Para la mayoría del mundo, el bloqueo contra Cuba es ilegal,
además de atentatorio del comercio internacional; para los cubanos y muchas
naciones tercermundistas, es violatorio de los derechos humanos y califica como
acto de guerra. Comenzó en forma total el 7 de febrero de 1962, con orden
ejecutiva de John F. Kennedy.
Cada vez que la Asamblea General de la ONU trata la
resolución contra el bloqueo norteamericano, una multitud de países apoya a la
Mayor de las Antillas. Esas votaciones comenzaron en 1992 y llegan hasta hoy.
La última fue el 1 de noviembre pasado: 189 países votaron la moción cubana, 2
lo hicieron en contra (EE.UU. e Israel) y se abstuvieron Moldavia y Ucrania.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla fundamentó esa
resolución: los daños
cuantificables, acumulados por el bloqueo durante casi seis décadas de
aplicación, alcanzan la cifra de 933.678 millones de dólares, tomando en cuenta
la depreciación del dólar frente al valor del oro. Calculados a precios
corrientes, el bloqueo ha provocado perjuicios por más de 134.499 millones de
dólares.
Si bien esas políticas imperiales vienen desde el inicio de
la revolución cubana y han sido llevadas adelante por administraciones
demócratas y republicanas con diferencias de matices (algunos importantes, con
Barack Obama en 2015 y 2016), Donald Trump es el responsable de un agravamiento
notable.
Su última medida, anunciada en 2018 por su asesor de
Seguridad Nacional John Bolton, se puso en marcha el 4 de marzo: se autorizó a
ciudadanos norteamericanos y cubano-americanos a demandar a empresas cubanas
que trafiquen con bienes confiscados y/o nacionalizados por la revolución cubana. Es la primera vez que un presidente pone en marcha
el Título III de la ley Helms-Burton.
Este primer golpe apunta a 205 empresas acusadas de
pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior,
que por las maquinaciones anticomunistas propias de EE.UU., son sindicadas como
brazos ejecutores de la dictadura cubana. Apuntan a hoteles para estrangular el turismo y las divisas,
y a proyectos estratégicos como la Zona Especial de Mariel.
El argumento, léase infamia, es que esa dictadura apoya a
otra dictadura, del presidente constitucional Nicolás Maduro. La administración
Trump, la verdadera dictadura del gran capital y del neonazismo global,
castigaría al país que colabora con Venezuela. El bloqueo contra Cuba existió
desde 1962, cuando en Caracas existía la IV República de socialdemócratas y
socialcristiano, adecos y copeyanos, corrupta hasta la médula, fenómeno al que
en 1999 puso fin Hugo Chávez.
Trump redobla el bloqueo a Cuba con el argumento de derrocar
a Maduro. Quiere matar dos pájaros de un tiro. Ojalá no mate a ninguno y el
tiro se lo pegue en el pie o en algún otro punto vital, como las gónadas.
Seguidilla de agresiones.
Hasta ahora el Título III era suspendido por los del Salón
Oval porque estimaban que habilitar esos juicios contra empresas extranjeras
generaría pleitos sin un final previsible y acaso pudieran terminar a favor de
Cuba, con sólidas razones para defenderse. Esos gobiernos estadounidenses
temían que se afectaran sus buenas relaciones con aliados, pero que también
tienen inversiones y comercian con Cuba, como España, Canadá, Francia, Reino
Unido, Alemania, Suiza, etc.
Pero Trump es una bestia que ve una bandera roja y embiste,
enceguecido, aunque las banderas nacionales de Cuba y Venezuela tengan otros
vivos colores.
A partir del 19 de marzo habilitó la apertura de juicios
contra 205 empresas cubanas, lo que inicialmente no tendría un gran impacto
económico sino ante todo político, como agravio y amenaza a la soberanía
cubana. En otros 30 días el Departamento de Estado dirá si también autoriza o
no juicios a otras empresas, sean cubanas o de otros países.
Cuba ha explicado a su gente en términos muy didácticos cuál
es el sentido de la agresión del mal vecino: “los
cubanos estarían obligados a devolver,
restituir o pagar a reclamantes de los EE.UU. por la casa donde viven, el
terreno donde se edifican sus comunidades, la tierra agrícola
donde cultivan y producen, la escuela donde se educan sus hijos, el hospital o
el policlínico donde reciben servicios médicos, donde está su centro de trabajo.
Al mundo, la isla ha reiterado que las nacionalizaciones de
1959 fueron compensadas a todos los países afectados y que EE.UU. se negó a
entablar negociaciones. La Habana estaba dispuesta a pagar, pero Washington
debía compensarla por el bloqueo, Playa Girón y otros daños. Aclaró que no
deben identificarse nacionalizaciones, que sí merecen compensación, con confiscaciones de
propiedades de la dictadura batistiana y demás
criminales y corruptos, por las que no se obligó a
pagar un centavo.
Trump, Mike Pompeo y Bolton expresan lo peor del bloqueo,
vapuleado en la conciencia mundial y en la asamblea de la ONU. Y son la
continuidad de los instrumentos anteriores: la Enmienda Mack, de 1990, del
senador republicano Connie Mack; la ley Torricelli de 1992, del representante
por New Jersey, Robert Torricelli, y la ley Helms-Burton, de 1996, del senador
Jesse Helms, el representante Dan Burton, republicanos, y la gusanería de
Miami.
Los ataques del magnate neonazi contra Cuba y Venezuela
están basados en mentiras. Tienen una sola cosa buena: dejan en claro que esa
dupla socialista-bolivariana es el obstáculo mayor a su proyecto de alambrar el
patio trasero.
Los ataques unen más a esos dos gobiernos y pueblos,
espinas dorsales de la dolorida Patria Latinoamericana.
ortizserg@gmail.com
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