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Por Sergio Ortiz:
El 26 de julio pasado hubo marchas en Colombia contra los
asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados tras el Acuerdo
de Paz de 2016. El presidente Iván Duque quiere lavarse las manos, achacando el
fenómeno al período de Juan Manuel Santos.
Falso. Con Santos también había esa clase de crímenes
políticos, en el tramo final de las negociaciones de paz con la guerrilla de
las FARC en La Habana. A la luz de tantos crímenes esos acuerdos tienen hoy
serios cuestionamientos sobre su utilidad y conveniencia.
Los organismos de derechos humanos del país sudamericano y
organismos internacionales dejan en claro que la ola de crímenes es casi toda
propia de Duque, el candidato impuesto e impulsado por el presidente más
criminal de los últimos tiempos, Álvaro Uribe.
El Instituto Colombiano de Medicina Legal reportó a mediados
de mayo de 2019 que 317 líderes sociales fueron asesinados desde el 1 de enero
de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 en 28 de los 32 departamentos. Esto
significa que más de 257 asesinatos ocurrieron durante el gobierno Duque en el 90%
del territorio nacional.
Por su parte la Defensoría del Pueblo reportó que entre el 1
de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019 fueron asesinados 462 líderes
sociales.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
del país informó en abril de este año que desde la firma del Acuerdos de Paz en
noviembre de 2016, 128 excombatientes de las FARC fueron asesinados. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), advirtió contra el
recrudecimiento de los asesinatos selectivos a líderes sociales y denunció que
fueron asesinados 135 exguerrilleros en proceso de reincorporación.
Resumen Latinoamericano, dando cuenta de un reporte de
Contagio Radio de Colombia, publicó que el 22 de junio pasado fue asesinado el
excombatiente Servio Delio Cuasaluzán Guanga, en la vereda Chambú, Nariño. El
último comunicado del Partido FARC informó que se han registrado 133 muertes
violentas de reincorporados y 11 desapariciones forzadas desde la firma del
Acuerdo de Paz.
Sintetizando: que noviembre de 2016 hasta principios de 2019
fueron asesinados 462 líderes sociales y 135 exguerrilleros, en parte durante
el gobierno de Santos, finalizado en agosto de 2018, y todo el resto con Duque.
Estos son crímenes horrendos del Estado colombiano tripartitita (centro-democráticos,
conservadores y liberales), las Fuerzas Armadas, los paramilitares y, moviendo
los hilos, la oligarquía y banqueros y sus socios de multinacionales, todos en
la órbita norteamericana y el Comando Sur.
Esto muestra la enorme responsabilidad del gobierno actual,
cofundador del Cartel de Lima que bajo la batuta de míster Trump y con el
primer violín de Luis Almagro, de la OEA, llama a acabar con el gobierno
bolivariano de Nicolás Maduro. El 10/06/19 se reunieron Mauricio Macri e Iván
Duque en Buenos Aires e hicieron un llamado a «hacer lo imposible para acabar
con la dictadura en Venezuela». De Venezuela sí hablan muchas mentiras, pero no
de las muertes en Colombia.
Flores marchitas.
Estos hechos no han merecido mayores comentarios en la prensa
internacional, aún cuando la ONU ha validado las denuncias y las estadísticas.
Incluso son crímenes aún más terribles que otros similares
en otras latitudes por una circunstancia especial: en noviembre de 2016 se
había firmado el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de
las FARC. Una de las partes beligerantes, la revolucionaria, había firmado su
desarme y entregado las armas a los veedores de la ONU, que las decomisaron y
fundieron para hacer tres monumentos a la paz. Hoy, visto el reguero de sangre
de un solo bando, queda claro que no hubo tal paz sino un fraude.
Si la guerra interna hubiera continuado, aunque sin
justificación se podría explicar en parte que siguiera muriendo gente. Pero se
había firmado la paz. Era el momento de parar con esos crímenes, pero el Estado
y sus aliados ya mencionados siguieron matando a líderes campesinos, de pueblos
originarios, de colectivos de mujeres, de movimientos ecologistas, defensores
de derechos humanos, etc. Y destinando una dosis especial de plomo y torturas,
a exguerrilleros como para que nunca más se les ocurra a los campesinos luchar
por la tierra como lo hicieron con los primeros grupos formados por Manuel
Marulanda Vélez en 1964.
Las FARC, reconvertidas en un partido legal con la misma
sigla, como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, viene sufriendo esas
pérdidas: 133 asesinatos y 11 desapariciones forzadas. Esa es la parte más
dolorosa e irreparable. También siguen presos muchos de sus militantes.
Dirigentes que habían sido parte de la negociación de paz, como Jesús Santrich,
terminaron encarcelados en abril de 2018. Lo liberaron en mayo de este año,
pero afrontaba un doble juicio: por secuestro y un delito inventado de querer
exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La típica y falsa acusación
contra la esfuerza guerrillera de Marulanda Vélez: «terrorismo y narcotráfico».
Son mentiras habituales de gobiernos colombianos y su jefe estadounidense, al
que cedieron 7 bases militares en el «Plan Colombia».
Santrich ocupaba uno de los 5 curules de diputados en la
Cámara y desde junio pasado no se presentó a las citaciones judiciales, por lo
que la Corte Suprema ordenó su detención con tarjeta roja de Interpol. Otro
tanto va a ocurrir con Iván Márquez, ex número 2 de la guerrilla, que abandonó
su curul de senador.
Si los Acuerdos de Paz mueren como flores secas no es por
culpa de la guerrilla desmovilizada sino de la Casa de Nariño y la Casa Blanca.
ortizserg@gmail.com
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