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sábado, 3 de agosto de 2019

Por designio de Donald Trump, la OEA y especialmente el Cartel de Lima apuntan sus denuncias contra Venezuela. De los centenares de crímenes políticos en Colombia no hablan


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Por Sergio Ortiz:
El 26 de julio pasado hubo marchas en Colombia contra los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados tras el Acuerdo de Paz de 2016. El presidente Iván Duque quiere lavarse las manos, achacando el fenómeno al período de Juan Manuel Santos.
Falso. Con Santos también había esa clase de crímenes políticos, en el tramo final de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana. A la luz de tantos crímenes esos acuerdos tienen hoy serios cuestionamientos sobre su utilidad y conveniencia.


Los organismos de derechos humanos del país sudamericano y organismos internacionales dejan en claro que la ola de crímenes es casi toda propia de Duque, el candidato impuesto e impulsado por el presidente más criminal de los últimos tiempos, Álvaro Uribe.

El Instituto Colombiano de Medicina Legal reportó a mediados de mayo de 2019 que 317 líderes sociales fueron asesinados desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 en 28 de los 32 departamentos. Esto significa que más de 257 asesinatos ocurrieron durante el gobierno Duque en el 90% del territorio nacional.
Por su parte la Defensoría del Pueblo reportó que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019 fueron asesinados 462 líderes sociales.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) del país informó en abril de este año que desde la firma del Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, 128 excombatientes de las FARC fueron asesinados. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), advirtió contra el recrudecimiento de los asesinatos selectivos a líderes sociales y denunció que fueron asesinados 135 exguerrilleros en proceso de reincorporación.

Resumen Latinoamericano, dando cuenta de un reporte de Contagio Radio de Colombia, publicó que el 22 de junio pasado fue asesinado el excombatiente Servio Delio Cuasaluzán Guanga, en la vereda Chambú, Nariño. El último comunicado del Partido FARC informó que se han registrado 133 muertes violentas de reincorporados y 11 desapariciones forzadas desde la firma del Acuerdo de Paz.

Sintetizando: que noviembre de 2016 hasta principios de 2019 fueron asesinados 462 líderes sociales y 135 exguerrilleros, en parte durante el gobierno de Santos, finalizado en agosto de 2018, y todo el resto con Duque. Estos son crímenes horrendos del Estado colombiano tripartitita (centro-democráticos, conservadores y liberales), las Fuerzas Armadas, los paramilitares y, moviendo los hilos, la oligarquía y banqueros y sus socios de multinacionales, todos en la órbita norteamericana y el Comando Sur.

Esto muestra la enorme responsabilidad del gobierno actual, cofundador del Cartel de Lima que bajo la batuta de míster Trump y con el primer violín de Luis Almagro, de la OEA, llama a acabar con el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. El 10/06/19 se reunieron Mauricio Macri e Iván Duque en Buenos Aires e hicieron un llamado a «hacer lo imposible para acabar con la dictadura en Venezuela». De Venezuela sí hablan muchas mentiras, pero no de las muertes en Colombia.

Flores marchitas.
Estos hechos no han merecido mayores comentarios en la prensa internacional, aún cuando la ONU ha validado las denuncias y las estadísticas.

Incluso son crímenes aún más terribles que otros similares en otras latitudes por una circunstancia especial: en noviembre de 2016 se había firmado el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Una de las partes beligerantes, la revolucionaria, había firmado su desarme y entregado las armas a los veedores de la ONU, que las decomisaron y fundieron para hacer tres monumentos a la paz. Hoy, visto el reguero de sangre de un solo bando, queda claro que no hubo tal paz sino un fraude.

Si la guerra interna hubiera continuado, aunque sin justificación se podría explicar en parte que siguiera muriendo gente. Pero se había firmado la paz. Era el momento de parar con esos crímenes, pero el Estado y sus aliados ya mencionados siguieron matando a líderes campesinos, de pueblos originarios, de colectivos de mujeres, de movimientos ecologistas, defensores de derechos humanos, etc. Y destinando una dosis especial de plomo y torturas, a exguerrilleros como para que nunca más se les ocurra a los campesinos luchar por la tierra como lo hicieron con los primeros grupos formados por Manuel Marulanda Vélez en 1964.

Las FARC, reconvertidas en un partido legal con la misma sigla, como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, viene sufriendo esas pérdidas: 133 asesinatos y 11 desapariciones forzadas. Esa es la parte más dolorosa e irreparable. También siguen presos muchos de sus militantes. Dirigentes que habían sido parte de la negociación de paz, como Jesús Santrich, terminaron encarcelados en abril de 2018. Lo liberaron en mayo de este año, pero afrontaba un doble juicio: por secuestro y un delito inventado de querer exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La típica y falsa acusación contra la esfuerza guerrillera de Marulanda Vélez: «terrorismo y narcotráfico». Son mentiras habituales de gobiernos colombianos y su jefe estadounidense, al que cedieron 7 bases militares en el «Plan Colombia».

Santrich ocupaba uno de los 5 curules de diputados en la Cámara y desde junio pasado no se presentó a las citaciones judiciales, por lo que la Corte Suprema ordenó su detención con tarjeta roja de Interpol. Otro tanto va a ocurrir con Iván Márquez, ex número 2 de la guerrilla, que abandonó su curul de senador.
Si los Acuerdos de Paz mueren como flores secas no es por culpa de la guerrilla desmovilizada sino de la Casa de Nariño y la Casa Blanca.

ortizserg@gmail.com

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