
la plutocracia chilena.
Ahora esta oligarquía política empresarial desde la época de
la dictadura ha lo grado también corromper a los guardianes de su sistema, que
no son otros que los altos oficiales de las fuerzas armadas y de la policía
militarizada chilena, que han estado involucrados en sendos actos de
corrupción.
Finalmente cabe destacar que estos diversos factores creados
por la plutocracia y sus sectores políticos afines han contribuido al
distanciamiento, la rabia, el desencanto y la desconfianza de los chilenos,
hacia la autodenominada clase política del país. Recordemos que en las últimas
elecciones municipales alrededor del 60% de los electores no sufrago. Y en las
presidenciales últimas, diciembre 2017, el 52% de los chilenos no ejerció su
derecho a votar, reflejando el gran descontento existente con la desprestigiada
actividad política y una seudo democracia que aún manifiesta tener muchas
carencias, pero muy bien protegida por la plutocracia y su brazo armado que no
son otros que las FF.AA. chilena.
Eduardo Andrade Bone
Comunicador Social
Analista Político
Corresponsal de prensa
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